Por Juan Ceretta ///

Desde hace años, venimos litigando desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho contra el Fondo Nacional de Recursos a propósito de la cobertura que este brinda respecto a implantes cocleares que permiten sustituir el sentido de la audición a quienes lo han perdido definitivamente, o a quienes nacieron sin él.

Año tras año, y caso tras caso, reprochamos jurídicamente la falta de actualización de un antiguo protocolo en que basa su cobertura el FNR, de casi veinte años de antigüedad, por el que solo se financia un dispositivo, y exclusivamente a niños de entre cero y siete años.

Esta obsoleta reglamentación, deja afuera por ejemplo a quienes perdieron definitivamente la audición y necesitan el dispositivo para recuperarla, pero no nacieron sordos, es decir son post-locutivos, lo que incluso los hace mejores candidatos para la implantación, desde el momento en que ya tienen adquirido el lenguaje, y en su caso, la colocación será como "levantar la llave" y que vuelvan a oír.

A diferencia de ellos, los niños que nacen sin el sentido de la audición, reciben entre los cero y los siete años un dispositivo del FNR, pero será necesario apoyarlos para la adquisición del lenguaje.

Hace pocos días recibimos con agrado la noticia de que el FNR ampliará su cobertura sin limitación de edad, lo que permitirá acceder al implante a todos aquellos que perdieron la audición después de los siete años.

Hasta el momento, solo era posible obtener en dicho caso el dispositivo siendo activo del Banco de Previsión Social, aunque en todos los casos no hay nadie que se haga cargo del costo de la cirugía de implantación, lo que de por sí genera una primera inequidad entere quienes cuentan con recursos económicos y quienes no.

Esto último determina que en el Uruguay todo paciente que necesite un implante (salvo que cuente con recursos) deba hacer un juicio: o por el implante por no estar cubierto, o por la cirugía.

Al concretarse el anuncio del FNR, la edad ya no será un impedimento para acceder al dispositivo, resta saber si seguirán teniendo una cobertura incompleta al no cubrirse la cirugía necesaria para su colocación.

Sin embargo, y a pesar de la buena noticia que siempre significa una mayor cobertura en salud, quiero volver a la situación de los niños, a los niños que nacen sordos, a aquellos que están cubiertos desde el año 2000 por el FNR.

Quiero volver a ellos, porque el Fondo Nacional de Recursos cubre un solo implante, aunque en la inmensa mayoría de los casos la hipoacusia sea bilateral.

Caminamos con dos pies; vemos con dos ojos; y oímos con dos oídos. La audición natural del ser humano es binaural; y aunque todas las funciones mencionadas se puedan cumplir con uno solo de los órganos, sabemos que la acción más completa y natural, implica a ambos. 

Sin nuestros dos oídos es imposible adivinar de qué lado se acerca un auto y a qué distancia está. 

No se puede ubicar en el espacio ni a las voces ni a las personas o fuentes de estímulo sonoro.

Es decir, los sonidos son planos, sin relieve.

Los dos oídos del ser humano funcionan de manera coordinada para transmitir la información al cerebro. Éste es el que decodifica los estímulos enviados y los interpreta como sonido. De ahí, la expresión “el cerebro es el que oye”.

Los niños con un solo implante tienen mayores dificultades para desarrollar un correcto lenguaje. Se les torna difícil participar en conversaciones con estímulos múltiples, como una clase, y ello repercute indiscutiblemente en su desarrollo intelectual y en su inclusión social.

En nuestro país, todos los niños sordos reciben el primer implante del FNR, pero cuando nacen en familias que cuentan con recursos económicos, adquieren el segundo a su propio costo y la ciencia les permite emparejarse con los demás niños que nacieron con el sentido auditivo.

Cuando nacen en familias más humildes, solo les queda la alternativa de litigar contra el Estado, para no verse condenados desde sus primeros años a la desigualdad.

Se esgrimen habitualmente argumentos económicos o vinculados a la sustentabilidad presupuestal; pero un sistema que priva de oportunidades a los niños más humildes resulta moralmente insustentable.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 01.11.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

Hoy voy a compartir con ustedes la historia de un joven que tuve la fortuna de conocer recientemente. Su nombre es Ricardo y tiene actualmente 23 años de edad.

Siendo un niño como cualquier otro, a los seis años su vida dio un giro de 180 grados; luego de una semana de síntomas como fiebre, cansancios, dolores articulares, se enfrentó a un episodio de vómitos incontrolables hasta perder el conocimiento.

Sus padres llamaron a la emergencia, y eso derivó en que recuperara la conciencia en una sala de CTI.

