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EC —Para terminar de ejemplificar el funcionamiento y la utilidad de la CPI volvamos a la guerra civil en Siria. Tomo para eso una noticia de esta semana, un informe de una comisión de la ONU, divulgado el lunes, que sostiene que el futuro proceso de paz en Siria debe contemplar que se lleve ante la CPI a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han proliferado en ese conflicto. “Cuando la guerra está por ingresar en su sexto año, las atrocidades son omnipresentes y persistentes”, dice el documento. “Las primeras víctimas” siguen siendo los civiles, que son a menudo objeto de ataques deliberados por todos los beligerantes, agrega. De todos modos, los analistas consideran que se trata de una hipótesis poco probable, ya que eso depende del Consejo de Seguridad, que sigue dividido sobre el tema sirio.
¿Puede terminar ocurriendo que la CPI juzgue, por ejemplo, al presidente Bashar Al Asad?
AM —Jurídicamente es posible. Existe un antecedente en el caso de Libia, Libia no es miembro de la CPI, y el Consejo de Seguridad decidió en su momento, por sus razones, enviar el tema de Libia a la Corte y esta inició juicios contra [Muamar] Gadafi y su entorno. El fundamento jurídico es: el Consejo de Seguridad es el Gobierno máximo de la comunidad internacional, Siria es miembro de las Naciones Unidas, por lo tanto si el Consejo toma una decisión es posible jurídicamente esa eventualidad.
EC —Pero hay otro antecedente. En mayo de 2014 hubo un intento que fracasó porque vetaron Moscú y Pekín.
AM —Claro, es una negociación entre los países que tienen capacidad de veto dentro del Consejo de Seguridad. Pero en el caso de Libia se pusieron de acuerdo en la conveniencia. Formará parte de la solución global de este tema; hoy, utilizando experiencia diplomática, ese tipo de declaración forma parte del paquete global de negociación que la comunidad internacional está autorizando para terminar esta guerra atroz.
EC —La nueva presidenta de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi, es argentina y está muy en esta línea. Pero me pregunto si este tipo de declaraciones, este tipo de pronunciamientos no terminan siendo un obstáculo para el proceso de paz, para las negociaciones de paz en Siria. ¿El Gobierno sirio estará dispuesto a firmar, estará dispuesto a avanzar si sabe que puede terminar ocurriendo que sus autoridades sean juzgadas por la Corte?
AM —Sí, puede ser un […], pero puede ser un estímulo, si logra un acuerdo de que el Consejo de Seguridad no trasladaría el tema a la Corte. Puede ser mirado de las dos maneras, un estímulo a negociar y permitir una salida negociada, o enviar el tema a la Corte y que haya una salida jurídica que puede prosperar o no.
EC —Con autoridades estadounidenses hay una larga lista de denuncias sobre delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que podrían aplicarse a acciones llevadas adelante por EEUU en distintas partes del mundo. Una oyente mencionaba al expresidente George Bush. ¿Qué posibilidades hay de algo así? EEUU no firmó el Estatuto de Roma, pero sus autoridades podrían ser juzgadas si el Consejo de Seguridad lo resolviera.
AM —Claro. O si la fiscal recibe suficientes denuncias que piensa que son creíbles, en ese caso puede iniciar un proceso.
EC —¿Lo puede iniciar pese a que EEUU no es miembro?
AM —Lo puede iniciar, sí.
EC —¿Esto es realista, es una hipótesis viable?
AM —Hay un antecedente. Hay una acusación a soldados británicos, un país que forma parte del Consejo de Seguridad, de delitos de lesa humanidad por el uso sistemático de torturas en Irak. La fiscalía está haciendo una investigación al respecto. Para que un caso llegue a la Corte puede haber una denuncia, puede haber una iniciativa o puede haber un traslado del Consejo de Seguridad. Si hay una denuncia, la Fiscalía la estudia y llega a una conclusión, que pasa al Tribunal Preliminar de Jueces, que la estudia y puede determinar que se siga con el caso, y ahí comienza el caso. Lo de los soldados británicos está en esa etapa de investigación de ver si las denuncias encuadran dentro de los delitos.
EC —¿Hay algo similar con respecto a EEUU, hay algo en estudio?
AM —No en mi conocimiento.
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EC —Ha habido un pronunciamiento de la CPI a propósito del alcance de los acuerdos de paz en Colombia.
AM —Sí, ese es un tema interesante e indica la importancia de la CPI, que desde el inicio participó a través de misiones evaluando el sistema de justicia colombiano. A último momento, cuando se conocieron las negociaciones, cuando hubo un resultado de negociaciones en La Habana, la Corte tuvo un pronunciamiento muy importante legitimando esas decisiones, ese proceso de negociación y dando el visto bueno para que avanzaran. Siempre hay un conflicto entre la justicia y la paz. La Corte aplica la justicia, pero para el Gobierno colombiano lo importante es la paz, después vendrá la justicia. Uno debe desenvolverse entre esos dos valores.
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Transcripción: María Lila Ltaif
