Entrevista, lunes 28 de enero: Pablo Rosselli (Deloitte)

El economista lamentó que todos los años se discuta sobre las tarifas públicas sin una mirada de largo plazo; en su análisis, compara las tarifas actuales en términos históricos e internacionales

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EN PERSPECTIVA
Lunes 28.01.2019

EMILIANO COTELO – En los primeros días del año la agenda política estuvo marcada por un nuevo ajuste de tarifas de los servicios públicos.

Desde el gobierno, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo que los incrementos fueron “cautelosos”.

Recordemos, las tarifas de OSE y de supergás subieron alineadas con la inflación: 7,8%. Los otros incrementos anunciados estuvieron por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumo, lo que implicó rebaja en términos reales: la tarifa de Antel aumentó 7%, la de UTE 5,7% y las de Ancap, con excepción del supergás, directamente no tuvieron subas.

Sin embargo, desde la oposición hubo varios dirigentes que entendieron que había más margen para bajar las tarifas de Ancap y UTE por una disminución en los costos de producción de ambas empresas. Por ejemplo, el senador nacionalista, Álvaro Delgado sostuvo que el gobierno no está trasladando la baja en los costos hacia los consumidores porque busca abatir el déficit fiscal utilizando las tarifas públicas.

Mientras la discusión transcurría en las redes y en los medios, el economista Pablo Roselli pidió “un debate serio” sobre este tema en el próximo gobierno. Roselli además, lanzó una serie de preguntas en Twitter: “¿Cómo fijar las tarifas públicas de un modo transparente y que exija eficiencia a las empresas? ¿Lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo o las agencias reguladoras? ¿Cuánto tienen que ganar las empresas públicas dado todo el capital que el Estado tiene invertido en ellas?”

Vamos a intentar darle respuesta a estas preguntas en los próximos minutos, junto al economista Pablo Roselli.

Pablo, buen día, gracias por acompañarnos.

Buen día, Emiliano.

Son unas cuantas preguntas, pero empecemos por la más básica. El ajuste de tarifas del mes de enero, ¿cómo lo viste?

Tenemos ajustes de tarifas todos los años, y todos los años discutimos más o menos las mismas cosas. La verdad es que el ajuste de combustibles, o la decisión de no bajar los combustibles y tampoco subirlos, es una decisión controversial, porque habíamos visto una caída fuerte del petróleo en el último tramo del 2018 y estaba la pregunta de cuánto se tenía que trasladar de esa caída hacia los consumidores. Pero obviamente el Gobierno tiene un trade-off ahí…

¿Un trade-off…?

Un dilema. Es un dilema porque por supuesto que podía bajar más los combustibles pero tiene una situación fiscal complicada. En realidad el petróleo bajó 25% desde aquellos US$ 85 que vimos en octubre hasta los US$ 60 que vemos actualmente. Pero la verdad es que los números de Ancap no habrían resistido si el petróleo no bajaba de los US$ 85 dólares. Entonces, esa comparación, a nuestro juicio, es poco relevante. Los números de Ancap se venían deteriorando hasta que comenzó la caída de precios. De hecho, hasta octubre, el resultado de caja de Ancap, antes de considerar inversiones, acumulaba un deterioro que según nuestros cálculos, apuntaba a US$100 millones al cabo de un año. Cualquier decisión iba a ser controversial, máxime que estamos entrando en la campaña electoral.
En el resto de las empresas públicas, las tarifas subieron algo menos que la inflación, como mencionabas recién tú. La realidad es que en Uruguay tenemos una inflación relativamente importante y los precios de todas las cosas suben al cabo de un año. Los costos de las empresas también suben, y es lógico que las tarifas reflejen esa realidad y se ajusten.

Ahora, muchos sostienen que la comparación con la inflación no es lo relevante porque lo que importa en todo caso es cuáles son los costos de las empresas públicas, no la variación del IPC.