Luego se supo que Ricardo había sufrido un empuje de una enfermedad denominada poli arteritis nodosa, que, a grandes rasgos y explicado de forma simple, hace que su sistema inmune no reconozca a sus propias células atacándolas y provocando, en este caso, la ruptura de la arteria mesentérica y haciendo así un infarto masivo de intestino.

La situación puntual lo colocó ante la necesidad de cirugía con tan solo un 10 % de chances de sobrevivir.

Ricardo hizo uso de ese 10 % y sobrevivió, pero quedando con otra patología denominada síndrome de intestino corto: es que su intestino delgado quedó con una extensión de 10 cm, incompatible con la vida, lo que lo hizo dependiente de una máquina las 24 horas los siete días de la semana.

Así ese niño permaneció varios meses en el CTI, acompañado siempre por uno de sus padres, que se turnaban para pasar las noches a su lado.

Luego de tres meses logró superar la internación y volvió a su casa con su padres y su hermana menor; pero nada era igual; le costaba caminar y los médicos no le permitían asistir a la escuela en virtud de su situación de inmunosupresión.

Desde ese entonces, Ricardo necesita de alimentación parenteral para sobrevivir, pues el poco intestino que conserva no puede cumplir con la función de absorción de los nutrientes necesarios.

Esto implica conectarse por un catéter subcutáneo a una vena que pasa cerca de su corazón para recibir el sucedáneo de los nutrientes que se lograrían a través de la absorción intestinal. El procedimiento, además de ser peligroso, exige aproximadamente doce horas de conexión diaria inmovilizado.

Pero para las personas excepcionales, estos obstáculos no resultan impedimento suficiente.

Fue así que convenció a sus padres de la necesidad de asistir a la escuela. Para ello, su padre le diseñó una mochila especial que le permitía cargar la alimentación parenteral y mantenerse conectado por la vena mientras asistía a clase.

Ese pequeño niño y su máquina de alimentarse subida a una mochila culminaron la escuela con éxito, pero  los problemas regresarían.

Su salud empezó a empeorar, su tamaño no aumentaba y su peso descendía.

Ante la incertidumbre de los médicos que lo atendían se le recomendó consultar en Argentina a la Fundación Favaloro, con una especialización en pacientes con este tipo de patologías y, a su vez, únicos con experiencia en trasplante de intestino en la región.

Pero la atención allí, y la posibilidad de ser candidato a transplante, se encontraban limitadas a los ciudadanos argentinos o residentes.

Esto hizo que toda su familia se radicara en Argentina por la exclusiva razón de que allí existía una chance para Ricardo que en Uruguay no había.

Finalmente la situación de Ricardo mejoró, y pudieron regresar a nuestro país. 

Ricardo pudo culminar el liceo, y llevar una vida bastante normal para un adolescente en Uruguay, aunque siempre conectado a su máquina de alimentación parenteral; esto no le impidió incluso viajar con sus compañeros a Brasil, mientras su madre viajaba en un avión aparte con la máquina y la medicación para mantenerlo conectado.

Los profesionales de la salud que han conocido a Ricardo no pueden comprender cómo ha llegado hasta acá. Incluso quienes se especializan en este tipo de trastornos han escrito y publicado en revistas la excepcionalidad de su caso. 

Donde nadie hubiese sobrevivido, ese niño primero, y luego joven, ha venido desafiando a la ciencia paso tras paso.

Hoy Ricardo cursa cuarto año de Facultad de Medicina con muy buenos resultados académicos.

Pero, como nada se le ha dado fácil en la vida, hoy se enfrenta a los efectos secundarios que a mediano y largo plazo provoca la alimentación parenteral: fibrosis hepática, falla renal, etc., lo que lo pone ante la eventualidad de necesitar un transplante multivisceral.

Pero cuando peor se pone el panorama, surge la posibilidad de un nuevo medicamento que multiplica considerablemente la capacidad de absorción de la pequeña porción de intestino que conserva.

Naturalmente es un fármaco de difícil acceso, de alto costo, e imposible de adquirir por su familia.

Su salud empeora, y la excepcionalidad de su resistencia lo hacen salirse de las previsiones de cualquier estudio científico.

Él resulta demasiado bueno para encontrarse comprendido en las medianas estadísticas que acostumbran a manejar los criterios científicos que exigen estudios multicéntricos, randomizados, aleatorizados y cientos de pacientes; por la sencilla razón de que no hay otro como él.

Vivimos en un mundo donde no hay lugar para los excepcionales: los sistemas no contemplan a aquellos que osan salirse de las gráficas.

