Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Las recientes salidas del presidente Tabaré Vázquez al llano político desataron polémica. Sus mensajes en tono de “campaña electoral”, encendieron los ánimos en la oposición, probablemente tal y como el mandatario esperaba. Creer que se trató de casualidades o errores sería inocente: Vázquez apareció de esta forma ante las bases frenteamplistas como un frentamplista más, mostrándose convencido de las posibilidades de su partido. Su retórica es calculada. Apunta a buscar apoyo en el nivel más básico de la estructura partidaria del Frente Amplio, algo fundamental para un presidente que enfrenta muchas trabas de su propio partido a casi tres años de haber asumido.

Algunas de las diferencias internas afectan el posicionamiento político del país en temas como el respeto a los derechos humanos; otras obligan al Gobierno a un enorme esfuerzo en busca de alcanzar objetivos de claro interés para Uruguay. En esta última categoría se inscribe la expansión del comercio exterior por la vía de acuerdos de libre comercio, un instrumento más de apertura comercial que bien utilizado puede dar buenos resultados.

Aunque en su programa de Gobierno 2015-2020 el Frente Amplio considera que la expansión del comercio nacional a los mercados externos es “un requisito imprescindible” (…) para un país como Uruguay”, la realidad es que los más sonados intentos de la segunda administración Vázquez por cumplir con esta premisa han encontrado un obstáculo tras otro.

Existe un discurso en la cancillería, el de la necesidad de la apertura comercial para mejorar el desempeño económico del país, y otro discurso en algunos sectores del Frente Amplio que consideran que los acuerdos comerciales son negativos per se. Es tal la dicotomía que el canciller Nin Novoa se cuida de hablar de acuerdos de libre comercio o TLC para referirse a tratados de “última generación”.

Vázquez quiere, pero no puede, y la decisión del Frente Amplio de no aprobar por el momento el acuerdo negociado por los Gobiernos de Uruguay y Chile para profundizar el comercio bilateral es muestra de esta situación, que termina menoscabando el esfuerzo de los equipos negociadores uruguayos y erosionando las expectativas de privados que esperan que el Gobierno les facilite de forma general el acceso a mercados.

Al no existir una política de Estado, como sí la tiene Chile en materia de acuerdos comerciales, se hace difícil encaminar un diálogo en el que los intereses reales, prácticos, del país, primen. El resultado es el anquilosamiento, que perjudica en definitiva las posibilidades de acceder a mercados externos para un país que sufre un serio deterioro de su mercado de trabajo, una situación que difícilmente se corregirá por la vía exclusiva del consumo interno.

Sería simplificar bastante el considerar que cualquier acuerdo de libre comercio es bueno porque abre mercados. De hecho, es sano que se estudien minuciosamente los textos, en particular cuando se negocia con economías notoriamente más poderosas, como sería el caso de China. Pero nos ponemos en una situación de desventaja desde el arranque si cada vez que, como país, vamos a negociar mostrando interés, supeditamos al mismo tiempo cualquier firma a la voluntad de un partido político. Ya que nuestro mercado interno no es necesariamente atractivo por volúmenes, lo menos que deberíamos apuntar a ofrecer es cierta garantía de coherencia para aprovechar la buena imagen internacional que tiene Uruguay. ¿Cómo quedará esa imagen si después de tanto negociar con Chile el acuerdo se cae?

Es claro que la situación del comercio exterior cambió desde que se elaboró el programa con el que el Frente Amplio ganó por tercera vez consecutiva la Presidencia. La situación del Mercosur, su degradación como instrumento de integración, las dificultades sistemáticas para el comercio entre socios, hacen que aquella “Agenda Externa” del bloque que pretendía utilizarse de trampolín para la política comercial nacional, deba hacerse a un lado para reflexionar con criterio. El Mercosur no puede seguir siendo la opción prioritaria; el quietismo no es una alternativa viable cuando surgen oportunidades. El encierro no es un buen camino, y el presidente lo tiene claro, pero poco podrá hacer si no alinea a sus huestes.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, jueves 14.12.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

EEUU es comandado por uno de los presidentes más singulares de su historia. Tiene muchas particularidades en su forma de ser, en su forma de gobernar, siempre peleando contra algún enemigo al acecho; también en su peculiar forma de comunicarse con su pueblo, a cada rato, por Twitter.

Y claro, en el resto del mundo vemos algunas de sus decisiones, y la forma destructiva en la que se opone a trabajosos acuerdos consensuados durante años, o abandona organismos internacionales, saca a su país de la troya y en definitiva, aisla más y más a EEUU de algunos ámbitos de decisión en los que podría tener la capacidad de influir en los destinos del mundo.

Primero, Trump se tiró contra el TLCAN o Nafta, un acuerdo que venía funcionando de forma por lo menos coherente. El presidente lo dijo cuando era candidato: quería que las empresas norteamericanas produjeran en EEUU, aunque, claro, la estructura de costos se decantaba claramente por una deslocalización que llegó a México y a muchos países asiáticos, con normas laborales más flexibles y salarios de miseria.

Resultado de su victoria, se sentó a renegociar el TLCAN. Hasta ahí, renegociar, porque Trump es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede derrumbar un acuerdo que funcionó por más de 20 años.

