Foto: Presidencia

Auspicia: BBVA, McDonald’s, Bodega Cerro Chapeu y UPM

Una de las opciones más prometedoras para disminuir las emisiones de gases invernaderos en el mundo, es la producción de biocombustibles. ¿En qué se encuentra Uruguay actualmente en esta materia?

Según un informe presentado por ALUR (Alcoholes del Uruguay) la semana pasada que analiza, justamente, el impacto de los biocombustibles en la emisión de gases de efecto invernadero, la mezcla de bioetanol permite ahorrar unas 120.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año en nuestro país, lo que equivale a sacar unos 46.000 vehículos de circulación.

La integración de los biocombustibles a la matriz energética nacional se formalizó dentro de la Estrategia de Política Energética 2005–2030, presentada en 2008. Este plan apostó por la diversificación de fuentes energéticas y por una transición hacia las energías renovables, visión que se consolidó en 2010 con un acuerdo multipartidario aprobado por el Consejo de Ministros, transformando la estrategia en una verdadera política de Estado.

En ese contexto, se propuso impulsar la producción nacional de biocombustibles mediante proyectos capaces de generar, además, coproductos de alto valor agregado —como alimentos para animales, biofertilizantes o energía eléctrica— buscando minimizar la competencia por el uso del suelo y del agua con la producción de alimentos.

Profundizamos en el presente y futuro de los biocombustibles en La Mesa Verde. Para eso Romina Andrioli conversó con:

Claudia Lareo

• Ingeniera química
• Profesora titular y jefa del Departamento de ingeniería bioquímica y bioprocesos del instituto de ingeniería química de la facultad de ingeniería
• Tiene un Phd en el Chemical Engineering Department de la Universidad de Cambridge en Inglaterra

Guillermo Siri

• Ingeniero agrónomo 
• Trabaja en manejo de suelos y bioenergía en la Facultad de agronomía Udelar y en la EEMAC (Estación Experimental «Dr. Mario A. Cassinoni») en Paysandú

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Auspicia: BBVA, McDonald’s, Bodega Cerro Chapeu y UPM

Foto: Shutterstock

En una nueva edición de La Mesa Verde hablamos sobre reciclaje de aceite. ¿Qué hacemos con el aceite de cocina una vez que ya no sirve? ¿Cómo evitar que contamine y transformarlo en un recurso útil? ¿Qué experiencias hay en Uruguay?

Una vez que terminó la fritura —de unas papas, una milanesa o unos buñuelos— el dilema es siempre el mismo: ¿qué hacemos con el aceite? La mayoría de las veces, se enfría, se guarda, se reutiliza una o dos veces… y después termina en el desagüe.

Pero ese simple acto tiene consecuencias enormes: cada litro de aceite de cocina usado puede contaminar muchos litros de agua. Si pensamos en la escala nacional, el problema resulta evidente. Pero, por suerte, también han surgido soluciones.

En los últimos años, Uruguay desarrolló un programa de reciclaje de aceite usado que ya evitó la contaminación de más de 2.500 millones de litros de agua.

La iniciativa es impulsada por ALUR, que lo transforma en biodiesel, en alianza con intendencias, escuelas, organizaciones sociales y también empresas del sector privado.

Arcos Dorados, por ejemplo, implementó en Uruguay un sistema automatizado para recolectar y tratar no solo el aceite, sino también la grasa de las parrillas de sus cocinas.

Esta experiencia se consolidó como uno de los primeros modelos operativos de economía circular en la región dentro de la cadena McDonald’s, y se replicó en otros países.

También hay iniciativas de emprendedores que recolectan aceite usado y lo transforman, por ejemplo, en jabones para distintos usos.

Sin embargo, el camino todavía tiene muchos obstáculos. Uno de ellos es cultural: la falta de educación ambiental en la población. Otro, legal: la normativa es difusa, los controles son escasos y muchas organizaciones no gestionan sus residuos correctamente.

¿Cómo logramos que más hogares se sumen al reciclaje de aceite? ¿Qué incentivos se necesitan para que las empresas cumplan con su parte? ¿Y qué tipo de marco legal o educativo podría ayudar a transformar este residuo en una oportunidad?

Para profundizar En Perspectiva conversamos con:

Sofía Traverso. Ingeniera en alimentos y gerenta de Supply Chain (Cadena de Suministro) y Calidad en Arcos Dorados Uruguay.

