Por Omar Lugo///

El periodismo y el poder militar libran una batalla en torno a Venezuela. Medios extranjeros involucran al presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, el capitán Diosdado Cabello, en una supuesta organización internacional de traficantes de drogas.

Las versiones, filtradas primero por el diario ABC de España y ahora por el Wall Street Journal, afirman que la Fiscalía de Estados Unidos tiene un caso avanzado contra Cabello y otros 11 altos cargos del gobierno chavista de Nicolás Maduro.

El reportaje del diario estadounidense cita a unas 12 fuentes familiarizadas con el caso, inclusive a fiscales federales.

Como en todo trabajo periodístico en curso, aquí se plantean cuestiones éticas: ¿es posible señalar a un alto funcionario de un gobierno soberano a través de la prensa, con fuentes anónimas, de delitos tan graves como el uso del poder político para exportar narcóticos?

¿Debe la prensa seria y responsable seguir firme con su trabajo, sus primicias e investigaciones aunque éstas estén en fase preliminar?

¿Debe un medio esperar como todas las demás instituciones a que un caso prospere en tribunales y a que la información le sea suministrada por funcionarios identificados en su debido momento?.

Y lo más importante: ¿Tiene la audiencia el derecho de recibir informaciones confirmadas, verificadas aunque sea citando “fuentes” no identificadas preliminarmente?

El Wall Street Journal es uno de los periódicos más respetados del mundo. Pero su versión ha sido tomada con pinzas o auto censurada por medios venezolanos aunque ha sido primera página esta mañana en diarios y portales de muchos otros países.

La razón es muy clara: los medios venezolanos temen a la ira chavista. Es que ya el capitán Diosdado Cabello pidió y logró que un juez prohibiera salir de Venezuela a los responsables de tres de los medios más influyentes del país: El Nacional, Tal Cual y La Patilla punto com, medios que republicaron la primera versión de esta historia, la del ABC.

Veintidós directivos se exponen a penas de hasta ocho años de cárcel, acusados de difamación. Cabello alega que ha sido mancillado en su honor.

Promete ir hasta las últimas consecuencias en este proceso, aunque hasta ahora no ha emprendido acciones contra el ABC ni otros medios internacionales.

Este es un nuevo y duro ataque contra medios locales ya agobiados por la falta de papel, amenazas de cierre, multas millonarias e intervención directa del gobierno.

Al final, quienes pierden son las audiencias, que ven limitado su acceso la información y a la libre expresión.

Los medios tradicionales cada vez están más banalizados y ni siquiera hay en TV o en Radio hay noticieros clásicos, que investiguen temas a profundidad, como esos que traen medios internacionales.

En un año electoral, se avecina una nueva tormenta entre Venezuela y Estados Unidos, mientras este país caribeño vive un dura crisis económica, política y social.

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