Por Carmen Asiaín ///

El martes pasado, el diario El País publicaba una nota titulada “Petinatti hizo un emotivo descargo sobre los mensajes de APU y sus apellidos de origen”. La nota recogía la respuesta del conductor del programa radial de Azul FM “Malos pensamientos" a la carta firmada por APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) y posteriores mensajes por Twitter de ésta. Como sabemos, había habido un altercado por una chanza de Peti en un programa, ante lo cual un periodista se sintió ofendido, y los directivos de APU -incluyendo al ofendido- redactaron una nota en la que cuatro veces aludieron al Peti como “Freddy Nieuchowicz Abramovich”. El Licenciado dedicó un editorial de 10 minutos reaccionado a esta carta de APU. No nos centraremos en el fondo del asunto.

No soy una seguidora habitual del Licenciado Petinatti, como lo son algunos miembros de mi familia, aunque lo conozco como cualquier otro uruguayo.

Si pienso en Petinatti, de inmediato se me aparece su cara jocosa, sus ojos pícaros y brillantes que siempre parecen esconder una travesura, nunca -a mi juicio- mal intencionada. Y le sigo algunos de sus tuits muy ocurrentes.

La única imagen de un Petinatti más serio, es la que vemos año a año cuando somos testigos de su extrema generosidad cuando entrega su trabajo como voluntario en maratónicas jornadas de Teletón. No es que esté serio del todo -como digo, es casi imposible imaginar a Peti serio, por lo menos para quienes nos relacionamos con el personaje-, pero en esas ocasiones podemos decir que acomoda su actitud a la solemnidad de la obra con la que colabora, y aun alegre, deja sus humoradas picarescas para otro momento.

Por todo esto es que fue tan chocante encontrarnos con un Petinatti que ante los mensajes de APU se confesó no ofendido -pues debido a su valentía, no se permitió a sí mismo ofenderse- pero sí al menos afectado y yo diría, alerta y preocupado. Y no es para menos.

Hay pocas cosas más dramáticas que el oxímoron de un payaso triste. Y hablo de payaso con todo respeto a la noble profesión de hacer reír. Por algo hasta existe el “síndrome del payaso triste”, y por algo nos quiebra ver la tristeza del payaso en la ópera Pagliacci del compositor italiano Ruggero Leoncavallo.

Es que a Petinatti lo que le hicieron en nombre del Sindicato nada menos que de Trabajadores de la Comunicación Social -de la Comunicación Social- fue colocarle una estrella de David amarilla, para resaltar una cualidad del Licenciado -su origen y religión judía- que nada tenían que ver con el tema. Dicha actitud de los dirigentes de APU responsables de los tuits y de la carta es obscena, en el verdadero significado del término. Es obscena, pues no pertenece a la escena, está fuera -debe estar fuera- de ella. La cuádruple mención de los apellidos de origen judío de Petinatti, “Nieuchowicz Abramovich” (perdón por mi pronunciación de ignorante) quiso conducir de las narices a los lectores, de la escena real -las bromas del Licenciado pesadas o no, sobre una nota periodística- a otra escena, a otro nivel, haciendo visible, ostensible, aquello que para nadie había sido relevante: el origen judío del Licenciado Orlando Petinatti. Le colocaron una estrella de David amarilla. Eso hicieron.

Petinatti tuvo que hacer ver que él es uruguayo, que nació acá. No era necesario que lo hiciera, pero él se sintió en tal necesidad, y eso es triste. Él es uruguayo y es oriental, por haber sido parido en esta república oriental. Quien escribe no goza de tal orgullo, por haber nacido fuera, soy sólo uruguaya, y ello por ser hija de padre y madre orientales. No gozo del orgullo de llamarme oriental, como Peti. 

En un país que se formó con la inmigración procedente de muchas partes del globo -europeos de varios orígenes, asiáticos, africanos- y de varias naciones -armenios, turcos, gitanos, vascos, gallegos, canarios, andaluces y la diversidad de naciones de la bota italiana-, ¿se nos van a andar desnudando nuestros apellidos para remarcar nuestros orígenes? ¿Con qué fin? No otro pensable que la discriminación, que hiende sus raíces en los mismos sentimientos de superioridad y desprecio por el diverso que inundaron a los responsables de un régimen a marcar al “diferente” (desde su particular perspectiva) con una estrella amarilla. Y eso fue sólo el comienzo.

¡Resulta que el Peti es descendiente de Abraham! ¡Vaya honor que muchos quisiéramos ostentar! Y si no se pudiera trazar su descendencia de este patriarca de las tres principales tradiciones religiosas monoteístas o “religiones del libro” (tal como se conoce a la judía, cristiana y al islam) pues este padre nació en Ur de los Caldeos hace como 4.000 años, Peti igual tiene el honor de llevar su nombre, mejor dicho, su apellido. 

¿Nos creemos superiores por llamarnos Fernández, Rodríguez o Martínez, por descender de un Fernando, un Rodrigo, un Martín? 

Todos somos inmigrantes o hijos de, por estos lares, salvo unos pocos sobrevivientes de Salsipuedes y algún otro puñado de nativos de estas tierras. Nuestra patria se ha forjado -gracias a Dios- de la rica amalgama de gentes de variado origen. Y seguimos siendo un país de puertas abiertas en bienvenida para albergar nuevas afluencias. De tal característica de nuestra patria, todos nos jactamos y enorgullecemos.

