¿Cómo está llevando adelante este gobierno la agenda ambiental?

El pasado 20 de octubre, a través de cuatro decretos, se actualizaron regulaciones en áreas clave como la calidad del agua, la conservación de humedales, la gestión de residuos de construcción y la gestión de baterías usadas o desechadas frente a la expansión de la movilidad eléctrica.

Diseñadas por el Ministerio de Ambiente, estas medidas apuntan a modernizar estándares y orientar la gestión pública hacia desafíos ambientales futuros.

¿A qué necesidades responden estas modificaciones? ¿Cómo se venía trabajando en estas áreas hasta ahora? ¿Por qué es importante la conservación de los humedales? ¿Qué desafíos ambientales trae el uso de vehículos eléctricos a largo plazo?

Para responder estas inquietudes y profundizar sobre estos decretos, Romina Andrioli conversó con Alejandro Nario, director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente.

El pasado 20 de octubre, el gobierno de Yamandú Orsi dio un paso clave en su agenda ambiental al aprobar cuatro decretos que actualizan los principales marcos regulatorios del país bajo una visión – se asegura- de desarrollo sostenible.

Las modificaciones, elaboradas por el Ministerio de Ambiente, abarcan la calidad del agua, las baterías usadas, los residuos de la construcción y la protección de humedales de importancia ambiental.

Si bien las disposiciones que conforman los decretos “ya tenían una historia”, se trata de “áreas donde había mucho avance técnico” acumulado, pero al que le faltaba “decisión política” y “buena conducción”, dijo Alejandro Nario al Semanario Búsqueda.

¿A qué necesidades responden estas modificaciones? ¿Cómo se venía trabajando en estas áreas hasta ahora? ¿Por qué es importante la conservación de los humedales? ¿Qué desafíos ambientales trae el uso de vehículos eléctricos a largo plazo y qué se está previendo para eso?

Nuevos Decretos Aprobados por el Ministerio de Ambiente.pdf by En Perspectiva

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La Canoa
T02P169
Emisión: 03.12.2019

La Canoa es un programa periodístico cultural creado por el equipo de Música de la Tierra que se propone hablar de identidad, paisajes, desarrollo sostenible, cultura, arte, gastronomía, turismo y patrimonio.

Conducen: Diego Barnabé y Pablo "Pinocho" Routin. Lunes a viernes de 14 a 16 hs en Radiomundo 1170 AM y en todo el mundo a través de radiomundo.uy y en la app Radiomundo para dispositivos móviles.

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A partir de ayer, lunes 1 de abril, los comercios comenzaron a cobrar a $ 4 las bolsas plásticas.

Sin embargo, la ley que establece ese cobro todavía no entró en vigencia. El decreto que reglamentó la norma marca como fecha para eso el 30 de junio.

¿Por qué entonces ya se está cobrando? Por un acuerdo entre la Asociación de Supermercados, la Unión de Vendedores de Nafta y Cambadu, es decir los comercios minoristas. Estos tres gremios defienden su medida ante la posibilidad de quedarse sin stock de bolsas.

¿A qué se debería una falta de stock? Tiene que ver con uno de los aspectos de la ley, que no solo exige el cobro de las bolsas, sino también prohíbe la venta de aquellas que no sean compostables o biodegradables a partir del 1 de marzo pasado. Los gremios de comercios sostienen que esas nuevas bolsas no entrarían al mercado a tiempo para sustituir el stock actual, por lo que comenzaron a cobrarlas antes como forma de disuadir a los clientes de llevarlas.

Pero estos son solo algunos de los aspectos de la ley. Para profundizar más en el tema, En Perspectiva se comunicó con el ingeniero Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente.

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La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) otorgó la semana pasada la Autorización Ambiental Previa del proyecto Ferrocarril Central.

Luego de ese paso, ya está más cerca la construcción de esta gran obra de infraestructura: 270 km de vías férreas de última generación que conectarán el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros y que UPM necesita para llevar a cabo la inversión en su segunda planta de celulosa.