Hoy Ricardo ha iniciado una nueva lucha. Ésta vez, ante la Justicia, reclamando el fármaco que le permita seguir compartiendo el mundo de los comunes. Saldrá de ésta, y de muchas otras, pues al fin y al cabo es un excepcional.

*La sentencia de primera instancia del Juzgado Civil de 9o Turno condenó al MSP, FNR y BPS a proporcionarle a Ricardo el medicamento que necesita, la cuestión se dirimirá ahora en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los demandados.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 18.10.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

En el mes de la diversidad, quiero traer algunas reflexiones sobre situaciones de injusticia que se mantienen en la actualidad a pesar de los avances obtenidos en los últimos años.

Luego de la entrada en vigencia de la ley de matrimonio igualitario, las parejas homosexuales unidas en matrimonio pueden inscribir a sus hijos legítimos de igual manera que los  matrimonios heterosexuales, de forma que los hijos llevan los apellidos de ambos padres o madres.

Sin embargo, ésta situación quedó restringida para el caso de parejas homosexuales unidas en matrimonio, no abarcando a concubinatos homosexuales.

En el caso de los concubinatos homosexuales masculinos, no ofrece mayores inconvenientes desde el momento en que en dicho caso los hijos llegan a la familia a través del proceso de adopción.

Sin embargo, a través de la ley y del procedimiento de fertilización asistida una pareja de mujeres (así como también una mujer sola) puede acceder a la maternidad.

Cuando una pareja homosexual femenina se somete a dicho proceso, puede registrar a sus hijos como de ambas solamente en el caso en que se encuentren unidas en matrimonio; mientras que si se trata de uniones concubinarias, solo se le permite en el Registro de Estado Civil hacerlo a la madre gestante, ocurriendo que los niños solo llevan el apellido de dicha madre.

Advertida dicha situación en las consultas que recibimos en la Facultad de Derecho entendimos que esa imprevisión legislativa y por tanto también conducta administrativa del Estado, constituye una injustificable discriminación entre la familia natural y la familia legítima, reeditando una vieja conducta afortunadamente superada en sede de familia heterosexual.

Esto ocurre desde el momento en que la interpretación de la normativa se continúa realizando desde una perspectiva que solo considera al vínculo biológico como origen de la filiación; pero ello ha cambiado a partir de la entrada en vigencia de la ley de matrimonio igualitario donde el surgimiento de la progenitura jurídica da lugar a la voluntad, como elemento originario de filiación en nuestro país.

Ante los primeros casos se promovieron acciones de amparo que fueron acogidas por los jueces de primera instancia actuantes, y no fueron apeladas por el Estado demandado; sin embargo en los últimos días tomamos conocimiento de una sentencia que no hizo lugar al amparo en el entendido de que la adopción era el camino para consolidar el vínculo filiatorio en éstos casos.

Ello dio lugar a que por primera vez en nuestro país un Tribunal de Apelaciones de Familia se pronunciara al respecto, y entiendo que su sentencia resulta de enorme valor.

En el caso se ha sostenido que la adopción como vía alternativa no resulta por tanto eficaz para salvaguardar los derechos de estos niños que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad ante un Estado que no contempla la existencia de su familia.

Dicho extremo está reñido con los principios de tutela básicos del derecho de familia; además de que la adopción tiene una naturaleza distinta a la progenitura jurídica, aplicándose cada cual a supuestos diferentes. Se está ante dos institutos que se diferencian tanto a nivel doctrinario como en las propias normas y ello porque fueron creados con distintas finalidades; asimilarlos implica caer en un error conceptual y en una errónea interpretación de las normas. La necesidad de desplazar al adoptado de sus vínculos filiatorios anteriores se corresponde con el hecho de que el adoptado es hijo biológico de alguien más; que ese niño, niña o adolescente pertenecía previamente a una familia, de la cual debe desvinculársele para que pueda ingresar en una nueva familia, la del adoptante. Dicha circunstancia no es asimilable a la que nos ocupa, y tal es así que el propio legislador se vio en la necesidad de crear otro instituto filiatorio para dicha hipótesis: la progenitura o voluntad procreacional, figura que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico por ley Nº 19.075 y al igual que la adopción atiende a razones volitivas, dejando de lado la verdad biológica. Pero la progenitura jurídica también atiende a razones científicas, cosa que la adopción no, y encuentra su razón de ser en la filiación por técnicas de reproducción humana asistida.

Mientras en la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida el elemento volitivo está presente desde el mismo origen de la persona, es decir, el niño nace y existe como consecuencia de esa voluntad; en la filiación por adopción el vínculo surge con posterioridad al nacimiento del niño, es decir, el niño ya existe cuando surge la voluntad de adoptarlo.

