EC —Ustedes incluyen un compendio larguísimo de normas que fueron violadas por Sendic. El TOCAF, la Ley Anticorrupción n.° 17.060 y el decreto 30/2003. De todas estas normas, la JUTEP pone más énfasis en el dictamen en la última, que establece las Normas de Conducta en la Función Pública. Se entiende que Sendic violó los principios de probidad, legalidad, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición del uso indebido de fondos, que están contenidos en ese decreto. Es tremendo el listado.
RGI —Para ir a la parte general, hay una zona que es la parte delictiva. Lo tiene la Justicia, que no nos pidió asesoramiento –nos lo podría pedir, pero no lo ha hecho–, nosotros no nos podemos meter ni nos hemos metido en ese tema. No sabemos si hay delito, no nos corresponde decirlo.
Hay un tema de ética partidaria, los partidos políticos tienen sus códigos, tienen sus organismos. En este caso se ha expedido un organismo, respetamos su opinión como una línea paralela.
Pero hay una zona que no tiene que ver con los delitos ni con la ética partidaria, que es lo que los funcionarios públicos tenemos que hacer según las normas, o no podemos hacer según las normas, y la ética y la probidad del funcionario público. Es una zona específica, que no es de los partidos políticos ni de la Justicia. Esa zona es la que decimos que es de la Junta. Tiene que ver con la responsabilidad no ante mi partido político sino ante la ciudadanía, que nosotros ponemos arriba de todo.
EC —Una pregunta bien directa: ¿usted cree que los funcionarios en general conocen esas normas? Me queda la duda. ¿Los que tienen que actuar conocen que el marco es ese?
RGI —Primera cuestión, deberían conocerlo, sobre todo si soy responsable, soy director, soy jerarca, creo que hay obligación de conocerlo. Segundo, creo que en el caso por ejemplo de la JUTEP, que hemos señalado que hay una serie de zonas de actuación que a nuestro entender hay que mejorar, la parte de capacitación es una de las zonas que han trabajado mejor. Sin embargo, muchas veces se ha dirigido hacia funcionarios que ingresan a la Administración Pública; tenemos convenios con el BPS, con la Corporación para el Desarrollo. Estoy viendo que tal vez se requiera una especie de curso intensivo para jerarcas, porque me da la impresión de que hay jerarcas que no conocen […].
EC —A eso iba.
RGI —Eso también contribuye, sobre todo en los directorios, el hecho de que las designaciones no sean de funcionarios de carrera sino del ámbito político-partidario. Lo cual es respetable, no es ilegal, pero genera que muchas veces vaya como gestora de empresas públicas o de organismos públicos gente que no tiene una historia en esto y no lo conoce. Entonces capaz que hay que ponerlo como una etapa previa a asumir cualquier cargo de estos, decir: “Señor, léase estos papelitos, acá dice lo que usted puede y lo que no puede hacer”. Algunas cosas son muy de sentido común. Digamos las cosas como son, para saber que no puedo usar la plata de mi organismo (sea en efectivo, en cheque o tarjeta corporativa) para comprar cosas para mí, no preciso que nadie me dé un curso. Yo tampoco soy funcionario público de carrera, pero nadie me tiene que decir que la plata de la gente, de la ciudadanía y del Estado no es para que yo me compre cosas.
EC —Otra pregunta directa también, personal diría: ¿cuál es la sensación general que a usted le queda sobre la actuación de Sendic? ¿Por qué se comportaba de esta manera? Por ejemplo, María Helena Martínez, que integra el Tribunal de Conducta Política del FA pero que se abstuvo en este caso, comentó hablando con La Diaria que Sendic fue un “inconsciente” pero no un “delincuente”.
