“En estos días se le ha visto volar por la calle 18 de Julio, haciendo sonar su cornetín. Es un relámpago; pasa, y cuando se sale a la puerta ya no se le encuentra, no se le ve; está en la Unión, en Maroñas o en cualquier parte. […] aseguramos que con él se le puede jugar una carrera al mismo ferrocarril. ¡Si es una cosa que sorprende!”.

Así describía la revista montevideana Rojo y Blanco en octubre del año 1900, al primer automóvil que circuló en Uruguay, propiedad de don Alejo Rossel y Rius.

Uruguay se incorporó temprano al interés por el automóvil y la pasión por esos vehículos se mantiene hasta hoy.

Otro de los hitos de esta historia se dará este viernes, en las horas previas al Día del Patrimonio, cuando abra sus puertas el Museo de Autos Clásicos del Uruguay.

Este espacio, ubicado en la zona de Carrasco, incluye la exposición de una colección magnifica de estas máquinas pero además será un lugar de encuentro de los aficionados y una propuesta para preservar este legado, con reparaciones y mantenimiento, en un acuerdo con Talleres Don Bosco.

¿Cómo está pensado este proyecto? ¿Qué vehículos ya están listos en la exposición? ¿Por qué se une la propuesta de museo con la de taller?

Emiliano Cotelo conversó con:

Jean Paul Beer

• Director de 5M Travel Group.
• Comprende a: Buemes, Guamatur, Hiper Viajes, Jetmar, Tienda Viajes, TocToc Viajes, Turisport, entre otras agencias.        
• Responsable de la colección.

John Symonds

• Presidente del Montevideo Classic Car Club.

Juan Manuel Prada

• Presidente del Club Ford A.

Materiales complementarios

Conocé aquí algunos de los vehículos que se exhibirán en el Museo de Autos Clásicos del Uruguay.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Rodrigo Coniglio, Casilda Echevarria y Gabriel Mazzarovich

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa, controlada mayoritariamente por la multinacional belga Katoen Natie, aceptaron una propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar cuatro meses de conflicto en la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. El documento servirá como base para un convenio colectivo con una vigencia de cinco años y mantiene una cláusula de paz.

La fórmula establece 21 jornales asegurados a partir de enero de 2027, uno de los principales puntos de discrepancia entre las partes, y evaluaciones anuales para todos los trabajadores. También prevé una partida extraordinaria cuyo monto quedará en un punto intermedio entre las posiciones de la empresa y el sindicato, además de una compensación especial para los trabajadores de mantenimiento y reparación y para quienes operan los vehículos utilizados para levantar, trasladar y apilar contenedores.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la negociación desarrollada por el gobierno y señaló que la propuesta incorporó reclamos del sindicato y posiciones de la empresa. Las partes quedaron en condiciones de avanzar en la redacción del convenio colectivo, mientras la propuesta deberá completar las instancias previstas para su ratificación definitiva.

Castillo recordó que el decreto de servicios mínimos emitido por el Poder Ejecutivo quedará sin efecto cuando la asamblea del sindicato apruebe el convenio colectivo.

“El hecho más importante, si logramos la firma del convenio colectivo es que va a haber un convenio por cinco años de duración. Aquellos que todos los días demandaban la pronta solución del conflicto… bueno en el Ministerio de Trabajo logramos en dos meses acercar a las partes, hacer un preacuerdo y tener la posibilidad de tener un convenio colectivo que va a durar cinco años”.

Los diputados colorados anunciaron su intención de interpelar al ministro Juan Castillo debido a la duración del conflicto portuario.

Según informaron ayer, planean trasladar el tema la semana que viene a la coordinación de bancada de la Coalición Republicana y luego en el Plenario de la Cámara Baja.

Por otro lado, la bancada de senadores del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para modificar la normativa sobre esencialidad y establecer un régimen de servicios mínimos durante conflictos laborales. La iniciativa reforma la Ley Nº 13.720, de 1968, y crea tres categorías: esencialidad estricta, esencialidad sobreviniente y servicios públicos de importancia trascendental.

El proyecto establece que las huelgas o lockouts en servicios públicos o esenciales deberán ser comunicados al Ministerio de Trabajo con al menos siete días hábiles de anticipación. Además, habilita al MTSS a exigir que una huelga sea ratificada mediante votación secreta de los trabajadores, con intervención de la Corte Electoral. Entre los servicios esenciales estrictos incluye hospitales y emergencias médicas, electricidad, agua potable, Bomberos, servicios penitenciarios y control del tráfico aéreo.

La tercera categoría comprende actividades como los puertos y terminales de contenedores, transporte de pasajeros y cargas, producción y distribución de combustibles y determinados servicios de telecomunicaciones. En estos sectores el MTSS podría establecer servicios mínimos sin eliminar el derecho de huelga. El proyecto también prevé reglas específicas para el Puerto de Montevideo y fue presentado en el contexto del conflicto en Terminal Cuenca del Plata.

Viene de: Gonzalo Gómez se aparta de su banca en la Junta Departamental mientras avanza la investigación interna del Partido Nacional

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Una forma de proteger nuestro patrimonio es recuperar la memoria urbana y generar diálogo entre distintas épocas.

En Ciudad Vieja, en la esquina de Juncal y 25 de Mayo, se instaló el 19 de setiembre pasado una nueva cúpula sobre el antiguo Palacio Pietracaprina. La obra se llama “El Palacio Perdido” y fue creada por el arquitecto y artista visual Federico Lagomarsino y pertenece al “Proyecto Cúpula”.

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La instalación convocó a vecinos y visitantes que siguieron cómo una grúa elevó la estructura hasta colocarla sobre el edificio. Este proceso, como otros vinculados a la construcción y a la arquitectura, suelen darse sin público.

¿Cómo surgió este proyecto? ¿Qué busca? ¿Qué función cumplen las cúpulas? ¿Cómo es el montaje de una estructura así?

Romina Andrioli conversó con Federico Lagomarsino.

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Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Rodrigo Coniglio, Casilda Echevarria y Gabriel Mazzarovich

Este martes, el edil nacionalista Gonzalo Gómez resolvió pedir licencia en la Junta Departamental de Montevideo mientras la Comisión de Ética de su partido analiza su actuación por la contratación como asesor de Pablo Leiva, condenado por lavado de activos en un juicio abreviado. La decisión supone un cambio respecto a lo expresado por Gómez el lunes en su conferencia de prensa, cuando sostuvo que no encontraba méritos para apartarse temporalmente de su banca.

En su encuentro con periodistas Gómez reconoció que Leiva cobraba $ 52.000 nominales como integrante de su secretaría, pero no concurría a la Junta ni tenía tareas asignadas. Explicó que lo había contratado por recomendación de Lucio Leiva, hijo del condenado y también asesor suyo. Lucio Leiva, que había sido detenido y posteriormente liberado durante la Operación Trazador, renunció además a la vicepresidencia de la Comisión Departamental de Jóvenes del PN y fue desvinculado de la secretaría de Gómez.

El presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado señaló que el Partido Nacional actuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En un posteo en sus redes sociales, Delgado destacó que la Comisión de Asuntos Políticos resolvió enviar al edil Gonzalo Gómez a la Comisión de Ética y agregó que, una vez que ésta concluya su trabajo, el Directorio analizará el informe correspondiente.

Delgado rechazó además los cuestionamientos del Frente Amplio y sostuvo que esa fuerza política no tiene autoridad para actuar como juez del Partido Nacional. También advirtió que utilizar políticamente asuntos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico perjudica su combate y reclamó que el sistema político enfrente estos fenómenos con instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y responsabilidad.