En definitiva, a la luz de éstos acontecimientos es imprescindible que la ley se ajuste a las necesidades y reclamos de la época en que debe regir, ya que los textos que han quedado imprecisos deben ser interpretados y/o integrados, evitando en éste caso, a través de la Justicia, que se consagren con respaldo legal conductas violatorias del principio de igualdad.

La judicialización no es la respuesta adecuada para la salvaguarda de los derechos, sino tan solo un instrumento de último recurso.

En el mes de la diversidad, los señores legisladores tienen la palabra para corregir esta injusticia.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 27.09.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

Hoy vengo a contarles la historia de un joven a quien tuve la fortuna de conocer hace unos meses.

Su nombre es Leandro y tiene 24 años. Nació con síndrome de down y es portador de una miocardiopatía hipertrófica asimétrica, es decir, una enfermedad en su corazón que lo pone en riesgo constante de tener un episodio de muerte súbita.

Desde los 19 años sabe que esto le puede ocurrir en cualquier momento. A tal punto, que ya supo tener dos síncopes que se dieron sin ningún evento previo que permitiera predecirlos.

Por esa razón, su cardiólogo le ha indicado la implantación de un dispositivo electrónico, que reconoce la aparición de arritmias malignas, reanimándolo automáticamente si hiciera un paro cardíaco, y al mismo tiempo, permite tratar los ritmos lentos actuando como marcapasos.

Como ya lo expusiera en otras columnas, no se trata de ninguna novedad terapéutica, los cardiodesfibriladores vienen implantándose con éxito en nuestro país desde el año 1995. El propio Fondo Nacional de Recursos ha reconocido su eficacia, aunque solo los proporciona en hipótesis denominadas de prevención secundaria, es decir pacientes que han muerto y resucitado.

Si bien nos enfrentamos cotidianamente a estos reclamos en la órbita judicial, el caso de Leandro, llevado a juicio, nos ofrece algunas particularidades jurídicas vinculadas a su situación de discapacidad, pero también a otras más importantes referidas a su historia de vida.

Leandro ha culminado la educación primaria y completado los seis años correspondientes a la educación secundaria, obtuvo un diploma de inglés expedido por la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, y también una diplomatura en gastronomía en el Instituto Gato Dumas.

Además de su formación, trabaja como administrativo en la Intendencia Municipal del departamento donde reside, sin que existan objeciones a su desempeño por sus jerarcas; muy por el contrario, dan cuenta de su trabajo y responsabilidad.

En medio del juicio, y preguntado por el juez respecto a su vida cotidiana, explica: “Trabajo de mañana…me levanto ocho menos diez, y tipo nueve menos veinte me voy yendo al trabajo, marco y cumplo horario de 9 a 14…después de mi trabajo, voy al trabajo de mi madre, y desde allí nos vamos para casa…”, “…me gusta cocinar, cantar y estar en casa con mi madre y mis abuelos…voy a clase de canto y de órgano, porque me apasiona la música…”.

Si bien puede advertirse que la vida de Leandro demuestra un desempeño superior al de muchos jóvenes de su edad a quienes presumimos como con capacidad absoluta, el Fondo Nacional de Recursos no ha considerado nada de ello a la hora de evaluar la necesidad del dispositivo que reclama.

Cabe un especial reproche en dicho sentido, desde el momento en que nuestro país ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose a asegurar el goce de todos los derechos sociales a quienes padecen alguna discapacidad.

Durante mucho tiempo en nuestro país se consideró al síndrome de Down como una situación que ameritaba la declaración judicial de incapacidad, algo así como la muerte civil de la persona, y la necesidad de actuar en la vida mediante un curador.

Pero desde el año 2006 los derechos de las personas con síndrome de Down están comprendidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención es un tratado internacional por el que los Estados se obligan a promover, proteger y asegurar el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad intrínseca.

Esto supone un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social a un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. 

Atendiendo a lo que nos enseña Leandro con su ejemplo, y seguramente muchos otros jóvenes con síndrome de Down; y por otra parte, las respuestas que como Estado le ofrecemos a sus problemas, cabe preguntarse: ¿Quiénes son los incapaces?

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 13.09.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

Acción de hallar. Cosa material o inmaterial que se halla o descubre.

Este martes 27 de agosto, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) informó que se hallaron restos óseos en el Batallón de Infantería Blindado Nº 13, ubicado en avenida de las Instrucciones.

Se sigue confirmando la falsedad referida a que no había restos de desaparecidos, que los habían exhumado a todos, cremado y esparcido en el mar. 

Ocultar información es el último estertor de la crueldad de la desaparición forzada, el terrorismo de Estado se extiende a los familiares, a las generaciones que vinieron después, despliega sus últimos efectos.