No conforme con esta decisión, amenazó luego a las automotrices con ponerle fuertes impuestos para los autos que producen en México e importan desde EEUU. Las empresas mayoritariamente, lo ignoraron. México pasó a ser el gran enemigo de Trump, y lo dejó claro con una de sus ideas más sonadas: la de construir un muro en la frontera para evitar la llegada de inmigrantes no deseados a su país. Es una forma fácil de cumplir con una parte de sus votantes que ven en estas medidas simplonas algún tipo de gratificación y compran un mensaje sin razonar.

En ese proceso de aislamiento del cual el muro es tal vez la faceta más ridícula, Trump –que tiene entre sus apoyos a algunas industrias de las más contaminantes que existen- dijo que reactivaría la industria del carbón en un país que utiliza y bastante ese combustible. Resultado: retiró a EEUU del acuerdo de París, un texto duramente consensuado entre 196 países –ahora son 195- que es el único pacto global de lucha contra el cambio climático.

No es que el acuerdo de París fuera la panacea pero bajo su paraguas, el mundo reconoce que la humanidad se enfrenta a un problema global de imprevisibles consecuencias que de algún modo habría que taclear. Y aunque no se logre mucho porque la economía actual importa más que el bienestar futuro, por lo menos serviría de testimonio a las próximas generaciones para endilgarnos lo que no hicimos por el planeta.

Para colmo de males, Trump puso al frente de la agencia nacional encargada de este tema a un personaje que niega el cambio climático, por lo que, se presume, desmontará el organismo o se apropiará sin bases del relato científico.

Así las cosas, desinteresado por el TLCAN, por el Acuerdo de Comercio Transpacífico, por el acuerdo de París, Trump dejó luego la Unesco por considerar que tiene una postura “antiisraelí”. El hombre no se detiene y su penúltima decisión de política exterior fue retirar a su país del acuerdo de Naciones Unidas sobre migración y refugiados, en un momento en que la cifra de personas forzadas a desplazarse superó los 65 millones al final de 2016, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y la crisis de migrantes entre Africa y Europa, y en la propia frontera sur de EEUU, está muy lejos de cesar.

Para terminar el año, sin mediar esfuerzo alguno por contribuir a la paz en Oriente Medio, Trump decidió que Jerusalén es para él la capital de Israel, una decisión que no solo no ayuda a buscar soluciones pacíficas a un conflicto añejo sino que, por el contrario, atiza el odio contra EEUU en una zona inestable. Una verdadera proeza de la ignorancia.

La pregunta que cabe formularse es qué tipo de potencia espera Trump que sea EEUU a futuro si poco a poco saca a su país de las instancias de discusión y decisión colectivas mundiales. Si se presenta como un provocador y poco más. Contribuye a una evidente pérdida de influencia que difícilmente se compensará con la generación de puestos de trabajo que sirve de argumento para casi todas estas decisiones, o con los votos que busca conquistar. Con seguridad, otros países en busca de protagonismo global, intentarán ocupar los lugares que erróneamente deja vacíos la administración de Donald Trump, un presidente empecinado en creer que pelearse con el mundo aportará alguna solución a los problemas de EEUU. Nada como la soberbia para meter la pata.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, jueves 14.12.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

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Evaluar la calidad de la democracia y la solidez institucional de un país por el mero hecho de que se celebren elecciones, es un facilismo que suele ir de la mano de intentos deliberados por ignorar actos que corroen el sistema democrático. Es bastante fácil de apreciar si nos tomamos el tiempo de mirar a América Latina en estos momentos, donde se celebran o se planifican elecciones, mientras a los protagonistas de esos procesos les importa en realidad un comino lo que sus pueblos piensen.

Basta mirar hacia Honduras y hacia Bolivia, que acompañan una insana tendencia a perpetuarse en el poder que parece ser contagiosa en este subcontinente.

Amparado en un fallo dictado en 2015 por un tribunal constitucional que de hecho desconoció la Constitución, al igual que lo hizo el Congreso que aprobó la medida, el presidente Juan Orlando Hernández se presentó a una reelección en Honduras. La reelección estaba prohibida en ese país desde 1982 y de hecho, el porfiado intento de Manuel Zelaya por ser reelecto a pesar de lo que decía la carta magna hondureña sirvió de excusa para lo que los países miembros de la OEA reconocieron como un golpe de Estado contra su gobierno en el año 2009. Ahora Zelaya lidera a la oposición y se opone a la reelección que el mismo buscó.

Dos presidentes, de distinto signo político en el discurso, los dos intentando reelegirse con diferencia de años, a pesar de lo que dicta la Constitución, sumen a sus pueblos en el caos por no entender que las cartas fundacionales deben respetarse. Claro que, al actual proceso electoral en Honduras se le suman agravantes varias como un sospechoso retraso en el conteo de votos con reversión de tendencia incluida a favor del presidente, el rechazo a un recuento total de votos, y un estado de sitio que suspendió las libertades individuales en un marco de represión contra la gente. La misma represión que puede verse en las calles de Venezuela donde el chavismo-madurismo se ha atornillado al gobierno a costa de manipular a su antojo los poderes del Estado, en busca de perpetuidad.