El senador blanco Javier García señaló que su partido “no oculta” la “extremada gravedad” del hecho y señaló que el “desconocimiento” de la actividad delictiva del asesor por parte del edil “no exonera” de que se tomen “decisiones”. “Esperemos la decisión de la Comisión de Ética”, resaltó, hablando en rueda de prensa.

Por su parte, el senador Sergio Botana comentó que le “resultó extraño” que Leiva “no tuviera tareas asignadas”. Esto, sostuvo, “es inaceptable”.

El exintendente de Cerro Largo también se refirió al tema ayer en entrevista con Desayunos Informales de Canal 12.

“La Comisión de Ética se reunió un día domingo, trató el tema, sacó una declaración dura en este sentido. Me parece que ahí hay buena orientación. Como yo dije, los partidos no están libres de este tipo de situaciones. Lo importante es cuál es la actitud de los partidos frente a estas situaciones”.

“La conferencia fue lamentable, toda la situación es bochornosa”, dijo a la diaria el senador del PN Sebastián da Silva. “Venimos de situaciones en donde Luis Calabria, por ir a tomarse la presión al Hospital Policial, dejó el tercer cargo de jerarquía del Ministerio del Interior. Esa es la vara”, señaló, en referencia a la renuncia, en agosto de 2022, del actual director por la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública.

“La gente tiene que trabajar, esa es la norma”, remarcó Da Silva. “No voy a opinar por la Comisión de Ética del partido, pero conociendo quiénes son sus integrantes, el término lamentable va a ser bastante suave” en comparación con lo que se dictaminará, aventuró. “Ahora hay que dejar que la Comisión de Ética diga lo que dice cualquier uruguayo que en este momento está trabajando y deslomándose para llevar un plato de guiso a la casa”, agregó.

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La condena por lavado de activos vinculados al narcotráfico de Pablo Leiva, quien era asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, puso bajo la lupa el régimen de trabajo de los ediles y el uso de recursos de las juntas departamentales. Según se planteó en En Perspectiva, el asesor cobraba $52.000 nominales, no concurría a la Junta Departamental de Montevideo y no tenía tareas asignadas.

El caso abrió un debate que, para Ernesto Nieto, doctor en Ciencia Política y fundador de Ágora Consultores, va más allá de las responsabilidades políticas individuales. “No hay un modelo común”, señaló en diálogo con Romina Andrioli. Las reglas y prácticas cambian entre departamentos y pueden incluir asesores, pases en comisión, partidas para secretaría, gastos de representación o exoneraciones de tributos.

Nieto sostuvo que Montevideo y Maldonado están entre las juntas con mayores presupuestos para esos gastos, aunque aclaró que la situación no se repite de la misma manera en todo el país. A su juicio, esa diversidad, sumada a las dificultades de control, hace necesario que los partidos informen con claridad qué recursos reciben y cómo se utilizan.

“Sería muy sano para la democracia y para la legitimidad de la Junta Departamental de Montevideo que todos los partidos transparenten qué partidas tienen los ediles, cuántos asesores tienen y cuántos pases en comisión”, dijo. También planteó que se debe conocer cómo los partidos generan y usan sus propios recursos.

¿Un sistema que quedó atrás?

El politólogo vinculó parte del problema con el diseño institucional de los gobiernos departamentales. Las juntas tienen funciones legislativas y de control sobre los ejecutivos departamentales, pero los ediles son honorarios. “Le pedimos a alguien que sea legislador departamental y que controle al ejecutivo departamental, pero por esas funciones no le vamos a pagar”, resumió.

Para Nieto, esa situación puede limitar el tiempo y los incentivos para que los ediles se dediquen a la tarea y se especialicen. También abre espacio para distintas formas de compensación, algunas de ellas difíciles de comparar o controlar. “Esto abre la caja para que los actores políticos lleven la regla hasta el límite o la pasen”, dijo.

A eso se suma, según explicó, el desequilibrio entre los poderes departamentales y la debilidad de los mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas puede señalar errores, pero sus observaciones no obligan a las juntas a revertir sus decisiones. “El diseño institucional que tenemos ha quedado bastante atrás en el tiempo”, señaló.

Nieto planteó que una reforma de los gobiernos subnacionales debería revisar, entre otros puntos, las condiciones de trabajo de los ediles y la relación entre los poderes departamentales. Advirtió que los cambios de fondo exigirían una reforma constitucional, pero consideró que, mientras tanto, los partidos pueden avanzar en transparencia y rendición de cuentas.

“Hay que aprovechar las coyunturas”

El especialista dijo que el caso de Montevideo tiene una repercusión mayor porque la capital concentra buena parte de la atención política y mediática del país. “Lo que ocurre en la Junta Departamental de Montevideo tiene más notoriedad, más impacto, molesta más a la ciudadanía”, expresó.

Aunque dijo no tener claro qué cambios concretos pueden surgir, consideró que el momento puede servir para impulsar la discusión. “El sistema de partidos tiene que estar a la altura, tiene que dar respuestas”, sostuvo, y señaló también al Congreso de Intendentes como un actor que debería participar.

Nieto dijo tener expectativas moderadas y advirtió que el tema puede perder espacio en la agenda. Sin embargo, consideró que la difusión del trabajo académico y las investigaciones periodísticas pueden ayudar a sostener el debate y a poner en evidencia problemas que afectan a la democracia departamental.

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Este sábado, en el Día del Patrimonio, volvemos a encontrarnos con oyentes y amigos en nuestra casa.

En este link encontrarán los detalles de la propuesta y además podrán anotarse con sus datos para hacer más ágil el ingreso en Planta Baja del Victoria Plaza Office Tower.

La entrada es libre.

¡Los esperamos…!

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

NACIONALES

El precio de la nafta Súper 95 aumenta 2% y el del gasoil 50S 7% desde hoy, 1° de octubre, mientras que el supergás permanece sin cambios. La nafta pasa de $ 88,67 a $ 90,45 por litro y el gasoil de $ 58,68 a $ 62,79. El kilo de supergás continúa en $ 93,56, por lo que una garrafa de 13 kilos cuesta $ 1.216,28 sin envío.

El Poder Ejecutivo resolvió aplicar aumentos inferiores a los que surgirían de trasladar completamente los precios internacionales. Según el gobierno, las referencias utilizadas para octubre habrían implicado subas de 5,5% para la nafta y de 37% para el gasoil, equivalentes a unos $ 5 y $ 22 adicionales por litro, respectivamente.

El gobierno explicó que la decisión forma parte de la estrategia aplicada desde abril para amortiguar el impacto interno de las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados. Señaló que los precios internacionales de la gasolina y el gasoil volvieron a subir, existen tensiones en la oferta de gasoil y el petróleo se consolidó por encima de los US$ 90 por barril.

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa, controlada mayoritariamente por la multinacional belga Katoen Natie, aceptaron una propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar cuatro meses de conflicto en la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. El documento servirá como base para un convenio colectivo con una vigencia de cinco años y mantiene una cláusula de paz. 

La fórmula establece 21 jornales asegurados a partir de enero de 2027, uno de los principales puntos de discrepancia entre las partes, y evaluaciones anuales para todos los trabajadores. También prevé una partida extraordinaria cuyo monto quedará en un punto intermedio entre las posiciones de la empresa y el sindicato, además de una compensación especial para los trabajadores de mantenimiento y reparación y para quienes operan los vehículos utilizados para levantar, trasladar y apilar contenedores.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la negociación desarrollada por el gobierno y señaló que la propuesta incorporó reclamos del sindicato y posiciones de la empresa. Las partes quedaron en condiciones de avanzar en la redacción del convenio colectivo, mientras la propuesta deberá completar las instancias previstas para su ratificación definitiva.

