El conflicto sigue y sigue. Mientras transcurre la Copa América, hay universidades privadas ocupadas o con carreras en paro. Además, hay más de 2000 establecimientos de secundaria donde no hay clases y en las últimas semanas hubo varias marchas. Como a esta altura usted ya sabrá, hace años que el movimiento estudiantil chileno aboga por un nuevo modelo educativo y ha planteado otro conjunto de demandas que trascienden lo estrictamente educativo. También hay otros movimientos sociales que reclaman por diversos temas, como el de los pescadores artesanales que se oponen a la Ley de Pesca. Los distintos movimientos coordinan sus demandas y se apoyan mutuamente en sus respectivas movilizaciones. El escenario, entonces, sigue siendo el de un país intensamente movilizado.

Los analistas debaten sobre la naturaleza de esta coyuntura que vive el país desde las movilizaciones estudiantiles de 2011. Algunos, por ejemplo, debaten si la naturaleza de la desafección es sistémica o no. Hay mucho escrito, con aportes bien interesantes. En una columna anterior abordé lo paradójico de esta coyuntura en el contexto de un país que ha sido relativamente exitoso. En esta ocasión pongo el foco sobre otro punto: se rompió el encanto, la ilusión de la posibilidad de trascender lo político.

Se corrió el velo que durante algunas décadas hizo creer a la ciudadanía (y a la clase política) que era posible perseguir la política pública óptima y que las ideas políticas carecían de justificación o entorpecían la obtención de dicho resultado. Usted dirá que esto no es nuevo y que lo mismo sucedió en otros lados, que el fin de las ideologías y todo ese cuento. Pero Chile fue el caso más acabado de ese intento en América Latina. Esa idea fue impulsada por los ideólogos de la dictadura pero, en un contexto democrático, fue también aceptada durante los gobiernos de la Concertación.

El desencanto es, en una de sus acepciones, desengaño. Terminó el encanto y con él, el letargo de lo político. Una parte considerable de la sociedad se manifiesta en desafección y movilización. Y así, se dejó de aceptar que la política la manejan algunos, que a su vez insisten que se limitan a la administración y a la gestión, confiando ciegamente en el Excel y desdeñando por completo el debate y la deliberación de ideas sobre el contenido y organización de esa planilla.

Hace algunas semanas, en un seminario organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, aprendí de colegas historiadores que este país, muy tempranamente, estuvo obsesionado con el saber científico incluso en la validación cientificista en la construcción de la nación. Alguna vez me había llamado la atención el título de este libro: Raza Chilena, publicado en 1918. Esta es una simple ilustración de la trayectoria histórica que tiene en Chile la idea cientificista de lo público. Esto no supone una valoración sobre esta inclinación. Claro que es un mérito diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con rigor, siguiendo la razón y la evidencia. Pero así como el conocimiento científico puede ser muy saludable para la política pública, hay extremos que son sencillamente ridículos. El problema, entonces, aparece cuando se lleva al extremo al que se llegó durante la dictadura; extremo que supone que es posible evitar por completo lo político; considerando por ejemplo que la elección de una dirección en política pública puede ser aséptica. Entiéndase bien: el problema es cuando se cree que la ciencia puede sustituir plenamente a lo político. Una vez quebrado ese consenso, ya no fue posible legitimar el ejercicio del gobierno sobre la base de “nosotros sabemos”. Entonces la voz se alza, legitimando el principio de ciudadanía política.

Un destacado sociólogo y politólogo chileno, Manuel Antonio Garretón, sugiere hablar de repolitización para interpretar el proceso que Chile vive hoy. Lo comparto plenamente. Chile hoy se reencontró con lo político. Chile tuvo a lo largo de su historia momentos de alta politización. No todo empezó (o terminó) con Allende. Ya en los años 30 Chile tuvo el primer Frente Popular electo democráticamente de América Latina. Tuvo también un partido nazi que llegó al Congreso. Tuvo una República Socialista que duró algunos días pero marcó al movimiento obrero. Y eso por poner algún ejemplo. Es decir, la coyuntura de hoy, de alta politización, tiene profundas raíces en el pasado.