Está claro que el IPC no es una medida exacta de los costos de las empresas, pero es una referencia suficientemente buena para la discusión que se suele dar en Uruguay. Los costos de las empresas ¿qué son al final del día? Son salarios que subieron más que la inflación. Son insumos, que pueden estar bastante asociados al dólar – el año pasado el dólar subió más que la inflación-. Son insumos que pueden estar más bien atados a la propia evolución del IPC, si los proveedores ajustan a las empresas por IPC. Pero es inevitable, y debería ser bastante evidente, que si todos los años tenemos una inflación de 7% u 8%, las tarifas deberían ajustarse más o menos todos los años, salvo que haya caídas importantes en los costos. En el caso de Ancap, claramente hubo una reducción muy fuerte del petróleo, y como decíamos recién el Poder Ejecutivo decidió no ajustar en pesos el combustible. Pudo haberlo bajado, sí, pero también está la restricción fiscal, y como comentaba antes esta iba a ser una decisión controversial en cualquier caso. Pero lo que sí me parece que tenemos que marcar es que tomar como referencia US$ 85 de octubre no es razonable. Con el petróleo a US$ 85, las tarifas de Ancap se deterioraban rápidamente.

De todos modos, Pablo, hay una percepción de que las tarifas en Uruguay son caras…

Es cierto, pero tendríamos que separar las discusiones, porque una cosa es discutir si las tarifas están caras, porque si están caras lo que tendríamos que prever es que de alguna manera el Poder Ejecutivo implemente una reducción, entre comillas, por única vez, para adecuarlas a un valor razonable. Otra cosa es discutir después cómo se actualizan las tarifas en un país que tiene una inflación relativamente alta. Ahí cabe una pregunta: ¿Por qué es que sistemáticamente reservamos la discusión de si las tarifas son caras para la última semana de diciembre y la primera semana de enero? En mi opinión, esto de discutir una vez al año por un par de semanas el tema de si las tarifas son caras o no parece una señal de que estamos realmente abordando muy mal toda la temática relativa a las empresas públicas.

Sí, la estamos abordando con una mirada de corto plazo, hay ruido, y después nos olvidamos, ¿no? Una cosa así.

Sí, y además es una discusión que todos los años se repite.

Sí, vamos a cómo sería esa discusión inmediatamente. Pero antes, ¿están caras las tarifas? ¿Cómo se puede evaluar eso?

Para ordenar esa discusión primero tendríamos que acordar una referencia de comparación. Cuando decimos que las tarifas están caras: ¿Están caras frente al pasado? ¿Están caras frente a los salarios? ¿Están caras frente a otros países? Si miramos una perspectiva a largo plazo, si tomamos por ejemplo el 2010, las tarifas han bajado en términos reales. Las de Antel han bajado un 40% más o menos. En todo el mundo las tarifas de telecomunicaciones se han abaratado enormemente, digamos, Uruguay no es una excepción. El Gasoil ha bajado 30% en términos reales; la nafta mucho menos: ha bajado 5%; las tarifas de electricidad han bajado 15% en términos reales.

¿Esas son todas bajas en términos reales desde 2010?

Tomando más o menos el 2010, números redondos. La excepción que tenemos en esa perspectiva es OSE, que subió el 10% porque hubo un ajuste en el 2017. Por otro lado, los salarios subieron términos reales, eso quiere decir que las tarifas se han abaratado todavía más en relación a los salarios. Con esto no queremos negar que haya muchos ciudadanos que piensen que las tarifas son caras en relación a sus propios ingresos, sobretodo sus ingresos son bajos, y hay muchos ciudadanos que tienen ingresos bajos en Uruguay. Pero a la generalidad de los casos, las tarifas son menos caras en relación a los ingresos que lo que eran antes.

¿Y qué pasa en la comparación internacional?

En algunos casos son caras. En otros casos no lo son, y lo más interesante es que en otros casos ni siquiera lo sabemos con certeza, porque nos falta información sobre ese tema. Con la información que tenemos rápidamente disponible en Uruguay, podemos comparar costo de combustibles y podemos comparar tarifas de energía eléctrica. En cambio, nos falta información sistemática, bien computada, para comparar otras tarifas a nivel internacional. Este es otro indicador más de las falencias que tenemos, porque tenemos permanentes discusiones sobre tema tarifas, y no es fácil comparar tarifas de servicios de comunicación.