Según la resolución de la Dinama, “el proyecto en sus distintas etapas, no presentará impactos ambientales negativos residuales que puedan ser considerados inadmisibles".

Añade el texto que “los impactos ambientales identificados cuentan con medidas factibles de ser implementadas para ser prevenidos, mitigados o compensados".

¿Cuáles son esos impactos ambientales y qué mecanismos se prevé utilizar para mitigarlos? ¿Qué se responde ante los cuestionamientos de vecinos? En Perspectiva lo conversó con el director nacional de Medio Ambiente, ingeniero químico Alejandro Nario.

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Entrevista a Lorena Borloz:

Entrevista a Alejandro Nario

El Gobierno avanza con el proyecto de Ferrocarril Central, que conectará el puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros. Es una de las exigencias de la empresa finlandesa UPM para establecer una segunda planta de celulosa en el centro del país.

Pero no todo está saliendo sobre ruedas.

Un grupo de vecinos de Sayago, Colón, Peñarol, Capurro, Paso Molino y Bella Vista, barrios que serán atravesados por el nuevo ferrocarril, se reunieron ayer con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y con el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario.

Estos vecinos, que se han agrupado bajo el nombre Por el Costado de la Vía, denuncian que el Gobierno no ha culminado todavía las evaluaciones de impacto ambiental y, sin embargo, ya se están realizando expropiaciones. Advierten, por ejemplo, que el tren pasaría a siete metros de algunas viviendas, cuando la normativa vigente exigiría que pasara a 20 metros de distancia.

¿Cómo transcurrió la reunión de ayer en el club Fénix? ¿Qué respuesta les da el Gobierno al respecto? En Perspectiva lo habló con Lorena Borloz, integrante del grupo Por el Costado de la Vía, y con Alejandro Nario, director de la Dinama.

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La entrada Vecinos del oeste de Montevideo exigen más información sobre impacto del Ferrocarril Central; aseguran que se están expropiando terrenos antes de culminar estudios ambientales se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El proyecto iba a transformarse en ley este martes, pero el diputado José Arocena, nacionalista, pedirá que se postergue para evitar que se genere un monopolio privado en la importación de bolsas, según consignó El Observador. El senado le dio media sanción el año pasado; establece el cobro de bolsas de nailon y prohíbe la venta de las que no sean compostables y biodegradables. Esto último es lo que generaría el monopolio, ya que solo una compañía las importa.

Para conocer más del tema, En Perspectiva se comunicó con el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Explicó que la característica de compostable y biodegradable fue agregado en la discusión en el Senado, y comentó que le causa gracia una solución que se propone (cambiar la "y" de "compostable y biodegradable" por una "o", ya que lo que es compostable es necesariamente biodegradable). Nario señaló que la normativa internacional va en la línea de este proyecto de ley.

"Me parece que esto más un tema de problemas comerciales de algunos empresarios, que a nosotros no nos interesa", dijo Nario. "La lógica de la ley es cobrarla para desestimular su uso, y por otro lado, parecía razonable y así lo propuso el Senado, que en caso de usarlo sea un material que sea incorporado en los ciclos biológicos". Agregó que la norma está validada por años de estudio de la Unión Europea antes de comenzar a aplicar una norma similar.

En cuanto a declaraciones de un empresario a El Observador, sobre que Uruguay no tiene una planta de compostabilidad y por lo tanto no hace la diferencia usar bolsas compostables, Nario volvió a rechazar la noción como falsa. "Para evitarnos la discusión, lo que hicimos fue referirnos a lo que se está haciendo en el mundo", reiteró Nario. Dijo que se trata de por sí de un material menos dañino para el medio ambiente.

¿De cuánto se estima que será el precio de las bolsas? Se establecerá en función de los distintos tamaños de las bolsas.