Siguiendo un camino igualmente nefasto que la derecha hondureña, el presidente boliviano Evo Morales ha entendido que la Constitución de su país vale poco y nada, así como la opinión de su pueblo que le negó en un referéndum la posibilidad de una reelección indefinida.

En una curiosa interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, un cuerpo normativo del que son firmantes los Estados parte de la OEA, un tribunal constitucional determinó que aunque la misma Constitución que Morales promovió en 2009 autoriza una y una sola reelección, el hombre puede seguir postulando al cargo de presidente hasta que quiera, se aburra o los bolivianos le digan otra vez que no.

Morales está en el poder desde 2006, y llegó allí rodeado de un halo seudo heroico al representar en el discurso a buena parte de la población indígena de Bolivia, olvidada, hundida en la pobreza. Y aunque muchos miembros de su equipo tenían poco que ver con esa realidad, le dio un rostro familiar al gobierno para la mayoría de los bolivianos, acostumbrados a tener en el poder a algunos personajes con acento sajón.

Pero desde entonces todo cambió, y la democracia que lo puso en el sillón presidencial y la voluntad de su gente parece que pasó a importarle menos que poquito a Morales. En 2009 cambió la Constitución, promovió ese cambio para que hubiera una sola reelección. Pero pidió al Tribunal Constitucional que contara el período 2010-2015 como su primer mandato cuando en realidad llevaría ya dos períodos consecutivos. Ahora, Morales, que atraviesa su tercer mandato, quiere volverse un presidente crónico y ya anunció que se presentará a una re re re elección en 2019.

"Estamos habilitados para que el voto del pueblo defina darnos su apoyo para una nueva gestión. La Revolución Democrática y Cultural sigue. ¡Hasta la victoria siempre!", dijo Morales en Twitter. Y así demostró que para él la opinión del pueblo es en realidad la suya propia, lo cual lo convierte en el dueño de la razón y la verdad. Porque, reiteremos, el pueblo boliviano, soberanamente le dijo en un referéndum que no quería que volviera a ser candidato por ahora.

Pero el poder tiene esas cosas cuando es mal entendido. El engranaje democrático se oxida y así, herrumbrados y con menos vergüenza que cuando empezaron a gobernar, muchos buscan entronizarse, como si fueran únicos e irremplazables. De esos, quienes llegaron allí por una voluntad popular que les resbala, son la peor calaña de mentirosos: dicen defender la democracia y a su gente, pero en realidad son unos predecibles totalitarios, pichones de dictadores.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 06.12.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

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En medio del dolor colectivo por esta seguidilla de casos de menores abusados y asesinados, sumados a una brutal estadística de violencia contra la mujer, el presidente Tabaré Vázquez puso un poco de raciocinio cuando rechazó la pena de muerte para los responsables de estos hechos.

En los últimos días aparecieron todo tipo de ideas para abordar estas situaciones, muchas de ellas al calor de la falta de reflexión a la que suele inducir la indignación. Una indignación que, además, es caldo de cultivo para el oportunismo político, cuando lo que más se necesita es dejar que la Justicia trabaje.

La reacción, la crispación, el enojo, la furia producto de la impotencia ante crímenes tan aberrantes puede entenderse. Pero no puede llevarse la discusión al extremo de proponer caminos sin retorno como el de la pena de muerte, o mecanismos que puedan ser equiparables a la tortura. En definitiva, no puede confundirse justicia con venganza.

De menor a mayor:

– en primer término, en aquellos lugares en donde existe la pena de muerte –en varios estados de Estados Unidos por ejemplo-, es difícilmente argumentable que esta medida tenga un efecto disuasorio sobre quienes están dispuestos a cometer este tipo de atrocidades. ¿O acaso se puede pensar que quien está dispuesto a cometer un delito mide la cantidad de años que le van a caer si lo detienen?

– en segundo lugar, la pena de muerte y su etapa anterior, la que en algunos países se conoce como el “corredor de la muerte”, es considerada tortura. Y ya para tortura, tenemos a muchas de las cárceles que integran el sistema penitenciario nacional, con zonas convertidas en verdaderos infiernos. ¿Queremos volvernos un país que de verdad admite la tortura como mecanismo de castigo?

– en tercer y último lugar, ¿se ponen a pensar quienes proponen la pena de muerte que lo que están planteando es institucionalizar la violencia como método? Le piden al Estado, que por mandato debe preservar la vida, que la quite. ¿Es eso lo que realmente queremos? ¿A dónde iríamos a parar como sociedad, como país, como nación, si nos convertimos en seres iguales a los que queremos castigar? No está en nuestra idiosincrasia.

Esto no es cuestión de quien se indigna más, ni una competencia por quien propone la “mano más dura”, sino de quien piensa mejor y aborda con más sentido común un problema que por más largas penas que le busquen no es nuevo ni dejará, penosamente, de existir, a menos que de algún modo se identifiquen y se combatan sus causas de fondo. Llámele enajenación, enfermedad, maldad. Este tipo de seres execrables seguirán existiendo y cuesta imaginar que pensarán en lo que les puede deparar un eventual destino judicial.