Castillo recordó que el decreto de servicios mínimos emitido por el Poder Ejecutivo quedará sin efecto cuando la asamblea del sindicato apruebe el convenio colectivo. 

“El hecho más importante, si logramos la firma del convenio colectivo es que va a haber un convenio por cinco años de duración. Aquellos que todos los días demandaban la pronta solución del conflicto… bueno en el Ministerio de Trabajo logramos en dos meses acercar a las partes, hacer un preacuerdo y tener la posibilidad de tener un convenio colectivo que va a durar cinco años”.

Los diputados colorados anunciaron su intención de interpelar al ministro Juan Castillo debido a la duración del conflicto portuario. 

Según informaron ayer, planean trasladar el tema la semana que viene a la coordinación de bancada de la Coalición Republicana y luego en el Plenario de la Cámara Baja. 

La bancada de senadores del Partido Colorado presentó un proyecto de ley para modificar la normativa sobre esencialidad y establecer un régimen de servicios mínimos durante conflictos laborales. La iniciativa reforma la Ley Nº 13.720, de 1968, y crea tres categorías: esencialidad estricta, esencialidad sobreviniente y servicios públicos de importancia trascendental. 

El proyecto establece que las huelgas o lockouts en servicios públicos o esenciales deberán ser comunicados al Ministerio de Trabajo con al menos siete días hábiles de anticipación. Además, habilita al MTSS a exigir que una huelga sea ratificada mediante votación secreta de los trabajadores, con intervención de la Corte Electoral. Entre los servicios esenciales estrictos incluye hospitales y emergencias médicas, electricidad, agua potable, Bomberos, servicios penitenciarios y control del tráfico aéreo.

La tercera categoría comprende actividades como los puertos y terminales de contenedores, transporte de pasajeros y cargas, producción y distribución de combustibles y determinados servicios de telecomunicaciones. En estos sectores el MTSS podría establecer servicios mínimos sin eliminar el derecho de huelga. El proyecto también prevé reglas específicas para el Puerto de Montevideo y fue presentado en el contexto del conflicto en Terminal Cuenca del Plata.

El presidente Yamandú Orsi consideró posible revisar el sistema de asesores y pases en comisión de los ediles tras el caso de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos. Sin embargo, el mandatario sostuvo que el foco principal debe estar puesto en el narcotráfico y particularmente en la venta de pasta base. 

“Yo creo que hay que revisar, es preocupante. Pero no perdamos de vista el eje de cómo empezó esto. Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles y los pases en comisión. Por supuesto que el tema preocupa y los ñoquis preocupan.  Acá estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base que está destruyendo a familias y a los jóvenes de este país. No perdamos el foco”. 

El presidente también se manifestó dispuesto a analizar el financiamiento de los partidos políticos y destacó las medidas para combatir el narcotráfico, entre ellas el reforzamiento de las fronteras, la incorporación de radares y la coordinación con fuerzas de seguridad de países vecinos. Consultado sobre si había hablado del caso Leiva con dirigentes del Partido Nacional, indicó que sus contactos sobre el asunto fueron con el Ministerio del Interior.

La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) reeligió ayer a Héctor Cancela como rector de la institución por los próximos cuatro años. En la segunda instancia de votación, Cancela obtuvo 89 votos y superó los 57 necesarios para ser electo, luego de que en la primera sesión no alcanzara la mayoría de dos tercios requerida.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) respaldó su candidatura y señaló que apuesta a su conducción para avanzar hacia una universidad “para las grandes mayorías” y democratizar el conocimiento. Durante la sesión, los estudiantes también expresaron su malestar por el abordaje institucional del intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina, situación que, según explicaron, había dificultado que la federación llegara con una posición definida a la primera votación.

Tras ser reelecto, Cancela destacó el crecimiento de la Udelar en matrícula, posgrados y presencia territorial, y señaló que la institución está saldando progresivamente una “deuda con el interior del país”. Para su nuevo período hasta 2030 planteó como prioridades mejorar las condiciones de estudio y trabajo, profundizar la descentralización y avanzar hacia una universidad más democrática, además de mantener el diálogo y la construcción de acuerdos para responder a los desafíos del país.

Carlos Batthyány asumió ayer como nuevo rector de la Universidad Tecnológica (UTEC). El investigador, que se desempeñaba como director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, había sido propuesto por el gobierno en julio luego de la renuncia de Valeria Larnaudie.

Durante una ceremonia que tuvo lugar en la sede de la institución en Minas, Batthyány aseguró que su primer objetivo será consolidar lo construido por la UTEC y afirmó que no llega a la institución para “refundar” su funcionamiento. También destacó la cooperación con la ANEP, UTU y la Universidad de la República para ampliar el acceso a la educación terciaria y planteó como objetivo avanzar hacia un sistema nacional de educación pública más robusto.

“Una persona puede empezar una tecnicatura en la utu, terminar un tecnólogo en la utec y seguir hacia una ingeniería en la udelar y viceversa, y tenemos ejemplos de formaciones compartidas entre las tres instituciones. Estoy convencido de que para hacer más eficiente la inversión en educación pública tenemos que trabajar más mancomunadamente”.

El nuevo rector señaló además la necesidad de generar herramientas para evitar la deserción estudiantil y ampliar las oportunidades de los jóvenes con mayores dificultades.

El presidente Yamandú Orsi participó ayer en el acto donde se colocó la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de OSE ubicada en Aguas Corrientes y defendió la reformulación del proyecto Neptuno. La nueva planta tendrá capacidad para producir 200.000 metros cúbicos de agua potable por día y forma parte de las obras destinadas a reforzar el abastecimiento del área metropolitana.

Orsi recordó que la administración anterior había proyectado construir la planta en Arazatí y tomar agua del Río de la Plata, mientras que el actual gobierno reconsideró esa propuesta, negoció con las mismas empresas y obtuvo financiamiento de CAF para una alternativa basada en Aguas Corrientes. 

“Es bueno reconocer que este proyecto nace de una iniciativa del gobierno anterior. Si bien compartimos el objetivo tuvimos diferencia sobre el camino. Lo que hicimos fue revisar, dialogar, y renegociar. Gracias a quienes lo hicieron posible”.

El mandatario sostuvo que se optó por la solución considerada técnicamente viable y remarcó que será necesario continuar pensando en nuevas alternativas ante el crecimiento de la población.

El presidente ratificó además que el gobierno mantiene el proyecto para construir la represa de Casupá, aunque evitó establecer plazos y señaló que se avanzará de acuerdo con las definiciones ambientales. La futura represa se incorporaría a las reservas del sistema abastecido por el río Santa Lucía, junto con Paso Severino y Canelón Grande.

El canciller Mario Lubetkin afirmó que la explotación petrolera en las islas Malvinas modificó la naturaleza de la disputa entre Argentina y Reino Unido y sostuvo que el nuevo escenario podría incorporar una mayor dimensión militar. El ministro dijo que abordó el asunto durante una reunión con su par argentino, Pablo Quirno, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En declaraciones a Canal 10, Lubetkin sostuvo que el comienzo de la prospección petrolera cambió la lógica del conflicto.

“Una cosa es la isla invadida y la lucha contra el colonialismo que expresa Malvinas. Y otra cosa es cuando de allí se saca mucho dinero fruto de la prospección y el uso económico de la isla tomada colonialmente. Porque eso significa que detrás de eso viene la articulación militar, porque tu vas a tratar de defender esos fondos que los vas a llevar a un lugar bien alejado”.