No, en cambio de actitudes repudiables como la descripta. Fue obsceno el cuádruple llamado de atención a todos, acerca de los dos apellidos judíos -que seguro tiene muchos más- del Licenciado Petinatti. Obsceno en sus dos acepciones: por no ser pertinente al objeto en discusión -y ergo “no pertenecer a la escena”- y por “repulsivo, detestable", posiblemente derivado de ob caenum en su raíz greco-latina, literalmente "de la basura". Esperemos que allí vayan estas escenas, a la basura de donde proceden, para desterrarlas de raíz.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 20.11.2019

Sobre la autora
Carmen Asiaín nació en 1965, es abogada, profesora de Derecho Constitucional y actualmente senadora suplente por el Partido Nacional. Integra la Comisión de Ética de esa colectividad y fue presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

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Por Carmen Asiaín ///

Se ha instalado la costumbre de pretender denostar ciertos fenómenos apelando al recurso de aplicarles motes muy pomposos, como si ello alcanzara para descalificarlos. En ese marco, cuando se habla de “judicialización de la política”, se presenta tal “judicialización” como una denuncia, algo reprobable y que debe evitarse.

¿Acaso obramos igual cuando se ventilan ante la Justicia conductas propias de otros ámbitos? ¿Hablamos peyorativamente de “la judicialización de la familia”, cuando se acude a la Justicia para que intervenga en casos de violencia doméstica, estado civil de las personas o cumplimiento de la patria potestad? Cuando un trabajador acude a los tribunales a reclamar de su empleador el pago de sus haberes laborales, ¿decimos acaso que se “judicializa el trabajo”?

Hablar de “la judicialización de la política” conlleva una suerte de sentencia previa de condena. Se trasluce una convicción subyacente e implícita en la frase, que excede lo descriptivo y que sostiene que los asuntos de la política se deben resolver dentro de ella y no trascender; que la Justicia carece de competencia para analizar, juzgar o pronunciarse en ese ámbito. ¡Qué peligrosa es esa convicción filosófica en una democracia republicana! Pretender que la política quede exenta de “judicialización” es una afrenta al Estado de Derecho, cuyo postulado primordial radica en asegurar que ninguna actividad humana que afecte a terceros -sea desempeñada por gobernantes o gobernados, políticos o votantes, trabajadores o miembros de una familia- queda exenta del brazo de la Justicia, que aplica la ley.

¿Por qué temer que, en un Estado de Derecho, en que rigen en su plenitud las garantías del debido proceso y los principios de imparcialidad, idoneidad técnica e independencia del Poder Judicial, un asunto sea juzgado por los tribunales?

Los habitantes -también los políticos- acuden al sistema judicial buscando garantías para la reivindicación y defensa de sus derechos, en todas las materias, sin exclusiones.

No se desconoce que lo que denuncia esta frase es el abuso que se puede llegar a cometer, ya por usar la vía judicial para amedrentar al adversario, ya por usarla para saldar cuestiones que podrían haber sido resueltas por medios alternativos. Esos casos de “abuso de las vías procesales” o de denuncias infundadas, ya han sido previstos y condenados legalmente, y operan como disuasorios del abuso. 

Y si el caso llevado a la justicia carece de fundamento, será la Justicia la que lo dilucide y así declare. En un Estado de Derecho, como el uruguayo, tenemos derecho al debido proceso, tendremos oportunidad de hacernos oír por un juez imparcial, tendremos la posibilidad de producir prueba y esgrimir nuestra defensa y, si no quedamos conformes con la sentencia, podemos pedir su revisión y control por instancias superiores.

De lo contrario, parecería leerse entre líneas una cierta desconfianza por el sistema judicial. Nosotros confiamos en el sistema judicial. Confiamos y respetamos al Poder Judicial, aún en la discrepancia con sus fallos y lo concebimos -como lo hace la Constitución- como un poder representativo¹ con la función de impartir justicia y además de contralor sobre la labor de los gobernantes. 

En el fondo, de lo que se trata es del control sobre los gobernantes, sobre la transparencia de la gestión pública y la buena administración, y el destierro de la corrupción. 

¿Cómo erradicar esa concepción afincada en algunos sectores que conciben al sistema judicial como un estorbo del que hay que desembarazarse, que viene a entorpecer la labor política y aun de gobierno?

El título desprestigia a ambos polos: a la Justicia, a la que coloca como un indeseable, y también a la política, que se pretende goce de fueros e impunidades.

En todo caso, si se “judicializa”, es decir, se acude a la Justicia, es porque se confía en ella.

No percibimos el control por la Justicia de la actividad humana como un problema. Quienes se dedican a la política -y al gobierno- responden como cualquier habitante ante el sistema judicial, independientemente de su condición de políticos o gobernantes. Al menos, en un Estado de Derecho.

Y el sistema judicial viene a asegurarlo. Es el garante último del Estado de Derecho. Por eso, es preferible hablar de control de los gobernantes, sin demonizar ni a la justicia ni a la política.

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1) Artículo 4º.- La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

Artículo 82.- La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana.
Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 23.10.2019

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Por Carmen Asiaín ///

Es de Perogrullo que, para que el Médico te atienda, te examine, diagnostique y trate, es preciso que antes te crea que tenés algún problema de salud. Es un presupuesto ineludible. Si cree que exagerás, que mentís o que delirás, seguramente o te mande para tu casa con una palmada en el hombro, o te de un placebo para que dejes de molestar, si has insistido lo suficiente.

Así nos sentimos algunos habitantes de este bendito país cuando hace unos días el Director de Policía nos dijo a todos que no notaba el miedo en la población y que veía a la gente a toda hora disfrutando con normalidad la vida de sus barrios. 

¡Cuánto contenido para analizar en esta breve declaración!

Empecemos por la percepción del Jefe de Policía de que no nota el miedo en la población. Quienes antes quitaron valor a la “sensación térmica” de inseguridad, ahora acuden al mismo termómetro para sostener que no ven lo que no es medible. Si el Jefe de Policía “no nota el miedo”, es porque este no se “nota” a simple vista; se puede inferir que reina, si uno observa indicadores (para notar, hay que observar).