Un último modelo de negación: si no los encuentran es porque no existieron.

Ya hemos conocido otros eufemismos de la misma conducta: “dar vuelta la página”, “mirar para adelante”, “hacer pozos por hacer pozos”; pero a pesar de todas las resistencias que se pusieron para llegar a la verdad, se hallaron huesos.

En el 2005, fue Ubagesner Chávez Sosa, en una chacra que pertenecía a la Fuerza Aérea en Pando.

Había sido detenido en mayo de 1976, trasladado a la base aérea de Boiso Lanza y muerto como consecuencia de la tortura.

También en 2005, pero en el predio del Batallón 13, se hallaron huesos. Eran del Profesor Fernando Miranda, secuestrado en el año 1975 y muerto en tortura.

Fue necesario esperar al 2011 para que en el Batallón 14, se hallaran huesos. Era el maestro Julio Castro, detenido en 1977, torturado y muerto de un tiro en la cabeza.

En el año 2014, en el mismo Batallón 14 se hallaron huesos muy cerca de donde se encontró a Julio Castro; era Ricardo Blanco, secuestrado en 1978, y muerto a consecuencia de las torturas recibidas.

En todos los casos, durante 40 años, se negó la realidad, se mintió, se ocultó información, se la tergiversó, falsificaron documentos, se fue omiso, se hizo poco por llegar a la verdad.

Pero a pesar de todo ello, deben saber que no podrán con la memoria, ni la cal podrá con los huesos.

Al decir del poeta Oscar Hahn:

“Curiosa es la persistencia del hueso

su obstinación en luchar contra el polvo

su resistencia a convertirse en ceniza…

…Un día la picota que excava la tierra

choca con algo duro: no es roca ni diamante

es una tibia un fémur unas cuantas costillas

una mandíbula que alguna vez habló

y ahora vuelve a hablar

Todos los huesos hablan, penan, acusan,

alzan torres contra el olvido,

trincheras de blancura que brillan en la noche

El hueso es un héroe de la resistencia”

*Oscar Hahn “Hueso”, Antología, Poesía chilena contemporánea.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 30.08.2019

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Por Juan Ceretta ///

En el día de ayer se celebró en nuestro país el noveno encuentro sobre Migración y Ciudadanía, y por otra parte hace unas semanas estuvo en nuestro país dando una conferencia el Profesor Felipe González Morales, relator especial sobre derechos humanos de los migrantes de la ONU.

La conferencia referida, así como el actual flujo migratorio que recibe nuestro país en la actualidad me invitaron a reflexionar sobre algunas particularidades del fenómeno, intentando hacer foco en los derechos de las personas y las actitudes de los Estados.

El fenómeno migratorio es tan antiguo como los primeros pueblos nómadas que poblaron la faz del planeta; pero el concepto de migración desde una perspectiva de los derechos individuales y más allá de las relaciones internacionales entre los Estados de los que las personas son nacionales, ha cambiado drásticamente.

A esto se suma, una evidente y cada vez mayor desigualdad económica y  de desarrollo social entre zonas relativamente cercanas en el plano  geográfico, acompañada de un avance vertiginoso de las comunicaciones.

Ahora bien, ante este impulso del fenómeno migratorio fundado principalmente en razones socioeconómicas, se han desatado una serie de reacciones de parte de los Estados receptores de migrantes; encuadran en su inmensa mayoría en lo que he llamado el “control de pobres”.

A poco que se analicen cada una de las medidas que se toman, parecen estar destinadas a impedir o frenar, la llegada de personas que puedan eventualmente incidir negativamente en el nivel socioeconómico de los nacionales del Estado receptor.

Parece surgir un razonamiento del tipo, “seremos más personas entre quienes habrá que distribuir los recursos económicos”, y si hay en el mundo sobre lo que se entiende pacíficamente el concepto de finitud, es respecto a los recursos económicos.

En este sentido,  los países desarrollados  han llevado a cabo una serie  de políticas, conocidas como “externalización de las fronteras”. Esta concepción de los límites de la soberanía de un país, supone una nueva gestión estratégica del fenómeno migratorio, que no se centra  sólo en la línea fronteriza, sino que se ubica a lo largo de las rutas migratorias, involucrando a los países de origen y tránsito. 

La Unión Europea se ha convertido en uno de los principales destinos para muchos migrantes, y en dicho sentido ha venido tomando medidas para correr al sur las barreras, con el objetivo de frenar el avance de las personas hacia el norte de África.

En los últimos años se observa una priorización del regreso de las personas migrantes, en detrimento de alternativas como la regularización, o la inclusión social.