El canciller señaló que este escenario obliga al gobierno y al sistema político uruguayo a reflexionar sobre la nueva etapa del conflicto, al tiempo que reafirmó la posición de Uruguay de respaldo al reclamo argentino de soberanía. Lubetkin aclaró además que en su encuentro con el canciller argentino no se trató la eventual compra por parte de Uruguay de patrulleras oceánicas británicas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió designar a Carina Vigilante al frente de la Dirección de Relaciones Institucionales después de revisar el episodio que llevó a Cancillería a remitir al Parlamento un reclamo de la Embajada argentina por la presencia de un stand identificado como “The Falkland Islands” en la Rural del Prado. Junto con la comunicación se había enviado una sugerencia para que los legisladores evitaran contactos oficiales con representantes de las islas.

La decisión se tomó luego de una evaluación interna que ubicó el problema en la Dirección de Relaciones Institucionales, que se encontraba sin un director oficialmente designado. Vigilante, que estuvo destinada en la Embajada uruguaya en Chile y se desempeñaba como secretaria personal del canciller Mario Lubetkin, sustituirá al funcionario que venía trabajando en esa área. 

La primera comunicación había generado cuestionamientos tanto de la oposición como de legisladores del Frente Amplio. Cancillería dejó luego sin efecto la nota y reconoció un “error involuntario”, mientras la vicecanciller Valeria Csukasi explicó que junto con la comunicación argentina había sido remitido por equivocación un documento interno que no debía llegar al Parlamento.

Ahorristas de Conexión Ganadera comenzaron a recibir en la última semana de setiembre los pagos correspondientes al acuerdo que permitió distribuir unos US$ 35 millones obtenidos por la venta del ganado recuperado. El convenio había sido homologado por la Justicia en junio y los pagos se realizan previa coordinación con los abogados de los damnificados.

Los inversores que no tenían ganado asignado a su nombre reciben el 5% del crédito reconocido en el concurso, mientras que quienes tenían animales que fueron encontrados cobran aproximadamente el 33,3% del valor obtenido por su venta. En los casos en que parte del ganado registrado a nombre de un inversor no apareció, esa porción del reclamo se calcula mediante el régimen del 5%.

El acuerdo fue negociado por el síndico Alfredo Ciavattone, la Liga de Defensa Comercial y abogados de los damnificados, y necesitó adhesiones equivalentes al menos al 85% del pasivo involucrado. Los firmantes renuncian a los litigios sobre la propiedad del ganado recuperado, pero mantienen sus derechos sobre otros bienes que puedan liquidarse durante el concurso y pueden continuar participando en las causas penales.

Abogados de damnificados de Conexión Ganadera impulsan una nueva propuesta para que unos 450 clientes que no adhirieron al primer acuerdo puedan incorporarse al reparto del dinero recuperado. El grupo representa aproximadamente el 10% de los afectados y la iniciativa cuenta con el aval del síndico Alfredo Ciavattone. Para que avance deberá obtener la adhesión del 85% de esos acreedores y luego ser presentada ante el juez del concurso para su homologación.

El dinero saldrá del mismo fondo de US$ 35 millones generado con la venta del ganado recuperado. La propuesta establece un pago base equivalente al 4,75% del crédito reconocido en el concurso, porcentaje que podría aumentar si aparecen nuevos activos. Para quienes tenían animales a su nombre que fueron encontrados y vendidos, se prevé el cobro del 31,5% del valor obtenido por esos animales. El acuerdo anterior establecía porcentajes de 5% y 33,3%, respectivamente.

En paralelo, los abogados Leonardo Costa, Santiago Alonso y Graciana Abelenda presentaron una ampliación de denuncia ante la Fiscalía especializada en Lavado de Activos para que se investiguen operaciones patrimoniales vinculadas a la familia Basso-Cabral. El planteo señala que un informe de la familia establecía un saldo a favor de Gustavo Basso de unos US$ 7,86 millones frente a Conexión Ganadera, mientras que la reconstrucción de la sindicatura habría determinado que debía aproximadamente US$ 45,3 millones. Los denunciantes también sostienen que fondos de la empresa habrían sido utilizados para comprar inmuebles a nombre de familiares y terceros.

El Ministerio del Interior tiene identificadas 137 estructuras criminales activas en Uruguay y más de 2.700 personas vinculadas a organizaciones, grupos, bandas, redes o clanes familiares. Los datos fueron presentados ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, donde la directora general de Información e Inteligencia Policial, Ana Sosa, señaló que el 58% de los homicidios recientes se origina en conflictos entre grupos criminales.

La Policía detectó además una mayor complejidad en el funcionamiento de algunas organizaciones, que utilizan tareas de inteligencia y planificación para robar cargamentos de drogas o apropiarse de puntos de venta de grupos rivales. Interior también identificó el empleo de tecnología para rastrear potenciales víctimas, casos de sicariato y situaciones en las que la violencia letal es utilizada como mecanismo de ingreso a determinadas estructuras.

Según Interior, las operaciones policiales permitieron neutralizar 22 estructuras criminales y derivaron en 870 allanamientos, 695 personas formalizadas o condenadas y 49 adolescentes sometidos a procesos infraccionales. También fueron incautadas 418 armas, más de 66.000 cartuchos y unos 240 kilos de drogas. El ministerio informó además que el primer semestre de 2026 registró la mayor cantidad de homicidios para ese período desde 2018 y advirtió sobre un aumento del uso de armas modificadas para disparar en forma automática.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

El 82% de los montos operados en el sistema de pagos minorista durante el primer semestre de 2026 correspondió a medios electrónicos, según el último reporte del Banco Central del Uruguay. El indicador contempla las operaciones realizadas por agentes bancarizados y compara instrumentos electrónicos con mecanismos tradicionales como los retiros de efectivo y los cheques.

La participación de los pagos electrónicos continúa creciendo: había alcanzado el 80% en el segundo semestre de 2025, mientras que en el primer semestre de 2020 representaba el 57% y en igual período de 2019 era el 46%. El BCU atribuyó la tendencia tanto al aumento de las operaciones digitales como a la reducción del uso de cheques y retiros de efectivo.

Las operaciones con tarjetas de débito crecieron 17% interanual en cantidad y 10% en monto real, mientras que las de crédito aumentaron 8% y 6%, respectivamente. Las transacciones con dinero electrónico subieron 43% y el monto operado 23%. Las transferencias, en tanto, aumentaron 24% en cantidad frente al primer semestre de 2025, mientras el monto operado creció 1% en términos reales. 

En el mercado local, el dólar subió ayer, en esta ocasión 0,12%. El interbancario fondo se operó en promedio a $40.286.

En el mes de setiembre el dólar subió 0,1%. 

En lo que va del año 2026, el dólar lleva una suba acumulada de 3,19% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)

En pizarra del Banco República, el billete cerró ayer en $ 39,10 para la compra y $ 41,50 para la venta.

En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y se ubicó en R$ 5,180. En el mes de setiembre, bajó 0,38%.

En tanto, en Argentina, el dólar oficial tuvo una leve baja ayer y se situó en AR$ 1.517,00. 

El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1331.

OTRAS NOTICIAS

La Junta Departamental de Rocha aprobó por unanimidad una resolución que declara “Patrimonio Cultural Inmaterial” la forma de hablar de los habitantes de esa zona del país, a partir de una iniciativa del intendente Alejo Umpiérrez. Con este paso se busca reconocer el valor histórico, antropológico, social y cultural de las particularidades lingüísticas desarrolladas en el departamento.

La iniciativa también dispone la creación de un Registro Departamental del Patrimonio Lingüístico para recopilar vocablos, expresiones, relatos orales, topónimos, refranes y otras manifestaciones del habla local. La resolución señala que esas características surgieron de la interacción de las tradiciones criollas, la inmigración europea, el contacto con Brasil y la relación de los habitantes con el mar, las sierras, los palmares y la campaña.