Adrián Gómez. Jefe de la División Logística de ALUR; responsable del programa “La energía se transforma: reciclá tu aceite”.

Verónica Bender. Abogada, cofundadora y directora ejecutiva de Mutua, empresa de triple impacto que recicla aceite usado de cocina para crear productos biodegradables de limpieza e higiene personal.

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Quienes estuvieron estos días por el norte del país deben haber visto grandes extensiones de campo consumidas por el fuego. Son las tradicionales quemas de la cosecha de caña de azúcar.

La caña de azúcar tiene un peso muy importante en la economía y en el empleo de aquella zona, especialmente en el departamento de Artigas.

Allí, en la ciudad de Bella Unión, a 630 kilómetros de Montevideo, se encuentra el complejo sucro-alcohlero de la empresa ALUR, Alcoholes del Uruguay, que produce biocombustibles y azúcar.

ALUR genera ingresos de manera directa a unas 2.400 personas, entre productores, cortadores, peones, y trabajadores industriales. Sin embargo, esta empresa, que integra el grupo Ancap, está hace tiempo envuelta en controversias políticas principalmente por los costos altos de la producción de biocombustibles. Ahora, el gobierno se propone mejorar la productividad de esta actividad, lo que puede traer grandes cambios en la economía de Bella Unión.

¿Cuáles son los planes de Ancap para esa empresa y esa localidad?

Hoy, En Perspectiva, conversamos con el presidente de Ancap, Alejandro Stipancic.

Destaques de la entrevista:

• "Hay que lograr eficiencia en el rendimiento agrícola, en la eficiencia industrial, etc. Producir biocombustible en Bella Unión cuesta 1700 dólares por m3 y en Paysandú cuesta 770 dólares por m3″
• "La planta de Paysandú tiene una planta industrial razonable, con alto grado de automatización"
• "A Ancap le cuesta entre 80 y 100 millones de dólares al año por el sobrecosto que se genera a Uruguay comprar biocombustible por sobre combustibles fósiles".
• "Todavía hay prácticas de la vieja CALNU (en Bella Unión), que no se adaptan a la modernidad".
• "Tenemos que lograr ser socialmente responsables y económicamente viables para lograr rentabilidad en Bella Unión"
• "Tenemos que producir caña de azúcar con condiciones más equitativas entre productores, reconociendo a los mejores, ayudando a los que no son tan buenos y que se mantengan los puestos de trabajo".
• "No es aplicable la mecanización en forma masiva. Ahora bien, en unos años aspiramos a que los trabajadores que hoy están en la cosecha puedan migrar a otros puestos de trabajo".
• Consultado por el cuidado medioambiental Stipancic aseguró: "La combustión de las hojas secas de la caña de azúcar generan un impacto negativo en el medio ambiente, pero eso es compensado con mejoras en otro lado. Hay que ver toda la ecuación completa". (1/2)
• "Nosotros usamos fertilizantes y herbicidas que están habilitados y no tenemos inconvenientes mayores. Con respecto a la fauna, durante la época entre zafras, hay una biodiversidad bastante importante". (2/2)

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Producción: Gastón González Napoli

A sus 78 años, Nancy Pelosi se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo a comienzos del 2019.

En noviembre del año pasado se celebraron las elecciones legislativas en EEUU, donde el Partido Republicano del presidente Donald Trump reforzó su dominio del Senado con la obtención de dos nuevas bancas. Sin embargo, el oficialismo perdió el control de la Cámara de Representantes.

El Partido Demócrata obtuvo allí el 53% de los votos, ganó 41 escaños y recuperó la Cámara Baja, que había perdido en 2010. El 3 de enero, cuando los nuevos legisladores asumieron sus cargos, la líder demócrata Nancy Pelosi resultó electa presidenta. Desde entonces se ha convertido en una dura rival para el presidente Trump, en particular en torno a la cesión de fondos para construir un muro en la frontera con México.

La negativa de ambos a dar el brazo a torcer llevó a EEUU a atravesar el cierre, o shutdown, más largo de su historia, con 35 días en que parte del Gobierno Federal se quedó sin presupuesto e incluso los trabajadores públicos no podían cobrar sus sueldos. El cierre terminó cuando el presidente firmó una tregua, obligado por el descenso marcado en su popularidad que la medida estaba provocando.