En esta coyuntura, los estudiantes son el ejemplo más acabado del proceso que se vive en estos años; son una nueva generación que creció en democracia y que fue abandonada por sus padres políticos porque no hubo una formación de nuevos líderes políticos. En esa orfandad, desprovistos de ataduras con el pasado (como el temor a la regresión autoritaria), sumado a determinadas circunstancias coyunturales (como la acumulación de endeudados por créditos para pagar los estudios), fueron el motor este proceso de repolitización. Pero también sucedió en otras arenas y no sólo entre los jóvenes. Y claro, los políticos y sus organizaciones partidarias se vienen mostrando incapaces de canalizar el proceso porque por muchos años abandonaron a sus hijos (y no pasaron la posta) y se convencieron del cuento de la posibilidad de la muerte de lo político. Pero Chile se desencantó; salió de un letargo.

¿El resultado? Imposible de saber. Pero los últimos han sido años fascinantes, como lo es la historia política de este país, plagada de instancias de discusiones profundamente programáticas. La coyuntura de hoy es un nuevo ciclo de politización, de involucramiento político y de discusión de asuntos fundamentales de una porción de la sociedad. Eso es esencialmente sano para la democracia. El único riesgo es que se reproduzca en el tiempo esta incapacidad manifiesta de canalizar y resolver las demandas. Como dicen los expertos en movimientos sociales, el riesgo para la salud democrática aparece si el repertorio de acción en el ciclo de movilización se radicaliza, negando la posibilidad de algún tipo de acuerdo, ya sea por la vía de la negociación, de procesos constituyentes deliberativos, o cualquier forma de fin del ciclo de conflicto intenso.

Para la política uruguaya, Chile deja dos lecciones. Por un lado, primero, la importancia de mantener y regenerar la discusión de ideas; de fundamentar políticamente la dirección de las políticas públicas —lo que no contradice en absoluto que su diseño e implementación sean rigurosos y basados en evidencia. Segundo, los partidos deben mantener el contacto fluido con sus adherentes y con nuevas generaciones, pero también con la ciudadanía en general. Cuando se pierde esa conexión se pierde la empatía y la capacidad de canalizar demandas. Y, por más exitoso que sea el derrotero del país, los conflictos, las demandas no tienen fin y por algún lado y de alguna forma van a hacerse sentir.

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El próximo domingo 10 de mayo, además de elegir 19 Intendentes y Juntas Departamentales los ciudadanos votarán por decenas de municipios en todo el país. Es la segunda vez que se realizará esta elección. Se habla sobre ellas en las redes sociales y los medios de comunicación nacional hacen alguna referencia de algún dato pintoresco. Los medios locales son los que están siguiendo las vicisitudes de la competencia municipal y es esperable que así sea.

Con las elecciones municipales de 2015 termina de instalarse la arquitectura institucional estipulada en la Ley 18.567, descentralización política  y participación ciudadana. El tercer nivel de gobierno llegará entonces a su máxima expresión. Como regla general, se elegirán autoridades en localidades con al menos 2000 habitantes. Sin embargo, en algunos departamentos los intendentes hicieron uso de su atribución de proponer a la Junta Departamental la creación de municipios en localidades con menos habitantes.

