Este modelo en cambio usa una empresa pública que debe su rentabilidad a toda la red de distribución del país pero para que políticos locales la usen como vitrina para su carrera política. Una cosa es que un político use una intendencia o una alcaldía y las obras que en ella hace como plataforma y otra muy diferente es que use una empresa nacional para juntar votos en Salto. En el primer caso, la gente paga los impuestos con los que se hacen las obras y puede evaluar si está conforme con lo que paga y cómo se usa. En el otro caso, la empresa recauda en todo el Uruguay entero pero actúa como un agente generoso en obras y cargos para la población local.

Por último, los salarios de los ingenieros es una cosa. Eso está regulado en definitiva por lo que se paga ese trabajo en general en la industria. Otra cosa son los cargos políticos. Da la impresión de que la gente cree que los cargos políticos tienen que fijar sus salarios en función del dinero que recauda el ente público en el que se desempeñan. Cuando el ente maneja mucha caja, cree que dispone de licencia para regar generosamente con plata a sus cargos políticos.