Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, cuestionó el proyecto para construir la represa de Casupá por su impacto negativo en materia ambiental y productiva en la cuenca del Río Santa Lucía y propuso una alternativa para fortalecer el sistema metropolitano de agua potable. 

Ferber se refirió en primer lugar a lo que significa la cuenca del Santa Lucía desde el punto de vista de la producción: una zona de 1,3 millones de hectáreas donde el 71% se dedica a la ganadería y lechería, generando el 28% del PIB agropecuario (USD 1.500 millones).

El dirigente expresó su profunda preocupación por las restricciones ambientales vinculadas al Proyecto Casupá, denunciando que las zonas de exclusión de hasta 100 metros —donde se prohíbe el laboreo y uso de agroquímicos— junto con la suspensión de nuevas inversiones en engorde a corral, actúan como un fuerte desestímulo que topea los rendimientos. Advirtió que una caída de apenas el 10% en el producto de la cuenca debido a estas prohibiciones representaría una pérdida de USD 150 millones.

Como alternativa, propuso considerar la opción de incorporar al sistema metropolitano agua bruta tomada del Río de la Plata frente a la ciudad de Juan Lacaze, en Colonia.  Señaló que esa infraestructura podría estar operativa en tres años sin castigar la capacidad productiva de la región. 

Según los datos de la ARU, si se levantaran las actuales restricciones productivas, el incremento de la actividad permitiría cubrir el costo de traer toda el agua desde Juan Lacaze en un plazo de sólo cinco años, transformando un escenario de limitaciones en una oportunidad de crecimiento sostenible y aprovechamiento de la infraestructura disponible.

Emiliano Cotelo conversó con Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay

La entrada Asociación Rural cuestiona represa de Casupá: “El agua para OSE en Montevideo tiene que salir del Río de la Plata" tomada en Juan Lacaze y el río Santa Lucía debe destinarse solo a riego para la producción, dice su presidente, Rafael Ferber se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: adhocFotos

Para el año 2045 la zona metropolitana va a necesitar unos 850 mil metros cúbicos de agua potable por día, bastante más que los 600 mil que produce el sistema de OSE hoy.

El gobierno dice que para garantizar esa demanda futura la solución es construir una represa en la zona del arroyo Casupá que genere reservas de agua para abastecer a la región más poblada del país.

La discusión ya tiene sus años. El gobierno anterior impulsó el proyecto Arazatí, para construir una planta potabilizadora tomando agua del Río de la Plata pero la administración de Yamandú Orsi descartó aquella idea, la cambió por una segunda planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes y agregó la construcción de la represa en Casupá, una posibilidad que se maneja desde hace décadas.

Pero Casupá también despierta resistencias, en particular de vecinos del lugar que rechazan la expropiación necesaria de unas 3.500 hectáreas, gran parte de las cuales van a quedar bajo agua, con el consiguiente desplazamiento de población y actividad agropecuaria en una amplia zona de los departamentos de Florida y Lavalleja.

A partir de esa nueva polémica se ha presentado una alternativa: dos profesionales especializados en manejo de agua y riego que proponen un trasvase vía cañería desde la cuenca del Río Negro a la del Río Santa Lucía. La iniciativa, que ya tiene varios meses, cobró visibilidad el mes pasado cuando fue levantada por el movimiento Un Solo Uruguay en su encuentro anual, que tuvo lugar el 23 de enero en Gaetán, departamento de Lavalleja.

¿En qué consiste esa idea? ¿Cuáles serían sus ventajas en comparación con Casupá?

Emiliano Cotelo conversó con el Ing. Agr. Marcos Ríos, uno de los autores de este proyecto.

Marcos Ríos

• Ingeniero Agrónomo
• Productor arrocero y ganadero
• Especialista en riego y represas

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El gobierno dice que la represa de Casupá será la más grande del país y “la solución definitiva al problema del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana”, ya que “asegura el suministro de agua potable hasta el año 2045.”

Vecinos de Casupá que se oponen a la iniciativa reclaman que falta información sobre el proyecto, tanto datos técnicos como cuál será el impacto ambiental, social y econónmco en la zona la construcción.

Conversamos En Perspectiva con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, que visitó la zona la semana pasada para preguntarle sobre los avances del proyecto y las respuestas a estos cuestionamientos y las dudas que se han levantado.

La semana pasada el presidente de OSE, Pablo Ferreri, visitó la región de Casupá para intercambiar con los vecinos sobre la represa que el gobierno se propone construir y que tiene varios frentes de oposición abiertos.