RGI —Yo entiendo que en la función que tengo no debo contestar esa pregunta, porque como ciudadano tengo legítimamente una opinión, pero acá estoy en un rol en el que tengo que garantizar que se cumplan las obligaciones formales que tenemos los funcionarios públicos, la ética que debemos tener y no puedo meterme en por qué la gente hace lo que hace. Sinceramente tengo mi opinión, pero no corresponde. Usted tiene todo el derecho a hacer la pregunta, es libre de hacer preguntas y yo soy libre de contestar las que quiero.
EC —Ahora le pregunto a propósito de algunos cuestionamientos que este documento ha recibido en las últimas horas. Por ejemplo, del abogado de Raúl Sendic, Gumer Pérez, se preguntó: “¿Cuándo actúa o no actúa la JUTEP? Si el objetivo es ser un órgano evaluador de conductas de toda la administración y los órganos que integran el Estado, tendría que empezar a pedir rendición de cuentas de gastos a los ministros, a los jueces. No he visto que haga eso”. Este es un sentimiento que está muy extendido en el entorno de Sendic, que lo agarraron a él como “cartón ligador”.
RGI —Es una buena pregunta para aclarar lo que está claro en el informe. Primero, no agarramos a nadie como cartón ligador, no hay ningún pedido de informes a Ancap que hable ni de Sendic ni de ningún director. Salvo uno en el cual preguntamos si el director Sendic estaba de licencia en cierto período, porque nos llamó la atención un gasto en una ropería en La Paloma un 3 de enero. Como en enero en general acá estamos de licencia, le preguntamos a Ancap si estaba de licencia y nos dijo que sí, que en ese momento estaba de licencia. Salvo eso, no hubo ninguna pregunta personal. Nosotros arrancamos con las tarjetas corporativas de todos los directores de un período dado.
Pero es cierto –y lo hablamos hoy ya y lo hablamos la vez pasada cuando estuve acá– que la JUTEP en su historia no ha hecho esto sistemáticamente. También es cierto –yo lo he dicho y lo puede buscar en muchas declaraciones mías– que en este directorio estamos empezando a hacer este tipo de cosas. Pensamos que la JUTEP tiene que empezar a mostrarle a la ciudadanía que hay un organismo de contralor que controla temas vinculados a la ética y a la corrupción.
EC —Se metieron en un compromiso.
RGI —Nos metimos en un compromiso, nos metimos en un baile que nos va a costar. Porque además somos tres gatos locos, tenemos pocos recursos y pocas potestades. Entonces sabemos que no vamos a poder abarcar todos los casos que anden en la vuelta. Ayer alguien me preguntaba si íbamos a intervenir en el caso de un legislador que tuvo un accidente conduciendo alcoholizado…
EC —El caso del diputado Wilson Ezquerra, que está en el tapete.
RGI —Exacto. Yo le di mi opinión personal, porque no lo hablamos en el directorio: que para mí la JUTEP no debería participar en ese caso, porque tenemos cosas más importantes que hacer y ese caso ya está tomado en otros ámbitos. Nosotros vamos a tener que hacer un análisis de riesgos y prioridades para decir: ¿con qué seguimos ahora? ¿Con 40 temas? No, nos da la nafta para arrancar con uno o dos temas, y ya hay varios en la cancha y otros que tenemos en la cabeza nosotros, como el tema de los viáticos o casos recientes como el del intendente de Soriano, por el que también me han preguntado. Tenemos que definir.
Pero decirnos por qué no agarramos a todos los funcionarios públicos de la Administración Central, a todos los directores, todas las tarjetas –que es lo mismo que decir que agarremos todos los pagos, porque la tarjeta es un mecanismo de pago– es la mejor forma de seguir no haciendo nada. La mejor forma de decir “no hagas nada” es decir “hacé todo o no hagas nada”. Es la mejor forma de diluir las responsabilidades para que en el país sigamos haciéndonos trampas al solitario diciendo que la corrupción es un problema de otros. Y cuando lo dicen personas vinculadas a gente que ha sido cuestionada, sospecho que tratan de diluir su responsabilidad y tengo que decirlo.
