Transcripción de la entrevista con Alejandro Sastre

La justicia de Durazno dispuso esta semana que dos delincuentes que ingresaron a robar en una casa en Sarandí del Yi deberán realizar trabajos comunitarios y pagar en cuotas $ 2.500 cada uno para reparar el hurto de un televisor que no fue recuperado por la policía.

Esa es, muy en síntesis, la noticia. Pero vale la pena conocer todos los detalles, conocer los antecedentes de esta situación en particular. Porque remite a otro hecho de la crónica policial mucho más duro, mucho más amargo.

La casa estaba vacía porque horas antes Eduardo Hernández se había suicidado luego de asesinar de varias puñaladas a su pareja, Laura Duarte, y las hijas de la pareja, de diez y 14 años, habían quedado bajo protección de las autoridades. Ante esa oportunidad, la casa vacía, dos vecinos de la cuadra de Sarandí del Yi no repararon en nada más que en aprovechar la ocasión. Entraron a la casa sobre las cuatro de la madrugada del 9 de abril y se llevaron un televisor plasma de 32 pulgadas, un parlante y varios alimentos. Sin embargo, pese a que fueron capturados y confesaron el delito, la justicia no los envió a prisión, sino que los condenó a pagar en cuotas uno de los objetos hurtados.

Los delincuentes huyeron sin ser vistos y al otro día la mujer publicó en Mercado Libre que vendía un parlante y muy pronto logró consumar la venta. La policía, sin embargo, detectó el movimiento, fue hasta la casa del comprador y allí averiguó la identidad de la mujer, según contó al diario El Observador el fiscal del caso. Ante esa información, la Fiscalía citó a la sospechosa para interrogarla y, de acuerdo con su confesión, supo que había arrojado el televisor al río Yi cuando se enteró de que era investigada.

El hombre, ante el mismo temor, cuando recibió la citación sacó un pasaje para viajar a Montevideo, pero el fiscal solicitó el arresto el jueves 12 por la tarde, antes de que partiera. La mujer fue detenida el viernes 13 y ese mismo día se efectuó la audiencia de formalización para ambos.

El fiscal pretendía imputarles un delito de hurto especialmente agravado por penetración de un domicilio. Ese delito, según el artículo 341 del Código Penal, tiene una pena de 12 meses de prisión a ocho años de penitenciaría, porque el delito se ve agravado por el hecho de haber penetrado en una casa para robar. Además los ladrones conocían exactamente las circunstancias de la familia, ya que eran conocidos de toda la vida.

Sin embargo, a partir de lo que dispone el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), no fue por ese camino la actuación judicial. La jueza actuante, Valeria Curbelo, resolvió la formalización de la investigación “por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado por penetración domiciliaria”, y luego, a instancias del fiscal del caso, Alejandro Sastre, se dispuso la suspensión condicional del proceso a cambio del cumplimiento de dos medidas: 1) la realización de trabajos comunitarios dos horas diarias tres veces a la semana por 90 días, y 2) que cada uno de los imputados abone $ 2.500 a la víctima, en cinco cuotas iguales y consecutivas de 500 pesos, venciendo la primera el 7 de mayo, a abonarse en un local de cobranzas.

Para tratar de entender más a fondo este caso y esta actuación judicial, En Perspectiva se comunicó con el fiscal, el doctor Alejandro Sastre.

Transcripción de la entrevista con Alejandro Sastre

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EN PERSPECTIVA
Miércoles 18.04.2018, hora 8.31

EMILIANO COTELO (EC) —La justicia de Durazno dispuso esta semana que dos delincuentes que ingresaron a robar en una casa en Sarandí del Yi deberán realizar trabajos comunitarios y pagar en cuotas $ 2.500 cada uno para reparar el hurto de un televisor que no fue recuperado por la policía.

Esa es, muy síntesis, la noticia. Así nomás llama la atención. Pero vale la pena conocer sus detalles y antecedentes. Porque se relaciona con otro hecho de la crónica policial mucho más amargo y eso provoca más preguntas.

Dice la crónica de El Observador:

La casa estaba vacía porque horas antes Eduardo Hernández se había suicidado luego de asesinar de varias puñaladas a su pareja, Laura Duarte, y las hijas de la pareja, de 10 y 14 años, habían quedado bajo protección de las autoridades. Ante esa oportunidad, la casa vacía, dos vecinos de la cuadra de Sarandí del Yi no repararon en nada más que en aprovechar la ocasión. Entraron a la casa sobre las 4 de la madrugada del 9 de abril y se llevaron un televisor plasma de 32 pulgadas, un parlante y varios alimentos. 

Los delincuentes huyeron sin ser vistos y al otro día la mujer publicó en Mercado Libre que vendía un parlante y muy pronto logró consumar la venta. La policía, sin embargo, detectó el movimiento, fue hasta la casa del comprador y allí averiguó la identidad de la mujer, según contó al diario El Observador el fiscal del caso. Ante esa información, la Fiscalía citó a la sospechosa para interrogarla y, de acuerdo a su confesión, al enterarse de que era investigada ella tiró el televisor al río Yi.

El hombre, ante el mismo temor, cuando recibió la citación sacó un pasaje para viajar a Montevideo, pero el fiscal solicitó el arresto el jueves 12 por la tarde, antes de que partiera. La mujer fue detenida el viernes 13 y ese mismo día se efectuó la audiencia de formalización para ambos.

El fiscal pretendía imputarles un delito de hurto especialmente agravado por penetración de un domicilio. Ese delito, según el artículo 341 del Código Penal, tiene una pena de 12 meses de prisión a ocho años de penitenciaría, porque el delito se ve agravado por el hecho de haber penetrado en una casa para robar. Además los ladrones conocían exactamente las circunstancias de la familia, ya que eran conocidos de toda la vida.

Sin embargo, a partir de lo que dispone el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), no fue por ese camino la actuación judicial. La jueza actuante, Valeria Curbelo, resolvió la formalización de la investigación “por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado por penetración domiciliaria”, y luego, a instancias del fiscal del caso, Alejandro Sastre, se dispuso la suspensión condicional del proceso a cambio del cumplimiento de dos medidas: 1) la realización de trabajos comunitarios dos horas diarias tres veces a la semana por 90 días, y 2) que cada uno de los imputados abone $ 2.500 a la víctima, en cinco cuotas iguales y consecutivas de 500 pesos, venciendo la primera el 7 de mayo, a abonarse en un local de cobranzas.

Para tratar de entender mejor este caso y esta actuación judicial, estamos con el fiscal, el doctor Alejandro Sastre.

Este proceso se realizó al amparo del nuevo CPP, que habilita esta especie de justicia restaurativa; ¿está bien llamarla así?

ALEJANDRO SASTRE (AS) —Exactamente, sí. Son casos de justicia restaurativa que prevé el nuevo Código, en este caso la suspensión condicional proceso, pero también creó dos institutos como las mediaciones a procesar y los acuerdos reparatorios entre víctima e imputado. Pero como usted muy bien dice, es una vía de justicia restaurativa.

EC —Veamos los hechos. Yo leía recién la crónica que publicó hoy el diario El Observador. ¿Las cosas sucedieron básicamente como están contadas allí?

AS —Sí, con la pequeña salvedad de que la imputada no publicó en una red social la venta del parlante, sino que se enteró de que una señora quería comprar un parlante y se contactó en forma privada con ella para venderle el objeto del hurto, en este caso el parlante.

EC —Lo cierto es que la policía logra llegar a esa persona que compra.

AS —En definitiva, la policía llega a esa persona que compra y luego, a raíz de la investigación, da con la persona que se lo había vendido.

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