Cuando haya sentencia, si es condenatoria sería incompatible con el desempeño de un cargo público. Seguramente eso no va a suceder antes de las elecciones de mayo, pero atención si fuera candidato, porque tal vez no pueda quedarse mucho rato en el cargo. Tener un intendente destituído por razones penales no es precisamente bueno para un partido.

El PN debería impedir que vuelva a ser candidato y eso sí se puede hacer, por ejemplo suspendiéndolo hasta tanto no exista sentencia. En cambio exigirle la renuncia es un riesgo, como todo aquello que se exige sin tener poder de coherción. Él desacata el pedido y no hay forma de obligarlo porque tiene un cargo electivo. En los hechos eso debilitaría a quien lo exige (el directorio del PN), ya que vería su autoridad explícitamente socavada.

Es importante lo que dice Valenti: Estamos teniendo permanentemente problemas con las intendencias del interior. El sistema político se debería dar una discusión de las características sistémicas que tiene nuestro sistema de descentralización, que hacen recurrentes estos líos. El tema principal parece que en esas comunidades pequeñas los público y lo privado tienden a entreverarse todo el tiempo. Justo este último episodio no es el caso de entrevero entre lo público y lo privado, sino que sería una estafa a un banco, pero recordemos que Bascou también fue cuestionado por darle preferencia a su estación de servicio en las cargas de combustible de los vehículos municipales. El tema es que la intendencia es un agente económico de enorme peso y entonces el intendente decide cosas que son determinantes para la escala del lugar. Parece que faltan contrapesos que tengan interés legítimo en controlar y cuestionar a los intendentes. Como los ganadores tienen mayoría automática en la junta, por ahí no va.