Entrevista, miércoles 20 de marzo: Bernadette Minvielle

EC —Sí es correcto que solo 3 % van a juicio oral.

BM —Exactamente, eso es lo que tenemos, según nuestras estadísticas.

EC —Y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, declaró en el semanario Búsqueda que “modificar el nuevo sistema y excluir algunos casos de la posibilidad de juicio abreviado, que es algo de lo que se está debatiendo, provocaría el colapso del sistema”. ¿Cómo vio un planteo como ese?

BM —Me lo dijo personalmente: “Si tenemos que llevar todas las rapiñas a proceso oral, colapsamos”.

EC —Eso vino, por ejemplo, a partir de lo que dijo su colega el doctor Chediak, el ministro de la SCJ.

BM —No lo escuché, no tengo tiempo para escuchar todos los programas, lamentablemente.

EC —Chediak opinó hace unos días que se podría establecer que la posibilidad de juicio abreviado correspondiera solo a delitos con una pena mínima de tres años de penitenciaría. Esto haría que rapiñas simples y agravadas debieran ser procesadas obligatoriamente mediante juicio oral y público.

BM —Respecto a la rapiña simple no tengo una posición tomada, no tengo una posición tomada respecto de nada. Me parece que la rapiña agravada, que es la que ocurre cuando intervienen más de dos personas, hay uso de armas, penetración domiciliaria, de hipótesis ya graves: la señora que está manteniendo el almacencito y le entran tres tipos armados, “dame todo que te quemo, que te quemo, que te quemo”. No la queman nada, por suerte y a Dios gracias, y después les imponen una pena y la señora no puede protestar y se queda con gusto a poco porque no tuvo tiempo a expresarse. El proceso penal tuvo el proyecto aquel que tuvo muchas modificaciones, tuvo muy poca difusión.

EC —Sí, el doctor Óscar Sarlo marcó eso en una Tertulia de los Viernes hace poco como un defecto, como un problema serio.

BM —Exactamente.

EC —Se implantó el nuevo CPP, pese a que tuvo mucha discusión en el Parlamento, sin hablarlo con la sociedad.

BM —Exactamente. Pero en lo poco que se habló a la sociedad se habló de un proceso público, de un proceso oral, de un proceso con mayor transparencia, en el que iba a tener participación la víctima. Se habló de todo eso y ahora nos encontramos con que la realidad se nos dio vuelta, porque de esos cinco institutos que le dije que quedan a discreción del juez no se hablaba, los teníamos en el Código, no eran desconocidos, pero nunca se dijo “vamos a hacer hincapié en esos cinco institutos porque si no colapsamos”.

EC —Cuando el fiscal de Corte dice “colapsamos”, se refiere a la estructura que tiene por ejemplo la Fiscalía, que no daría abasto si hubiera una proporción mayor de casos que fueran a juicio oral y público.

BM —No entiendo por qué; podemos pensar en un proceso abreviado para delitos de menor envergadura, podemos hablar de un proceso extraordinario para los casos en que hay violencia, porque uno de los males que está sufriendo nuestra sociedad es la violencia. Pero no solamente la violencia del que usa el arma, la violencia en ciertos barrios, sino la violencia que vivimos continuamente en la calle. Tenemos que dar un mensaje, no podemos dar un mensaje ni de tortas fritas ni de no te acerques a un cajero.

EC —Está aludiendo a algunas de las penas que se han conocido.

BM —Sí, pero no para desmerecer, sino porque me parece que tampoco los fiscales estaban “aceitados”, no tenían la experticia necesaria para afrontar un proceso abreviado. Porque este tema del proceso abreviado es algo universal, viene del derecho americano, que ya tiene casi 200 años de aplicación.

EC —La síntesis es que para que no haya juicio oral y público, para abreviar las cosas, en caso de que el inculpado, el sospechoso, confiese, se le aplica una pena menor de la que en principio iba a tener si todo funcionaba bien en el largo proceso.

BM —Claro, pero funciona, primero, porque los estadounidenses tienen mentalidad diferente de la nuestra, ellos son muy utilitaristas y pragmáticos, vienen de una experiencia ya muy larga, más que centenaria. Nosotros no somos así, pertenecemos al modelo continental europeo, donde el proceso abreviado también se aplica, pero mucho más acotadamente que en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy por hoy el proceso abreviado está siendo muy discutido, por lo que he leído, porque los fiscales hacen realmente extorsiones a los inculpados: falsean pruebas, les dicen que si van a juicio les van a pedir no sé cuánto de pena, tienen una posibilidad de falsear que aquí no tienen. Pero me da la impresión de que en el Uruguay se está partiendo de una base de pena muy baja para que el defensor me acepte y así no tener que ir a un proceso oral. Eso causa mal, porque la investigación está a cargo del Ministerio Público y así debe ser porque estamos en un proceso acusatorio, no lo ponemos en discusión. Pero en el juicio el Poder Judicial quedó pintado. Y además de que en el juicio no tiene prácticamente participación, en esos acuerdos que se hacen entre Fiscalía y defensa ya se pacta cómo se va a cumplir la pena, tanto de prisión efectiva –o sea que no me vas a poder pedir ningún instituto de libertad anticipada ni pienses en redimir ni nada– y tanto de libertad vigilada. Entonces los jueces en la ejecución, que le corresponde al Poder Judicial, resultan nuevamente pintados.

EC —¿Usted está eximiendo de responsabilidad en buena parte de estas situaciones a los jueces?

BM —No, no, no. Creo que los jueces tienen que ser mucho más proactivos en todo lo que se refiere a las garantías, vamos a trabajar sobre eso. Hay jueces que ya son proactivos –depende mucho de la personalidad del juez–, pero hay otros que dicen “viene con este acuerdo, homologo, me lavo las manos”.

EC —Hay que cambiar la actitud de los jueces.

BM —De algunos jueces, sí.

EC —Esa es una de las primeras medidas a tomar.

BM —Sí. Hay que cambiar también el proceso abreviado tal como lo tenemos; me parece, lo vamos a discutir en el ámbito de la comisión. Vamos a escuchar a Díaz, vamos a escuchar sobre su colapso, porque el colapso también lo tenemos en los procesos de 1980, llenos de papeles, pero detrás de esos papeles hay personas que están presas o con una causa abierta que les dificulta obtener el certificado de buena conducta, salir del país. Sobre eso no se está haciendo nada, y ahí sí que hay un colapso ya manifiesto.

Gastón González

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