No puedo hablar por el resto de mis compatriotas, pero en lo personal puedo afirmar que si no nota mi miedo es porque, en primer lugar, nunca me lo crucé. Por lo tanto, incurre en falsa generalización al proyectar lo que ve o no en unos pocos, como si hubiera podido calibrar el sentir compartido de todos y cada uno. Y si no nota mi miedo y el de tantos, es porque yo -como tantos- me he visto obligada a tomar medidas drásticas para mitigar ese miedo en el que vivo, dentro y fuera de mi hogar. Luego de ser asaltada a mano armada a las 11 de la mañana, en plena y concurrida rambla de Montevideo, luego de escapar de un motochorro cuando a mediodía me disponía a tomar un ómnibus capitalino, luego de que la casa por medio de la mía fue copada por hombres armados, luego conocer de cerca decenas de historias similares, tuve que cambiar mis hábitos de vida. Las carteras están en desuso, como todo lo de valor. La gente no porta efectivo. Si puede, toma un Uber o similar al bajar del ómnibus.

¿Que “no se está afectando la conducta y el desarrollo de la actividad de los ciudadanos”? Hoy Hay grupos de vecinos que, para no sentir tanto miedo, han contratado un patrullaje privado, han colocado cámaras de vigilancia, alumbrado allí donde el Estado no ha llegado. Y esto recientemente, ni qué hablar del ya instalado sistema de alarmas con o sin respuesta de las compañías de seguridad, cuyo negocio prospera mientras menos “notan” las autoridades policiales el miedo de la población. Pero lo trágico es que estas medidas paliativas las pueden tomar sólo quienes pueden pagar por algo de seguridad privada. Los pobres son los que más sufren por la falta de seguridad, por motivo doble: porque no se pueden costear la protección que el Estado no les da, y porque con ello, quedan más expuestos y terminan siendo los más vulnerados. 

¿La gente disfrutando con normalidad en sus barrios? No soy la primera nostálgica que se lamenta de haberse perdido la vida de los barrios. ¿Quién deja a sus hijos menores salir a la calle a jugar con los del barrio solos, o trasladarse solos a unas cuadras, o concurrir solos a los centros de estudio? 

No quiero incurrir en el mismo error de falsa generalización que estoy criticando. El panorama descripto puede admitir alguna excepción, lo que demuestra que existe y por ello no puede, quien tiene el deber de cuidarnos, desestimar nuestro clamor por seguridad mediante un diagnóstico liviano.

Cuando el médico no le cree al paciente, ni siquiera lo examina, no detecta la patología y ésta avanza. Cuando el médico no te cree, te niega un derecho y él se niega a si mismo un deber. Un médico que no te asiste desnaturaliza su razón de ser, pues su función primordial es la atención de los pacientes. 

“Para ver, hay que mirar”, dice la banda No Te Va Gustar en la canción Cero a la izquierda. Y sí, por lo menos mirar, para notar.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 10.10.2019

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Por Carmen Asiaín ///

Está fresca aun la tinta de la ley Nº 19.827¹ de debate obligatorio entre candidatos a la Presidencia de la República² , que regirá para la segunda vuelta electoral de este año 2019, si la hubiera.

Se imponen obligaciones a los candidatos -y a los partidos políticos a los que éstos representan-, a los medios de comunicación social -de radio y televisión- que en cadena nacional deberán trasmitir los debates y a la Corte Electoral -que deberá organizarlos-.

Más allá de los cuestionamientos acerca de la constitucionalidad de tales imposiciones que implican limitación de derechos fundamentales a privados, ¿qué implica para los candidatos y los partidos políticos esta obligación?

Que, sin importar si existen o no cuestiones sobre las que debatir, se debe confrontar igual.

Porque, ¿qué significa el verbo debatir, que se establece como de cumplimiento obligatorio por ley? Según el Diccionario de la Real Academia Española³ , debate se asimila a controversia, discusión, y más aún, a contienda, lucha, combate.

Pensemos no en la elección inmediata (las leyes, y especialmente las electorales no deberían expedirse pensando sólo en la próxima elección), sino hipotéticamente y en abstracto, en un escenario en que los candidatos que llegasen a la segunda vuelta estuvieran de acuerdo básicamente, en sus propuestas, o tuvieran sólo matices que no ameritaran una controversia. O pensemos que uno de los candidatos fuera un pacifista radical, cuyo discurso y plataforma se basaran en la ausencia de conflicto y en la conciliación como método y meta siempre, una suerte de Gandhi del discurso.

Dirán que esto es poco probable, y lo concedemos. Pero es posible teóricamente. Si así se diera, esos candidatos se verían forzados de todas formas, a confrontar, a contender, a luchar, a combatir, contrariando así sus programas de principios y su agenda. ¿Deberían inventar o fingir la discordia? ¿Estarían forzados a buscar las diferencias irreconciliables entre ambos para calmar la sed de sangre del nuevo circo romano que son los medios y generar material para llenar los tabloides y espacios de radio y televisión? ¿Es ese, acaso, un ingrediente indispensable de la democracia?

Es que la ley parte del presupuesto de que la división y el enfrentamiento son inherentes a la democracia. ¿Lo son? Ciertamente esos pacíficos o conciliadores candidatos no serían libres. Su postura ideológica y su estrategia electoral habría sido impuesta por ley.

¿Y si el candidato simplemente estimase que no le conviene debatir -como lo han hecho los del partido de gobierno en las últimas cuatro elecciones-?

¿Y si se presenta al debate pero se cruza de brazos y se niega a debatir?

La ley dice que Los partidos políticos que se nieguen a participar en los debates no percibirán la contribución del Estado para los gastos de la elección nacional prevista en una ley de 2009. Así que ahora se supedita el pago de este subsidio estatal a la participación en un ring. Podrán darse el lujo de eludir el combate sólo los ricos.