La represa, que estará ubicada a 10 kilómetros de la zona poblada de Casupá, en Florida, abarcará 118 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce, será la más grande del país y, según sostienen las autoridades, permitirá asegurar el suministro de agua potable en el área metropolitana hasta el año 2045.

¿Cómo avanza el proyecto? ¿De qué manera se está trabajando con los vecinos?

Paralelamente, se sigue redactando el nuevo contrato con el consorcio que iba a construir el proyecto Neptuno, que ahora se ocupará de otro paquete de obras que incluye una nueva planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes, una potabilizadora de menor porte para abastecer la zona este del departamento de Canelones y una serie de trabajos en la Quinta Línea de Bombeo. ¿Cómo viene ese otro proceso?

La entrada Represa de Casupá: “Tenemos tiempo para trabajar con calma y dar solución integral a todos los impactos (materiales y humanos)" porque “la obra se adjudicará a fines del 2026”, dice Pablo Ferreri, presidente de OSE se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La construcción de una represa en Casupá, con la que el gobierno pretende reforzar la disponibilidad de agua potable en la zona metropolitana, tiene a los vecinos de esa zona de Florida en alerta. Unas 80 familias afincadas en la zona hace décadas vienen movilizándose para denunciar el impacto ambiental social y económico que entienden tendría esa represa.

Conversamos En Perspectiva con Juan Lorenzo, representante de vecinos de Casupá, y con el alcalde de Casupá, Luis Oliva, para conocer sus inquietudes.

La construcción de una represa en Casupá, con la que el gobierno pretende reforzar la disponibilidad de agua potable en la zona metropolitana, tiene a los vecinos de esa zona de Florida en alerta.

Por lo que se sabe hasta ahora, la represa estará ubicada a 10 kilómetros del pueblo y tendrá un embalse con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos de agua.

Eso implica que se deberá inundar casi 2.900 hectáreas, generar una zona de exclusión de otras 700 hectáreas y talar unas 400 hectáreas de monte nativo.

OSE realizó a fines de julio un llamado a expresiones de interés para ejecutar la construcción de esta presa sobre el Arroyo Casupá y las obras anexas. El acto de apertura de ofertas se realizará el próximo 25 de setiembre.

El gobierno ya ha manifestado que prevé que las obras empiecen en 2027 y duren tres años. Para llenar el espejo de agua se requerirá entre seis meses y un año. La obra – se estima- tendría un costo de US$ 130 millones financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF.

Recordemos, el embalse es una vieja iniciativa del Frente Amplio que el Poder Ejecutivo reflotó luego de descartar el proyecto Neptuno, un proyecto con cuestionamientos financieros y ambientales que consistía en instalar una planta desalinizadora sobre el Río de la Plata a la altura Arazatí, en San José.

Ante el anuncio, unas 80 familias afincadas en la zona hace décadas, vienen movilizándose para denunciar el impacto ambiental, social y económico que entienden tendría esta represa en Casupá.

De hecho, ayer fueron recibidos por la Comisión de Ambiente del Senado, y en las últimas semanas incluso delegaciones de parlamentarios visitaron el lugar.

La entrada Construcción de represa en Casupá pone en alerta a vecinos de la zona: Reclaman más información del gobierno, que se evalúen posibles riesgos y un análisis técnico independiente se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Después de 90 días de negociaciones con el consorcio responsable del Proyecto Neptuno, el gobierno informó que no se construirá la potabilizadora en Arazatí, sobre el río de la Plata, y en cambio se realizará otro esquema de obras para el sistema de agua potable en el área metropolitana, una decisión que ha generado críticas desde la oposición.

Conversamos En Perspectiva con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que integró el directorio de OSE por la minoría en el gobierno anterior.

La decisión del gobierno de no ejecutar el Proyecto Neptuno y en cambio realizar nuevas obras para OSE centradas en el río Santa Lucía modificó la estrategia para fortalecer el sistema de agua potable en el área metropolitana y desató un fuerte debate político.

Las autoridades destacan que las inversiones anunciadas ahora implican un ahorro sustancial y cumplen estrictamente con el Artículo 47 de la Constitución.

Pero la oposición califica la decisión como un ‘retroceso’ en seguridad hídrica, advierte que persiste la dependencia de una única fuente y cuestiona la ausencia de informes técnicos y económicos que respalden la modificación del contrato con el consorcio adjudicatario de la licitación original.

Aquí, En Perspectiva ya escuchamos el lunes a Redes-Amigos de la Tierra, una de las ONGs que rechazaba el Proyecto Neptuno, luego discutimos el tema en La Tertulia y recibimos el martes al ingeniero Alejandro Ruibal, representante del consorcio Aguas de Montevideo.