 Los Estados recurren cada vez más a operaciones de expulsión y conciertan acuerdos bilaterales y regionales de readmisión. En este contexto, con frecuencia se expulsa a migrantes en contra de los principios y normas internacionales de derechos humanos, entre los que se incluyen la prohibición de las expulsiones colectivas y el principio de no devolución.

Por otro lado, también pueden advertirse otras estrategias con idéntico fin; desde la  construcción de muros físicos, hasta el diseño de barreras invisibles como el habitual sistema de visas.

Del simple análisis de los requerimientos de visa, puede advertirse sin dificultad que, sin perjuicio de que se esgriman razones de seguridad, curiosamente tendemos a exigirle visa a las personas de países con PBI per cápita inferiores al nuestro.

Se ha dicho también que la exigencia de visa tiende a evitar el abuso de actividades relacionadas con el tráfico de personas, pero la realidad indica que cuantas más trabas se establezcan, más personas sin escrúpulos aprovecharán esas circunstancias.

Parece necesario, construir un discurso fundado en la persona humana, sin ninguna consideración respecto al lugar donde nos tocó nacer, la raza, las costumbres o la religión; y donde la solidaridad nos permita aumentar nuestro PBI en valores humanos.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 16.08.2019

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Por Juan Ceretta ///

En la columna de hoy pretendo transmitirles algunas reflexiones que me surgieron a partir de los primeros resultados obtenidos en una investigación académica realizada sobre la situación alimentaria de las mujeres privadas de libertad con sus hijos, realizada por el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República (Udelar), que integran la Facultad de Derecho y la Escuela de Nutrición.

El objetivo del trabajo consistió en lograr una aproximación al estado nutricional de mujeres y niños en la cárcel, para poder determinar el grado de cumplimiento del derecho a la alimentación y que esto, a su vez, sirva de insumo a la hora de diseñar políticas públicas que apunten al mejoramiento de las condiciones de reclusión. El estudio contó con el apoyo de la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación (FAO).

Si bien las conclusiones preliminares de la investigación concluyen que el Estado no garantiza adecuadamente el derecho a la alimentación de mujeres y niños, en tanto se detectó  en la dieta una cantidad y calidad de alimentos y nutrientes que limitan el goce de una vida sana, y que la poca variedad de alimentos podría comprometer la consolidación de hábitos alimentarios saludables en los niños; no es ese el punto sobre el que pretendo detenerme.

Mi cuestionamiento tiene que ver con la naturalización que como sociedad hacemos de esta realidad de mujeres presas con niños también presos.

Me veo en la necesidad de aclarar que no refiero en éstos casos a mujeres que hayan cometido delitos de una gravedad tal que resulten peligrosas para sus propios hijos, pues en ese caso nunca convivirían con ellos.

Voy a enfocarme especialmente en la situación que estamos promoviendo como sociedad: niños criados en la cárcel.

Evidentemente nuestra lógica de la privación de la libertad como único o principal instrumento frente al delito nos llevó, junto a la necesidad de respetar el derecho a la maternidad, a ésta situación en la que nos encontramos.

Pero si hoy está claro que en su inmensa mayoría el sistema penitenciario uruguayo no es capaz de cumplir con la función rehabilitadora que mandata la Constitución en su artículo 26; mucho menos lo es en cuanto a contribuir a la crianza adecuada de  un niño. 

Las condiciones actuales de reclusión no permiten un desarrollo sano de la maternidad.

En primer lugar porque los niños sufren por añadidura, y en los hechos, la misma privación de libertad que sus madres; y en segundo lugar la situación implica  una fuerte sumisión de las mujeres, ya que la posibilidad de seguir manteniendo contactos con sus niños es vista como un premio que hay que ganar, y no como un derecho.

Nos enfrentamos a la realidad de un niño que vive en el centro penitenciario, lo que evidentemente no es adecuado para la crianza y el desarrollo en su plenitud, que sufre las consecuencias del encierro, en un presente y en un futuro, y por otro lado tenemos la   imposibilidad de fortalecer adecuadamente el vínculo madre-hijo.

Sinceramente creo que ha llegado la hora de considerar si la privación de libertad de estas mujeres con sus hijos es compatible con el fin rehabilitador de la pena, sin que además se vulneren los derechos de los niños.

Es necesario que puedan pensarse otras medidas alternativas al encierro para este grupo de mujeres.

En un Estado de Derecho, respetuoso de los derechos humanos, la cárcel para mujeres con niños pequeños que han cometido delitos menores, no constituye una opción admisible.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 02.08.2019

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Por Juan Ceretta ///

El Poder Judicial de Estonia, comenzará a aplicar en 2019 el programa denominado “Jueces Robot”.