Así reaccionó Pelosi cuando Trump anunció que declararía una emergencia nacional para poder construir el muro en la frontera con México sin la aprobación del Congreso:

Sé que los republicanos tienen inquietud al respecto, no importa lo que digan. Porque el presidente puede declarar una emergencia nacional sobre algo que él ha creado como una emergencia, sobre una ilusión que quiere transmitir. Piensen en lo que un presidente con valores distintos podría hacerle al pueblo americano.

¿Quieren hablar de una emergencia nacional? Hablemos de hoy, el aniversario de un año de otra manifestación de la epidemia de violencia con armas en América. Esa es una emergencia nacional, ¿por qué no declara esa emergencia, presidente? Desearía que lo hiciera.

La comparación que hace es con la masacre del liceo Stoneman Douglas en Parkland, en la que murieron 17 personas entre estudiantes y trabajadores, el 14 de febrero de 2018.

¿Pero quién es esta mujer, que enfrenta con tanta firmeza a Donald Trump?

Inicios

Nancy D’Alessandro nació en Baltimore en marzo de 1940 en una familia de inmigrantes italianos. Se casó con Paul Pelosi y en 1969 se mudó a San Francisco. Con menos de 30 años, ya tenía cinco hijos y era ama de casa. Entonces comenzó a dedicarse a la actividad política y abrió un club del Partido Demócrata en su hogar. En 1976 trabajó en una campaña presidencial y se hizo un nombre por su gran capacidad para conseguir donaciones económicas. En 1981 ya era presidenta del partido en el estado de California.

A los 47 años, una amiga diputada se enfermó y le pidió que compitiera en la elección para sustituirla. Era la primera vez que Pelosi perseguía un cargo público electivo y ganó a su par republicano con comodidad. Entró al Parlamento en 1987, está actualmente cumpliendo su décimo séptimo período como legisladora.

En estos más de 30 años fue una pionera en diversos aspectos. En 2003 se convirtió en líder de los demócratas, la primera mujer en tener esa distinción, y en 2007, durante la presidencia de George W. Bush, fue electa como speaker, es decir presidenta de la Cámara de Representantes. Ninguna mujer había ostentado el cargo antes que ella. De hecho, Pelosi es la mujer con el cargo electivo más alto de la historia de EEUU.

Es reconocida como una mujer seria y enormemente trabajadora. Se dice que apenas duerme, no toma café, toma helado como desayuno, y tiene una gran habilidad para moverse en el ambiente de Washington. Su reputación como una gran captadora de fondos se sustenta en hechos: en las últimas elecciones, su campaña personal recaudó 80 millones de dólares, casi el doble que la subsiguiente.

Es una negociadora hábil, que suele pararse en el centro del espectro político. Durante su discurso de asunción, a principios de enero, habló una y otra vez de la importancia del bipartidismo y de la unidad.

Poco antes de asumir, decía lo siguiente en una entrevista:

Cuando abramos el nuevo Congreso, vamos a honrar los votos de nuestros fundadores: “De muchos, uno”.

Ellos no podían saber cuántos íbamos a ser, o qué tan diferentes íbamos a ser entre nosotros, pero sí sabían que teníamos que apostar a la unidad. Está bien discrepar, en el mercado de las ideas es emocionante, pero es importante encontrar soluciones que unifiquen y no dividan. Esa es la gran diferencia entre los demócratas y lo que está en la Casa Blanca hoy.

Figura polarizante

Pero su comodidad en el ambiente de élite también le ha jugado en contra. Es muy impopular a nivel nacional: el año pasado, una encuesta reveló que solo el 29% de los estadounidenses la respalda. Su riqueza –está casada con un importante inversor- y su fama de pragmática, no tan atada a una ideología, le granjeó el odio del ala más izquierdista del Partido Demócrata.

Pelosi tiene poca paciencia, según trascendidos de prensa, con las figuras jóvenes del partido, propensas al enfrentamiento directo con el oficialismo y a reclamar medidas mucho más radicales de las que el establishment está dispuesto a aceptar. Entre ellas está la socialista Alexandria Ocasio-Cortez, una diputada latina de Nueva York que ganó popularidad muy rápidamente y que no apoyó la candidatura de Pelosi como presidenta de la cámara.