Distinto es pensar de qué forma evaluar si al momento de recuperar la libertad están rehabilitados. Es difícil ser optimista e imaginar que eso podría ocurrir con el actual sistema de prisiones que tenemos en Uruguay, donde campea la violencia. Sería lógico pensar que quienes tienen denuncias o antecedentes por delitos sexuales, sean vigilados por las autoridades. Es central que la Justicia tenga los elementos necesarios para adoptar medidas cuando hay denuncias. Importante es que existan políticas educativas que establezcan que en las instituciones de enseñanza se concientice sobre lo que es el abuso. Fundamental es que en las familias este tema se discuta, y que no ignoremos situaciones que resultan anómalas.

Sería lógico estudiar si es conveniente añadir agravantes a las penas ya existentes, que seguramente funcionarán más como un mecanismo para alargar el tiempo de reclusión que como método de disuasión.

En cualquier caso, este tipo de medidas tienen que ser pensadas, y adoptadas en base a datos, opiniones de especialistas y experiencias de otros países. No deben ser resueltas en medio de un revuelo cuyas razones pueden entenderse, y que aun así no pueden dar justificación a esa especie de “vale todo” que parece haberse instalado en una parte de la sociedad.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 29.11.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

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La muerte de un niño de dos años que esperaba un corazón para ser transplantado y tener la oportunidad de seguir viviendo ha sacudido a Uruguay. Es una situación triste, dramática como pocas, y con toda lógica el caso instaló el tema de la donación de órganos en la agenda pública.

Se disparan muchas preguntas ante una situación como esta, para quienes somos padres, para quienes esperan serlo, para los padres que tienen a sus hijos enfermos, para aquellos que han tenido la desgracia de perderlos, y por supuesto, para cualquier persona sensible e interesada en el bien común.

La primera que podemos hacernos desde aquí es si la donación de órganos no debería ser objeto de una campaña continua de concientización, mucho más fuerte que la comunicación que existe actualmente sobre una cuestión tan sensible y delicada. Este es uno de esos asuntos que atañen a toda la sociedad y del cual rara vez somos conscientes, hasta que nos toca de cerca.

Sin embargo, la realidad es que a cualquiera de nosotros nos puede pasar de encontrarnos en la posición de tener que esperar una donación de órganos, o de tener que resolver sobre una donación de órganos.

En Uruguay existe una ley, la 18.968 de setiembre de 2012, que zanjó algunas situaciones puntuales relacionadas con la donación de órganos y tejidos. Vale la pena repasar las que están, por decirlo así, solucionadas, para detenernos luego en las que por estos días generan cuestionamientos, dudas, interrogantes.

En nuestro país cualquier persona adulta en uso de sus facultades es potencialmente donante de órganos y tejidos en caso de muerte, a menos que haya dejado constancia de lo contrario. En el caso de los menores cuya muerte involucra a posteriori una pericia forense, se los asimila a los adultos.

El problema se plantea con la muerte de menores de edad o personas “incapaces” según establece la ley, porque la autorización para que se produzca una donación debe ser expresamente otorgada por sus padres o representantes legales al momento de la muerte. Es decir, en el momento en el que quienes quieren a ese niño, adolescente o persona incapaz, se encuentran en un estado profundo de tristeza, cuando no de shock.

Se presenta aquí una disyuntiva evidente, que por estos días, a raíz del caso que mencionaba al principio, ha dado lugar a un principio de debate: ¿es justo el sistema con aquellos niños cuya vida depende de recibir un órgano? Existe un sinfín de condicionantes para un transplante: desde las condiciones de la muerte del potencial donante, hasta su estado de salud general que condiciona lógicamente la decisión médica de considerarlo como tal, pasando por la compatibilidad de donador y receptor, e incluso el tamaño de un órgano en el caso de niños pequeños. Y esto por mencionar una parte de este entramado complejo.

¿Es lógico que se añada a esta dura ecuación la decisión de un padre en estado profundo de tristeza y dolor? A su vez, ¿es conveniente establecer un sistema en el que de antemano todos, sin distinción de edades, somos donantes a menos que se exprese lo contrario? No cabe duda de que es difícil ponerse en la situación de que el sistema imponga la ablación de órganos en el caso de un niño.

Es duro, pero como sociedad debemos discutir este tema desde la perspectiva de la solidaridad que supone el ser donante de órganos.

No hay una respuesta única a esta cuestión, ni una solución ideal. Pero existe la posibilidad de discutir el mejor sistema en un debate que involucre a todos los actores posibles: las asociaciones de transplantados, los familiares de quienes esperan un transplante, en especial cuando se trata de niños, las organizaciones de la sociedad civil que abordan este tema de manera sistemática, el Instituto Nacional de Donación, y el sistema político.

Desde el sector médico, especialistas consultados establecen que muchas veces falla la comunicación entre los centros asistenciales y el instituto que coordina los operativos para un transplante, y la eficiencia del mecanismo queda cuestionada.

