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La posible creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay ha instalado en la agenda un gran debate sobre su pertinencia, cometidos y hasta el posible nombre que ocuparía esta cartera. 

Aunque fue una propuesta compartida por varios partidos durante la campaña del 2024, hoy enfrenta resistencias en la oposición y dudas incluso dentro del oficialismo. En un contexto de restricciones fiscales, los cuestionamientos giran en torno al aumento de la estructura estatal y al riesgo de generar nuevas capas de burocracia.

El gobierno no tiene mayoría en Diputados y la Constitución exige una mayoría absoluta en ambas cámaras, por lo que deberá negociar para conseguir los votos. En caso de ser así, Uruguay pasará a tener 15 ministerios, tres más que los que tenía a comienzos del siglo XXI.

¿Qué asuntos puede tratar un ministerio de este tipo? ¿Qué otros casos existen en el mundo? ¿En qué medida puede afectar la independencia de poderes? ¿Cuáles son los límites de un Ministerio de Justicia?

En La Mesa de Juristas, Romina Andrioli conversó con:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

Cristina Vázquez. Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Doctora en Derecho por la Universidad de la República Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo.

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El nombre Cardama dejó de ser simplemente el de un astillero español, para transformarse en un concepto que domina la agenda política y judicial de nuestro país.

El frustrado contrato por las lanchas patrulleras para la Armada derivó en reclamos millonarios y una intensa atención mediática; y puso sobre la mesa una serie de preguntas que abordamos en La Mesa de Juristas:

¿Cómo se defiende el Uruguay cuando sus intereses están en juego?

¿Qué pasa cuando la estrategia legal queda atrapada en el fragor de la contienda política?

¿Hasta qué punto el secreto profesional de los dictámenes choca con la demanda de transparencia de la ciudadanía? 

En La Mesa de Juristas, Romina Andrioli conversó con:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

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El derecho internacional ha sido protagonista de distintas discusiones a nivel mundial desde que el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Este conjunto de normas que regula las relaciones entre Estados soberanos y distintas organizaciones internacionales, ha sido el principal marco para evaluar este hecho.

Mientras algunos sostienen que la acción llevada a cabo por orden de Donald Trump es inadmisible a la luz del derecho internacional, otros argumentan que la soberanía venezolana ya estaba vulnerada y que apelar a estas normas resulta insuficiente frente a la crisis que viven los venezolanos dentro y fuera del país.

¿Qué rol cumple en este contexto la Organización de las Naciones Unidas?

¿Cómo era el orden mundial antes de su creación? ¿Qué legitimidad tiene hoy en día el derecho internacional cuando parece que, en realidad, rige la ley del más fuerte?

En La Mesa de Juristas, Romina Andrioli conversó con Diego Gamarra, Doctor en derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII; Lucía Giudice, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR, Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores; y Cristina Vázquez, Doctora en Derecho por la Universidad de la República, Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo, Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo y Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM.

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Regresó La Mesa de Juristas, un espacio discutirá una vez por mes cómo están funcionando algunas variables clave de nuestro sistema democrático, por ejemplo, el estado de derecho, la independencia judicial, la relación política y Justicia, o la calidad de las leyes.

En esta oportunidad tomamos como disparadores, el fallo de la Jutep sobre Álvaro Danza y el reciente caso vinculado al senador Andrés Ojeda, ambos relacionados a posibles incompatibilidades por ejercer simultáneamente actividades profesionales privadas y públicas.

En los últimos meses, la relación entre la política y la justicia ha tomado un lugar central y dominante en el debate público. Cada vez con más frecuencia, las discusiones políticas se entrelazan con dilemas jurídicos que requieren una definición clara.

Esta realidad se puso de manifiesto con casos recientes que generan controversia.

Por un lado, la situación del senador Andrés Ojeda, acusado de una presunta violación a la Constitución por su desempeño como abogado en simultáneo con su cargo legislativo; un asunto en el que diversos informes interpretan de distinta manera la norma constitucional.

Por otro lado, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) debió expedirse en noviembre sobre el caso de Álvaro Danza, presidente de ASSE, y la presunta incompatibilidad entre sus actividades profesionales privadas y públicas. A pesar de que la Jutep resolvió por mayoría que no existía tal incompatibilidad, la decisión fue cuestionada al desoír el informe de su propia asesoría jurídica.

Ante un escenario donde estos cruces son cada vez más habituales: ¿cómo se resuelven? ¿Cuál es la relación exacta entre política y justicia y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? ¿Qué peso tienen las consultas técnicas a cátedras o los informes de especialistas en estos procesos? Y, fundamentalmente, ¿cuál es el rol de los juristas en el debate público?

Para analizar a fondo estas interrogantes, volvimos a instalar La Mesa de Juristas, que contó con un plantel de destacados profesionales en la materia que nos acompañarán habitualmente en este espacio una vez al mes:

Óscar Sarlo. Ex-Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Académico en las Academias de Letras y de Derecho.

Lucía Giudice. Profesora Adjunta de Filosofía y Teoría General del Derecho, y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UdelaR. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores.

Diego Gamarra. Doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de alta dedicación en la UCU. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII.

Cristina Vázquez. Profesora de Derecho Administrativo en UdelaR y UM. Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho e integrante de su Consejo Directivo. Miembro del Foro Iberoamericano e Instituto Internacional de Derecho Administrativo.

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