Los demás para cumplir con la ley y si no estuvieran de acuerdo, ¿deberán hacer el simulacro de un debate? Se desvirtuaría así la finalidad y espíritu de la ley.

¿Deberán entonces forzar sus posturas y buscar la confrontación? Quizás así se desvirtuarían sus propios principios o programas traducidos en propuestas políticas.

¿Podrían los candidatos debatir sobre sus parcialidades deportivas o preferencias turísticas, cumpliendo la letra de la ley, pero burlando su objetivo? Es que la ley no dice sobre qué deberán debatir. El defraudado será el legislador y la ciudadanía.

Claro, la restricción de la libertad siempre cobra víctimas, de un lado o de otro.

El mensaje implícito en la ley es que la democracia debe -por imposición, no por opción- ser confrontativa.

Pero, ¿es ésta la forma de ejercer y vivir la democracia prevista por la Constitución? No la es.

El artículo 77 que habla de las formas de ejercicio de la soberanía, al que le pone una obligación es al Estado en el ordinal 11, que se dedica a la necesaria existencia y funcionamiento de los partidos políticos. Establece: El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos la más amplia libertad. Este es el principio rector: la más amplia libertad. Ergo, las limitaciones serán solo las establecidas a texto expreso, y su interpretación será restrictiva. Continua el texto constitucional, Sin perjuicio de ello (es decir, sin perjuicio de que la regla es que el Estado velará por asegurar la máxima libertad a los partidos políticos), estos deberán cumplir con dos únicas condiciones: a) ejercer … la democracia interna en la elección de sus autoridades; y b) dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente”. La regla es la más amplia libertad de los partidos políticos, cumpliendo con las dos condiciones estipuladas y el deber del Estado es garantizar dicha amplia libertad.

La ley recientemente aprobada le enmienda la plana a la Constitución.

Agrega una limitación a la actuación de los partidos que no está prevista en la Carta. Viola el texto, pero más gravemente aun, coarta la libertad, pilar de la democracia y una de las bases fundamentales de la nacionalidad. La democracia es sobre libertad, no sobre imposiciones.

Y no es que no estemos a favor de que existan debates. Discrepamos en que sean impuestos. Por ello, sorprende el impulso de esta obligación por un partido político cuyos candidatos se han negado a debatir desde hace 25 años.

Pero el problema final es que el título de esta columna encierra una contradicción, pues si respeto la Constitución, no puedo obligar al debate.

1. Ley Nº 19.827, sancionada por ambas cámaras legislativas y promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de setiembre de 2019, disponible en www.presidencia.gub.uy a partir del 24/9/19.
2. Artículo 1°.- Declárase de carácter obligatorio la celebración de un debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que, no habiendo logrado la mayoría absoluta de votos requeridos para ser electos en la fecha establecida en el numeral 9o) del artículo 77 de la Constitución de la República, deban comparecer a una segunda elección, tal como lo establece el artículo 151 de la Constitución. El debate se realizará de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley.
   Artículo 2°.- El debate que se celebre será transmitido en vivo y en horario central por cadena nacional de radio y televisión, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014 y su duración no excederá las dos horas. El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y todo el sistema de medios públicos del país dispondrán lo necesario para la producción técnica y transmisión del debate.
   Artículo 3°.- La organización del debate será competencia de la Corte Electoral, en consulta con la organización más representativa de los periodistas de los medios de comunicación del país y el sistema de medios públicos del Uruguay. La Corte Electoral dispondrá las reglas que lo regirán y procurará hacerlo en acuerdo con los participantes y el o los moderadores.
   Artículo 4°.- El debate deberá observar los principios de trato equitativo e imparcial para con los participantes, así como garantizar la efectiva exposición e intercambio de posiciones entre estos y los periodistas que puedan intervenir, según la modalidad de organización que se disponga.
   Artículo 5°.- Los candidatos a la Presidencia de la República referidos en el artículo 1o que se nieguen a participar del debate no percibirán la contribución del Estado para los gastos de la segunda elección nacional prevista en el artículo 20 de la Ley N° 18.485, de 11 de mayo de 2009.
3. debate. De debatir. 1. m. controversia (‖ discusión). 2. m. Contienda, lucha, combate. Diccionario de la Real Academia Española, visitado 21/9/2019

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 25.09.2019

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Por Carmen Asiaín ///

Durante este año electoral hemos asistido a espectáculos públicos de decapitación de candidatos a diversos cargos electivos, una práctica que se ha viralizado en su escenario natural: las redes sociales como campo de batalla.

Varios candidatos han sido víctimas de este tipo de campaña tendiente a enmendar la plana a la voluntad popular de las urnas, para sustituir el mandato del soberano, quien a través del sufragio había elegido a alguien para ejercer un cargo por determinado período y hasta el fin del mandato, por vaya a saber cuántas voluntades disfrazadas de usuarios de las redes, con el objetivo de hacerlo renunciar.

Varios sufrieron esta forma de terrorismo ejercida a través del Sr. Pío Pío, cuyo bombardeo sólo se logró acallar en ocasiones, con la innecesaria renuncia del candidato hostigado. Luis Lacalle Pou había ya anunciado la renuncia a la banca de Senador, y lo verificó despojándose también del subsidio que le correspondía por ley. Lo mismo hizo de forma simultánea su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, despabilando a algún dormido que creyéndose perspicaz, había piado “¿A que no saben quién es la suplente de Luis en el Senado?”, cuando ella ya había presentado su renuncia. No fueron estas dimisiones obligatorias ni necesarias, sino fruto de la decisión de estos candidatos en particular.

El Senador Mieres fue otra víctima reciente. Para defenderse, tuvo que exhibir el cúmulo de su labor parlamentaria a quienes no se habían dignado a consultar la información disponible, y además explicar lo obvio: que vive de su salario y no puede prescindir de él. Y salvó su cabeza de la guillotina, por ahora.