La ley actual en tanto, es garantista del derecho de quienes pueden potencialmente ser donantes. Sin embargo, por esta misma razón, le da menos garantías a quienes están en la posición de receptores. No por eso es un sistema que no funcione. Pero podría funcionar mejor, y el cómo es lo que se necesita discutir: cómo mejorar este sistema en la práctica en todo lo que se pueda, y en la ley, en todo lo que se pueda.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 22.11.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

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El ex presidente José Mujica definió a la regulación del mercado del cannabis en Uruguay como un “experimento”. Y no se equivocaba. Es un mecanismo inédito en el mundo y como es de esperar, en su implementación hay dificultades y errores, e imprevisión en algunas de sus aristas, como está a la vista. Lo interesante a esta altura de este proceso es que Uruguay se dotó de un marco regulatorio que permite abordar en un plazo corto algunas otras cuestiones vinculadas a la producción legal de marihuana, que es hoy un hecho. Es el caso de la llamada “marihuana medicinal”, es decir, aquellos productos que se elaboran a partir del cannabis con fines terapéuticos.

En Uruguay es bien conocido que muchas personas y familias que tienen niños con problemas graves de salud que suelen tener una mejoría sustancial al ser tratados con este tipo de medicamentos derivados del cannabis, hacen un enorme esfuerzo por importar estos medicamentos o productos médicos.

Ahora en Uruguay, en el marco de este proceso regulatorio, se producirá una situación que en una primera lectura aparece positiva: surgirán medicamentos o productos médicos derivados del cannabis de fabricación local que deberían tener un costo menor al de productos similares importados.

Y digo bien “similares” porque hasta el momento, con toda lógica, cuesta pensar que en un plazo tan breve como el que lleva Uruguay incursionando en este terreno, se logren productos iguales y que tengan por lo tanto igual respuesta.

Entre las familias que hoy importan el producto existe preocupación. Algunas personas consultadas para esta columna confirmaron que recibieron de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública la afirmación de que no habrá una prohibición expresa que les impida continuar comprando en el exterior aquel medicamento que, según han comprobado, genera una mejora sensible del estado de salud de sus seres queridos.

Desde el Ministerio de Salud Pública no hubo respuesta a nuestros pedidos de información específica sobre el funcionamiento en la práctica de este mecanismo que podríamos llamar de importación versus producción local. La información que pudimos obtener hasta el momento de esa cartera, indica que no se está evaluando una prohibición estricta de importación.

En este punto, aparecen algunos interrogantes y cuestiones básicas de protección de derechos sobre la mesa, si es que la puerta de la discusión sigue, como parece, abierta.

La primera y más evidente es que si al día de hoy existe una compra de este tipo de productos y medicamentos en el exterior, que de hecho está dando resultados, no deberían adoptarse medidas proteccionistas para favorecer a una industria local apenas incipiente, que con seguridad, tardará un cierto tiempo en acompasar su producción a las necesidades de esta población.

La segunda es que debería habilitarse una coexistencia de mecanismos para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Las familias que hoy importan el producto y pueden pagarlo, y confían en él, deberían tener la misma libertad que han tenido hasta ahora. Y quienes se verán beneficiados por la existencia de productos locales más baratos y que hasta ahora tal vez no pueden recurrir a una importación y más bien se abastecen en un mercado paralelo no regulado que se sabe que existe, tendrán la garantía de que las empresas productoras locales estarán controladas debidamente.

Las familias que importan este tipo de medicamentos o productos lo hacen de empresas establecidas. Y estarían con seguridad dispuestas a un período de coexistencia que les permita probar medicamentos producidos en Uruguay, “teniendo a mano”, como me explicó una madre, el producto en el que hoy confían porque vieron los resultados.

En definitiva, se trata de que no se limiten oportunidades de acceso a mecanismos de cuidado, sino todo lo contrario, que las opciones sean múltiples. A la luz de las dificultades, lógicas, en la puesta en marcha de mecanismos como los que Uruguay ha incorporado en relación al cannabis, sería sensato que cualquier decisión que se tome por parte de las autoridades sanitarias en esta materia se guíe por la lógica de la preservación del derecho a la buena salud, facilitando el acceso a este tipo de productos de todas las formas legalmente posibles, sin trabas legales adicionales, sin nuevos requisitos impositivos.

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 08.11.2017

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Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Pasó pero no pasó. Y no pasó porque resultó políticamente inconveniente. Si no usted que paga en fecha la patente de su auto, o al menos lo más en fecha que puede, y que sacrifica tiempo y esfuerzo para estar al día con ese desproporcionado tributo municipal, hubiera terminado quedando a la sombra de los morosos. Porque eso fue lo que pasó en este Uruguay de particular sentido de la justicia y de la oportunidad, el Uruguay de “Los nabos de siempre” que tan bien describió en su libro el periodista Tomás Linn. Un Uruguay que nos aburrimos de ver repetido como figurita fácil. Un país en el que las amnistías tributarias se discuten, tal parece, a espaldas de la gente, se pactan en silencio para no afectar el pago de cuotas, y cuando se conocen por la prensa sublevan a propios y ajenos y fracasan por conveniencia política.