Estas críticas internas se suman al fuerte rechazo que su figura despierta entre los republicanos. Esto se debe a posturas caracterizadas como progresistas que Pelosi tomó durante su larga carrera. Ya en su discurso de asunción se comprometió a luchar contra el sida, en aquel entonces un tema tabú; y en 2002, fue una de las figuras de mayor peso en pronunciarse en contra de la Guerra de Irak.

Durante su primer período como speaker, Pelosi impulsó una compleja negociación para conseguir el pasaje de la reforma del sistema de salud conocida como Obamacare, que logró por solo tres votos en una cámara de 435 personas. Fue uno de los mayores hitos del Gobierno de Barack Obama, y uno de los factores de más repudio entre los republicanos.

Como muestra de lo que genera en el partido del presidente Trump, en un debate previo a las últimas elecciones legislativas, el diputado por el estado de Virginia Dave Brat una y otra vez nombró a Pelosi para desacreditar a su rival demócrata Abiail Spanberger por el mero hecho de pertenecer al mismo partido que la actual speaker.

Regreso

En las elecciones de medio término de 2010, el Partido Demócrata sufrió la peor derrota legislativa en 70 años. Nancy Pelosi era la líder durante la debacle y su carrera parecía acercarse a su fin.

Sin embargo, en un perfil de la revista del New York Times del mes pasado, se muestra cómo en los últimos ocho años Pelosi cumplió un rol fundamental dentro de su partido. Incluso integrantes de la extrema derecha republicana destacan su habilidad política. A pesar de tener solo un tercio de la Cámara de Representantes, los demócratas incluso consiguieron concesiones durante el gobierno de Trump. Tal la capacidad negociadora de Pelosi.

En 2018 ganó la reelección en su distrito con casi el 70% de los votos y enfrentó con serenidad al grupo del ala izquierdista que la enfrentó por el puesto de speaker.

“No conozco a nadie con una piel tan gruesa, nadie de quien se hayan dicho cosas tan crueles, y a ella de verdad no le importa”, dijo un ex miembro de su equipo al New York Times.

En una entrevista con CNN, una de sus hijas, la documentalista Alexandra Pelosi, la describió así:

Te corta la cabeza y ni sabés que estás sangrando. Eso es todo lo que tenés que saber de ella. Nunca nadie ganó apostando contra Nancy Pelosi. Es perseverante. No importa lo que pienses de ella, le tenés que dar crédito. Piensen en todos los presidentes que pasó, los Bush, Clinton, pasó por todos. Sabe lo que está haciendo. Te hace dormir por las noches, saber que al menos una persona en esta ciudad sabe lo que está haciendo.

El choque con Trump en enero y la firmeza para oponerse al muro en México le han dado alivio y hasta mayor aceptación en el ala izquierdista de su partido. Durante el discurso del Estado de la Unión, pocos días atrás, la figura de Pelosi detrás del presidente causó furor en las redes sociales, por sus gestos que parecían muchas veces burlones.

Pero Pelosi tendrá que manejar ahora a una bancada diversa con muchos jóvenes rebeldes. Esta semana, por ejemplo, debió atacar a una miembro de su propio partido, la joven Ilhan Omar, una de las dos primeras diputadas musulmanas de EEUU, por comentarios que Omar realizó contra el lobby israelí en Washington. A esto se suman, por supuesto, los cruces con un presidente impredecible.

También se le ha criticado que no permite que la sucedan en el cargo de líder del partido cuando se está acercando a los 80 años. Pelosi dijo al New York Times que se retirará si un presidente demócrata gana las elecciones generales de 2020. Mientras tanto, es una vez más la mujer más poderosa del país.

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Foto: Doug Mills / POOL / AFP

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Producción: Alejandro Rodríguez

El uso que Leonardo De León hizo de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) volvió al debate ayer en la Comisión Permanente del Parlamento. La novedad fue el motivo por el cual se resolvió desde el Gobierno no denunciar a De León, expresidente de ALUR y actual senador del Frente Amplio.

Esta información se conoció durante la comparecencia parlamentaria de los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Guillermo Monchecchi. Los ministros habían sido citados por la oposición, en primer lugar para dar cuenta de la política tarifaria del Gobierno, pero también para explicar por qué motivo Ancap o ALUR no denunciaron a De León por las irregularidades en el manejo de la tarjeta corporativa mientras fue presidente de esa empresa, entre diciembre de 2013 y febrero de 2015.