Lo más grave de estas presiones es que crean la apariencia de que la renuncia es un deber.

El ícono que acompaña a Twitter revela su significado: asemeja el piar de un pajarito que instantáneamente vocifera alguna novedad u opinión. Pero ojo que “twit” no sólo nos recuerda al entrañable amigo Piolín (Tweety), sino que también significa en inglés “imbécil” o “tonto”. En este contexto, esta acepción parece ser la más acertada, pues ¿existe acaso un deber jurídico, ético o siquiera de conveniencia que imponga tal renuncia?

Desde el punto de vista jurídico, no sólo no existe obligación, sino que podría considerarse exactamente lo contrario. Sólo en algunos supuestos específicos y como excepción, hay incompatibilidad entre el ejercicio del cargo público y la postulación a determinados cargos electivos. Es el caso de los Intendentes y los militares en actividad, entre otros. Pero no es la regla.   

Para los legisladores, la Constitución establece que en el año electoral, las cámaras sesionarán hasta el 15 de setiembre. ¿Por qué? Por varias razones, entre ellas, liberar a los legisladores del quehacer parlamentario de estudio de proyectos, y para habilitarles la posibilidad de hacer campaña y eventualmente renovar su mandato. Subyace una valoración tanto de la actividad legislativa como de los partidos políticos, instituciones de existencia necesaria, previstas por el constituyente para canalizar la voluntad popular y sin las cuales no pueden ser electos los gobernantes. Que los representantes van a hacer campaña por su reelección, ya ha sido considerado por el constituyente.

Desde la perspectiva de los electores, la renuncia presionada y anticipada de su representante, los defrauda. El votante eligió al legislador para que actuara durante todo el período y allí lo quiere. El terrorismo twittero está conformado por cuentas (ni siquiera se sabe si son seres humanos) que no necesariamente lo votaron. Pero el candidato se ve sometido a un doble juicio: cuando es votado democráticamente y luego, por algoritmos y usuarios que pueden ser una persona o infinitos clones de la misma.

Si miramos hacia el resto del mundo, lo más frecuente es que los candidatos a cargos electivos estén además ocupando bancas de legisladores o un cargo público.

No hay norma ética que indique la renuncia tampoco. Al contrario, mantener el puesto previene el riesgo de corrupción en que podría incurrir un candidato, quien tendría que haberse procurado un capital con el que sostener a su familia de antemano, como condición sine qua non para poder postularse.

¿Qué pasaría si se adoptara el “#RenunciáCandidato” como obligación?

Desde el punto de vista económico, con repercusión política y mengua democrática, implicaría, o condenar a los candidatos y a sus familias al ayuno, o que sólo puedan postularse los muy ricos o quienes reciban fondos. No suena muy republicano.

Desde el punto de vista jurídico-político, implica favorecer a los outsiders o apolíticos -cosa que, como vimos, no se alinea con la filosofía y finalidad del constituyente-. 

¿Es que se está produciendo una sustitución de los mecanismos de democracia directa y representativa, por la conminación anónima de élites virtuales que en vez de urnas usan teclados distantes? Las garantías del llamado por Justino Jiménez de Aréchaga “gobierno de opinión”, como el sufragio secreto, obligatorio, universal y representativo, cederían ante la tiranía de las redes, en una modalidad propia de un “gobierno de fuerza”. 

Detrás de este sabotaje twittero hay una de dos finalidades: de parte de unos, muy conscientes y claros, sólo estrategia política para debilitar al adversario; de parte de otros, un descreimiento en el sistema político como apto para producir candidatos impolutos.

La mala noticia es que estas prácticas están siendo efectivas. 

Asistimos a escenarios propios de la Revolución Francesa. Los “tribunales populares” mediante “juicios sumarísimos” cortan cabezas, sólo que el verdugo ni siquiera se muestra encapuchado, escondiéndose tras una pantalla. En todo caso, el condenado al patíbulo es decapitado de su cargo. Y todo esto, sin que existan leyes que así lo establezcan, sino al ritmo espasmódico de los “Trend topics” que arroban candidatos y cargos.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 11.09.2019

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Por Carmen Asiaín ///

Cuando la candidata a vicepresidente Graciela Villar sentenció, como si ella no participara de la contienda, que la ciudadanía en octubre debería elegir entre oligarquía y pueblo, la diatriba causó molestias, pero nadie tomó en serio los dichos.

Parecían las primeras e improvisadas vociferaciones sin filtro de quien debutaba en semejante candidatura. La apelación a la división en lugar de la promoción de la pacífica convivencia, propia de una noche de la nostalgia sesentosa, quedó como una opinión aislada, no acompañada por su compañero de fórmula, por lo menos hasta ahora. 

En definitiva, aquella simplificación de la realidad, aquella falsa oposición, desconocedora del multicolor espectro político que se ofrece hoy en Uruguay, se atribuyó, ora a la impericia de un imprudente, ora a una estrategia electoral que intentaba conformar a los sectores más radicales y combatientes del Frente Amplio -mayoritarios-, y así compensar la postura más moderada de Martínez. Impericia o estrategia, en ningún caso atendible como argumento.

Pero este fin de semana principales actores no ya de la contienda electoral, sino de gobierno como la ministra de Educación y el ex Vicepresidente Sendic, reincidieron en el mismo concepto, reduciendo las opciones electorales a la dicotomía pueblo – oligarquía. 

Al ser entrevistada por el periodista Sebastián Cabrera para El País ¹, la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, tuvo la oportunidad de atemperar aquellas temerarias afirmaciones de su compañera de partido. Era lo esperable de una secretaría de Estado que por su especialidad gestiona -o debe gestionar- en régimen de pluralismo respetuoso, todas las expresiones culturales y ser referente en materia de educación ciudadana. Pero a la pregunta ¿No fue desafortunada su frase de que la elección es “entre oligarquía y pueblo”?, la ministra, lejos de moderar el improperio, lo amplificó, hablando de que hay dos proyectos de país. Uno del Frente Amplio y otro de los que se sienten dueños del país y tienen cada vez más temor de perder el dominio y el poder. Son grupos de poder.

