Gracias Laviano. El tema no es si se llaman jueces de instrucción o fiscales, el tema es quién los dirige, quién tiene autoridad sobre ellos. Los actuales fiscales dependen de un fiscal general que ocupa un cargo por legitimidad política. Según gente ideológicamenta tan diversa como Hoenir Sarthou, Enrique Viana o Gustavo Zubía, ese fiscal pedía que se evitara ir al juicio siempre que fuera posible y también que se evitara la prisión, por ejemplo. Usar el principio de oportunidad, si no se podía, sinó la suspensión condicional, sinó las penas alternativas. Si el fiscal de hoy/juez de instrucción de ayer depende de una autoridad judicial, la presión que haga el ejecutivo para que no les sigan llegando presos no tendría porqué ser tenida en cuenta. Tampoco el apuro por cerrar casos para tener condenas rápidas y poderlas exhibir en los organismos internacionales sin que eso les implique tener más jueces trabajando ni más fiscales investigando.

Ahora, con este régimen nuevo los fiscales deben prestar oídos a su jefe, el cual a su vez le presta oídos al sistema político, del cual depende su cargo. Ese fiscal general redacta edictos con directivas que los otros fiscales deben seguir. Esto no significa que el ejecutivo use a la justicia para encarcelar gente con fines políticos. Eso espero que por ahora en mi país no pase, incluso si crean ese engendro de Ministerio de Justicia que ya están pergeniando. Pero sí que el sistema judicial juzga más con arreglo al presupuesto que el ejecutivo está dispuesto a invertir en el sistema penal que con arreglo a la convicción moral de los jueces.

También se limitó mucho el margen de acción de los jueces. Un juez, según le entendí a varios juristas que comentaron el tema, ahora no puede decretar una pena mayor que la que pida el fiscal. Tampoco puede decidir que quiere ir a juicio si el fiscal pide la suspensión condicional, por ejemplo. Entonces, controlando a la fiscalía, el gobierno controla la severidad máxima del sistema penal.

Mi idea de justicia es con jueces y fiscales que disponen de independencia para aplicar las leyes penales con la severidad que crean adecuada. Eso puede significar en algunos casos ser más severos de lo que el sistema político quiere y en otros menos. En general el sistema está pensado para volver las penas más benevolentes porque no quiere procesos largos ni invertir en cárceles, pero la realidad es que la falta de independencia va para los dos lados. El día de mañana también puede llegar la directiva de que los fiscales tienen que acusar con "perspectiva de género", invirtiendo la carga de la prueba para el acusado cuando es hombre. Entonces, si los tiempos políticos marcan "perspectiva de género", para ese delito la justicia se pone más dura con arreglo a principios que sólo se aplican para ese delito y que van contra la filosofía del derecho positivo (cosa que jamás se dijo que se iba a abandonar).

No entiendo tampoco como aceptable la negociación entre la víctima y el victimario en materia penal, porque la víctima tuvo un accionar legítimo, pero el victimario no. El delito no es contra la víctima, es contra la sociedad toda. Entonces, si la víctima por miedo o por compasión quiere acordar algo beneficioso para el victimario, entiendo que eso hiere la pretensión punitiva de la sociedad toda.

En fin, como verá no me gusta el nuevo CPP. Aunque sí comparto que es bueno que los jueces no sean quienes instruyen la causa y que luego juzguen sobre la base de la propia instrucción que ellos hicieron. Hay algo de círculo vicioso allí y eso es lo único positivo de este código nuevo, en mi opinión de simple ciudadano sujeto a las leyes y a la justicia. Yo no siento que este código garantice mis derechos frente a una acusación ni que sirva a la profilaxis del delito tampoco (como dice la constitución).

Saludos cordiales.

No soy abogado, pero algo de Derecho estudié, y además, trabajé en contacto con abogados, así que hasta por ósmosis algo se me pegó. Recuerdo que, en materia penal, antes había dos jueces: uno de instrucción, que formaba la prueba y remitía las actuaciones a otro juez, que era quien dictaba sentencia. Eso se modificó a mediados de la dictadura, con un nuevo Código de Proceso Penal, que fue el que estableció un único juez, como Ud. indica. Esto se vino a modificar con el actual CPP, que creó la figura del fiscal con cometidos similares a la del anterior juez de instrucción, pero que, a diferencia de éste, no puede dictar providencias como la prisión preventiva porque no tiene autoridad de juez, y hay que esperar a que un juez tome conocimiento de lo actuado. Y ese organismo llamado "Ministerio de Justicia" también fue creado en la dictadura, suprimiéndoselo al salir de ésta. Creo que si se vuelve a crear, como Ud. sugiere, sí se puede dar la injerencia del poder político en la Justicia.

No es grave por la ¡estridente! señora en sí misma, si lo es por el lugar que ocupa y por quienes representa.

No para de embestir contra todo lo que se opone a su perfección iluminada, se le fue la moto, el auto, el camión y toda la flota; también la democracia republicana y otros detalles.

Hace algunos años Don Umberto escribió y describió 14 puntos sobre el fascismo, la señora calza cómodamente en mas de la mitad de ellos; capaz que es momento de señalarlo, señalar que las instituciones no son chiche retórico de ninguno de sus representantes.

La injerencia del sistema político en la justicia es real, pero ella y su partido son parte del problema, no de la solución. Con el nuevo CPP crearon esa fiscalía con mucho poder y presupuesto considerable y le pusieron arriba a un "super fiscal" que lo elige el sistema político y que depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo. A los jueces se los transformó en homologadores de acuerdos, porque la principal misión de la fiscalia es evitar que haya juicios. Con el argumento razonable de que el juez no podía al mismo tiempo actuar como acusador (y que entonces se precisan 3 partes: una acusación, una defensa y un juez), metieron por la ventana una reforma filosófica del sistema penal, donde se concibe como si los casos fueran conflictos entre particulares. De hecho, increíblemente usan explícitamente el término "conflicto", porque para ellos una rapiña o un homicidio es un conflicto. Esto cambia los principios del código viejo, basado en la búsqueda de la verdad material y en que la pretención punitiva del Estado lo que quiere es encontrar la verdad y sancionar a quien corresponda. Una justicia considera que un delito penal es un delito contra la sociedad toda y otra que es un tema entre particulares.

Ahora, con la LUC por lo menos habían atenuado esa filosofía acuerdista, buscando que para ciertos delitos no se fuera por la vía del proceso abreviado o de la suspensión condicional. Pero, ya vi a gente de la coalición "reculando en chancletas" porque se les llenan las cárceles y resolver eso implica asignar más presupuesto al sistema penal.

Al nuevo CPP lo votó el Partido Nacional, el FA, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Llegó con todo el glamour del mundo anglosajón, que a nosotros siempre no parece un argumento de superioridad. Ahora ya vi que están preparando el terreno para crear un Ministerio de Justicia. Van largando el globo sonda en la prensa, sale alguien a "ablandar" el tema, a acostumbrar a la gente a la idea, porque esa es la próxima reforma en la agenda del sistema político (de TODO el sistema político). Todo el sistema político se beneficia de manejar a la justicia, porque desde su perspectiva es un costo presupuestal y porque es un poder del Estado que los puede juzgar a ellos mismos por sus actos como gobernantes.