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El gobierno anunció un giro significativo en la estrategia para dotar de mayor seguridad al abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Conversamos En Perspectiva con el ingeniero Alejandro Ruibal, director ejecutivo de la empresa constructora SACEEM y representante del consorcio Aguas de Montevideo.

Fue la gran noticia a nivel político del fin de semana pasado, sus ecos continuaron este lunes y seguramente se prolongarán durante varios meses.

El gobierno del presidente Yamandú Orsi anunció el viernes un giro significativo en la estrategia de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.

Según se informó en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, queda descartado el Proyecto Neptuno, aquella iniciativa que se licitó en la administración de Luis Lacalle Pou y que preveía la instalación de una planta potabilizadora de agua del río de la Plata a ubicarse en las costas de Arazatí, en el departamento de San José.

En su lugar y después de 90 días de negociaciones con el consorcio privado que había ganado la licitación original, se anunció un nuevo acuerdo para llevar adelante otras obras: la construcción de una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe en la localidad de Aguas Corrientes; mejoras en la Quinta Línea de Bombeo; y la construcción de otra usina potabilizadora, de menor porte, sobre el arroyo Solís Chico para servir a la zona este del departamento de Canelones.

Según destacaron las autoridades, este paquete, que garantiza el abastecimiento de agua para la capital y sus alrededores hasta el año 2045, implica un ahorro de costos importante en comparación con el plan original. Además, subrayaron que, a diferencia de lo previsto en el contrato anterior, la gestión de la infraestructura estará a cargo de OSE, a efectos de cumplir plenamente con el Artículo 47 de la Constitución.

Esta decisión ha generado una nueva controversia.

Por un lado, saludaron la resolución el Frente Amplio, el sindicato de OSE, varias ONGs ambientalistas y científicos que objetaban el Proyecto Neptuno. Por otro, cuestionaron el nuevo rumbo el ex presidente Lacalle Pou y los principales partidos de la oposición, es decir el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Aquí, En Perspectiva, estamos abordando esta novedad con varios enfoques: Ya esuchamos a la ONG Redes-Amigos de la Tierra y discutimos el tema en La Tertulia.

La entrada “Estamos hablando de mejorar el suministro de agua potable” en el sur; hay que poner el foco en ese objetivo de una vez por todas y tomar decisiones”, dice Alejandro Ruibal se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El gobierno descartó definitivamente el proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía reforzar el sistema de agua potable en Montevideo y el área metropolitana, instalando una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, en San José. Varias organizaciones sociales y el Frente Amplio, entonces en la oposición, habían cuestionado esa iniciativa por considerar que presentaba problemas legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales.

Conversamos En Perspectiva con María Selva Ortiz, integrante de la organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay y de Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

A partir de un acuerdo con el consorcio privado que tenía a su cargo la concesión, se resolvió construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe hoy en Aguas Corrientes, realizar obras de mejora en la Quinta Línea de Bombeo y construir sobre el arroyo Solís Chico una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora, de menor porte, para complementar el abastecimiento en la zona este del departamento de Canelones. 

Gobierno anunció cambios en proyecto Neptuno

La decisión fue anunciada el viernes pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y Alejandro Ruibal, del consorcio Aguas de Montevideo. 

La noticia llegó al final de 90 días de negociaciones entre las autoridades nacionales y el grupo empresarial destinadas a analizar alternativas a lo estipulado en el contrato original.

Según explicó Sánchez, la segunda planta de Aguas Corrientes tendrá una producción adicional de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, que, sumados a los que ya genera la actual permitirán alcanzar un total de 900.000 metros cúbicos al día, suficientes para abastecer al área metropolitana hasta el año 2045.

Además, destacó que el paquete de trabajos acordado permite un ahorro de un tercio del costo del proyecto original. 

Por otra parte, resaltó que el consorcio privado se encargará del mantenimiento de las obras, como estaba estipulado en el acuerdo, pero la gestión de la nueva infraestructura estará a cargo de OSE, para respetar el artículo 47 de la Constitución de la República, que establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

En una segunda etapa, el gobierno prevé construir una represa en Casupá, una vieja iniciativa del Frente Amplio, aunque este proyecto no forma parte del contrato renegociado. Esta obra se va a desarrollar por separado, con licitaciones específicas y con el objetivo de concretarse en este período y en paralelo a las otras obras.