Elaborar un mecanismo de pago que permita que quienes tienen deudas en sus vehículos se pongan al día es, como no, una buena medida. Es importante para el bien de todos que cada cual contribuya a la altura de lo que exige la norma para sostener el buen funcionamiento de las intendencias, aunque estén infladas de personal y deudas. Quienes deben no son solo los vivos que saben que pueden vender el auto con deuda o que algún día vendrá una nueva “moratoria”. Muchos uruguayos no alcanzan a pagar porque sencillamente no pueden y no por falta de voluntad. Sus ingresos no les alcanzan o los costos de las patentes son simplemente ridículos para un país en el que la mayoría del precio del combustible está constituida de impuestos que se vuelcan al Estado. Muchos de esos uruguayos dependen de sus vehículos para trabajar.

A su vez, las intendencias, desfinanciadas como están en algunos casos, deben ser creativas a la hora de mejorar su recaudación.

Pero es inadmisible que estas “soluciones” entre comillas se elaboren sin considerar al buen pagador. Si los señores intendentes resuelven una amnistía para los morosos, entonces reconozcan de alguna manera a quien tal vez con un enorme esfuerzo se mantiene al día y no debe. Es la única forma de que este tipo de mecanismos sean justos. De lo contrario, lo único que hacen es generar la impresión de que los vivos son los que ganan, y los demás somos los bobos. Si no se atiende a quien se mantiene al día con sus tributos y se otorga una nueva facilidad de pago a los deudores, se está fomentando precisamente el comportamiento evasivo cuyas consecuencias se busca subsanar.

Se dirá que quienes pagan la patente de su auto en fecha tienen un descuento sobre el valor total del tributo. Bien. ¿De cuánto es el beneficio, no ya para quien no puede pagar sino para el que puede y no paga, y “bicicletea” al gobierno municipal durante años? ¿Qué pasaría si más y más contribuyentes resuelven entrar en moratoria porque, total, algún día seguro los amnistían? ¿No serían las propias intendencias las más perjudicadas?

Es insólito pero cierto: los intendentes que apoyaron esta alternativa parecen no considerar el mensaje que transmiten a una ciudadanía que está exprimida por los impuestos, a los sueldos, a las jubilaciones, a los combustibles, a los comestibles, y la lista es tan extensa que se me acaba la columna.

Lo peor del caso es que el acuerdo fracasó, por ahora, no por injusto –que lo es-, sino porque tomó estado público y entonces algunos jefes comunales temieron que muchos contribuyentes no pagaran lo que les queda por pagar este año. Dicho de otro modo, si el diario El País no publicaba la existencia de este –para algunos- generoso y ventajoso acuerdo, probablemente en 2018 algunos se habrían desayunado de que otra vez, su esfuerzo por pagar a tiempo, no tuvo mayor retribución que la de dormir un poco más tranquilo.

Esta discusión ya es vieja en Uruguay. Ya pasamos por estas medidas. Si los adeudos son tan grandes como se estima, es porque los impuestos son demasiado elevados. Tal vez podrían innovar las intendencias y rebajar sustancialmente las patentes para quienes pagan en fecha. Buscarían de ese modo una ganancia financiera y darían el mensaje de que quieren cobrar sin beneficiar a los vivos sino al que realmente, aunque quiera, no puede estar al día, sin discriminar a quienes se esforzaron por pagar a tiempo. No acuerden una “amnistía histórica”; hagan Historia y busquen una salida justa.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 01.11.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

La entrada Los vivos, los bobos y los otros se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Desde hace ya mucho tiempo los uruguayos tenemos un problema que no termina de resolverse en nuestra relación con los espacios públicos. Si bien está claro que una mayoría de la sociedad pretende vivir en paz y armonía compartiendo aquellos lugares que nos pertenecen a todos, por alguna razón que, intuyo, tiene su raíz en un precario o resquebrajado sentido de pertenencia, los espacios públicos suelen arruinarse por obra de algunos pocos y descuidarse por parte de muchos. Esto ocurre principalmente en Montevideo, donde el anonimato es más sencillo y por aquello de que como es de todos, y todos son muchos, termina no siendo de nadie.

Existen pocas ciudades en América Latina tan generalizadamente pintadas, pegatineadas, de muros arruinados y belleza opacada como Montevideo. Supongo que muchos de ustedes habrán visto brigadas apropiándose de muros de la ciudad; grupos de hinchas de equipos de fútbol pintando columnas, veredas y puentes; y se habrán indignado más de una vez con algún lindo edificio de la ciudad estropeado con mensajes sin sentido que, a diferencia del grafiti artístico que aporta en lugares que poco tienen que ofrecer, solo contribuye a afear la ciudad.

Esta reflexión, sin embargo, comenzó con algo mucho más grave que un daño a un espacio público, cuando hace algunos días, en dos ocasiones, el Monumento al Holocausto judío fue objeto del vandalismo y más que eso, utilizado como vehículo para herir en su fibra más sensible a una colectividad en particular, y a los uruguayos en general.

