Entrevista, miércoles 4 de julio: Jorge Chediak

EC —El doctor Jorge Chediak ingresó al Poder Judicial en julio de 1978 como juez de Paz en la ciudad de Juan Lacaze, en Colonia. Integra la SCJ desde 2009, ha sido presidente en tres años ya, ahora la presidenta es la doctora Elena Martínez, y él continúa como ministro de la corporación.

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EC —El proyecto de ley de rendición de cuentas está a estudio del Parlamento. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en particular? ¿Cómo queda en cuanto a necesidades, recursos?

JC —Estamos haciendo un planteo que ha resultado costoso sobre todo por la necesidad de implementación de la ley 19.580. (Fíjese que ya vamos hacia 20.000 leyes, no le hemos hecho caso a Cervantes cuando en El Quijote ponía en palabras de su personaje principal aquel consejo a su escudero cuando iba a gobernar la Ínsola Barataria: “Pocas, pragmáticas, pero buenas”. Pocas normas, pero buenas. Ya vamos para 20.000 normas.) Pero esta compleja y muy ambiciosa norma de la Ley de Violencia contra la Mujer Basada en Género nos infló mucho, nos elevó mucho las aspiraciones presupuestales.

EC —La ley que se promulgó a fines del año pasado y que provocó malestar en su momento en la SCJ porque se le lanzaba al Poder Judicial un fardo pesado de reformas y de trabajo sin que hubiera recursos para ello justo en momentos en que se estaba comenzando la implementación del nuevo CPP.

JC —La oportunidad no era la mejor y además es muy curioso, los eventuales costeos se empezaron a pedir cuando la norma ya estaba implementada. Compramos el automóvil primero –como hijo de vendedor de autos me gustan las analogías automovilísticas– y preguntamos cuál era el precio después. Y realmente hemos tratado de ajustar los números a la baja lo más posible, nuestros distintos servicios, nuestra comisión de implementación de la Ley de Violencia contra la Mujer Basada en Género, que es muy parecida a la que trabajó en el CPP, trató de ajustar de la mejor manera los números, pero terminan siendo importantes.

EC —Ustedes piden $ 943 millones anuales para atender las disposiciones de esta ley.

JC —No anuales, hay $ 208 millones por una sola vez para las adecuaciones de locales e infraestructura, pero obviamente sí los cargos, entre los que predominan los cargos técnicos, porque es necesaria la apoyatura técnica para hacer exámenes de riesgo en 72 horas y apoyatura de la defensa para las futuras víctimas de estos aberrantes hechos, eso tiene un costo muy importante, sobre todo en el interior del país. Tenemos la posibilidad de transformar una cantidad de cargos o muchos cargos, los juzgados letrados de violencia doméstica, algún juzgado de familia simple, quizás algunos de los juzgados de menores, incluso a lo mejor un par de juzgados penales de Montevideo, pero esa situación es exclusivamente de Montevideo.

EC —Recordemos qué es lo que prevé la ley en ese sentido, ¿qué pasa con los juzgados?

JC —La ley prevé que existan los juzgados de violencia de género donde la problemática integral asociada se resuelva, donde se resuelva la situación inmediata de las víctimas de la violencia de género, se tomen las medidas cautelares de protección inmediatas, que pueden llegar incluso a la expulsión del hogar conyugal aunque el propietario de ese hogar sea el hombre agresor; la colocación de dispositivos de seguimiento, las famosas tobilleras, medidas de restricción, y, entre otras cosas, la resolución de los regímenes de pensión alimenticia, de guarda, de visitas, la situación integral de la parte familiar de esa problemática, agregándole la resolución en ese mismo juzgado de los temas penales, de los eventuales delitos que se puedan haber cometido.

EC —Hay que crear juzgados especializados.

JC —Con una competencia mucho más amplia que la que hoy tenemos en nuestros juzgados especializados, porque de alguna manera unifica competencias que hoy están en los juzgados de violencia doméstica, algunas en los juzgados de familia y otras en los juzgados penales. De allí la necesidad de transformar juzgados donde se puede, que es exclusivamente en Montevideo, y de crear juzgados en el interior de la República, porque la mayoría de nuestros juzgados están muy exigidos. La propia implementación del CPP –que hicimos al costo más bajo posible, porque además era nuestra obligación, llevamos los números a la baja en tres oportunidades para hacerla posible– estiró enormemente nuestras posibilidades de creación adicionales.

Además, en ocasión de la presidencia del doctor Ricardo Pérez Manrique estábamos en una situación muy comprometida con relación a nuestros gastos de funcionamiento, porque no hemos recibido refuerzos presupuestales excepcionales y nuestro presupuesto de base sigue siendo el presupuesto del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, entonces a partir de allí hemos equilibrado nuestros gastos de funcionamiento y nuestros gastos totales con una política muy estricta de no ingreso de funcionarios. Estamos en una política muy restrictiva ya hace más de dos años en el ingreso a las vacantes. Eso limita muchísimo nuestras posibilidades de funcionamiento, pero nos ha permitido equilibrar las cuentas y no tener que salir a manifestar públicamente que tenemos dificultades para funcionar.

EC —Con el planteo que hacen en la rendición de cuentas ustedes van a la creación de 33 cargos de jueces, 66 cargos de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses. ¿Con estos recursos humanos sí se puede poner en práctica cabalmente la ley?

JC —Sin duda, la idea que la Corte trasmitió a la comisión fue la misma que se manejó en ocasión del CPP: hagamos una instrumentación decente. Porque se pueden bajar los números, se puede ir a una implementación bastante menos costosa, pero la realidad es que luego, pese a que se esté de acuerdo, que se celebre que se bajan los números y que la implementación logró hacerse de forma más austera, se empiezan a criticar los resultados. Porque los resultados dependen mucho de qué disponibilidad de recursos humanos y materiales tuvo usted para afrontar la reforma. Entonces nosotros no queremos comprometernos en principio a una reforma menesterosa, una reforma que empiece ya muy amputada en sus posibilidades de éxito, porque realmente creemos que esta ley, tan compleja, merece también, igual que el CPP, una implementación decente que dé los frutos que quienes la promovieron y que el Parlamento que la aprobó desean.

Gastón González

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