En términos similares, el día del Comité de Base, Sendic decía: Unos defienden a la oligarquía, otros al pueblo ²; el problema sería que el pueblo vote por la oligarquía.

Juan el Preguntón se preguntaría ¿pero, a quién aluden estos declarantes cuando hablan de oligarquía? ¿No son acaso parte del partido que tiene desde hace quince años "el dominio y el poder” y que no quieren perderlo? ¿Es que se atacan a sí mismos? 

Para responderle a Juan -Juan Pueblo, o Juan el Preguntón, como quieran llamarlo- habría que recurrir al significado de la palabra oligarquía.

Los diccionarios etimológicos señalan que la palabra oligarquía procede del griego “oligarchia” y se compone de la raíz oligos, que significa “poco, de pequeño número, reducido, escaso” y el verbo que remite a la palabra “mando, autoridad” ³. Designa al poder político o gobierno de unos pocos, un reducido grupo que detenta un poder máximo, sea en la política o en la economía, monopolizando los consejos y el poder ejecutivo. 

En Ciencias Políticas se destacan algunos rasgos de la oligarquía: es la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido; que trata de concentrar el poder en lugar de dar a todos la posibilidad de opinar y decidir. El estereotipo del oligarca es el de un sujeto sin ética ni moral, dispuesto a incurrir en la corrupción y la violencia para sostener su poder, el cual considera como un derecho adquirido ⁴. Se señala que la oligarquía se verificó históricamente en civilizaciones muy diversas, entre ellas algunas tribus de África, donde se designa el poder en un consejo de hombres de avanzada edad que, teóricamente, gozan de la sabiduría suficiente como para tomar las decisiones más importantes, aquéllas que guiarán a su gente por el camino del progreso.

Entonces, se pregunta Juan, si oligarquía alude a un grupo reducido que detenta el poder, que descalifica las opiniones ajenas, y que se aferra al poder autoatribuyéndose ser los sabios líderes que conducen al pueblo hacia el progreso, ¿se refieren a sí mismos Graciela, María Julia y Raúl?

¿Quién es oligarca y quién es pueblo?

A Juan Pueblo y también a Juan el Preguntón, para ser objetivos y leales, habría que explicarles que es forzoso e injusto aplicar el concepto de oligarquía al Frente Amplio, a pesar de ser un grupo reducido de sus miembros el que ha estado en el poder desde hace 15 años en lo nacional y desde hace 30 años en Montevideo, a pesar de que es cierto que quieren perpetuarse en el gobierno, que se autoasignan ser los intérpretes del sentir popular y los sabios conductores hacia el progreso. Parece forzado, injusto y deshonesto intelectualmente. 

Igual de forzado, injusto y deshonesto intelectualmente es pretender aplicar el término oligarquía a quienes desde la oposición -ergo, fuera de posiciones de poder- disputan por medios democráticos y legítimos el acceso al gobierno.

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1- María Julia Muñoz: "Si gana el partido rosado, el pueblo va a perder todo" (El País)
2- Raúl Sendic: "Unos defienden a la oligarquía, otros al pueblo" (El País)
3- Diccionario etimológico
4- Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2009, Definición de oligarquía

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 28.08.2019

Sobre la autora
Carmen Asiaín nació en 1965, es abogada, profesora de Derecho Constitucional y actualmente senadora suplente por el Partido Nacional. Integra la Comisión de Ética de esa colectividad y fue presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

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Por Carmen Asiaín ///

Ante los recientes hallazgos en Europa de cargamentos voluminosos de cocaína provenientes de Uruguay, las conciencias de dos jerarcas de gobierno susurraron reacciones bien diversas a sus voluntades. Ante la salida impune de toneladas de cocaína de este otrora país exportador de materias primas del agro, Enrique Canon renuncia a la Dirección Nacional de Aduanas, ante el ya inocultable fracaso de los controles aduaneros. La conciencia del Ministro de Defensa Bayardi, en cambio, le susurra la genial idea de proponer la legalización de la cocaína y la heroína, como solución al problema del narcotráfico.

Si se concreta la legalización de drogas duras como la cocaína y la heroína, más allá de las consideraciones políticas y de su eventual efectividad, ¿qué dice de nuestra sociedad la adopción de tal medida? ¿Qué dice de nosotros?

El Derecho Penal traza una línea, una suerte de frontera separando aquellas acciones y conductas humanas que castiga como delito, del resto de las acciones que pueden ser inocuas o neutrales, y hasta promovibles. ¿Por qué lo hace, en base a qué criterios? 

Ciertamente, no es arbitraria esa opción, sino que se asienta en el sustrato filosófico de cada Código Penal. Cuando en una sociedad se establece que determinadas conductas son delito y que el brazo del Estado las va a intentar prevenir, disuadir, perseguir, castigar y educar para que no se incurra en ellas, es porque antes -como premisa- se las valoró negativamente. Hay consenso previo acerca de cuáles acciones se quieren evitar -como sociedad y como gobierno-, porque contradicen unos valores que obran de fundamento axiológico del sistema, sobre el cual todo el edificio de las normas jurídicas se construye.

Debido a que se considera que matar a los semejantes es malo, se redactan normas para proteger la vida humana, para educar en la pacífica convivencia. El espontáneo cumplimiento de las normas por parte de los habitantes hace que éstos no maten, no porque está penalizado, sino porque antes se los formó en el sentido de que es malo eliminar a otro ser humano. Pero si esta formación impulsada desde el Estado y la sociedad falla, como última ratio, como último recurso, aparece el Derecho Penal, que advierte primero que quien incumpla la norma mínima de convivencia será castigado y luego obra. 