Comencé a buscar ejemplos anteriores de ataques a monumentos que, por su importancia, su carga simbólica, su trascendencia para muchos ciudadanos de este país, pudieran entrar en una triste lista de antecedentes. Y encontré bastantes en los últimos años. Por citar algunos, en el Monumento a los Detenidos Desaparecidos en América Latina, se registraron pintadas y daños. El Memorial de los Desaparecidos en Paysandú tuvo que ser reparado y reinaugurado en 2013 porque lo destruyeron. Incluso encontré un titular bastante fuerte que señalaba que a la niña del Monumento a la Maestra de la Plaza Lafone, “le cortaron la cabeza” este año. La foto no dejaba lugar a dudas: utilizaron herramientas pesadas para dañar algo tan simbólico como una escultura que homenajea a educadores.

La lista podría seguir con otras muestras de bienes públicos dañados.

Pero quiero detenerme específicamente en el hecho que me llevó a escribir esta columna, porque reviste una particular gravedad. Siempre es difícil de digerir que un lugar o un objeto que tiene especial significación para una comunidad se vea dañado. Más aún cuando ese daño es provocado. Peor aún es presenciar un intento deliberado de ofender, herir y denostar. Porque eso es lo que buscaron quienes instalaron leyendas negando el Holocausto, precisamente en un monumento que apunta a una muy necesaria recordación de esta tragedia humana.

Con seguridad, los autores de estos actos de vandalismo, buscaron con sus mensajes ofender a la colectividad judía uruguaya. En su ignorancia, no vieron que la ofensa abarcó a toda la sociedad que colectivamente decidió que un espacio público, un espacio común, fuera destinado a este monumento porque como sociedad los uruguayos entendemos, como con otros episodios de la Historia, que es necesario expresarnos sobre lo que ocurrió.

Esos mensajes fueron borrados por la Intendencia de Montevideo. Las fotografías de las pintadas y su contenido existen. Están registradas, como registradas quedaron las imágenes de otros actos que buscaron arruinar modestos símbolos de gran trascendencia para quienes, como en este caso, podemos ver en esos símbolos una forma de entender, concientizar, tal vez homenajear, o denunciar y decir nunca más. Y digo bien buscaron porque, que no quepa duda, no lo consiguieron.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 25.10.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Ayer 12 países de las Américas pidieron una auditoría independiente de los resultados de la votación de gobernadores en Venezuela. Este grupo compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, dijo que su pedido apunta a “conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano”.

El régimen que encabeza Nicolás Maduro afirma haber obtenido 17 de 23 gobernaciones en un proceso electoral que se realizó sin la presencia de observadores neutrales el domingo, y el pedido de esos países conocidos como el “Grupo de Lima” deja poco lugar a dudas sobre la opinión de la mayoría del continente: si es necesaria una auditoría para conocer “el verdadero” resultado, entonces las cifras oficiales, que contradicen las encuestas previas, deben entenderse como no verdaderas o fraudulentas según el parecer de esta docena de naciones.

No cabe otra interpretación a esa declaración de un grupo del que Uruguay decidió no participar en medio de sus vaivenes sobre la consideración del gobierno venezolano como dictatorial o “democrático autoritario”.

La Unión Europea, más prudente y diplomática, pidió que sean publicados todos los datos de la votación para “demostrar la transparencia del proceso” del que, claramente, le quedan dudas.

Estados Unidos en tanto, condenó “la ausencia de elecciones libres y justas en Venezuela” y dijo a través del Departamento de Estado que “la voz del pueblo venezolano no fue escuchada”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, premio Nobel de la paz por haber sido el artífice principal del final del conflicto armado en su país, fue tal vez el más contundente y sin preocuparse por la previsible reacción del gobernante venezolano, pidió que en Venezuela haya de una vez “elecciones generales” con mecanismos de control y veedores independientes.

La verdad es que, a excepción de las sensatas palabras de Santos, lo demás son gritos en la oscuridad que tendrán como eco la desaforada reacción de Maduro quien, como ha demostrado una y otra vez, se aferra a todo lo que considera un ataque a su gobierno para denunciar enemigos y conspiraciones contra la “revolución” entre comillas que pretende encarnar.

Esta votación en Venezuela no es sino un paso más en un proceso de consolidación del poder absoluto del chavismo-madurismo sobre los venezolanos, a través del control de los poderes y las instituciones del Estado.

No lo ve quien no lo quiere ver. Ni siquiera en aquellos países de América Latina en los que los presidentes buscan o han buscado perpetuarse en el poder mediante artimañas legislativas, existe un régimen con tamaño poder sobre el ciudadano.

Al amparo de su “Asamblea Constituyente”, esa que hizo votar a pesar de llamados a no hacerlo de medio mundo y que terminó en los hechos disolviendo el Parlamento elegido por la gente –algo que la última vez que ocurrió en nuestro país los uruguayos llamamos atinadamente “Golpe de Estado”-, el gobierno venezolano ha logrado ahora uno de sus máximos objetivos: desarticular a la oposición.

Las protestas en las calles de Venezuela se saldaron con 125 muertos pero el gobierno se mantuvo inmutable. La popularidad de Maduro está por el piso por una crisis económica producto de un manejo inviable de una economía sustentada solo en el petróleo y el pesado aparato estatal. La oposición dudó si presentar candidatos a las gobernaciones porque el esquema decidido por el gobierno supone que los ganadores se supediten a esa Constituyente que no reconocen ni ellos ni el resto del mundo. Es, en definitiva, un intento de legitimación de un organismo creado a prepo, una hábil estratagema que dividió a la oposición y terminó de agotar a sus seguidores.