Se trata de robots que ejercerán función jurisdiccional (hasta ahora reservada a los humanos) para resolver en principio conflictos relativos al área de la responsabilidad contractual. Las partes subirán sus argumentos y documentación de respaldo al sistema, y el robot decidirá en función de juez.

Ni se trata de una excentricidad de Estonia, ni el problema son los robots.

Francia aborda en éstos momentos la posibilidad de utilizar mecanismos algorítmicos de resolución de conflictos para asuntos judiciales relativamente menores que podrían aplicarse a 2,7 millones de casos cada año.

En los Estados Unidos no constituye una experiencia nueva, ya que se viene utilizando en el sistema penal mediante la sustitución de la fianza como cautela para las prisiones preventivas (oportunamente criticada por permitir a los ricos esperar la sentencia en casa, mientras encarcela a los pobres) por un algoritmo que decide en base a una predicción que acusados muestran más riesgo de fuga, y/o peligrosidad.

Los defensores del sistema algorítmico de justicia manifiestan que el mismo resultó más preciso que los jueces a la hora de predecir qué harán los acusados después de ser liberados.

En definitiva nos enfrentamos a una realidad donde la tecnología mediante algoritmos toma decisiones judiciales, hasta hace poco privativas de los humanos.

Esta nueva realidad nos enfrenta a diversos cuestionamientos. En primer lugar, ¿cómo nos aseguramos que el software del juez robot no arribe a resultados injustos? ¿Qué variables se consideran para la elaboración del algoritmo? ¿Es admisible la justicia no humana?

El año pasado, una investigación realizada por ProPublica descubrió que el software comercial desarrollado para ayudar a determinar qué presos debían recibir la libertad condicional tenía muchas más probabilidades de clasificar incorrectamente a personas afrodescendientes como  de alto riesgo en comparación con los caucásicos; del mismo modo consideraba de forma diferenciada a las distintas zonas geográficas de origen del delito.

Aun algoritmos alimentados con datos obtenidos del propio sistema de justicia seguramente contengan sesgos que tienden a perjudicar a las personas en función de su raza, de su origen, o de su estatus socioeconómico.

No hay nada que convierta a un algoritmo, por el hecho de serlo, en algo intrínsecamente neutral: de hecho, los algoritmos construyen sus sesgos a partir de los datos con los que son alimentados, lo que incrementa el riesgo de perpetuar sesgos que, en muchos casos, ya existían anteriormente.

Una decisión tomada por ese algoritmo fue objeto de apelación en el caso Loomis V. Wisconsin, en el que el acusado alegó que el uso de dicho algoritmo en el cálculo de su sentencia, un veredicto de seis años de cárcel, violaba sus derechos porque evitaba que impugnase la validez científica y la precisión de la prueba al desconocer el funcionamiento del algoritmo, y porque éste tenía además en cuenta variables como el género y la raza del acusado.

Fuimos formados en un sistema judicial donde son las personas las juzgadas y también las que juzgan, se trate del asunto que se trate, hasta ahora, con aciertos y errores fue la justicia de los hombres.

Para los promotores de estas reformas será más importante saber si el ingeniero programador o diseñador de algoritmos resulta positivista, realista, o dworkiniano.

Los que aún nos resistimos a la conversión de la justicia en un mecanismo enteramente tecnológico, seguimos pensando que existe un problema ético cuando se trata de juzgar personas, por lo que juzgarlas por una máquina es poco digno y devalúa a quien está siendo juzgado.  

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 17.07.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

En el mes de marzo compartía con ustedes la historia de Franco, un adolescente de 16 años con una miocardiopatía congénita. Les conté de lo vivido en el juzgado con sus padres Jorge y Lorena, mientras reclamaban que el Ministerio de Salud Pública se hiciera cargo del procedimiento de ablación que necesitaba su corazón en ese momento.

En aquel entonces reflexionaba sobre cómo nuestra sociedad no estaba dispuesta a invertir ese dinero que costaba un procedimiento ya incluido en el Plan Integral de Asistencia en Salud (PIAS), pero pendiente de reglamentación por el Ministerio.

El procedimiento judicial culminó con éxito para Franco, y el MSP fue condenado a solventar el costo de la ablación que se pedía. Pero ya en aquel entonces sabíamos perfectamente que la lucha continuaría.

Así pues, luego de practicada exitosamente la ablación, los cardiólogos tratantes le indicaron la implantación de un cardiodesfibrilador que evitara el grave riesgo que la patología de Franco trae consigo en cuanto puede presentar un episodio de muerte súbita; episodios a los que 9 de cada 10 pacientes no sobreviven.