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En diálogo con En Perspectiva, el Director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, explicó que la cartera trabaja junto con el Ministerio del Interior, las Intendencias y las ONG locales para tratar de detectar cotos de caza ilegales. En la página web del Ministerio de Vivienda se puede descargar un formulario para obtener el permiso de caza en donde los interesados deben declarar dónde realizarán la actividad, qué especies cazarán y el tipo de arma que utilizarán.

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EN PERSPECTIVA
Martes 20.10.2015, hora 10.20

EMILIANO COTELO (EC) —Después de realizar un sobrevuelo por zonas del departamento de Canelones, la intendencia de ese departamento denunció que al este del pueblo Bolívar se detectó que en un predio con márgenes sobre el río Santa Lucía se estaba realizando tala de monte nativo y canalización y desecación de bañados.

La novedad llevó a los distintos organismos del Estado involucrados –como la propia intendencia, la Dirección Nacional de Medio Ambiente [Dinama], la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP], y el Ministerio de Defensa [MDN]– a tomar cartas en el asunto. Ayer, luego de una reunión convocada especialmente, se anunció un protocolo que estará destinado a la protección de esa cuenca, la del Santa Lucía.

Además, el intendente canario, Yamandú Orsi, anunció que se exigirá a quienes estén actuando de manera incorrecta la recomposición de lo que ha sido destruido o afectado.

El tema da para mucho, pero vamos a abordarlo por lo menos con algunas preguntas básicas en diálogo con el ingeniero químico Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Esta situación, lo decía Emiliano recién, se detectó por un sobrevuelo que hizo la intendencia con la colaboración del MDN. ¿Hasta ahora no era común este tipo de observaciones aéreas para inspeccionar el estado de los predios en la cuenca del Santa Lucía?

ALEJANDRO NARIO (AN) —Sí, hay distintos organismos que lo estaban haciendo, uno de ellos era la Intendencia de Canelones [IC] con el MDN, nosotros habíamos hecho un sobrevuelo también, pero lo que se vio justamente fruto de este caso es la necesidad de aumentar y mejorar las coordinaciones. Una de las cosas que me parece importante destacar es la velocidad de acción en este caso: el miércoles lo detectó la IC y el intendente llamó a los ministros de Vivienda y Ganadería, el jueves estuvimos haciendo la inspección conjunta entre la IC y la Dinama, y el miércoles la ministra [Eneida] De León estaba firmando una intimación a cese inmediato de las actividades y a que se encontraba pasible a una multa de 1.000 UR [Unidades Reajustables].

Lo que vimos, en la necesidad de seguir en un proceso de mejora continua, es que no puede depender de que el señor intendente esté llamando a los ministros para este tipo de coordinaciones. Tiene que haber algo a nivel técnico que dispare esto de una manera rápida.

RA —Yendo a eso: ¿De qué manera establecieron que se va a actuar de ahora en más?

AN —Lo que establecimos es justamente armar una reunión entre los técnicos, que va a estar coordinada por la Dinama, para que cada uno defina cuáles son los técnicos que van actuar en el área y cómo actuar en cada situación.

Además de eso se definieron cuatro puntos. El primero es que se va a hacer un control mensual por aire en áreas que se van a ir definiendo técnicamente, por segmentos del río, de manera que no solo vayan técnicos de Canelones sino también del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA] y del MGAP, para ir viendo los distintos enfoques y experiencias que cada uno tiene, que son competencias distintas.

RA —El control aéreo se haría con una frecuencia mensual, ¿es más que lo que se venía haciendo?

AN —Sí, y sistematizada, porque hasta ahora era más por voluntades y no había una sistematización: la IC hacía sus esfuerzos, nosotros hacíamos nuestros controles, lo mismo el MGAP respecto a la tala del monte nativo… La idea es aunar esos esfuerzos y que no dependa de que esté llamando el intendente a tal ministro y tal cosa sino que ya se dispare a nivel técnico.

En el caso de la Dinama ya lo tenemos con la IC y hemos actuado en el caso de Picón o el de Laguna del Cisne, pero esto es hacerlo extensivo al resto de los organismos.