En Ciencia Política contamos con teoría y evidencia acumulada para pensar sobre los posibles efectos de esta innovación institucional. Para algunos, la verdadera democracia, la que incluye la deliberación pública, es sólo posible a pequeña escala. En este caso, estamos ante una elección de representantes y hasta el momento (con la excepción de Montevideo y algún otro departamento) no se han instalado instituciones de participación a nivel local que, por ejemplo, estimulen la deliberación pública a escala local. Sin embargo, la creación de esta institución y la competencia electoral en pequeños pueblos rurales del interior del Uruguay puede generar efectos positivos sobre las actitudes hacia la democracia representativa. También puede estimular una mayor interacción entre vecinos, al tiempo que puede promover la identidad local. En un estudio que realizamos con un grupo de colegas acerca de los efectos de esta ley en Casupá (que eligió municipio en la primera elección municipal) y Fray Marcos (que no eligió), registramos evidencia preliminar que indica un cambio en actitudes políticas pero no detectamos diferencias significativas asociadas a un mayor involucramiento político. Esto se puede deber a la inexperiencia con las elecciones locales; sumado a la no aplicación de otros mecanismos de participación ciudadana distintos a la elección de representantes; y, finalmente, a la ausencia de presupuesto previamente asignado, de modo tal que los candidatos pudieran pensar cómo gastarlos. Todos estos inconvenientes son fácilmente solucionables y algunas respuestas están previstas en la ley, que para 2010 todavía no se había terminado de aplicar. Allí están parte de los desafíos para el nuevo diseño institucional. En principio, el solapamiento del espacio de socialización de los votantes con el área de acción del político, facilitado por la cercanía (la escala), le da la oportunidad a los candidatos de movilizar a bajo costo y generar un mayor involucramiento político en los ciudadanos.

En otros trabajos se muestra que la descentralización y la participación a escala local pueden facilitar la consolidación de estructuras clientelares o escandalosas formas de patronazgo o corrupción. Todo depende del juego que decidan jugar los que mueven primero, los líderes. En sí mismo, el mecanismo no es bueno ni es malo. Ahora bien, Uruguay descentralizó en un período de alta valoración de su democracia representativa y de relativa solidez de sus partidos. Descentralizar cuando las instituciones y las organizaciones democráticas gozan de buena salud no es lo mismo que cuando esto no es así. Tenemos una democracia bastante más que digna. Entonces, no hay razones para esperar, por ejemplo, que los políticos locales piensen sistemáticamente “ahora me toca y me robo todo.”

¿Cómo impacta la descentralización sobre los partidos políticos? Para algunos autores, en contextos de baja legitimidad y debilidad organizacional, este tipo de reformas puede pulverizar a los partidos y la aparición de nuevas micro organizaciones políticas con bajos niveles de nacionalización. Este no debería ser el caso en Uruguay. Y no sólo “porque somos chicos” (es cuestión de ver el caso de Costa Rica). Nuestros partidos políticos tienen profundas raíces en la sociedad y llegan a todo el territorio, aunque es innegable que lo hacen en niveles variables. Además, el diseño institucional estimula la conexión vertical.

En un libro editado por Antonio Cardarello y Altair Magri, del Instituto de Ciencia Política, se presenta una síntesis de los resultados de la primera elección municipal de 2010, cuando la reforma se aplicó en algunos pueblos y localidades. En el departamento de Montevideo el porcentaje de votos en blanco y anulados llegó, en algunos casos, a superar el 75%.  ¿Es posible explicar los altos niveles de voto en blanco y anulados en Montevideo por la poca relevancia de las elecciones? La respuesta: parcialmente sí. La relevancia de la elección importa, pero no explica completamente los niveles de participación. A diferencia de las pequeñas localidades del interior, los candidatos buscan a sus votantes en un territorio más amplio, estos se encuentran más dispersos (por aquello de que no cambiamos la credencial) y los espacios de socialización no se solapan necesariamente con el área de incidencia, el distrito por el cual pelea el candidato. Entrar en contacto le cuesta más. Allí pueden y deben ayudar los partidos.