La vista fiscal

En mayo del año pasado el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, se pronunció por el archivo de la denuncia contra el expresidente de ALUR, indagado, entre otros motivos, por el uso de la tarjeta corporativa de esa compañía, que es 90,79% propiedad de Ancap y 9,21% propiedad de la venezolana Pdvsa.

Si bien el 6 de abril la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) había señalado que el dirigente de la Lista 711 había cometido "irregularidades" en el uso de la tarjeta, Pacheco señaló en su dictamen que no pediría una acción penal debido a "la ausencia [en ALUR] de reglamentación [sobre las tarjetas corporativas] y la no exigibilidad de comprobantes de los gastos".

Pacheco consideró acreditado que no existía en ALUR este reglamento "y aún cuando en determinando momento se elaboró un instructivo, no consta que este hubiera sido formalmente aprobado".

El fiscal señaló que “si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida”.

En el escrito se indicaba, también, que “aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida se castigan de oficio, no deja de ser relevante advertir que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, ALUR S.A., ni por el accionista minoritario, propietarios de los fondos respecto de los cuales se habría hecho un uso distinto al fin para los que fueron concedidos”.

Denuncia

Aquí hay un elemento importante que maneja el fiscal Pacheco: la ausencia de una denuncia de ALUR o, en su defecto, de Ancap. En reportajes periodísticos posteriores al dictamen, Pacheco asignó una relevancia superlativa a este hecho.

Por ejemplo, el mismo día en que se conoció el dictamen, el 2 de mayo, Pacheco concedió una entrevista al portal digital Ecos:

-En ALUR no había ningún tipo de reglamento, había un instructivo que nunca se aprobó, es una empresa privada y se hizo más dificultoso encontrar una figura delictiva. No hay en realidad. Podría ir a la apropiación indebida.

-¿Y entonces?

– La apropiación indebida, si bien es un delito que se puede castigar de oficio, en la práctica lo que precisás es que la propia empresa damnificada te haga una denuncia, que acá no la hay. Alguien que diga: “Acá tengo a un presidente que está haciendo un uso indebido de la plata”; ni ALUR, ni Ancap, ni el accionista minoritario ni nadie lo dijo.

Pocos días después, el 11 de mayo, en una entrevista con el informativo de radio Carve, Pacheco indicó que si ALUR se hubiera presentado ante la Fiscalía de Crimen Organizado con información del uso irregular de la tarjeta corporativa por parte de De León, él habría tenido que revisar la documentación y analizar si había elementos que motivaran el desarchivo de la causa.

"Si lo hiciera ahora, como todo archivo, es sin perjuicio. Un archivo sin perjuicio significa que si se agregan hechos nuevos corresponde reanalizar", explicó Pacheco. "Habría que analizar esa conducta de ALUR, esa denuncia y ver si la denuncia del interesado hacen cambiar o no la opinión de la Fiscalía".

Explicación

Ayer, varios meses después de todo esto, y cuando el expediente judicial ha quedado prácticamente en el olvido, el Gobierno dio detalles de la decisión de no presentarse ante Fiscalía como parte damnificada.

El diputado nacionalista Pablo Iturralde había añadido este asunto al motivo original de la convocatoria: los ajustes de tarifas públicas aprobados a comienzos de año. Iturralde cuestionó en sala que las autoridades, como funcionarios públicos, no hayan presentado un escrito ante la Fiscalía como parte perjudicada por la gestión de De León.

Al momento de responder, el ministro Moncecchi le cedió la palabra al director de Ancap Ignacio Berti, único integrante del Directorio del organismo presente en la sesión parlamentaria.

En su intervención, Berti señaló que la decisión de no presentarse ante la Fiscalía se hizo en base a una “evaluación estrictamente jurídica”.

Sostuvo que el fiscal Pacheco no inició un proceso penal contra De León porque no tuvo los elementos probatorios para acusarlo de apropiación indebida y que no necesitaba de una denuncia de ALUR porque el delito de apropiación indebida puede perseguirlo la Fiscalía de oficio.