RA —Usted mencionaba que se tomaron cuatro medidas, también se estableció un monitoreo por agua.

AN —Exacto, un monitoreo por agua, se está hablando con la División de Bomberos, que tiene un soporte de vehículo acuático, y también se va a hablar con Prefectura para, lo mismo que se hace por aire hacerlo, con otra frecuencia, a nivel de agua. Y también generar una coordinación a nivel de las inspecciones en tierra, que cuando vaya Dinama el resto esté enterado, que cuando vaya cada institución haya una coordinación.

Los otros dos puntos son el cruzamiento de imágenes satelitales, nosotros estamos…

RA —¿Tienen todos los organismos imágenes satelitales?

AN —Sí, con distintos enfoques, por eso la idea es tener una base satelital previa, sobre todo para la planificación de los vuelos y de la inspección por agua, que permita orientarse hacia los lugares en donde se pueda haber identificado desde el punto de vista satelital alguna deficiencia. Es un área que todos estamos fortaleciendo, de hecho la Dinama en el presupuesto incluyó un ítem importante para el observatorio ambiental y las imágenes satelitales, la idea es poder usarlo en la planificación de estas inspecciones.

El último punto, al que nosotros le damos mucha importancia, es el control ciudadano. Por más inspectores que tengan, las instituciones nunca van a poder estar en cada vuelta del río o del territorio. Consideramos que los ciudadanos son sujetos de control ambiental y lo que tenemos que hacer es darles las facilidades para que esas cosas que ellos puedan detectar lleguen fácilmente. La Dinama ya ha avanzado en eso con Canelones, porque hay un protocolo unificado, el mismo formulario de denuncia que tiene la Dinama es el que utiliza la IC y ahí están los mecanismos de web y telefónicos tanto de la Dinama como de la propia IC. La idea es hacer extensivo eso al resto de las instituciones.

RA —¿Y se va a apuntar justamente a incentivar a la gente para que esté atenta a este tipo de cosas y que las denuncie?

AN —Exacto, que las denuncie, creo que el mejor control es el ciudadano, es el del vecino que está ahí. Hay cosas que pueden suceder sábado, domingo o en horario nocturno, que las inspecciones pueden no alcanzar. En general si hay una denuncia se va en esos horarios, pero todo el mundo sabe que a veces para ese tipo de actividades se espera a determinado momento en el que se sabe que no puede haber una inspección. Ahí el vecino es fundamental.

EC —Sería bueno detenernos en este caso concreto que disparó esta serie de decisiones. Según repasaba en las notas de prensa [en El País y La Diaria], esa zona en la que se detectó esta situación irregular está en el espacio previsto de amortiguación de los márgenes del río Santa Lucía, donde no puede hacerse laboreo ni aplicación de agroquímicos…

AN —…Ni modificar el tapiz vegetal. No se puede hacer ninguna de las tres cosas.

EC —Allí se encontró una máquina retroexcavadora con orugas, sin identificación; se detectó un área desde el margen del río Santa Lucía hasta 100 metros hacia el interior del padrón en la que se había realizado tala de monte nativo, acopio de madera y quema de restos de tala de monte; también se constató la obstrucción de un desagüe natural que desemboca en el río, dos canalizaciones de un desagüe natural y dos alcantarillas sobre un camino debajo del cual pasa uno de los canales. Todo esto que se estaba haciendo allí sin permiso, violando las disposiciones vigentes, ¿qué impacto tiene en el río, en la calidad del agua, en la cuenca?

AN —La zona de amortiguamiento es muy importante, por eso le damos mucha importancia. Como ustedes saben, básicamente el problema que estamos teniendo es con nutrientes -fósforo y nitrógeno- que están asociados a las actividades agrícolas, entre otras. El tener un pulmón vegetal en una zona previa a la llegada al curso de agua es muy importante para que la cantidad y la concentración de contaminantes que llegue sea mucho menor. Los nutrientes son absorbidos por ese pulmón verde, que opera como un filtro natural. Si eso no solo se remueve sino que además se remueve para hacer actividades agrícolas -que estimamos que es lo que estaba pensando realizar el productor-, no solo estoy eliminando la defensa natural que tiene el río ante estos contaminantes sino que también estoy agregando carga.