El texto aclara que el objetivo no es inmovilizar esa forma de hablar ni establecer reglas lingüísticas, sino fomentar su estudio, registro, investigación, difusión y enseñanza. Umpiérrez vinculó algunas de sus particularidades con el aislamiento histórico del departamento y recordó que Rocha fue la última capital departamental a la que llegó el ferrocarril, en 1928.

La jueza de crimen organizado Diovanet Olivera formalizó la investigación contra una escribana por su presunta participación en una organización dedicada a vender terrenos con documentación falsa en Punta Negra, Maldonado. A pedido de la fiscal Sandra Fleitas, fue imputada como coautora de asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y estafa, y deberá cumplir medidas cautelares durante 180 días.

Según la Fiscalía, la organización utilizaba un poder falso confeccionado con la firma y el sello de un escribano fallecido para actuar en nombre de propietarios de terrenos, principalmente argentinos fallecidos o que concurrían poco a Uruguay. Los inmuebles eran objeto de compraventas ficticias entre los integrantes de la organización por precios inexistentes o muy inferiores a los reales y luego eran vendidos a terceros de buena fe. Según informó El País, el Ministerio Público consideró que la escribana intervenía en esas operaciones y les daba “apariencia de legalidad”.

La defensa, encabezada por Juan Raúl Williman, anunció que apelará la formalización y que el caso irá a juicio oral porque sostiene que la escribana actuó de buena fe.

Dos hombres requeridos por un homicidio cometido el pasado 2 de setiembre fueron detenidos este miércoles durante un allanamiento realizado por la Policía en Cerro Norte. El crimen había ocurrido durante la madrugada y la víctima era un hombre de 30 años que tenía 14 antecedentes penales.

El cuerpo había sido encontrado en la zona de Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro con varios impactos de arma de fuego. La Policía había recibido varias alertas por disparos a través del sistema ShotSpotter y desplegó un dron, mediante el cual logró localizar a la víctima tendida en la vía pública.

La Junta Departamental de Rocha aprobó por unanimidad una resolución que declara “Patrimonio Cultural Inmaterial” la forma de hablar de los rochenses, a partir de una iniciativa del intendente Alejo Umpiérrez. La resolución busca reconocer el valor histórico, antropológico, social y cultural de las particularidades lingüísticas desarrolladas en el departamento.

La iniciativa también dispone la creación de un Registro Departamental del Patrimonio Lingüístico para recopilar vocablos, expresiones, relatos orales, topónimos, refranes y otras manifestaciones del habla local. La resolución señala que esas características surgieron de la interacción de las tradiciones criollas, la inmigración europea, el contacto con Brasil y la relación de los habitantes con el mar, las sierras, los palmares y la campaña.

El texto aclara que el objetivo no es inmovilizar esa forma de hablar ni establecer reglas lingüísticas, sino fomentar su estudio, registro, investigación, difusión y enseñanza. Umpiérrez vinculó algunas de sus particularidades con el aislamiento histórico del departamento y recordó que Rocha fue la última capital departamental a la que llegó el ferrocarril, en 1928.

INTERNACIONALES

El gobierno de Israel denunció que fue un intento de atentado terrorista el incidente que ocurrió ayer en un vuelo de la emiratí Flydubai con destino a Tel Aviv, cuando un piloto apuñaló a otro en la cabina del avión aparentemente para luego "estrellar el avión" y matar a los pasajeros. La aeronave finalmente  realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al copiloto por el intento de atentado. 

Al mismo tiempo, elogió "el extraordinario valor" del piloto herido, al que calificó de “héroe”, ya que, junto a los algunos pasajeros, salvó la vida de los 174 ocupantes al reducir al agresor.

Aunque la aerolínea pidió que "se eviten las especulaciones prematuras", las autoridades israelíes hablaron de un "intento de atentado terrorista yihadista" dirigido a Israel y los Emiratos Árabes Unidos. 

Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel.

Algunos de ellos describieron un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran inmovilizar al piloto armado.

El piloto de nacionalidad india, que resultó "gravemente herido" por una puñalada de su compañero de cabina, fue ingresado en un hospital de la ciudad saudí de Tabuk, donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia, según el primer ministro israelí.

Se encuentra "en estado estable", según ha precisado en redes la embajada de la India en Arabia Saudita.

Netanyahu estuvo en contacto con las autoridades saudíes, que interrogaron al copiloto implicado y ordenó  a los servicios de seguridad de su país "que se preparen ante cualquier posible amenaza".

Las razones del altercado entre los dos pilotos son, por el momento, "desconocidas",  declaró Flydubai en un comunicado, añadiendo que "la tripulación había conseguido controlar la aeronave con éxito".

El presidente Donald Trump dijo que habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el vuelo de flydubai desviado, calificándolo de "historia increíble", pero sin pronunciarse sobre la naturaleza del incidente.

Trump estimó que el copiloto del avión era "quizás un terrorista o quizás un loco", durante un turno de preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

En Irak, tras más de una década, la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos concluyó su misión contra el grupo Estado Islámico.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, celebró el fin de la misión y habló de un nuevo capítulo en la historia del país aunque para los kurdos la partida de las últimas tropas genera preocupación.

"Ha comenzado una nueva etapa, definida por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y unas alianzas equilibradas con sus amigos", dijo Ali al Zaidi durante una ceremonia.

Más tarde, el presidente Donald Trump celebró la retirada de las fuerzas de la coalición como una "victoria" para Estados Unidos.

Irak tiene ahora un primer ministro "maravilloso", dijo Trump en redes. "Tenía la opción de quedarme o de irme, y sentí que, sin duda, había llegado el momento de que Estados Unidos volviera a casa", añadió.

En la Franja de Gaza, cinco personas murieron en un ataque israelí contra un autobús, informaron los servicios de emergencia de ese territorio palestino.

El portavoz de la Defensa Civil dijo a la AFP que hubo "cinco mártires y 20 heridos, entre ellos varios niños y mujeres, como consecuencia de un ataque aéreo israelí contra un vehículo en Tel al Hawa".

Rusia atacó ayer la infraestructura energética de Ucrania con una ola de drones y misiles, lo que motivó llamados urgentes a tomar medidas de contingencia mientras se avecina el invierno.

Según Ucrania, fueron los primeros ataques a gran escala de la temporada en la campaña rusa para dejar a la capital Kiev sin calefacción y electricidad antes del invierno.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev y sus alrededores, incluyendo un niño encontrado bajo los escombros de un edificio destruido, según las autoridades.

La empresa energética ucraniana DTEK confirmó que la red eléctrica sufrió daños, afectando el suministro de 8.000 hogares. Los ingenieros restablecieron el servicio pero lo calificaron como "otra noche difícil para la capital".

En España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez pidió disculpas al mandatario francés, Emmanuel Macron, de visita en Madrid, por el rechazo del Senado español a ratificar el tratado de amistad entre los dos país.

"Yo solamente puedo disculparme" por el fracaso del tratado en el Senado, declaró Sánchez en rueda de prensa junto a Macron, lamentando la postura de la oposición de derecha, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y votó en contra.

Macron consideró que se trataba "más de un contratiempo que de una tragedia" en sí.

"No puedo sino lamentar la votación de ayer, aún respetándola", acotó el mandatario francés. 

El tratado de amistad franco-español había sido rubricado inicialmente en Barcelona en enero de 2023 por Macron y Sánchez.

En Reino Unido, el primer ministro laborista, Andy Burnham, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que su país regrese a la Unión Europea (UE), abriendo un debate que ningún jefe de gobierno británico ha planteado desde el brexit.