La administración de Yamandú Orsi opta por mantener el contrato con el consorcio privado, pero modificando su objeto. De todos modos, el nuevo esquema deberá ser evaluado por el Tribunal de Cuentas, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para expedirse.

La entrada Gobierno descartó proyecto Neptuno: Hay “alivio” porque “era una falsa solución para el abastecimiento de agua en el área metropolitana”, dice vocera de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Gabriel Budiño,
Casilda Echevarría y Daoiz Uriarte

El gobierno descartó definitivamente el proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía reforzar el sistema de agua potable en Montevideo y el área metropolitana instalando una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, en San José.

Varias organizaciones sociales y el Frente Amplio, entonces en la oposición, habían cuestionado esa iniciativa por considerar que presentaba problemas legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales.

La decisión fue anunciada el viernes pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y representantes del consorcio Aguas de Montevideo.

La noticia llegó al final de 90 días de negociaciones entre las autoridades nacionales y el grupo empresarial destinadas a analizar alternativas a lo estipulado en el contrato original.

"Cuando nosotros iniciamos este proceso, donde junto al Gobierno, tanto las autoridades de OSE como las del Ministerio de Medio Ambiente y un equipo enorme desde el punto de vista técnico —ingenieros, abogados, tanto del sector público como del sector privado— han trabajado intensamente durante todo este tiempo, a efectos de cumplir con este objetivo principal que es garantizar el acceso al agua potable del área metropolitana hacia el 2045.

Estuvimos discutiendo una renegociación de un contrato que oportunamente firmó el Estado uruguayo con el consorcio, con los mismos objetivos y bajo el mismo paraguas, porque ese contrato firmado establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana.

Lo hicimos en este proceso con, yo diría, dos componentes centrales: primero, pensando en el bien general y colectivo; y segundo, desde un profesionalismo clave para poder avanzar en estos temas. Y hemos llegado a un acuerdo, lo cual para nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción".

Ahora, a partir de un acuerdo con el consorcio privado que tenía a su cargo la concesión, se resolvió construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe hoy en Aguas Corrientes, realizar obras de mejora en la Quinta Línea de Bombeo y construir sobre el arroyo Solís Chico una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora, de menor porte, para reforzar el abastecimiento en la zona este del departamento de Canelones.

Según explicó Sánchez, la segunda planta de Aguas Corrientes tendrá una producción adicional de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, que, sumados a los que ya genera la actual permitirán alcanzar un total de 900.000 metros cúbicos al día, suficientes para abastecer al área metropolitana hasta el año 2045.

Sánchez destacó que estos trabajos permiten un ahorro de un tercio del costo del proyecto original.

Y resaltó, por otra parte, que el consorcio privado se encargará del mantenimiento de las obras durante 17 años, como estaba estipulado en el acuerdo, pero la gestión de la nueva infraestructura estará a cargo de OSE, para respetar el artículo n.º 47 de la Constitución de la República, que establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales"

En una segunda etapa, el gobierno prevé construir una represa en Casupá —un viejo proyecto del Frente Amplio—, aunque este proyecto no forma parte del contrato renegociado. Esta obra va a desarrollar por separado, con licitaciones específicas y con el objetivo de concretarse en este período y en paralelo a las otras obras.

La decisión marca un giro en la estrategia hídrica respecto al gobierno anterior.
De todos modos, el nuevo esquema deberá ser evaluado por el Tribunal de Cuentas, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para expedirse.

Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Luis Lacalle Pou calificó la decisión como “netamente política y técnicamente desacertada”, y advirtió que seguir dependiendo de la cuenca del Santa Lucía podría llevar a repetir los problemas del pasado.

“Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos”, añadió. Y apuntó: “La responsabilidad es del Presidente Yamandú Orsi y su equipo”.

A su vez, el diputado colorado Walter Cervini anunció la convocatoria del ministro Ortuño a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, donde se espera que brinde detalles sobre el nuevo diseño y los cambios contractuales.

Además, el tema será analizado este lunes por el Directorio del Partido Nacional, que a esos efectos convocó al expresidente de OSE Raúl Montero y al exsubsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado también se pronunciará hoy sobre el anuncio. Convocó a la reunión al director de Ose por la oposición, José Amy, la exvicepresidenta del organismo, Susana Montaner y el exministro de Ambiente, Robert Bouvier.

¿Qué lectura hacen los contertulios de esta decisión del gobierno?

Continúa en: Presidente Orsi se reunió con autoridades de los partidos de oposición para abrir canales de intercambio tras rechazo mayoritario al Diálogo Social

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