EC —Cuando dice “el derecho de admisión lo aplica el organizador”, hace una pausa, porque está contestando a otra manera de verlo que ha estado en discusión: la intervención de la policía, del Ministerio del Interior, en esa materia.
JD —Lo que le puedo decir es que jurídicamente el Ministerio del Interior no puede tener, porque implicaría una vulneración de la libertad individual, la potestad per se y ante sí de decidirle a un ciudadano por dónde puede circular y por dónde no. Entraríamos en un terreno sumamente peligroso incluso desde el punto de vista institucional y democrático.
Lo que puede hacer el Ministerio del Interior, lo que puede hacer la fuerza de seguridad, es apoyar al organizador cuando le dice “Fulano no puede entrar”. En ese caso sí puede actuar, pero el Ministerio del Interior o la fuerza de seguridad no puede –olvidemos la pata política– definir quién entra y quién no entra a un espectáculo deportivo, porque no tiene potestades para hacerlo.
Pero no solamente tiene consecuencias sobre el tema del derecho de admisión. Tiene otra consecuencia, sobre la cual se ha discutido mucho, que es el tema de las entradas. Hemos gastado muchos minutos de aire discutiendo sobre entradas sí, entradas no. Se lo digo bien claro: si el organizador del espectáculo quiere regalar todas las entradas de ese espectáculo puede hacerlo, no hay ningún impedimento jurídico, no es ilícito.
EC —Hay un proyecto de ley que buscaría castigar al dirigente de fútbol que entregara entradas en determinadas condiciones.
JD —¿Por qué? ¿Por qué vamos a castigar? Por ejemplo, si mañana a usted se le ocurre traer a los Rolling, llevarlos al estadio e invitar a 50.000 personas, y regala las entradas, ¿hay que castigarlo a usted? ¿Cuál sería la ilicitud de ese acto de liberalidad que en definitiva es dar una entrada? Después entramos a discutir si está bien, si está mal o si es políticamente correcto, si es ético, si se mintió, si no se mintió. Ese es otro terreno. Pero jurídicamente nosotros no podemos, porque no evaluamos conductas políticas o conductas éticas, evaluamos conductas jurídicas. Y jurídicamente no hay ninguna prohibición que eso establezca.
EC —¿Incluso si se le regalan entradas a personajes que se dedican a la violencia, a la delincuencia, al narcotráfico en la propia tribuna?
JD —En la teoría del caso tendríamos que probar que los dirigentes de fútbol que dan entradas o que hacen socios del club en forma gratuita a determinados hinchas para que puedan ingresar cuando son locatarios en forma gratuita lo hacen con la intención de que luego esos sujetos cometan desmanes. Ahí tenemos una dificultad probatoria, no tenemos ningún elemento de prueba que acredite que la dirigencia del Club Atlético Peñarol cuando dio entradas o cuando asoció gratuitamente a un conjunto de barrabravas para que pudieran ingresar en forma gratuita lo hicieron con la intención de que esos hinchas cometieran delitos o causaran desmanes. Ahí tengo que seguir el razonamiento probatorio hasta el final: ¿con qué finalidad la directiva de un club hace eso? ¿Con la finalidad de desestabilizar a la AUF?, ¿con la finalidad de desestabilizar la sociedad?
EC —No, aparentemente lo hace o lo ha hecho con la intención de contener a esos grupos. Supuestamente era una especie de transacción: yo te doy entradas y vos mantenés a tu gente tranquila. Pero se va generando un círculo vicioso por el cual después esa gente pide más, reclama más.
JD —Lo que quedó probado en los audios, el que usted pasó y otros –este es grotesco, pero hay otros–, es que estas personas no son hinchas, son delincuentes que viven del fútbol, viven de ser barrabravas. Usted pasó una parte del audio, pero el audio arranca cuando este señor, que está preso, el Coco, le dice a uno de sus laderos, que está afuera: “Yo a vos te tengo bien, te doy para la moto, te doy para que estés bien, pero hace cinco partidos que no veo un peso y la plata que tenía ya se me agotó”. Así arranca, con el líder que le da indicaciones a su subordinado o a su ladero de hacer determinadas cosas porque ya no puede ejercer presión sobre los dirigentes, o lo hace para ejercer presión sobre los dirigentes para obtener beneficios.
Esto es por plata. La única manera de terminar esto es cortar el circuito económico, no darles una entrada, no darles un peso. Los directivos de los clubes tendrán que decidir a quién quieren en las tribunas, si quieren tener a la familia, como se dice en el discurso, o si quieren tener a esta gente. Porque si a esta gente no se le da plata, no se le dan entradas, no se le permite el acceso, se termina el problema.
EC —Vuelvo a la pregunta: si a esta gente, con la historia que tiene, con el prontuario que tiene incluso, se le dan entradas, se le dan otros beneficios, ¿no se está cometiendo ningún delito?
JD —No. El problema es que terminó yéndose de las manos. La hipótesis que la Fiscalía judicializó y que el juez recogió es que esta situación, que empezó como usted dice, se les fue de las manos. Y quedó probado que los hinchas ejercían presión, amenazas, hechos de violencia sobre los dirigentes para seguir obteniendo esos beneficios. Ahí está la extorsión. Ahora, limpiado el plato, sacados los líderes de la barra, yo no quiero escuchar que se les siguen dando entradas.