En un plano más general, los partidos deberían ser los primeros interesados en encauzar la competencia electoral a nivel local. Promover a estos candidatos les amplía la base de posibles futuros líderes para niveles de mayor incidencia en la toma de decisiones. De los partidos depende entonces adaptarse, por ejemplo como hicieron los partidos tradicionales con las primarias y la elaboración de listas a diputados, tienen la oportunidad de contar con una nueva arquitectura institucional para la ampliación de sus bases y su penetración en el territorio. Esto no sólo beneficiaría a los partidos, también a la calidad de la democracia. Al tiempo que se amplían los espacios que cuentan con autoridades electas, no se pierde la integración vertical, que permite pensar sobre problemas y soluciones comunes.

En unos días, en Montevideo, en pequeños centros poblados, en villas, además de tener la papeleta para elegir Intendente y Junta Departamental, los ciudadanos tendrán listas para integrar el municipio. Es cierto que en algunos casos volverá a prevalecer la no-opción, pero también es interesante conocer más en profundidad los resultados por tipos de pueblos, por población, por niveles de competencia, niveles de asociación anterior, en fin. Quedan muchas incógnitas pendientes; tanto en lo relativo a los efectos esperados por los políticos y los diseñadores, como acerca de las externalidades positivas y negativas que genera toda innovación institucional. Con unos colegas estamos en eso, en algún tiempo volvemos con algunos resultados.

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El régimen dictatorial de Pinochet se extendió desde 1973 hasta 1990. Uno de los hitos que marcó el proceso de la transición fue el convencimiento en la oposición acerca de la imposibilidad de derrotar al dictador por la vía de la movilización violenta. Los intentos que hubo fueron brutalmente aplastados. Ya sobre mediados de los ochenta se dio inicio a una lenta estructuración de una coalición política de fuerzas de oposición. El resultado se conoció luego como Concertación de Partidos por el No y luego Por la Democracia. En esos años de construcción de la coalición, fue ganando terreno el convencimiento que una vez recuperada, lo más importante era resguardar el orden democrático. La competencia política posterior estuvo fundamentalmente estructurada en torno al eje dictadura-democracia y es innegable que la presencia del dictador y la salida controlada desde el régimen autoritario minaron el margen de maniobra de la Concertación.

Pero también, por decisión propia y por temor al conflicto, se cortó el vínculo con las bases sociales de los movimientos políticos. Veinte años en el gobierno engendraron en la Concertación una cúpula cada vez más aislada. La elite política en general quedó poco oxigenada, además, porque el sistema electoral era escasamente competitivo en los niveles nacionales. El sistema electoral binominal fue pensado a medida desde el régimen de Pinochet, esencialmente para proteger su legado pero también resultó funcional a la otra parte del binomio, la Concertación. Aquellos diputados y senadores que llegaron “a tiempo” (en las primeras dos elecciones) tuvieron una versión muy generosa de las ventajas del incumbente (político que busca la reelección). Asimismo, la ausencia de discusión sustantiva respecto del modelo económico también comenzó a erosionar la identificación programática con los partidos.

Pero mientras la política se dedicaba a la estabilidad, la sociedad chilena comenzó a cambiar exponencialmente. Los chilenos y chilenas salieron del aislamiento al que habían sido sometidos por Pinochet. El verdadero “milagro” chileno se cristalizó en democracia. Desde mediados de los años noventa, la sociedad chilena comenzó a cambiar de modo vertiginoso; un grupo importante de chilenos ya habían incorporado su nuevo status de clase media y otros tantos que, quedando en las puertas, viven con mucha incertidumbre—por el peso excesivo del mercado en aspectos centrales de sus vidas (especialmente educación). La sociedad comenzó a sentir cada vez más su segmentación; un país de primer mundo, bien pequeño, y un país mucho más grande que ciertamente no accede a bienes y servicios (especialmente públicos) de primer mundo. Y esa sociedad comenzó a recelar cada vez más de una clase política que ya había dado mucho pero que, como algunos políticos han reconocido, quedaron atrapados en la administración del gobierno. En diversas entrevistas y de distinta forma, los líderes políticos de la Concertación han señalado que en un momento se terminó la épica de la lucha contra la dictadura, del “dedo de Lagos”.