Ahora bien, el Derecho no se confunde con la moral, ni con la ética. Son esferas normativas distintas, aunque intersectan en algún punto. La sociedad políticamente organizada -el Estado -al ubicar unas conductas de un lado u otro de esa línea, adopta una postura filosófica y axiológica que por definición no es neutral: alienta o desalienta.

Es que la ley tiene un efecto docente. Enseña a todas las generaciones, desde la infancia y adolescencia, hasta la adultez, en la convivencia. 

¿Por qué en nuestro país se penalizó el tráfico de drogas, incluso de la marihuana, hasta su reciente legalización en determinados supuestos? Porque se partió del presupuesto consensuado de que hace mal a los habitantes, no por las mafias que provoca, ni por el hecho de que su tráfico sea fácil de combatir. Porque había consenso en que es perjudicial para la salud.

La Constitución uruguaya encomienda al Estado dictar las normas necesarias en materia de salud e higiene públicas, para procurar el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país¹. 

La Constitución da también una directiva clara acerca de qué hacer con conductas como las adicciones, estableciendo “El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales” (art. 46). Lo mismo hacen tratados internacionales suscriptos por el Uruguay.

La propuesta del Ministro Bayardi de despenalizar el tráfico de cocaína y heroína -de lo que se derivará el consumo -nos desconcierta en varios planos.

El más evidente es el temor y hasta horror que nos provoca que el Estado ya no persiga este flagelo ni el delito vinculado con el tráfico, porque ha decidido mudar estas conductas a la acera de lo lícito.

Nos desconcierta además en un plano filosófico, y hasta de teoría del Estado, pues nos cuestionamos: ¿para qué existe el Estado? Si la razón esgrimida hoy para justificar la legalización es que no se puede combatir (y no porque hace mal a la gente), ¿por qué se combatió hasta ahora? ¿Por qué lo han hecho tantos países? 

Aplicando una lógica muy simplista y siguiendo estos criterios -es decir, despojados de la razón de ser de las normas, que debe ser el cuidado de las personas-, nos podríamos preguntar: ¿Ha de despenalizarse toda conducta difícil de combatir? Las muertes en ocasión de rapiñas han aumentado recientemente: como es difícil combatirlas, ¿se deben legalizar? Parece escandaloso plantearlo, pues claramente está en juego la vida de los seres humanos. Pero, tomemos otro ejemplo: la evasión fiscal también es difícil de combatir, y el Estado gasta y despliega muchas energías en su lucha. ¿Y el lavado de dinero? ¿Y la corrupción? Si la gente va a evadir, lavar y coimear igual, ¿no es mejor legalizar dichas prácticas para eliminar las mafias en su entorno? 

Detrás de cada conducta recién exconvicta hay una toma de posición ética, moral, axiológica acerca de su esencia y de la finalidad de su represión, y sobre todo, de lo que nos importa como sociedad el bien o mal de los seres humanos. Los caminos en pro del bienestar de los seres humanos pueden admitir variantes y matices, pero no pierden el norte.

Parecería que estas propuestas han abandonado el mandato que pesa sobre el Estado de ser el administrador del bien común, principio que queda sometido a la eficiencia de la ausencia de conflicto, a cualquier costo. O a costo de las conciencias, que también se adormecen con este tipo de leyes. 

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1- Constitución uruguaya, art. 44 “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.”

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 14.08.2019

Sobre la autora
Carmen Asiaín nació en 1965, es abogada, profesora de Derecho Constitucional y actualmente senadora suplente por el Partido Nacional. Integra la Comisión de Ética de esa colectividad y fue presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

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Por Carmen Asiaín ///

¿Por qué ha sido un tema recurrente si Venezuela puede o no considerarse una dictadura? ¿Por qué los distintos actores políticos han sido permanentemente interpelados y conminados a que definan de forma binaria su posición en torno a este punto?

Vivimos en tiempos de blanco o negro, pero el término dictadura aplicado a un régimen de gobierno admite grados, matices y si de algo carece el término es de homogeneidad en su manifestación empírica, pues históricamente se ha presentado en diferentes modalidades dependiendo de las circunstancias socio-políticas y culturales, de la personalidad del dictador, etc.

Entonces, ¿por qué la admisión o no de que un régimen es con todas las letras una “dictadura” es de sí por sí descalificante de dicho régimen? 

Tuvo razón el ex Presidente Mujica cuando refutó con ironía los cuestionamientos y devolviendo la pelota del manchado dijo: "Los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra". Pues en la ideología marxista, la dictadura del proletariado describe la etapa posterior a la revolución en la que se concretan los ideales del socialismo. Es una fase de transición al sistema económico propuesto por Marx como ideal: el comunismo¹, y esto, en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels ².

El mismo sarcasmo fue el que con precisión aplicó Maduro cuando ironizó que estaba cumpliendo con la “dictadura del proletariado”.

Pero fuera de eso, ¿qué es y que implica una “dictadura”?

La palabra viene del latín dictatura y significa "gobierno donde una persona da las órdenes". En su etimología, entonces, el término no tiene un significado descalificante per se. Pero conocido es el desprestigio que en la tradición democrática republicana y de respeto de los derechos humanos ha adquirido el término, lo que explica el desdén por el mote hasta por los defensores de ideologías políticas que ostentan entre sus objetivos un tipo de dictadura.  

Sin pretender hacer un abordaje exhaustivo del término, recordemos sus orígenes en Roma, cuando la institución del Dictador era prevista por la lex romana para aplicarse en determinadas circunstancias especiales y de forma reglada, con límites temporales y poderes específicos bien definidos.