¿Y cómo se comparan a nivel internacional entonces las tarifas de combustibles, y las tarifas de electricidad?

Bueno, en el caso de los combustibles tenemos la referencia que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Electricidad y Agua (URSEA), que es la Paridad de Importación.

Aclaremos qué es la Paridad de Importación.

Es un cálculo que hace la URSEA de cuánto costaría poner en un surtidor de nafta en Uruguay el combustible, si el combustible fuera importado, respetando todos los costos e impuestos que están después de Ancap.

Entonces, ¿qué pasa cuando se considera la Paridad de Importación de la URSEA?

Cuando tomamos el promedio del 2018, el gasoil estuvo 14% por encima de la paridad de importación, en el promedio del año, y la nafta estuvo 11% por encima. El sobrecosto que tenemos en el gasoil se redujo enormemente en el 2018, porque en los tres años previos, ese sobrecosto estaba en torno de 45%. ¿Por qué se redujo? Porque Ancap no trasladó la suba del petróleo hasta el pico de US$ 85 que habíamos visto en el transcurso del 2018, ni trasladó toda la suba del dólar que vimos en 2019. Pero está claro que en Uruguay los combustibles son caros en términos absolutos en cualquier comparación internacional.

¿Y por qué son caros?

Ahí hay varios factores. Por un lado, tenemos impuestos altos a los combustibles. Los impuestos no afectan este cálculo de la Paridad de Importación porque también los considera la Ursea, pero es uno de los factores por los cuales los combustibles son caros. En Uruguay tenemos muchos impuestos sobre los combustibles. Aquí hay otra vez un dilema, o un trade-off, entre dos objetivos que tiene la política económica. Por un objetivo de eficiencia, no deberíamos poner impuestos excesivos a los combustibles, o no deberíamos poner muchos impuestos a los combustibles. Pero gravar los combustibles tiene un efecto progresivo en la distribución del ingreso. Hay países que gravan mucho los combustibles, como Uruguay, y hay países que no los gravan con muchos impuestos; un ejemplo típico es Estados Unidos. Pero inclusive dejando de lado la discusión de los impuestos, si volvemos a lo que nos dice la Paridad de Importación que calcula la URSEA, en Uruguay tenemos combustibles caros porque tenemos ineficiencias en Ancap. El sobrecosto en relación a importar el combustible, el año 2018, implicó prácticamente 290 millones de dólares que los consumidores de combustible tuvieron que pagar por encima de lo que había sido la Paridad de Importación.

O sea que los combustibles, en la comparación internacional, son caros incluso antes de impuestos.

Antes de asumir que en Uruguay les ponemos muchos impuestos. Ese sobrecosto fue de US$ 290 millones en 2018, la mitad lo absorbieron los consumidores de nafta; la mitad lo asumieron los consumidores de gasol. En el 2017 y en el 2016, ese sobrecosto había estado entre 450 y 500 millones de dólares. Es decir, bajó significativamente ese sobrecosto en 2018, con lo cual uno podría decir en 2018 este problema no se agravó respecto de los que veníamos observando.

Tenemos por un lado entonces ineficiencias en Ancap…¿Qué más?

Además, también es muy cara la distribución y comercialización de combustibles que no es una actividad monopólica de Ancap. En definitiva, es muy caro, lo que nos cuesta conjuntamente la actividad que desarrollan las empresas distribuidoras, los sellos, las empresas que transportan los combustible desde las terminales de Ancap hasta las estaciones de servicio (los fleteros) y la actividad que realizan las estaciones de servicio.

Tú decías, es muy cara la distribución y la comercialización. ¿Podemos dar algún número?