De todos modos, Berti reconoció que algunas declaraciones a la prensa de Pacheco generaron “dudas” y por ese motivo se solicitó un informe jurídico externo al abogado Gustavo Bordes.

Ese informe jurídico avaló la tesis inicial: que no era necesario que ALUR o Ancap se presentaran ante la Fiscalía como parte damnificada por el uso indebido de la tarjeta corporativa por parte de Leonardo De León.

Así habló Berti:

Nos llevaron a concluir que no tiene sentido hacer la denuncia. Porque sopesamos precisamente el argumento menor de la falta de denuncia expresada en los medios por el fiscal -en algunos medios porque en otros dijo que no era necesaria la denuncia- con los demás elementos manejados por la Fiscalía.

Y concluimos que aún formulada tal presentación, no lograría conmover un ápice la decisión del fiscal. Aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen, a menos que deshiciera todo el dictamen que ya había realizado sobre otros fundamentos. Y para resolver o deshacer los otros fundamentos no tenemos ningún elemento, señora presidenta, para agregar.

Berti subrayó que no había elementos adicionales para presentar en la Fiscalía de Crimen Organizado una vez que Pacheco resolvió el archivo de la causa.

Añadió que se concluyó entre todos los directores de Ancap y de ALUR que “no correspondía” la presentación de una denuncia contra De León porque no se hallaron elementos nuevos que apuntaran contra un manejo irregular de la tarjeta corporativa en su período en la empresa.

Continuó el jerarca:

Creo que no es sostenible afirmar que la falta de denuncia de ALUR fue el elemento fundamental para que el fiscal no pidiera el procesamiento. Es verdad que ALUR no hizo la denuncia porque no sabía los hechos. Después que terminó el proceso, a la vista de las resoluciones, se analizó extensamente en el directorio con todos los integrantes -tanto del Directorio de Ancap, como de ALUR- y concluimos todos, con el asesoramiento de la asesoría jurídica de ALUR más los informes jurídicos externos recabados, en que no correspondía la presentación.

Pero además, había una razón “de Perogrullo”. Alguien hace una denuncia arriba de otra archivada cuando tiene algo nuevo que agregar. Si nosotros hubiéramos encontrado algún elemento nuevo o alguien hubiera venido a declarar algo, algún hecho o algo que realmente enervara esta afirmación del fiscal, sin dudas ahí hubiera jugado nuestra obligación de funcionario público de denunciar. Pero en este caso no se configura ni por asomo, con todo respeto lo digo, la obligación a la que alude el señor diputado.

A la luz de estas explicaciones, para Ancap, y también para ALUR, quedó zanjado el debate sobre lo ocurrido en aquella oportunidad alrededor del caso De León.

***

¿Cómo evalúa esta respuesta el diputado Iturralde, que había planteado la convocatoria a sala?

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(DE NUESTRAS NOTICIAS DEL VIERNES 15)

Para el diputado nacionalista Pablo Iturralde, las autoridades de Ancap y de Alur debieron optar por el camino “más fácil” y “económico para el Estado”, y denunciar el uso que hizo Leonardo de León de las tarjetas corporativas mientras estuvo al frente de la empresa emblema de Bella Unión.

El miércoles, durante la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Economía y de Industria en la sesión de la Comisión Permanente convocadas por la oposición, Iturralde pidió que se explicara los motivos que llevaron a las autoridades a no denunciar este hecho ante la Justicia. Es que si bien el fiscal Luis Pacheco – que archivó la causa contra De León- dijo que aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida podían castigarse de oficio, no dejaba de ser relevante advertir que la empresa presumiblemente damnificada, ALUR S.A., no había denunciado el tema.

En la sesión, quien respondió al planteo de Iturralde fue Ignacio Berti, integrante del directorio de Ancap, quien afirmó que para despejar esas dudas el ente encargó un informe jurídico que avaló la tesis inicial: que no era necesario que ALUR o Ancap se presentaran ante la Fiscalía como parte damnificada por el uso indebido de la tarjeta corporativa por parte de De León.

Agregó que aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen, a menos que deshiciera todo el trabajo que ya había realizado sobre otros fundamentos. Y para eso – dijo Berti- “no tenemos ningún elemento” para presentar.