Salteando milenios, recordamos la representación gráfica y práctica elocuente que adquiere el término aplicado a totalitarismos como los instalados tras la Revolución Rusa, el del Nacional Socialismo en Alemania, del Fascismo en Italia, del Franquismo en España, entre otros. 

Se retoma para aludir a las dictaduras militares en la región de América Latina. Y he ahí la cuestión. De lo que reniegan los defensores del régimen de Maduro es de que se les aplique el mismo membrete con que se tipificó a esos regímenes autoritarios. Es decir, la dictadura del proletariado es compañera, pero no quiero que me llamen igual que a los milicos.

¿Y cuál es el punto en común para que se puedan englobar realidades diversas bajo una misma descripción? Hay un quiebre constitucional de algún tipo en toda dictadura ³.

Se verifica en general una concentración de poderes en uno -generalmente el Ejecutivo-, a veces con apoyo del aparato militar, que subyuga a los demás y los va transformando en virtuales.

De las primeras libertades que se cercenan es la de expresión, eliminando las opiniones contrarias al régimen o desmereciéndolas, y mediante la persecución de los opositores. Se instala la censura previa y aún el castigo por las opiniones disidentes. Los medios de comunicación están sujetos a control y los que sobreviven son operativos al régimen. 

Gobierna un solo partido, o un grupo de poder, desplazando y excluyendo al resto.

Todo esto, en orden a lo institucional, al régimen de gobierno y sus órganos ⁴. Pero como lo institucional (orgánico-formal) es garantía de lo sustancial, es decir, del efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas de carne y hueso, resulta que esta concentración de poder repercute inmediata y negativamente en la esfera del respeto a los derechos humanos. 

Se cercenan las libertades civiles y cívicas, la libre circulación de personas y cosas, la libre expresión -más allá de la política-, las libertades de empresa e industria, el derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, que pasa a ser servil a las necesidades del adoctrinamiento estatal necesario para adormecer las conciencias y resetear la educación y formación de las nuevas generaciones, todo ello indispensable para la perpetuación del régimen.

Pero por encima de todo ello y como lo más grave quizás, es la falta de seguridad, no sólo la falta de seguridad ciudadana ⁵, sino a la falta de seguridad jurídica, la falta de certezas. La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo que tiene: como no hay reglas preestablecidas y éstas cambian según el ánimo del gobernante -o del agente de turno-, uno no sabe qué va a pasar. 

Por ello la dictadura conecta necesariamente con el concepto de ausencia de Estado de Derecho, que presupone muy esquemáticamente el respeto a las reglas -normas jurídicas- tanto por gobernantes como por gobernados. Y que los gobernantes puedan ser controlados también por los gobernados. Y que los gobernados tengan acceso a instancias de participación ciudadana. En definitiva, que los habitantes sean libres.

Si algo se puede decir de la dictadura, si se la puede describir sintética aunque no exclusivamente, es mediante la ausencia de Libertad.

Y la mentira. Pues a ningún dictador le gusta admitir su abuso. 

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1- Marx, Engels, El manifiesto del partido comunista, capítulo II, Disponible en http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=11329

2– Es decir, luego de que los movimientos obreros unidos y dirigidos por los líderes han tomado el poder y logrado imponerse por la fuerza como autoridad tras el derrocamiento del statu quo, el proletariado usará su poder fáctico y jurídico para expropiar a los capitalistas los medios de producción y concentrarlos en manos del Estado, concretando la dictadura del proletariado.
"El proletariado usará de su poder político para arrancar paso a paso a la burguesía todo su capital, centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y acrecentar con la mayor rapidez posible el cúmulo de fuerzas productivas. En un principio, todo ello sólo es posible, naturalmente mediante intervenciones despóticas en el derecho de propiedad y en las relaciones burguesas de producción,…”

3- El quiebre constitucional puede asumir diversas modalidades y puede verificarse ya porque se arrasa directamente la Constitución, ya porque se estiran los poderes previstos por institutos de la propia Constitución para circunstancias muy especiales, abusando de ellos y asumiéndolos como ejercicio normal del poder; o porque el poder instaurado se da a sí mismo y fuera de los mecanismos democráticos una “Constitución” hecha a la medida de sus necesidades y cambiante según los designios tornasolados de los gobernantes de turno. Un quiebre constitucional.

4- En este sentido, fue categórica la carta enviada a la Sra. Bachelet por 16 profesores de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela de 19 de junio de 2019, es decir, previo a su visita a Caracas como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, diagnosticando en base a elementos objetivos e irrefutables, el quiebre institucional (disponible en : http://www.constitucionalucv.com/pronunciamientos/CARTA_A_BACHELET.pdf, fuente: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS CONSTITUCIONALES DEL URUGUAY, COMUNICADO 20/2019 de 24 de julio de 2019, Eduardo G., Esteva Gallicchio, Director General).
En el mismo sentido, los comentarios al informe Bachelet por el Profesor Emérito de la misma Universidad, Allan Brewer-Carías desde Nueva York (Comentario de 8 de julio de 2019, "El Informe Bachelet: Desahucio al régimen", del dicho Profesor Emérito, hoy Columbia University, instrumento proporcionado por el autor al Director General del Centro de Documentación y Estudios Constitucionales del Uruguay, Eduardo G., Esteva Gallicchio).

5- Hay testigos que acaban de retornar de Venezuela que relatan que en las calles de Caracas temen más a los que visten uniforme militar, pues no saben si lo son, o son escuadrones de milicias designadas por el gobierno o autodesignadas que abusan del poder impunemente, o son gente disfrazada que aprovecha para delinquir.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 05.08.2019

Sobre la autora
Carmen Asiaín nació en 1965, es abogada, profesora de Derecho Constitucional y actualmente senadora suplente por el Partido Nacional. Integra la Comisión de Ética de esa colectividad y fue presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa.

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