Burnham, en declaraciones a BBC Radio 4, mencionó la posibilidad de mantener el statu quo "si la gente piensa que ahí es donde hay que quedarse", volver a la unión aduanera, al mercado único, "o bien llegar hasta el final", es decir, reincorporarse a la UE.

Durante su discurso del martes en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, el jefe del gobierno británico había afirmado que quiere presentar "diferentes opciones" para las relaciones a largo plazo con la UE. 

En Estados Unidos, el gobierno informó que su economía creció más de lo previsto en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable y las contrataciones en el sector privado aumentaron por encima de las expectativas.

Estos datos suponen un impulso para el presidente Donald Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre, en las que la situación económica es un tema central para los votantes.

El Departamento de Comercio revisó al alza su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre en la mayor economía del mundo, elevándose en 0,7 puntos porcentuales hasta 2,2%.

"Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el segundo trimestre fueron el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, aumentaron", señaló la Oficina de Análisis Económico en un comunicado.

El Tribunal Electoral de El Salvador convocó para el 28 de febrero de 2027 a las elecciones en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato, tras una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

Bukele, en el poder desde 2019, goza de amplia popularidad por su guerra antipandillas que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que según expertos de Naciones Unidas y oenegés derivó en abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La ofensiva se desarrolla bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha llevado a prisión a unas 93.000 personas sin orden judicial. Bukele rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos.

De momento enfrentará a la exdiputada Mayteé Iraheta, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y al líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de izquierda. 

Unos 6,5 millones de salvadoreños están habilitados para votar, de los cuales el 15% viven en el extranjero, según el Tribunal.

EN NUESTRA REGIÓN…

Desde París, donde se encuentra de gira, el presidente argentino Javier Milei afirmó en un coloquio empresarial que en caso de ser reelecto, a partir de 2028 “vendrán los mejores cuatro años de la historia”.

“Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo”, dijo Milei en el coloquio de Idea ante empresarios que se desarrolló en Mar del Plata. 

 Además, el líder libertario le restó importancia a otras candidaturas, como las de Axel Kicillof y Myriam Bregman: “Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por hablar con un comunista”.

"No creo que los argentinos se dejen engañar, el 70 por ciento abraza el cambio", afirmó. "Si eligen otra cosa, tendrán que enfrentar las consecuencias", advirtió el mandatario. 

“Por lo tanto nosotros nos estamos preparando, pero de vuelta hay que entender que la transición tiene que ser hecha de una manera que no habilite a los que lo quieren destruir todo, les deje una puerta abierta. Es decir para qué, para que los argentinos puedan elegir en paz qué futuro quieren. Si quieren el de la prosperidad o el de la decadencia”. 

El gobierno argentino anunció  que completó los requisitos sanitarios para abrir la exportación de carne vacuna a Japón.

El acuerdo había comenzado a negociarse hace dos años para habilitar la exportación de carne vacuna desde las zonas de mayor producción del centro y norte del país, consideradas libre de fiebre aftosa -enfermedad viral del ganado- y sujetas a vacunación.

Desde 2018, Japón ya permitía el ingreso de carne bovina y productos cárnicos del sur argentino, reconocido como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, aunque la actividad comercial era casi nula.

"Se trata de un acuerdo histórico", sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, al celebrar la noticia en redes. 

En el Congreso Argentino, la discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión y terminó antes de lo previsto, en medio de agresiones, gritos e insultos entre diputados del oficialismo y la oposición.

La tensión se generó después que  la Corte Suprema reconociera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

Diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El episodio se desató a partir de la intervención de Juan Grabois para defender a Myriam Bregman.

En Venezuela, una persona murió y al menos cinco resultaron heridas en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. 

El choque, ocurrido el lunes en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, es el primero entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el ELN desde la llegada al poder del presidente colombiano de derecha Abelardo de la Espriella.

El ELN es uno de varios grupos armados que operan a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia.

En Venezuela, las principales oenegés defensoras de derechos humanos exigieron ayer la derogación de la ley contra el odio, que en la última década justificó cientos de arrestos a quien "generara incomodidades" para el gobierno chavista.

Según la oenegé Foro Penal, al menos 927 personas han sido imputadas por "instigación al odio" desde la creación de esta norma en 2017.

"Es una ley que ha demostrado claramente el talante represivo del poder", dijo a la AFP el director de Foro Penal.

La ley facilitó el arresto de dirigentes políticos, opositores, periodistas e incluso personas comunes que se quejaron por el mal estado de los servicios públicos o que publicaron memes antigubernamentales en Whatsapp.

En Chile, líder mundial de exportación de cobre, la producción de ese metal cayó en agosto a su nivel más bajo en más de 15 años, en medio de crecientes inquietudes sobre el suministro global de un mineral clave para la transición energética.

La producción de agosto se situó en 369.500 toneladas métricas, la cifra mensual más baja registrada desde febrero de 2011. 

El descenso se debe en parte a "los efectos del temporal ocurrido en julio de 2026″ en el norte del país, que produjo interrupciones en algunas operaciones, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas publicado ayer.

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La presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, dijo que la empresa debe equilibrar el impacto de los precios de los combustibles en la economía local con la necesidad de mantener sus finanzas saludables. En entrevista con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, se refirió además a los cambios que traerán la movilidad eléctrica y las energías renovables, y a los planes de la empresa estatal para los próximos años.

Al comienzo de la conversación, San Román dijo que todavía no había una definición anunciada sobre el ajuste de los combustibles de ese mes. Explicó que ANCAP había estado trabajando con los ministerios de Industria y de Economía en distintos escenarios, en un contexto de volatilidad de los precios internacionales y dificultades logísticas.

La presidenta describió la gestión de los precios como un equilibrio entre dos objetivos: reducir el impacto en la economía y no poner en riesgo la situación de la empresa. “Es delicada justamente en mantener el sano equilibrio de tener un menor impacto en la economía nacional, en lo que es la inflación y en el impacto en los sectores productivos, pero a su vez también sin llegar a dañar la economía de la empresa”, dijo.

La diferencia entre el precio de mercado y el costo de producción

Entre abril y setiembre, ANCAP resignó US$ 120 millones al no trasladar a los precios internos todas las subas que se registraron en los mercados internacionales. San Román confirmó la cifra y sostuvo que la empresa no está perdiendo dinero, sino que deja de percibir una parte del precio que no responde directamente a sus costos.

Para explicar la diferencia, tomó como ejemplo el gasoil. Dijo que, en el momento de la entrevista, el Brent se ubicaba en torno a US$ 102 y el precio internacional del derivado estaba unos US$ 90 por encima. “¿Pero realmente cuesta 90 dólares producirlo? No”, planteó. Según explicó, el diferencial responde, entre otros factores, a la situación del mercado y a los costos logísticos. Como referencia ilustrativa, dijo que el valor de producción local podía ubicarse “en el entorno de los 12, 15”, aunque aclaró que varía según los costos y los energéticos utilizados en el proceso.

“Podemos dejar sobre la mesa, sobre la mesa de los uruguayos, podemos dejar esa diferencia de precios”, dijo. En ese marco, defendió la posibilidad de que una empresa estatal maneje los precios de forma diferente a una privada: “La función de una empresa estatal no es la renta por la renta”.

San Román afirmó que ANCAP busca mantener resultados que le permitan planificar sus inversiones y gastos futuros. “Nos enorgullece” poder brindar ese margen al país, dijo, pero subrayó que el objetivo es hacerlo “sin llegar a dañar a la empresa”. La presidenta señaló que la compañía proyectaba cerrar el año con un resultado económico similar al del año anterior.