En el caso de la conocida movilización estudiantil, cuando ya fueron miles los provenientes de hogares sin antecedentes de escolarización universitaria, endeudados por miles de dólares, con títulos de universidades en muchos casos de dudosa reputación (con consecuencias en la inserción laboral) y por tanto hubo suficiente masa crítica, el movimiento estalló. Y cantaban “el pueblo unido avanza sin partidos”. Las demandas no fueron sólo sectoriales sino que incluían cuestiones más generales como el cambio constitucional. La movilización estudiantil fue la más emblemática, pero también hubo fuertes protestas regionales en el sur y en el norte del país. Y como si fuera poco, la sucesión de terribles desastres naturales desnudaron aún más, y de modo violento, el fenómeno estructural de la segmentación de la sociedad, la desigualdad que el país no ha podido enfrentar en 25 años de democracia.

A los bajos niveles de identificación, de confianza y de participación en partidos, hay que sumar el destape de numerosos (y escandalosos) casos de corrupción. Al creciente distanciamiento y apatía de la sociedad hacia los partidos, hay que sumarle ahora el embate de los escándalos como los casos Penta, Caval y SQM. El financiamiento de la política, las relaciones entre el empresariado y la política, el lobby, el tráfico de influencias, todo ello explotó en los últimos meses. Entonces, hay algunas señales que pueden oficiar de antecedente de una crisis del sistema de partidos que exceda la falta de afecto ciudadano. Además, en el contexto de un sistema electoral binominal que teóricamente impone un alto costo de salida, igualmente aumentaron las defecciones hacia nuevas organizaciones.

Los partidos siguen allí. Sucede que son cada vez menos los que se identifican. No parece haber activísimo partidario en niveles significativos. Siguen allí por gracia de unas reglas de juego con escasos niveles de incertidumbre (poco competitivas) y porque no sucedió ninguna crisis severa desde la transición en 1989. Chile vino creciendo y no sufrió las crisis económicas que varios países de la región experimentaron a inicios y finales de los noventa. El sistema de partidos chilenos aún no fue puesto a prueba. Las señales son de alerta, y en intensidad creciente. Siguen estructurando el voto y llegando a diario a la opinión pública con sendas apariciones en radio y TV. Es verdad que esto no es Costa Rica, otra democracia consolidada que está sufriendo, porque allí las noticias políticas ocupan 30 segundos del noticiero de mayor rating. Aquí la política sigue presente, pero cada vez aumenta más el tiempo que se dedica a difundir noticias que la presentan bien pobre.

Los políticos están preocupados. Han acelerado reformas políticas para abrir el sistema, no sólo en lo electoral sino, por ejemplo, en el acceso a la información pública. Habrá que esperar por el escenario que se pueda configurar tras la puesta en marcha del nuevo sistema electoral pero ciertamente ahí no está la llave de la recuperación del encanto de la ciudadanía. Han quedado encerrados en La Moneda, en los ministerios, en reuniones de cúpulas sin bases y sin conexiones permanentes (por ejemplo desde los partidos) más allá de los hilos tejidos desde el Estado.

La representación democrática en Chile atraviesa una hora compleja. Un escenario posible es un nuevo realineamiento de grupos y partidos políticos en nuevos tipos de coalición (más o menos estable). Eso sucedió en Uruguay, en Costa Rica, y en muchos países más. Estas transformaciones son propias de una sociedad que se encuentra en constante cambio. Pero otro resultado posible es la pulverización y la dificultad de consolidación de un nuevo esquema político claro y estable. A poco más de tres décadas de la redemocratización en América Latina, lamentablemente este segundo escenario no ha sido infrecuente (Argentina hoy). Las instituciones de la democracia chilena están viviendo una coyuntura difícil, una donde se ponen de manifiesto los costos no esperados de la estabilidad.

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