Coincido con usted que la "cancelación" es abominable.
El SER y el Deber SER no siempre o casi nunca coinciden, lo que no obsta que la realidad es lo que es, consulte usted a los correligionarios de los parlamentarios citados en casos muy distintos (yo lo hice) y verá que las bajas no fueron por capricho de masas enardecidas (somos pocos en UY y los secretos son a voces)
La ley soluciona cosas, no todas las cosas, el poder entonces, que hasta puede doblarle la mano y pasa, sin conducta moral degrada a la sociedad (como el rayo que cae de arriba)

gracias por el intercambio

¿Eso no sería como asumir la culpa? ¿Basta una denuncia pública para sacar un legislador de su banca? ¿No será darle demasiado poder al acto de hacer una denuncia pública por redes? Eso es cultura de la cancelación. Hace poco el PCU perdió a un legislador que pintaba para ser un buen cuadro político por culpa de esa idea de que se debe cancelar apenas haya denuncias de este tipo contra esa persona. El legislador fue cancelado preventivamente, haciendo caso a esa sensibilidad que hoy se reclama. Salió intacto del proceso judicial, revirtió las acusaciones y ganó una demanda por difamación. Igual terminó expulsado de su banca, para la que lo eligimos algunso ciudadanos (yo por ejemplo voté la 1001). Aún habiendo quedado intacto el estatus de inocentes que todos tenemos hasta que nos prueben lo contrario, ¡lo sacaron! Lo sacó la autoridad moral de las masas enardecidas que ¡aún ganando en la justicia, deciden no creerle! Tanto más allá de cualquier incertidumbre están que el resultado de un juicio penal con leyes que ellos mismos promovieron para combatir ese delito no les mueve un pelo si no condena. ¿Eso queremos para la política? Va a estar muy fácil sacar legisladores del parlamento.

Tenga usted en cuenta que los fueros de los legisladores existen para evitar que con una denuncia penal se pueda apartar temporariamente a un legislador de sus funciones. Y estamos hablando de que los fueros incluso suspenden el proceso penal cuando haya imputación. Y ojo, mire que en este caso mi sensibilidad es que si hay imputación, debe haber desafuero. Pero hoy por hoy ni siquiera fue citado y está allí porque tiene el mismo estatus judicial que usted y yo.

A mi me alarma la naturalidad con la que damos crédito a cierto tipo de denuncias por principio y que por consecuencia la gente pida que se proceda en forma sumarísima a cancelar denunciados y apartarlos de sus funciones aún teniendo cargos electivos. Parece que las formalidades nos molestan, ya no pensamos que sean garantías sino obstáculos para hacer justicia. Muchos regímenes de muy triste recuerdo empezaron por sentir que las garantías eran un estorbo para proteger a "la gente de bien" de "los malos". A mi me asusta ver cómo las sensibilidades de izquierda abrazan esta forma de entender la justicia que tantas veces se usó en regímenes autoritarios de derecha. La denuncia pública genera el escrache, este la muerte cívica. Se designan grupos de población como gente no creíble y otros como incapaces de hacer una acusación falsa, lo cual exime de cualquier formalidad frente a una denuncia y habilita a tomar medidas inmediatas. Nos pensamos que eso es progresismo porque vemos en eso una especie de justicia compensatoria de un sesgo de signo contrario en el pasado (que por cierto existió). La verdad es que lo único progresista es la presunción de inocencia y las garantías del proceso para todas las partes. .

Saludos cordiales.

¿Qué debería decir el sistema político? pregunta usted Leonardo.

El caso se hizo público (empezó por una denuncia pública) en tal marco y por la categoría del delito denunciado, no luce nada sensato la falta de tacto en que el denunciado estuviera votando la "tenencia compartida" con clara incidencia, justo en la minoridad.

Es política (ética) la crítica no jurídica (que como usted bien dice corre por un carril distinto y garantista) de hecho sus correligionarios colegas le pidieron (tarde) que tomara licencia, cosa que hizo.

saludos cordiales

Por lo pronto hay denuncias y un proceso judicial en curso. El sistema político lo que debe hacer, si hay imputación, es levantar los fueros (cosa que con Manini no se quiso hacerf). Lo demás corre por cuenta de la justicia. Las garantías están dadas porque los denunciantes tienen una excelente defensa a cargo de la udelar, hay una fiscalía especializada, leyes severas con los delitos denunciados y descuento que el acusado podrá pagar excelentes abogados en su defensa. Todo el mundo tiene garantías en este caso, muchas más que las que tiene un ignoto ciudadano frente a un proceso sin cobertura mediática.

Cualquier otra cosa que se haga sería prejuzgar. El insistir en la cantidad de denuncias que se acumulan cuando no hay ni siquiera imputación apela al prejuicio de que cuando el río suena, piedras trae. El día que hagamos justicia basada en ese prejuicio, habremos perdido definitivamente el Estado de Derecho. Por el momento hay que ayudar a la fiscalía a hacer lo suyo no prejuzgando ni presionando desde el sistema político ni la opinión pública. La justicia no tiene porqué colmar las expectativas del sentir popular.