La metodología de precios de paridad de importación que publica la Ursea, explicó, sigue siendo útil en condiciones de estabilidad. “Si estamos en un momento de estabilidad del mercado, la referencia de Ursea es muy válida”, dijo. Para situaciones excepcionales, agregó, corresponde analizar caso a caso. También sostuvo que cuando bajen los precios internacionales, la metodología prevé que se reduzcan los precios de los combustibles.

Durante la entrevista, San Román anunció que Standard & Poor’s había mejorado la calificación individual de ANCAP. Atribuyó la evaluación a la reducción de la deuda, una mayor liquidez y la coordinación con el gobierno central.

La refinería ante la transición energética

Consultada sobre el efecto de los vehículos eléctricos, la presidenta dijo que la demanda de gasolina y gasoil todavía no se había reducido de forma estructural. En el caso de la nafta, mencionó una baja de 0,5% en el mes, pero aclaró que era demasiado pronto para considerarla una tendencia. “No podemos decir que estamos frente a una reducción estructural porque puede deberse a diferentes situaciones”, explicó.

Sin embargo, ANCAP prevé que el consumo de gasolina esté llegando a su máximo. “Estaríamos en este momento, o el año que viene, llegando a ese pico de consumo y comenzaríamos a decaer”, dijo. Para el gasoil, anticipó un rezago, debido a la importancia del transporte pesado y a que las alternativas tecnológicas todavía están en desarrollo.

La composición de los combustibles que produce la refinería también condiciona la respuesta de ANCAP. San Román dijo que la planta de La Teja fue diseñada para abastecer la demanda uruguaya y que no puede producir libremente cualquier combinación de derivados a partir de un barril de petróleo. A medida que cambian los patrones de consumo, explicó, pueden generarse excedentes de algunos productos.

La empresa ya exportó pequeñas partidas y, según San Román, esperaba vender otras en octubre y noviembre. Dijo que se trata de volúmenes remanentes, no de una línea de producción organizada para exportar: “Nuestra refinería desde sus orígenes […] era abastecer al país”. Aun así, defendió su aporte industrial: “¿Por qué resignar una industria que da valor, da empleo, derrama muchísimo en la economía?”, preguntó.

Hidrógeno para el transporte pesado

San Román planteó que ANCAP busca acompañar la transición energética con nuevas líneas de trabajo, entre ellas el hidrógeno. La empresa estudia un proyecto piloto para el transporte pesado, mientras que UTE se concentraría en los vehículos livianos.

La presidenta advirtió que la tecnología todavía no es competitiva. Si se produce hidrógeno utilizando electricidad de la red, dijo, el costo de la molécula puede ubicarse cuatro veces por encima del gasoil. Por eso, ANCAP quiere avanzar gradualmente y empezar con pruebas antes de ampliar la escala. “Prefiero ir el paso a paso, porque comprometo dineros públicos”, explicó.

También defendió la diversificación de las fuentes de energía para evitar depender de una sola tecnología. “No podemos jugarnos a tener un país 100% electrificado porque cualquier catástrofe climática o hackeos o cualquier cosa que pueda suceder en la red deja el país en un apagón”, dijo. Para San Román, esa diversificación es parte de la seguridad energética, junto con la soberanía y la disponibilidad de distintos proveedores y tecnologías.

Exploración petrolera y resguardos ambientales

Sobre los permisos para explorar petróleo en la plataforma continental, San Román dijo que el gobierno continuará buscando recursos energéticos autóctonos. “Acá no estamos haciendo una oposición desarrollo versus ambiente”, sostuvo. “No hay que contraponerlos, sino que tenemos que desarrollarnos con todos los cuidados ambientales”, agregó.

La presidenta dijo que ANCAP espera que el primer pozo de esta ronda se realice en el último trimestre de 2027. Aclaró que la empresa estatal no es operadora ni inversora: los trabajos están a cargo de compañías privadas y se hacen a su riesgo.

San Román también destacó el conocimiento obtenido a partir de las campañas sísmicas realizadas en la plataforma. Dijo que esa información permitió, entre otras cosas, mejorar el conocimiento científico del fondo marino, y estimó su valor en casi US$ 2.000 millones.

Ante las preocupaciones por el impacto de estas actividades en el ecosistema marino, dijo que el Ministerio de Ambiente estableció resguardos y que Uruguay exigió un radio preventivo mayor que el utilizado como referencia internacional mientras se realizaban mediciones locales. Según San Román, los resultados obtenidos se ubicaron en el entorno de los 500 a 600 metros, y “no hay una evidencia clara” que permita asociar los estudios sísmicos con daños en el ecosistema marino.

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¿Hay en el mundo ciudades parecidas a la que Praxis dice querer desarrollar en Uruguay? Sí, aunque los casos realmente comparables son pocos y hay que distinguirlos con cuidado.

Una cosa es que haya edificios, empresas y personas viviendo en un desarrollo nuevo. Otra es que ese lugar tenga reglas propias. Y otra, mucho más ambiciosa, es que una comunidad digital se convierta en un Estado independiente.

Entre los proyectos conocidos, no hay una “nación digital” reconocida internacionalmente como país. Las experiencias más cercanas a la idea de una ciudad con régimen especial están en Honduras. Allí, dos proyectos físicos, Próspera y Ciudad Morazán, se crearon bajo una figura llamada ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

El término “charter city”, o ciudad chárter, se usa para describir proyectos urbanos que buscan organizarse mediante una carta o estatuto propio y contar con un margen especial de autonomía. No significa necesariamente independencia ni soberanía. Tampoco es sinónimo de zona franca: una zona franca suele ofrecer incentivos económicos; una ciudad chárter aspira, además, a diferenciar sus reglas e instituciones locales.

Honduras: ¿Qué son las Zede y cómo surgieron?

El primer intento hondureño de crear ciudades con régimen especial fue el proyecto de Regiones Especiales de Desarrollo, o RED, aprobado en 2011. En octubre de 2012, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, al considerar que podía colocar territorio fuera del control del gobierno y afectar la soberanía nacional.

La historia no terminó ahí. Good Authority, una publicación digital que acerca al público análisis de especialistas en ciencia política, reconstruyó que el Congreso destituyó luego a cuatro magistrados que habían votado contra el primer modelo. En 2013 se aprobó un nuevo marco, las ZEDE, acompañado por reformas constitucionales. Fue una reconfiguración jurídico-constitucional del mismo proyecto, no un giro tras un cambio de gobierno: Porfirio Lobo seguía siendo presidente.

La normativa de las ZEDE les concedía un grado inusual de autonomía en materias como administración, impuestos, seguridad y justicia. No eran países soberanos: estaban en territorio hondureño, aunque sus promotores defendían que debían tener un marco institucional propio.

El cambio político llegó más tarde. Xiomara Castro sucedió a Juan Orlando Hernández en enero de 2022 y había prometido derogar las ZEDE. En abril de ese año, el Congreso derogó la ley habilitante y aprobó también cambios constitucionales, pero estos no fueron ratificados por la legislatura siguiente. Esa falta de ratificación contribuyó a que la situación siguiera en disputa hasta el fallo de 2024, mientras los inversores invocaban derechos adquiridos y acuerdos de estabilidad.

El medio hondureño Contra Corriente informó que, el 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema anuló el marco legal por considerarlo inconstitucional. La decisión fue unánime en ese punto, pero los magistrados discreparon sobre sus consecuencias jurídicas. El gobierno hondureño celebró el fallo como una defensa de la soberanía nacional.

Del otro lado, el estudio jurídico Dentons sostiene que los derechos adquiridos y ciertos acuerdos de estabilidad siguen protegiendo a las ZEDE. Es una interpretación jurídica favorable a la continuidad de las garantías de los inversores, no una nueva sentencia de la Corte.