Curiosamente, el Fondo Nacional de Recursos financia el costo del dispositivo y su implantación, pero en el marco de lo que se denomina “prevención secundaria de la muerte súbita”; y no lo hace en los casos de “prevención primaria”. Traducido a lenguaje común: el FNR cubre a aquellos pacientes que han muerto y resucitado; pero si nunca has muerto, como afortunadamente era el caso de Franco; el FNR no lo cubre; a pesar de la sólida evidencia científica que lo aconseja.

Los pacientes como él lo obtienen porque cuentan con el dinero para solventarlo, o a través de un recurso de amparo presentado ante la justicia.

Así que volvimos al Juzgado con Franco.

En ésta oportunidad, Jorge, su papá, no nos pudo acompañar, pues su estado de salud (la misma patología que Franco) lo tenía internado a la espera de un trasplante de corazón.

El trámite judicial volvió a resultar exitoso, condenando en éste caso al Fondo Nacional de Recursos a financiar el cardiodesfibrilador y su implantación, estableciéndose un plazo muy breve en la sentencia para su cumplimiento, y dedicando parte de su texto a reconocer la valentía de éste joven ante la difícil situación que le ha tocado vivir.

A Franco le fue implantado el cardiodesfibrilador con total éxito. 

Jorge, su padre, internado a la espera de un donante de corazón, falleció, y la triste noticia provocó en su hijo un paro cardíaco del que resucitó gracias al cardiodesfibrilador.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 28.06.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

Nicolás nació sin audición en su oído derecho, y a partir de los 11 años comenzó a perder la de su oído izquierdo, hasta que a los 16 años de edad quedó absolutamente sordo.

En los primeros años de su vida desarrolló el habla, aprendió a leer y a escribir, concurriendo a la escuela pública normalmente.

Luego su sordera y las dificultades de comunicación hicieron que fuera derivado a la Escuela Especial para Discapacitados intelectuales donde terminó la educación primaria.

Posteriormente ingresó al programa Jóvenes en Red del Ministerio de Desarrollo Social pero no pudo adaptarse al sentirse excluido por sus compañeros.

Dada esta situación se propuso estudiar lengua de señas en la escuela para adultos sordos, pero el horario nocturno le impidió continuar concurriendo, ya que su problema de oído afecta su equilibrio y esto se acentúa en la noche.

Decidió inscribirse en la UTU para aprender carpintería y así poder independizarse a través de la inserción laboral, pero luego de un año, desistió del intento: no lograba comunicarse.

Ya tiene 27 años, solo percibe una pensión del BPS de $ 3.901. Su padre hace changas y su madre trabaja en la casa ya que su hermana Victoria también requiere atención porque es discapacitada.

La situación de Nico tiene solución: necesita un implante coclear y un procesador de palabras que se instala en el hueso mastoideo detrás del pabellón auricular mediante cirugía.

Este dispositivo es financiado en Uruguay por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), pero solo a los niños menores de siete años, según un protocolo que data del año 2000 y que nunca fue actualizado.

El problema es que cuesta US$ 19.000 más los gastos de cirugía, quirófano, etc, etc.

El Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), en su artículo 20.96, establece que la cirugía de implantación de prótesis coclear estará a cargo del FNR, pero éste se resiste a cumplir sosteniendo que un decreto del Ministerio de Salud Pública no puede obligar al FNR, que curiosamente preside el mismo ministro de Salud Pública.

Afortunadamente, Nicolás se atiende en el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República (Udelar) que, analizada la situación, decidió cubrir el costo de la cirugía.

Para conseguir el dispositivo inició un juicio de amparo por el Consultorio Jurídico de Udelar donde se condenó al FNR a proporcionarle el implante, a pesar de las defensas esgrimidas por éste, en cuanto sostuvo que no corría peligro la vida de Nicolás, que no se trataba de una enfermedad terminal, así como que, de accederse a su pedido, se violaría el principio de separación de poderes.

Nicolás se operó en 2017 con total éxito; incluso me contó que lo primero que volvió a escuchar fue el ladrido de su perro.

Casos como el suyo se repitieron en infinidad de oportunidades desde ese entonces hasta el presente.

Mientras traigo esta historia a mi memoria, leo el informe público del ejercicio económico del FNR correspondiente al año 2018, de donde surge que tuvo un resultado neto de casi US$ 11 millones, dinero que no fue utilizado, así como otros tantos millones colocados en letras de tesorería y bonos del tesoro.

Seguramente somos más ricos, pero seguimos igual de sordos.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 07.06.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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