EC —Usted propuso tres medidas, que además no son nuevas, ya las había propuesto.
ET —No, pero en este trabajo de poner desde la sociedad civil uno tiene que estar como una gota de agua insistiendo en todo aquello que todavía está en el tapete y que no se consideró en el repertorio de posibilidades. Nosotros decimos que tenemos que tomar tres medidas que cambien la pisada por completo, que cambien la orientación para corregir estos desequilibrios fiscales que, insisto, desde el punto de vista macroeconómico es el problema más importante que tenemos.
EC —Son tres medidas: uno, la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal; dos, la aplicación de políticas de contención del gasto sin afectar la calidad de los servicios públicos, y tres, la profesionalización de la gestión de las empresas públicas.
Veamos cada una de ellas. La primera, la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, ¿en qué consiste y para qué?
ET —Darse un dispositivo institucional que permita que en tiempos de bonanza económica como la que tuvimos entre 2004 y 2013 se ahorren recursos. Es decir, no comprometerse a gastos que no van a poder financiarse cuando vengan los tiempos de vacas flacas. El ejemplo que ponemos siempre es el de UTE, que acumula el agua cuando llueve y la suelta cuando hay sequía para seguir generando. Eso no va a dar recursos, pero va a dar credibilidad, va a decir que en Uruguay se está despolitizando el nivel de gasto público, los gobiernos van a poder decidir en qué gastan pero no van a poder decidir autónomamente cuánto gastan. Cuánto gastan va a quedar determinado por un procedimiento institucional similar al que tiene Chile, donde un órgano independiente decide “esto es lo máximo que se puede gastar, porque esto es lo que razonablemente se va a poder sostener a mediano plazo”. No podemos comprometer recursos con los que mañana no vamos a poder contar. Eso da mucha credibilidad, mucha certeza.
EC —Pero en el corto plazo, para este problema de déficit fiscal que tenemos, no implica una solución. Tampoco implica una solución la tercera medida, la profesionalización de la gestión de las empresas públicas. Usted dice “conformando los directorios con profesionales idóneos en la gestión de organizaciones complejas, sean estos políticos, técnicos, profesionales, empresarios o académicos”. Para empezar llevaría su tiempo, se necesitaría la decisión política y después la renovación efectiva de los directorios. En el corto plazo acá tampoco tendríamos cambios en los números.
ET —Todas estas medidas son de mediano plazo.
EC —No, la del medio puede tener resultados más cerca.
ET —Las dos medidas, la de contención del gasto sin afectar la calidad de los servicios públicos y la profesionalización, el cambio en el modelo de gestión de las empresas del Estado, van a dar resultados a mediano plazo. Pero eso no importa, no tienen por qué generar pesos contantes y sonantes ahora, de manera inmediata. Cuando una pareja va a tener un bebé, que va a nacer nueve meses después, ya le empiezan a preparar el cuarto, a comprarle la cuna, a decorarle la habitación, los familiares les empiezan a hacer los regalos y las fiestas, o sea, la gente toma decisiones hoy sobre la base de lo que estima que va a pasar. Uruguay, por suerte, no tiene urgencia para resolver el problema hoy en términos de pesos contantes y sonantes, pero si muestra que en los próximos cinco o seis años el problema fiscal va a quedar resuelto por estas tres medidas y vamos a tener una gestión fiscal despolitizada, en el sentido del manejo de los déficits, va a generar una credibilidad muy importante en el presente. Esa credibilidad va a tener efectos sobre la inversión, va a destrabar y posibilitar que los bancos de desarrollo nos apoyen para hacer un plan importante de infraestructura, por eso tiene efectos reactivadores. Son todas propuestas de mediano plazo, hechas sin drama, sin trauma, pero que muestran una dirección.
EC —En cuanto a rebaja del gasto estrictamente hablando, usted maneja una sola idea.
ET —Dos, la profesionalización de la gestión de las empresas públicas y la no reposición de vacantes por un lapso de seis años.
EC —Sí, pero de esta última usted aporta números de cuánto podría rendir.
ET —No, aportamos números también de la profesionalización de la gestión de las empresas del Estado. En varios trabajos que ha hecho Ceres a lo largo del tiempo hemos estimado que, por ineficiencias, las tres principales empresas del Estado, Antel, UTE y Ancap, gastan por encima de lo que sería razonable que gasten en producir sus bienes y sus servicios entre US$ 1.000 y US$ 1.200 millones por año.
EC —Eso es gasto en exceso por ineficiencias.
ET —Y proponemos conformar directorios que desvinculen la gestión de las empresas de la política. Eso no quiere decir que las empresas no vayan a estar controladas por el Estado, porque el Estado, en representación de los dueños de estas empresas, que somos nosotros los ciudadanos como accionistas, va a tener que hacer un control de que efectivamente estos directorios estén trabajando en el mejor interés de los ciudadanos, produciendo de la manera más eficiente y al menor costo posible y los servicios de la mejor calidad. Los directorios profesionales, con personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas, podrían cambiar el modelo de gestión, como se ha hecho en Chile, en Nueva Zelanda. Aunque tengamos el mismo régimen que tenemos hoy, simplemente mejorando la gestión. Tenemos entre US$ 1.000 y US$ 1.200 millones de sobrecostos de producción que podríamos estar ahorrando en los próximos seis años, no va a ocurrir de manera inmediata. Lo de los directorios podría ocurrir de manera inmediata, es una decisión política de todo el sistema político decir que las empresas públicas se van a gestionar con criterios profesionales y se va a despolitizar completamente la gestión. Estamos hablando de US$ 1.200 millones que podrían materializarse en un lapso que estimamos en cinco o seis años.
EC —Y la no renovación selectiva de vacantes en el sector público, ¿qué es la no renovación selectiva?
ET —En el sector público por fallecimiento y jubilación se retiran unas 8.000 personas, hay otras 1.200, más o menos, que son destituidas y hay otras 20.000 que renuncian o que terminan sus contratos. O sea que hay un pull de 30.000 personas que o concluyen su actividad en el Estado o cuya actividad está sujeta a renovación. Nosotros decimos que de esas 30.000 tenemos que reducir 8.000 por año. En un lapso de cinco años estaríamos reduciendo la plantilla de funcionarios en 48.000 personas, lo que nos devolvería a los niveles de empleo público que había al final de la primera administración del doctor Vázquez. Porque el impresionante aumento de empleo público se produjo en la administración anterior.
