EC —Otra vez un problema de comunicación.
RO —Sí, llamémosle de comunicación, seamos benévolos.
EC —Felipe Michelini habló en estos días en La Diaria y aseguró que “el Poder Ejecutivo ha tenido una muy firme voluntad del presidente de la República, pero la tarea tiene complejidades”. Entre otras, mencionó el diseño institucional del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. ¿Ustedes coinciden con esta opinión?
RO —Es probable que sea así. Pero si yo veo que hay un problema institucional, lo primero que digo cuando me designás en una tarea es “denme el diseño institucional adecuado o si no no me pongan ahí”.
EC —¿Cómo examinan el procesamiento que se ha hecho de los archivos militares, los archivos de las Fuerzas Armadas de la dictadura que han sido localizados por el Poder Ejecutivo y por el Poder judicial?
RO —Ha habido una política de secretismo sobre el tema de qué contienen los archivos. El Estado ha generado distintas instituciones desde el punto de vista del manejo de los archivos. Y ha habido un manejo digamos “ilegal”.
EC —¿Ilegal?
RO —Sí, por lo siguiente. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Estado o las instituciones del Estado tienen la posibilidad de declarar que determinados archivos son reservados o sensibles por los datos que contienen y por lo tanto establecer su reserva por determinado tiempo. Pero esa ley tiene un artículo bueno que dice que eso no puede ser aplicado a aquellos casos que signifiquen violaciones de los derechos humanos. Cuando aparece el archivo Berrutti…
EC —El archivo perteneciente a las Fuerzas Armadas que fue localizado mientras era ministra la doctora Azucena Berrutti, en el primer gobierno Vázquez.
RO —En ese archivo hay 152 rollos que están clasificados como reservados supuestamente porque contienen datos de los que espiaban, contienen determinados datos que ellos consideran sensibles. Pero esos datos eran sobre hechos que son violaciones a los derechos humanos, porque eran acciones ilegales del Estado. Sin embargo el Estado, a pesar de ese artículo que dice que aquello que está vinculado a los derechos humanos no puede ser clasificado, los clasifica como reservados. Entonces a esos archivos no se puede acceder.
Creo que los archivos son interesantes no porque nos vayan a dar el dato de dónde está enterrado un desaparecido o quién mató a Fulano, sino porque pueden dar un contexto que puede permitir entender el funcionamiento de la represión, quiénes estuvieron. Por ejemplo, el caso de Barneix surgió de que apareció un expediente militar en el que se identificaba que este general estaba en el interrogatorio. O el caso de Iván Morales, en el que identifican que Cordero era el que lo estaba interrogando cuando se muere. Esos elementos permiten estudiar cierto nivel de un contexto, pero para eso hay que tener acceso.
Ahora, no olvidemos que tenemos tres elementos, porque la amenaza del Comando Barneix, por ejemplo, da 13 nombres a los que amenaza y al final tiene una frase…
EC —Comando Barneix es el nombre que se atribuye un grupo que divulgó amenazas a través del correo electrónico e internet.
RO —Amenazas de muerte contra operadores del sistema judicial, el ministro de Defensa, el fiscal de Corte, la doctora Mirtha Guianze, y el resto son abogados, muchos de ellos vinculados estrechamente al Observatorio, como el doctor Pablo Chargoñia, Belela Herrera –que es una de nuestras presidentas de honor–, Francesca Lessa, Jair Kirshke –porque hay algunos extranjeros–, Louis Joinet.
EC —Todavía no sabemos qué es eso del Comando Barneix.
RO —No sabemos. Pero al final dice “y tenemos más nombres, de los cuales conocemos sus domicilios y hábitos”. Claramente, para conocer los domicilios nuestros y nuestros hábitos nos han estado vigilando. Por eso digo que eso también viene a conjurar el proceso de justicia en el lugar, las amenazas también operan. Cuando Mirtha Guianze estaba planteando la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso de Nibia Sabalsagaray, oh casualidad, los militares sacan los antecedentes de su esposo, hacen una presión. Recientemente algunos archivos que se han conocido en algunas publicaciones también han tenido como objeto la presión sobre el sistema político, el sistema judicial y los defensores de derechos humanos. Eso también hay que sumarlo a las políticas de impunidad que dificultan en Uruguay. No olvidemos que también hubo un supuesto atentado contra un juez que cuando iba por la rambla le dispararon un tiro. Hubo la voladura del auto de un diputado, el estudio […] y el robo al JIAP.
EC —El robo en dependencias de la Universidad de la República.
RO —Estaba trabajando sobre testimonios en la búsqueda de los desaparecidos. Todo eso constituye un combo de situaciones en Uruguay que son preocupantes, que es lo que nos lleva a acudir a la CIDH.
EC —Justamente, ¿por qué un planteo ante la CIDH, que depende de la OEA?
RO —Hay dos cosas. La primera fue que hace un par de meses dijimos: “Estamos monitoreando el cumplimiento del Uruguay del proceso de justicia. Pero ¿qué es lo que dice el Estado uruguayo sobre lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que le reclama la CIDH?”. Hicimos un pedido de informes a la Presidencia de la República diciendo que queríamos conocer lo que el Estado le ha respondido a la CIDH y lo que esta le ha solicitado, toda la correspondencia, porque todo eso se ha tratado en sesiones reservadas. Lo hicimos porque había un acta –está en la página web de la CIDH–, creo que de 2013, en la que esta dice: “… y vemos con beneplácito que Uruguay creó un grupo interministerial para el cumplimiento de la sentencia”. Ahí dijimos: “Caramba, cuando hablamos con los distintos ministros, con el ministro de Cultura, con el ministro del Interior, etcétera, y les preguntamos sobre este equipo ministerial, nos dicen “eso no funcionó nunca”.
Entonces decidimos darle a la CIDH, y por intermedio de ella a la Corte, una visión objetiva desde nuestra óptica de las cosas que efectivamente está cumpliendo el Estado. Porque cuando uno va al exterior le dicen “ustedes están bien, tienen una secretaría para el pasado reciente, un grupo de trabajo por verdad y justicia, una unidad especial en el Ministerio del Interior para los crímenes de terrorismo de Estado, una unidad especial en la Fiscalía, ahora una fiscalía especializada en temas de derechos humanos, una secretaría en Presidencia de la República de derechos humanos, tienen todo eso, están del otro lado”. ¿Entonces cómo se explica que no se avance? La conclusión es lo que decíamos al principio de esta charla: no alcanza con crear determinadas instituciones, tienen que funcionar efectivamente. Si no, son un saludo a la bandera.