Estas explicaciones no conformaron a Iturralde, quien dijo lo siguiente en diálogo con En Perspectiva:

“En este caso Ancap, en vez de ir por el camino más corto, más barato y más razonable como administrador de bienes públicos, es decir ‘denuncio’, y una vez que denuncio la Justicia tomará cartas en el asunto, no… llama a un abogado que vaya y prepare un informe y que le diga qué debe hacer. Soy abogado, respeto mucho a mis colegas, pero yo también si soy un gobernante y quiero que me contesten de una manera puede llamar a cuatro o cinco, preguntarles la opinión y según la opinión que me den encomendar el informe a quien le guste más. Me temo mucho que eso pueda haber sucedido acá” dijo Iturralde.

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Foto: Presidencia

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¿Debió Leonardo de León ser juzgado por el fiscal Pacheco como un funcionario público? Dado que presidió ALUR, una empresa que es propiedad de Ancap en un 90%. ¿Hay que reformular el Código Penal, o los reglamentos de empresas privadas con mayoría accionaria del Estado? ¿Para que así sus directores tengan las mismas responsabilidades penales que el resto de jerarcas públicos?

Legisladores de la oposición como el nacionalista Pablo Abdala o el colorado Ope Pasquet creen que es necesaria una reforma. El pasado 19 de abril se reunió por primera vez una comisión parlamentaria que pretende discutir si es necesario seguir tal camino. Para profundizar en el tema, En Perspectiva se comunicó con el abogado Adrián Gutiérrez, profesor de Derecho Administrativo de la Udelar y la UCU.

"Es un tema que se viene discutiendo desde hace varios años", explicó Gutiérrez: "Entidades estatales tratan de huir de la órbita del derecho público para el ejercicio de sus actividades".

Agregó: "El Estado es una globalidad. El hecho de que actúe por estas entidades instrumentales no debería exonerar de responsabilidad, o por lo menos no en la responsabilidad del derecho público, por la actuación de esas personas jurídicas de derecho privado". Gutiérrez recordó que los cargos son de confianza política y manejan dineros públicos; por tanto, sostuvo que es necesario rever las normas.

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El Fiscal Especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó a la jueza Beatriz Larrieu el archivo de la denuncia contra el expresidente de ALUR, Eduardo de León, por el uso de tarjetas corporativas, e indicó que no se formulará requisitoria penal al respecto contra el senador.

La Mesa de los Jueves con Hernán Bonilla, Hoenir Sarthou, Carlos Ramela y Esteban Valenti.

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Transcripción de la entrevista con Juan Fagúndez

El fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco pidió a la jueza Beatriz Larrieu el archivo de la denuncia contra el senador Leonardo de León por sus gastos con la tarjeta corporativa cuando integraba el directorio de la empresa ALUR, subsidiaria de Ancap, entre los años 2011 y 2015.

El doctor Pacheco basó su resolución en que De León no era un funcionario público, en la empresa no existía un reglamento para el uso de la tarjeta, no se exigía comprobante de gastos, pero además la entidad de los gastos cuestionables fue relativamente escasa.

Hablando con En Perspectiva, el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, la colectividad política que presentó en su momento esta denuncia penal, declaró que este dictamen es "escandaloso" y que promueve el descrédito de la población a propósito de los políticos y su comportamiento. El doctor Mieres fue implacable en su crítica al fiscal.

Para tener un enfoque complementario, En Perspectiva conversó con un abogado penalista muy experiente: el doctor Juan Fagúndez.

Transcripción de la entrevista con Juan Fagúndez

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Foto en Home: Gentileza Teledoce

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Mieres: Archivo de causa contra de León es "un dictamen absurdo desde la lógica jurídica" y "es descorazonador, muy decepcionante"

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El denunciante contra de León, senador Pablo Mieres, habló con En Perspectiva sobre este pedido de archivo. Es "un dictamen absurdo desde la lógica jurídica, es escandaloso", afirmó Mieres. Se refirió al motivo que el fiscal Pacheco expuso para no pedir el procesamiento por apropiación indebida, de que al ser ALUR una empresa privada debería ser su directorio el que denunciara a de León: "Es increíble".

Respecto de la falta de un reglamento sobre la utilización de tarjetas corporativas dentro de ALUR, cosa que Pacheco critica, Mieres declaró que "el reglamento está en la ley". "El propio fiscal, cometiendo un error conceptual insólito, dice que buena parte de los gastos de de León se realizaron para pagar alojamientos y alimentación y traslados… y resulta que de León tenía al mismo tiempo viáticos. Como dijo bien la Jutep, es irregular".