Good Authority describía en 2025 a las dos ZEDE como proyectos que seguían operando pese a la derogación. Lo más preciso es decir que son proyectos físicos con actividad reportada y un estatus jurídico disputado, no jurisdicciones plenamente consolidadas.

Próspera: La experiencia más desarrollada

Próspera está en la isla hondureña de Roatán. Fue fundada en 2017 por el empresario Erick Brimen y es el ejemplo más conocido de una ciudad tecnológica con régimen especial.

No es solo un render: tiene edificios e instalaciones, y ha promovido actividades empresariales, servicios relacionados con salud y biotecnología y la posibilidad de registrar compañías. Sus promotores la presentan como una ciudad de baja regulación y orientada a la innovación.

Las cifras sobre cuánta gente vive allí requieren una aclaración. Good Authority, en un artículo de 2025 que cita una nota de The New York Times, menciona alrededor de 2.000 “residentes y residentes electrónicos”. Esa cifra combina personas físicas con personas vinculadas digitalmente a la zona; no equivale a 2.000 habitantes permanentes.

También existe una diferencia entre la idea de autogobierno y quién participa en las decisiones. Según las reglas examinadas por Good Authority, Próspera cuenta con un consejo de nueve miembros: los residentes físicos votan en algunas elecciones y los propietarios de terrenos pueden obtener votos adicionales según la superficie que poseen.

Good Authority describe además guardias privados y un sistema de arbitraje con jueces retirados de Arizona. En salud y biotecnología, los operadores pueden elegir un marco regulatorio, bajo determinadas condiciones de seguro. Son detalles centrales para entender el modelo y también explican por qué genera debate sobre supervisión, seguridad y derechos de los residentes.

El caso enfrenta además una disputa de gran magnitud. A fines de 2022, Próspera y entidades relacionadas presentaron un reclamo de arbitraje de 11.000 millones de dólares contra Honduras, alegando pérdidas de ingresos futuros por los cambios legales. Ese monto no es una indemnización concedida: es la suma que reclaman, y el resultado debe resolverse.

Ciudad Morazán: Un proyecto mucho menor

Ciudad Morazán se encuentra en el territorio continental hondureño. La impulsó el empresario italiano Massimo Mazzone, con una propuesta distinta a la de Próspera: ofrecer viviendas en alquiler y crear una zona industrial dirigida principalmente a trabajadores hondureños.

El plan de desarrollo contemplaba llegar a unos 9.000 residentes. La cifra de población publicada por Good Authority corresponde a 2023: alrededor de 200 habitantes, según una entrevista en un pódcast citada por el medio. No es un censo actual.

En 2025, el Instituto de Ciudades Chárter, que promueve este tipo de proyectos, informó que entre los primeros inquilinos de Ciudad Morazán había una empresa farmacéutica. Eso apunta a actividad económica, pero no actualiza el número de personas que viven allí.

Su modelo de gestión también es distinto. El análisis de Good Authority describe un propietario central que arrienda los espacios residenciales y comerciales y administra las áreas comunes. No hay un órgano de gobierno elegido por los residentes; la misma fuente describe contratos de alquiler de tres meses.

Así que Ciudad Morazán es una ciudad física con viviendas y actividad, pero la evidencia disponible indica una escala muy inferior a la proyectada. No corresponde presentarla como una ciudad consolidada de 9.000 habitantes.

Comunidades tecnológicas temporales

También existen experiencias que prueban la convivencia de comunidades digitales en un lugar físico, pero durante un tiempo limitado.

Zuzalu, impulsada por Vitalik Buterin, reunió en 2023 a personas interesadas en tecnología, criptomonedas, longevidad y nuevas formas de organización en un resort de Montenegro. Fue una comunidad temporal, no una ciudad permanente ni un régimen legal propio.

El Financial Times describió Network School, promovida por Balaji Srinivasan, como una comunidad donde participantes viven en un hotel mientras trabajan a distancia y exploran cómo organizar nuevas sociedades. En diciembre de 2025, la membresía y el alojamiento partían de 1.500 dólares al mes. Es un programa de convivencia, no una ciudad autónoma.

Estos casos muestran que sí es posible reunir presencialmente a personas alrededor de una identidad digital y un proyecto compartido. No demuestran, por sí solos, que una comunidad pueda sostener una ciudad permanente con vivienda, empleo, servicios e instituciones estables.

¿Qué podemos comparar con Praxis?

Próspera y Ciudad Morazán son los ejemplos más próximos a Praxis porque combinan desarrollo físico, una comunidad residente y una aspiración de organizar de manera distinta ciertas reglas locales. Pero tienen diferencias importantes: ambas están en Honduras, las dos son pequeñas respecto de sus ambiciones y su continuidad jurídica está en disputa.

Zuzalu y Network School son útiles para entender el lado comunitario y digital, pero son temporales. No son ciudades construidas para permanecer.

La conclusión, entonces, es más modesta que los anuncios de una nueva era de ciudades privadas. Hay algunas experiencias reales, pero parciales. Tienen edificios y residentes; algunas ensayan formas de autogobierno o gestión privada. Ninguna equivale a un Estado independiente reconocido, y sus cifras de población, resultados económicos y situación jurídica deben leerse con cuidado.

Para comparar estos precedentes con el proyecto de Praxis en Uruguay habrá que mirar indicadores concretos: terrenos efectivamente adquiridos, obras propias terminadas, residentes físicos —no solo miembros digitales—, empleos y servicios en funcionamiento, y un marco legal que no esté pendiente de una disputa.

Contenidos relacionados

Good Authority, publicación digital de análisis político que acerca investigación de especialistas al público general. Artículo del 23 de abril de 2025: historia y situación de las ZEDE, población reportada de Próspera y Ciudad Morazán, y diferencias de gobierno. Es una síntesis secundaria; las cifras tienen sus propias fuentes y fechas.

Reuters, 21 de abril de 2022: derogación de la ley de zonas especiales por el Congreso hondureño.

Contra Corriente, 28 de septiembre de 2024: fallo de la Corte Suprema y disputa sobre sus efectos jurídicos.

Dentons, 1 de octubre de 2025: interpretación jurídica que defiende la continuidad de derechos de inversión y operación. Se cita como posición interesada, no como fallo judicial.

Charter Cities Institute, 30 de octubre de 2025: describe a Ciudad Morazán y su primer inquilino empresarial. Es una organización promotora de ciudades chárter.

Bloomberg, 13 de febrero de 2025: reportaje sobre Próspera y el reclamo de arbitraje de US$ 11.000 millones.

Financial Times, 6 de diciembre de 2025: contexto sobre ciudades con fines de lucro y Network School.

WIRED, 26 de septiembre de 2025: comunidades tecnológicas y la experiencia temporal de Zuzalu.

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La 32.ª edición del Día del Patrimonio que se celebrará este 3 y 4 de octubre, está dedicada a las raíces indígenas y a su pasado, presente y futuro.

En ese marco el escritor Diego Bracco presenta la reedición de su libro Indígenas del Uruguay: de la prehistoria a Salsipuedes, de la editorial Banda Oriental.

La obra propone un recorrido por los pueblos originarios que habitaron este territorio, desde las primeras huellas humanas hasta los cambios y conflictos que marcaron la historia de sus comunidades. Es un recorrido que también invita a preguntarse qué podemos conocer de ese pasado y cómo lo contamos hoy. 

Gabriela Pintos conversó con:

Diego Bracco

• Profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas
• Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y por el programa Europeo de doctorado 
• Es docente del Centro Universitario de Tacuarembó, de la Universidad de la República 
• Es investigador asociado del Museo Nacional de Antropología
• Está especializado en el pasado indígena del Río de la Plata

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