El resultado es que el chavismo-madurismo consolida su poder absoluto en Venezuela y lo grita a los cuatro vientos. Los intentos de mediación fracasaron, los llamados a la moderación –de algunos de los cuales Uruguay formó parte- también. Es un escenario sin solución, porque tiene cimientos sólidos que se construyeron sobre la división de una sociedad, atizada desde el poder. Veremos más de esta triste saga.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 18.10.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

“Voy saliendo”. “Llego en cinco”. Dedito p’arriba. “Estoy”. Emoji de aplausos. Es el tipo de mensajes que ahora enviamos por celular para avisar de cosas más o menos obvias, más o menos inútiles que vamos haciendo en el correr del día. Mensajes que no mandábamos hace no tanto e incluso así logramos sobrevivir.

Llama poderosamente la atención ver gente que camina y no mira hacia adelante sino que está con la cabeza enterrada en la pantalla de su celular, absorta, ajena al mundo que circunstancialmente la rodea y que, tal vez, podría sacarla de su también circunstancial concentración, de un golpe involuntario contra un cartel o una pared.

Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología para vivir, o según el caso, para no hacerlo, pues hay también quien se crea una vida paralela en internet. Es un dato de la realidad. Pero eso no quiere decir que sea buena, o que haya que aceptarlo sin más. La tecnología, con todo lo positivo que aporta, también genera situaciones de atrofia social.

Cuando nos referimos a la tecnología y su impacto solemos pensar en lo electrónico, e ignoramos otras áreas en las que también los cambios plantean situaciones que llevan a una cierta desnaturalización, entendiendo por este término un apartamiento del camino que la biología trazó por siglos.

Hace algunos días En Perspectiva, tuvimos la visita de la bioquímica argentina María Cristina Añón, quien estuvo en nuestro país con motivo de un simposio de innovación y desarrollo de alimentos en el Latu. Es un tema más que relevante: el último dato disponible señala que la humanidad rozó los 7.500 millones de individuos el año pasado, así que vaya si será importante producir alimentos.

La pregunta inmediata, imprescindible, es a qué costo estamos sosteniendo esta población en el marco de un modelo que agota recursos naturales a una velocidad nunca antes vista. En 2017, ya el 2 de agosto los seres humanos consumimos los recursos naturales renovables del año, según la ONG Global Footprint Network. Es decir, vivimos la mitad del año de prestado.

Y no paramos. Salvo iniciativas muy puntuales, el modelo no cambia.

Añón nos explicó algunos progresos de la biología sintética, que permite, entre otros ejemplos, producir proteína láctea a partir de levaduras y con el resultante fabricar "leche”. Pongo “leche” entre comillas porque, precisamente, aunque su composición fuera idéntica, la definición más extendida que los seres humanos tenemos de este producto refiere a un líquido obtenido de un animal.

La fabricación sintética de proteínas, puede significar un enorme progreso que facilite el acceso a fuentes de alimentación. Se me ocurren varias utilidades. Sin embargo, no puedo evitar recordar una historia que leí hace ya mucho tiempo.

En su obra “Ravage”, una palabra que no tiene traducción exacta del francés al español pero que se aproxima a “destrozo”, el escritor francés de ciencia ficción René Barjavel describía en 1943 el final de una civilización posmoderna que se había construido a base de tecnología y se veía obligada a volver al origen más básico de la existencia humana, a raíz de una suerte de apocalipsis energético.

En su momento, como dije, “Ravage” fue una novela de ciencia ficción. El autor hablaba de un mundo imaginario en el que los seres humanos obtenían, por ejemplo, carne a partir de una masa proteica autoregenerativa, carne sintetizada y no obtenida a partir de animales como ha sido nuestra naturaleza por algunos miles de años.

Lo curioso es que hoy, buena parte de su libro ya no sería de ciencia ficción. Básicamente, imaginó una realidad que, poco a poco, comienza a delinearse. Para seguir en la misma línea de ejemplos, Bill Gates es uno de los principales inversores en proyectos de generación de carne de laboratorio. Memphis Meats es una de las empresas que, según el programa Efecto Naím publicó el pasado 2 de octubre, está desarrollando “carne vacuna” sin tener que “criar, alimentar, ni matar una sola vaca”, señalaba la presentación del informe.

Tal como Barjavel lo imaginó en 1943. Sucede que su libro hace un recorrido bastante trágico en el que el exceso de dependencia de la tecnología, termina jugándole en contra a un ser humano que se vuelve cada vez más pasivo. Pasivo como un conductor que no maneja, o un depredador que no mata. Y no me malinterprete: no estoy defendiendo a la ganadería uruguaya, ni abogando por los frigoríficos, ni atacando a los veganos y a quienes defienden los derechos de los animales.

Es que no puedo evitar preguntarme, a la luz de los hechos, si no estamos yendo demasiado lejos en esto de desnaturalizarnos. Si dejamos de depender de la naturaleza, tal vez la cuidemos todavía menos.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 11.10.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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