Sí, el año pasado para un trabajo que estuvimos haciendo en Deloitte, observamos que es más cara que en muchos países si comparamos Chile, por ejemplo, que es una referencia que habitualmente nos gusta hacer. En Uruguay, en 2017, esa actividad costaba el doble que en Chile. No es obvio que tengamos que quedarnos con esa comparación. pero acá también tenemos sobrecostos importantes, y si tomamos como referencia a Chile estos sobrecostos son tan importantes en el mismo orden de magnitudes que los sobrecostos que tenemos en Ancap por las ineficiencias. Y, sin embargo, esta parte de ineficiencia -la cadena de combustibles- está prácticamente ausente en la discusión política.

Y siguiendo con la comparación internacional, vayamos ahora a las tarifas de electricidad: ¿cómo están?

Bueno, ahí podemos tomar las cifras que compila desde hace tiempo SEG Ingeniería, que nos da referencia para la región. En Uruguay, la energía residencial, la energía que pagamos los consumidores, es inequívocamente muy cara. En Uruguay tenemos una tarifa de US$ 265 por megavatio. En Chile, tenemos US$ 175 dólares, en Brasil, US$ 200 dólares. Cuando miramos la energía industrial, la referencia que nos da SEG, que es una tarifa industrial de media tensión, nos marca que la tarifa es igual, no mayor, a la que tenemos en Chile, y a la que tenemos en Brasil: en torno a US$ 120 dólares por megavatio. En cambio, si miramos a Argentina y Paraguay, en esos dos países la energía es notoriamente más barata que estas otras referencias que estamos teniendo. Pero cuidado, porque no es tan fácil comparar tarifas de energía y concluir que cualquier diferencia obedece a problemas de ineficiencia: que la energía en Uruguay o en Chile sea más cara que en Paraguay o Argentina, no implica necesariamente que en Chile o en Uruguay seamos tanto más ineficientes. Solo una pequeña parte de la energía se puede importar o exportar, y entonces, las características de cada sistema eléctrico pueden jugar un rol importante. Por ejemplo, Paraguay se beneficia de tener una enorme generación con las represa de Itaipú.

Una última consulta a propósito de las tarifas eléctricas. El desarrollo de las energías renovables abrió en su momento la expectativa de que vendría un abaratamiento. Aparentemente eso no se cumplió. Sobre ese punto, ¿qué decís?

La realidad es que la comunicación de toda la transformación de la matriz energética en Uruguay generó expectativas completamente desmedidas. Además vimos promesas electorales en 2014 de rebajas futuras de la energía eléctrica que eran completamente incumplibles.

¿A cuáles estás aludiendo?

Recuerdo, por ejemplo, la que hizo en su momento el ministro de Industria Roberto Kreimerman, que si recuerdo bien, había mencionado que estábamos próximos a tener una rebaja del orden del 30% en la tarifa eléctrica, cuando en realidad el costo de generación es un pedacito del costo total. De hecho, la mayor parte del costo de la energía eléctrica no es el costo de generación, sino el costo de transmisión y distribución. El costo de hacer llegar la electricidad a cada punto de consumo es mayor que el costo promedio de generación. La expansión de las energías renovables nos permitió satisfacer una demanda creciente a costos de generación más bajos que los costos que habríamos tenido con energía térmica, sin esa generación de renovables. Recordemos que cuando empezó el cambio en la matriz energética el petróleo estaba en torno a los US$100. Hubo ahorros, de hecho, mencionamos más temprano, las tarifas bajaron en términos reales en esta década. Pero en su momento la comunicación estaba enfocada en que las renovables serían mucho más baratas que las energías térmicas generadas con petróleo a más de US$100. El petróleo hoy no vale US$ 100, y la realidad es que habríamos tenido que subir las tarifas si nos hubiésemos quedado con una matriz de energía térmica a US$100 el petróleo.

Creo que hemos avanzado bastante en el examen de las tarifas públicas, lo que hay detrás de ellas, los criterios de ajuste, etcétera. Ahora, en esos tuits que publicaste en el mes de enero, hacías un planteo muy crítico sobre cómo estamos discutiendo estos temas en Uruguay.
Queda pendiente la pregunta: ¿Cómo deberíamos redondear la discusión en torno a las tarifas públicas en el futuro? ¿Por dónde te parece que habría que empezar, por ejemplo?

