Esos gobiernos previos al 2000 se negaban a aplicar el artículo cuarto de la ley de impunidad que ellos mismos redactaron, diciendo que no se podía investigar, que no quedaban cadáveres, que la operación zanahoria los había eliminado, que no había archivos, que los vuelos nunca habían existido. Bien, se avanzó, y justo es decirlo que el primero que aceptó enfrentarse a la realidad en lugar de negarla fue Batlle.

Sin embargo, parece que el problema fuera el FA, porque no hizo más, porque no tuvo más celo, porque no miró las actas de un tribunal de honor que se centraba en una fuga y una peluca por si aparecía esta confresión. Yo que sé, está bien, deberían haberlas mirado. ¿Pero quién tiene legitimidad moral, avalada con hechos, para criticar esto? Las organizaciones de familiares, ok, pero ¿quién desde el sistema político?

Quienes lo critican desde el sistema político están en los partidos que no hicieron nada hasta el 2000 y no son tan críticos con sus propios partidos como lo son con el FA ¿O sí lo son y me perdí una declaración?

Es curioso como se usan los hechos en política. Palos porque bogas y si no bogas, palos también. Y con esto no pretendo negar el rol de Fernández Huidobro, de Mujica y del MPP y la CAP-L en victimizar a los torturadores por ser unos "viejitos" dignos de lástima. Pero ¿Quién tiene mejores resultados para mostrar? ¿Qué partido? ¿Qué dirigente?

En fin, tiene razón Torres en decir que esto es funcional a la desindexación de los salarios, que venía pidiendo Pablo Roselli por los micrófonos de esta radio. No sé si es conspiración o una simple coincidencia para un gobierno que vino a bajar el salario real para mejorar la rentabilidad del capital.