Hace muchos años atrás hubo un chisporroteo entre el entonces director de Brecha, Hugo Alfaro, y Eduardo Varela, periodista del mismo medio. El motivo, según recuerdo, habría sido que Varela difundió una información que consideró de interés público, y que Alfaro consideraba que se la había contado él, en confianza, y que no era para difundir.En criollo, trató a Varela de traidor y de haber abusado de su confianza.
Con seguridad, Samuel Blixen podrá contar mejor y con más precisión aquella historia.
Lo cierto es que Varela, una pluma temible como todas aquellas de la primera época de Brecha — hoy, con excepción de Blixen, Mónica Robaina y alguno más la tinta ya no es tinta sino que parece zumo de cereza con damasco—, le respondió a Alfaro, entre otras cosas, que el oficio de periodista no era un saco que se cuelga en un perchero durante un período de tiempo para después volver a usar. Señaló que él era periodista durante las 24 horas del día.

La proposición del exfiscal de Corte, Jorge Díaz, no provoca sorpresa. Primero, porque es un sueño que acaricia y riega como planta que puja por crecer desde hace varios años. Segundo, porque desde el momento en que se pisoteó, mancilló y violó la Constitución para imponer un Código del Proceso Penal (CPP) donde el dueño de la acción penal es el Poder Ejecutivo vía Policía y Fiscalía General de la Nación (FGN); donde se logró que los poderosos que delinquen quedan libres o con penas irrisorias o zafan mediante acuerdos reparatorios ($) o directamente y sin pudor alguno se entrega plata y bienes a la FGN a cambio de la libertad; donde solo los pobres marchan presos al exComcar y donde a estos mismos pobres se los extorsiona para que acepten un proceso abreviado, solo con una confesión inducida y sin pruebas, queda claro que en Uruguay el estado de derecho está muerto, bien muerto y mejor enterrado. En tal sentido,proposiciones como la de Díaz forman parte de las paladas de tierra que cubren al muerto.

La proposición de Díaz se enmarca en lo que se percibe desde hace varios meses, accionado por parte de importantes figuras de la vida pública, como una tentativa de restringir y criminalizar derechos y libertades. Hábiles y con astucia, simulan que solo van por los derechos de los legisladores cuando el verdadero y principal objetivo es la población en su totalidad.

Algunos periodistas y conocidos operadores de la FGN —operadores en el sentido de generar y formar opinón pública favorable a sus intereses particulares con el disfraz de intereses generales—, comenzaron a dar matraca con el llamado delito de “incitación al odio” ( Art. 149-BIS del Código Penal ), hasta con veladas amenazas, práctica que no innova en la materia porque tal estrategia se viene repitiendo en otros países.

El delito de “incitación al odio” es una figura penal abierta que sirve tanto para un barrido como para un fregado y que queda librada a la veleidosa interpretación de los fiscales. Porque, ¿cómo se mide el odio y el desprecio público, con qué metro, quién lo mide como se mide el perímetro de un terreno?

Por ejemplo, Jorge Díaz nunca pierde la oportunidad y esta vez no fue la excepción de hablar de modo peyorativo y capcioso de los que él denomina “todólogos”. ¿ Está incitando al odio y al desprecio público contra todos aquellos que no llegaron a Facultad ni salieron de ella con un “cartoncito”, al decir de Lucía Topolansky, y que, por tanto, no tienen derecho a opinar de todo como sí opinan de todo todos los legisladores donde muchos de ellos tienen dificultades hasta para comprender un texto y nunca llegaron a Facultad ? ¿ No se puede opinar sobre leyes si no se es abogado como le escupió Díaz a Sonsol pero sí puede opinar el senador Jorge Gandini que antes de ser un experto “todólogo” era instructor de manejo en una academia ?

Cabe agregar que durante la entrevista Jorge Díaz se contradice de modo flagrante. Primero critica a los “todólogos”. Pero minutos después se olvida de lo que dijo y dice que “la ciudadanía ( ahora los ‘todólogos’ son ciudadanos ) tiene derecho a opinar sobre este punto” ( la inmunidad parlamentaria ). ¿ Pero cómo ? ¿ No era que los “todólogos” no pueden opinar de cuestiones técnicas que solo es materia de los doctores del Olimpo ?

Más tarde, Díaz se enreda más y nombra a la palabra mágica que lo termina de enredar: igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. ¿ Qué igualdad? ¿ La de los legisladores que cuando presentan denuncias penales lo hacen en la FGN ( Paysandú 1283 ) y son recibidos por el fiscal de Corte, antes por el propio Díaz y ahora por Juan Gómez ? ¿ Qué concepto de igualdad manipula el exfiscal de Corte: la igualdad de los de arriba y a los de abajo que los parta un rayo ?

Asimismo, Jorge Díaz, una vez más quiere interpretar a la Constitución en su artículo 112 como ya lo hizo con el CPP y la Ley Nº 19334 en su artículo 4º que interpretó al artículo 197 de la Constitución, como muy bien apuntó en su Twitter la brillante abogada Yanira Vargas.

¿ Qué significa interpretar a la Constitución ? En lenguaje vulgar significa introducir una obscena y voraz mano por debajo de la tanga de la Señora Constitución, masajear su clítoris y de esa manera no pasar por las urnas ni el oprobio del voto de los “todólogos”.

En resumen, los legisladores son como los periodistas de acuerdo a la certera definición de Eduardo Varela: no pierden su condición de tales ni siquiera cuando,al contrario del ciudadano común, se encuentren gozando de 75 días de licencia anual.

Las redes sociales y, en particular, Twitter, son un medio de comunicación más que en el caso de los legisladores forman parte de una extensión de sus dichos en sala.

Le interesa sobre manera el ciudadano, sus derechos y obligaciones.

Me alegra q sea Uruguayo y podamos escucharlo, con los oídos muy abiertos , con el Dr Diaz , siempre aprendo.

Gracias.

Valiente Díaz, arriba de la mesa puso un desprejuiciado gato curioso.

¿Será entonces aquello de que acá naides es más que naides?