Tendríamos que empezar por los objetivos de las empresas públicas. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas públicas? Uno debería decir: las empresas públicas deben proveer los bienes y servicios que se dedican a producir con la calidad adecuada a precios de eficiencia, y deberían asegurar la cobertura de su oferta en todo el territorio. Esos son, o deberían ser, los objetivos esenciales de las empresas públicas. Está claro que a las empresas públicas les tenemos que exigir mucha más eficiencia. Pero usualmente sucede que a las empresas públicas les pedimos muchos más objetivos.

Ese es un buen punto: ¿Qué les pedimos, por ejemplo?

Por ejemplo les pedimos que generen empleo. Que generen empleo en Bella Unión porque es un área desfavorecida en Uruguay…

O sea que hagan una política social, entre comillas.

Llamémosle social o de promoción, pero un objetivo que no es de una petrolera. Que produzcan biocombustible, aunque sabemos que el biocombustible es en todos los lugares del mundo más caro que el petróleo. Además, les pedimos que apoyen a sectores en problemas. Por ejemplo, tenemos en enero de este año la rebaja de la tarifa eléctrica para 115.000 PYMES. Tenemos un fideicomiso de gasoil que hace que los que consumen gasoil, incluye a los sectores productivos, paguen un sobreprecio para bajar el boleto de transporte en Montevideo. También les pedimos que nos ayuden con objetivos macroeconómicos.  A veces les pedimos a las empresas que nos ayuden a controlar la inflación, entonces subimos poco las tarifas, y a veces a corregir el déficit fiscal, y entonces subimos mucho las tarifas. Les pedimos otros objetivos de desarrollo, entre comillas, definidos muy vagamente, que derivan en inversiones cuestionables, por no decir francamente inconvenientes. Tenemos Ancap, que produce biodiesel. Y tenemos una ley de biocombustible que en los hechos puso a Ancap a producir biocombustibles que, si recuerdo bien, fue aprobada con votos de todos los partidos. Entonces tenemos que las empresas públicas tienen una multiplicidad de objetivos. Eso hace que sea muy difícil que nos pongamos de acuerdo en si las empresas públicas están haciendo bien o mal su trabajo. Hay tantos objetivos, que todo el mundo puede alegar que alguno de esos objetivos se están cumpliendo de algún modo, pero además se diluyen los incentivos que los directores y los gerentes tienen para buscar la eficiencia de las empresas públicas, porque hay tantas otras cosas que uno puede decir que están haciendo bien, aunque no esté entregando servicios a precios de eficiencia, que se diluyen esos incentivos. Entonces, en mi opinión, lo primero que hace falta es clarificar bien los objetivos de las empresas, y por cierto después tenemos que discutir cómo regular mejor la actividad de esas empresas.

Otro de los temas que planteabas en aquella serie de tuits justamente era cómo regular las tarifas. ¿Qué podemos decir en ese capítulo?