Por eso nosotros le damos mucha importancia a la zona de amortiguación, se envió un comunicado a todos los productores… Hace aproximadamente un mes trajimos a la encargada de la EPA [Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos] para monitoreo y control de agua y nos decía que las medidas que habíamos tomado eran muy pertinentes, que es el tipo de medidas que ellos están tomando respecto al control de la llegada de los nutrientes al río.

Obviamente hay otras actividades que las estamos viendo, de hecho estamos trabajando con el MGAP en un proyecto, REDD+ [Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal], para aumentar las áreas de forestación. Es muy importante impedir el acceso de esos nutrientes al agua, y la zona de amortiguamiento es muy importante por eso.

EC —¿Y el monte nativo juega un papel relevante en ese sentido?

AN —Muy relevante, eso está estudiado. Nosotros ahora estamos aplicando un proyecto GEF [así se denomina a los proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial] que es como un millón de dólares para estudiar y cuantificar esos efectos, o sea, para ver dónde están los montes y evaluar biológicamente cuántos nutrientes llegan [al curso de agua] para poder cuantificarlo específicamente, pero está muy estudiado a nivel mundial que ese pulmón natural es clave para preservar la calidad del río. En este caso estamos hablando de cinco o seis hectáreas, no son 400 o 500 hectáreas de tala de monte nativo, pero en ese lugar es muy significativo porque elimina la barrera natural para la absorción de nutrientes que llegan al río.

RA —¿Qué sanciones se le aplicó a este productor?

AN —Lo que nosotros hicimos es el procedimiento administrativo normal que es aplicarle una multa de 1.000 UR pero se le notificó, porque ese es el procedimiento, para que él tenga la posibilidad de hacer sus descargos…

RA —1.000 UR son unos $ 800.000, más o menos.

AN —Ahora desde el punto de vista procesal él hará sus descargos, la administración evaluará si son de recibo o no, y se procederá después a dejar efectiva la multa.

De manera paralela el MGAP está evaluando las áreas deforestadas y también le aplicará las sanciones que le permite aplicar la Ley de Protección de Monte Nativo.

RA —¿Eso corre por otro lado, es otra multa?

AN —Exacto, porque eso hace a la tala del monte nativo sobre la cual tiene competencia el MGAP. Nuestra sanción es por modificar el tapiz vegetal en la zona de protección del curso del río que está establecida en las medidas de protección de la cuenca. Lo que estamos trabajando en conjunto es qué medidas de reparación le vamos a pedir al productor, porque algunas son reforestación y otras son de recomposición del bañado y de la escorrentía natural.

RA —Respecto a las medidas que ya se habían anunciado para la cuenca del río Santa Lucía, ¿en qué se innova con estos anuncios y este protocolo?

AN —Las medidas son las exigencias. Por ejemplo: este caso se vincula a la medida 8, de protección de las márgenes, que dice que no se pueden hacer determinadas cosas en las franjas. Lo que las medidas no establecen son los mecanismos de control que tiene cada organismo competente. Lo que se está haciendo, y eso fue algo que nos transmitió el presidente [Tabaré Vázquez] en las reuniones [que era necesario], es incrementar la coordinación desde el ámbito público. Hay muchas competencias distintas, la idea es que la acción será mucho más fuerte si usamos nuestras capacidades, que son distintas, en función de esas competencias.

RA —O sea: lo que se anunció en marzo era un aspecto más general y ahora se empieza como a bajar a tierra.

AN —Son los criterios: en tal lado tal distancia, las industrias tienen que cumplir con tal cosa… Es lo que hay que cumplir y las formas de control son las que estamos instrumentando.

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Transcripción: Andrea Martínez

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