EC —Eso es lo que ustedes entienden que debe cambiar. Además sostienen que no se trata solamente de una aspiración de estas organizaciones, sino que hay directivas del Sistema Interamericano al respecto. ¿Cómo debería ser el procedimiento para que tuviera transparencia, para que tuviera participación ciudadana, para que hubiera rendición de cuentas de por medio? ¿Algún ejemplo de cómo funcionaría?
T da R —Presentamos la primera petición en octubre de 2014, terminó la legislatura sin que se tratara, entonces en junio de 2015 la volvimos a presentar. Nunca tuvimos respuesta en todo este tiempo.
En la petición formulamos una propuesta concreta de cómo podría ser ese proceso, en el marco de la Constitución, sin tener que adoptar al momento una ley u otro tipo de reforma legal. La propuesta apunta a que se integre una comisión bicameral –que perfectamente podría ser la comisión que en este momento tiene a estudio la petición, que es la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General– para recibir las propuestas de las personas interesadas en aspirar a ocupar ese cargo y su currículum vítae. A su vez, esa comisión debería recibir los listados de los magistrados con su antigüedad, su currículum vítae y la expresión de conformidad, que envían el Poder Judicial y el Ministerio Público, para el caso de que sea necesario utilizar el mecanismo supletorio del cual hablábamos recién. A su vez, esa comisión debería estudiar los méritos de los aspirantes y poner a disposición de la ciudadanía esa información referente a las personas incluidas en los listados, para que las organizaciones sociales, las organizaciones profesionales y el propio Poder Judicial puedan brindar su opinión sobre ellas.
EC —Según lo que ustedes proponen, pueden presentarse aspirantes; eso cambia bastante con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver o a conocer por trascendidos, etcétera. La costumbre es que el sector político tal propone el nombre cual, el sector político tal otro sugiere otro nombre y ahí empiezan las idas y venidas y las negociaciones. En lo que ustedes proponen está previsto que si un abogado tiene 10 años de ejercicio de la profesión él por sí mismo puede ir al Parlamento, presentar su currículo y decir “yo quiero ser ministro de la SCJ”.
T da R —Exactamente, la Constitución es bien clara, como leíamos recién. El artículo 235 establece cuáles son los requisitos y entre ellos no está el provenir exclusivamente de la carrera judicial. Y si hay alguien que aspira a ese cargo y cumple todos los demás requisitos, puede postularse. La decisión siempre va a terminar siendo de la Asamblea General, es importante que quede claro, pero se habilita el proceso de postulación. Yo leía las versiones taquigráficas de cuando la comisión en su momento consideró algunas de las propuestas que tiene sobre este tema y se decía que tampoco es lógico que un profesor o una profesora grado 5 de la Universidad, por no haber pasado por la judicatura, se vea impedido de ocupar ese cargo. Puede ser muy bueno para el país que lo sea. Está claramente establecido en la Constitución, pero la práctica ha sido otra.
EC —¿Qué ha pasado con ese borrador, con esa propuesta?
T da R —Como decía, esto arrancó en el 2014, en 2015 reiteramos la petición, fuimos recibidos en marzo del año pasado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, que es la que la tiene a estudio, y nunca hemos recibido respuesta. Lo cual nos parece realmente un hecho preocupante, porque se trata de una iniciativa de la sociedad civil fundada, muy seria, que está avalada por muchísimas organizaciones. Somos 27 organizaciones, desde organizaciones que trabajan en temas de género, organizaciones que trabajamos en temas de acceso a la información y transparencia, el PIT-CNT, organizaciones que trabajan en temas de impunidad, y además hay muchas organizaciones de segundo grado, que son redes. En total estamos en el entorno de las 130 organizaciones comprometidas con esto. Es un planteo muy fundado, muy serio, llevado adelante por un conjunto de organizaciones; realmente nos llama mucho la atención que el Parlamento prácticamente en dos años no haya podido dar una respuesta.