Ahí el primer elemento que parece esencial, en mi opinión, es reducir la discrecionalidad que de toda la vida ha tenido el Poder Ejecutivo en el manejo de las tarifas, que como decía, pueden perseguir objetivos de inflación, pueden perseguir objetivos de reducción del déficit fiscal, según el momento. Ese manejo discrecional de las tarifas está teniendo efectos muy negativos. Socava, por un lado, la legitimidad que la ciudadanía designa a la gestión de las empresas públicas. Cuando las tarifas se mueven por cosas que no tienen que ver con la evolución de los costos de las empresas, una parte de la ciudadanía se enoja con eso, lógicamente. Además, como decía recién, diluye los incentivos a la eficiencia. En definitiva, las empresas pueden operar con costos más altos porque hay una solución fácil, que será la tarifa más alta. Debemos reducir la discrecionalidad. Tendríamos que tratar de introducir más competencia en los sectores donde eso es posible. En electricidad y en agua potable es muy difícil, pero en combustible es posible. Podríamos, en un extremo, tener libre importación de petróleo refinado. Es una posibilidad compleja, es compleja la transición desde la situación actual a una situación de libre importación, pero no hay duda a nuestro juicio que deberíamos tener mucha más competencia de la que tenemos hoy en lo que es comercialización y distribución, que mencionaba, es una parte de la cadena de combustibles que funciona también con mucha ineficiencia. Mientras la competencia sea insuficiente, como de hecho es actualmente, deberíamos tener un regulador independiente del Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo, que fije las tarifas. Las tarifas deberían fijarse con vistas a que los precios reflejen condiciones de eficiencia, lo más comparables a las referencias internacionales relevantes. Eso, en mi opinión, pondría mucho más incentivos en las empresas para que estas sean eficientes.

-Pablo, otra discusión que aparece siempre se refiere a lo que ganan las empresas públicas y lo que vierten a rentas generales. ¿Cómo hay que considerar este punto?

Ese es otro punto central porque en el debate político permanentemente encontramos opiniones según el caso que dicen “Bueno, las empresas podrían bajar la tarifa”. Pero no nos dice cuánto menos ganaría la empresa. “La empresa está en condiciones de bajar el precio”, pero… ¿cuánto menos va a ganar? Y la realidad es que hay muchas personas que piensan que las empresas públicas no deberían ganar dinero, o no deberían ganar mucho dinero. Pero si las empresas no ganan dinero, no son viables. Las empresas deben ganar dinero, en primer lugar, para hacer las inversiones que necesitan para ir atendiendo la expansión de la demanda. Más aún, si fueran privadas, no duden que ganarían dinero. El tema es que tienen que ganar dinero cobrando precios razonables. Tienen que ganar dinero con costos eficientes, pero esta discusión la resolveríamos, o la empezaríamos a resolver, si nos decidiéramos a encomendar la regulación de las tarifas a un regulador independiente que pusiera una dirección de precios de eficiencia. Pero además no deberíamos perder de vista que el Estado tiene mucho dinero invertido en las empresas públicas.

– Cuando decís “el Estado”, estás diciendo “la sociedad uruguaya tiene mucho dinero invertido en las empresas públicas”.

Sí, los contribuyentes. UTE tiene un patrimonio de US$ 4.600 millones. Ancap tiene un patrimonio de US$ 780 millones de dólares. Antel tiene un patrimonio de US$ 1.300 millones. Estas tres empresas conjuntamente tienen un patrimonio de US$ 6.700 millones. Y la realidad es que el Estado uruguayo tiene deuda, digamos. No es que todo este patrimonio apareció de la nada. Se fue construyendo a lo largo de la vida de las empresas, pero hoy el Estado uruguayo tiene una deuda pública importante, y por esa deuda pública paga entre 4% o 5% anual.

-¿Estás hablando de deuda relacionada con esas empresas…?

No, la deuda del Estado como accionista. Las empresas tienen su deuda y pagan los intereses desde su propio negocio, pero el Estado como accionista tiene invertidos US$ 6.700 millones en las empresas públicas. Y el Estado tiene un nivel de endeudamiento importante, por el cual paga 4% o 5% anual. Si las empresas públicas ni siquiera le rindiesen 4% o 5% sobre el patrimonio, no deberíamos pensar que el Estado está sacando dinero de las empresas públicas, sino más bien que lo está poniendo, porque ni siquiera logra pagar intereses de deuda con su propio patrimonio. Pero más importante que ese cálculo, que es como de súper mínima; si las empresas públicas no ganaran 4% o 5% estaríamos haciendo las cosas muy, muy mal. La realidad es que el Estado tiene recursos escasos. El Estado no tiene dinero para hacer otras inversiones que serían muy beneficiosas para el país y no las hace porque no tiene recursos suficientes. Por ejemplo, el Estado no ha invertido en la erradicación de los asentamientos. No ha invertido en construcción de recintos penitenciarios que sean de la debida calidad. Nos falta construir centros educativos en barrios de contexto crítico. Tenemos problemas en carreteras…La lista podría seguir. Entonces, no tiene sentido en mi opinión, que pensemos que todo ese patrimonio invertido en las empresas públicas no debe reportar una utilidad razonable, siempre que sea obtenida con precios razonables y con costos de eficiencia. Tenemos que discutir, entonces, qué niveles de rentabilidad tienen que tener las empresas públicas.

