Algunas precisiones. Las empresas públicas, en su sentido originario, se crearon para actuar como las privadas, brindando servicios públicos satisfactorios a la población, con su estructura de costos y precios respectivos, pagando los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes, y las ganancias que se generaren, en vez de repartirlas entre los dueños, se usaran en primer lugar para llevar esos servicios y bienes a sectores que no interesaría atender a un privado por no ser rentables. Y si aún sobran ganancias, la forma de distribuir es mediante rebaja de precios, con lo cual las mismas se reparten entre los usuarios, que son los pobladores del país. Y las obras y servicios que debe proporcionar el Estado, así como sus gastos de funcionamiento, se discuten en el Parlamento y se aprueban por leyes (Presupuesto, Rendiciones de Cuentas, etc.). En cambio, no es lícito que el Poder Ejecutivo, por su sola voluntad, disponga retiros discrecionales de esas ganancias para cubrir sus gastos no previstos o la insuficiencia de sus recursos.