– Y para ir terminando, Pablo, ¿cuánto ganan hoy las empresas públicas?

Es importante que hayas dicho “hoy”, porque cuando uno mira en la historia los últimos diez, quince años, la rentabilidad en las empresas ha fluctuado mucho, justamente porque ha habido momentos donde la prioridad ha sido bajar la inflación, que las tarifas fueran más baratas, y ha habido otros momentos más recientes donde la prioridad ha estado más por el lado fiscal. Si miramos los últimos balances auditados, que son del 2017, UTE ganó US$ 500 millones, en números redondos. Eso es un 11% de su patrimonio. Ancap ganó US$ 65 millones; eso es un 8% del patrimonio; y Antel ganó US$ 130 millones de dólares, eso es un 10% del patrimonio.

– ¿Cómo son esas ganancias?

Son rentabilidades razonables pero en ningún caso son elevadas. Ningún accionista privado se conformaría con ganancias del 10% sobre el patrimonio. No estamos ante una situación de ganancias elevadas o elevadísimas de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen que tener objetivos claros de rentabilidad. Esas rentabilidades tienen que obtenerse con precios razonables fijados por un regulador independiente que ponga incentivos a las empresas para que estas sean eficientes. Las empresas públicas tienen que tener una política clara de reinversión de parte de la utilidad que generan anualmente, y tienen que tener una política clara de distribución de dividendos a rentas generales. Lo lógico sería que todos los años las empresas distribuyeran dividendos a rentas generales. Y, sin embargo, cuando uno mira las discusiones, cada vez que una empresa pública transfiere utilidades a rentas generales, suele ser visto más bien con ojo crítico. Como si fuese algo malo que la empresa le transfiriera utilidad a su accionista.

-Claro, depende de cuánto se le exija que vierta…

Sí, pero sobre una rentabilidad razonable de 10% es bastante lógico pensar que la mitad, por lo menos, sea una distribución de dividendos. Por supuesto que eso también depende del plan de inversiones de las empresas. Pero lo lógico es que en ausencia de inversiones muy grandes, las empresas deberían transferir utilidades. En definitiva, en mi opinión carece de todo sentido discutir las tarifas de las empresas públicas sin analizar si las tarifas públicas están obteniendo una rentabilidad adecuada. Porque bajar las tarifas a expensas de una rentabilidad a la postre insuficiente, a expensas de que no contribuyan a rentas generales, a expensas de que después el Estado no haga inversiones que son fundamentales – porque además, siempre el hilo se corta por el lado más corto que es la inversión. Cuando no hay dinero se corta la inversión. Eso no es una buena política pública, es solamente una política que cae bien, que es simpática.

-Bueno, Pablo, creo que has volcado una cantidad de datos y de reflexiones que enriquecen, de aquí en adelante, la polémica a propósito de las tarifas públicas, qué hay detrás de ellas, cómo deben fijarse los ajustes… Por supuesto que el tema daría para bastante más, pero por hoy me parece que ha sido suficiente.

Hay toda otra discusión a propósito de la gobernanza de las empresas públicas, ¿no?

Sin duda eso debería ajustarse. En este formato de precios fijados por un regulador independiente, con tarifas que apunten a precios de eficiencia basados en comparaciones internacionales, hay pocas razones para no pensar que los directores sean administradores profesionales de empresas que no tengan ninguna participación en la actividad política. Ese debería ser, en mi opinión, el enfoque de futuro.

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Transcripción: Candela Stewart

Gastón González

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