Pacheco explicó en entrevista con Ecos que él no pidió nunca en su carrera el procesamiento de una persona por los montos bajos que se encontraron como irregulares entre los gastos de de León. Sobre estas declaraciones, Mieres repitió: "La única palabra que a uno le surge es ‘escándalo'". "Es muy descorazonador, muy decepcionante", agregó. "Cualquier análisis razonable de la realidad lleva a otro resultado".

Una y otra vez Mieres rebatió que el fiscal no podría perseguir el delito de apropiación indebida de oficio. Incluso afirmó que no puede esperarse que ALUR presente una denuncia ahora que Pacheco ya se pronunció. "La gente pierde confianza en las reglas del juego", dijo el senador sobre la decisión del fiscal.

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EN PERSPECTIVA
Jueves 03.05.2018, hora 8.38

EMILIANO COTELO (EC) —El fiscal especializado en crimen organizado Luis Pacheco pidió a la jueza Beatriz Larrieu el archivo de la denuncia contra el senador Leonardo de León por sus gastos con la tarjeta corporativa cuando integraba el directorio de la empresa ALUR, subsidiaria de Ancap, entre los años 2011 y 2015.

El doctor Pacheco basó su resolución en que De León no era un funcionario público, en la empresa no existía un reglamento para el uso de la tarjeta, no se exigía comprobante de gastos, pero además la entidad de los gastos cuestionables fue relativamente escasa.

El fiscal sostiene que De León hizo un uso discrecional de las tarjetas en el país y en el exterior, por sumas significativas y sin rendir cuentas, pero acreditó que la mayoría de esos gastos respondieron a motivos de alojamiento, transporte o alimentación, rubros que pueden ser considerados usuales en viajes de negocios.

Preguntado por el diario El País por qué no tipificó delito, pese a que cuestiona la conducta de De León, por qué además se da la diferencia con lo que resolvió en el caso de Raúl Sendic, a quien por una conducta similar le tipificó reiterados delitos de peculados, el doctor Pacheco respondió: “Primero, porque Ancap es una empresa pública y ALUR es una sociedad privada con participación mayoritaria de dicho ente. Los funcionarios y directivos de ALUR no son funcionarios públicos, si fueran funcionarios públicos se les aplicarían una gran cantidad de otras normas de responsabilidad y administración financiera. Por ejemplo, los gastos de representación tienen que estar especialmente previstos en las empresas estatales. Y la otra gran diferencia es que ALUR no tenía una reglamentación sobre el uso de tarjetas corporativas”.

Pacheco reconoció que en este caso el delito de peculado no correspondería, en todo caso el delito que podría caber sería el de apropiación indebida, pero indicó que no pidió procesamiento por ese delito, primero, porque la propia empresa ALUR no lo denunció, ni tampoco el accionista minoritario, Pdvsa. En segundo lugar, “no pido el procesamiento de nadie por 1.500 pesos”. De esa forma, el fiscal alude al monto reducido de los gastos de De León que no tienen vinculación con ALUR.

Por otro lado, el fiscal admitió que hay dudas sobre algunos gastos en particular, que hay dudas sobre gastos que no estarían relacionados con ALUR. Por ejemplo, en cataratas de Iguazú en época de Semana de Turismo, pero recordó que en derecho penal la duda favorece al indagado.

Escuchamos más temprano al senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, la colectividad política que presentó en su momento esta denuncia penal. El doctor Mieres entiende que este dictamen que se conoció ayer es escandaloso y que promueve el descrédito de la población a propósito de los políticos y su comportamiento. El doctor Mieres fue implacable en su crítica al fiscal.

Y preguntaba algún oyente: “¿Tendremos la otra campana?”. Procuramos la entrevista con el senador De León…

ROMINA ANDRIOLI (RA) —El senador De León va a dar una conferencia de prensa esta tarde, está prevista para las 19 horas.

EC —Hasta ese momento no habla, no da entrevistas, por ejemplo.

RA —También intentamos con el fiscal, el propio Luis Pacheco, quien declinó por ahora hacer declaraciones, por lo menos en entrevista con nosotros.

EC —Para tener un enfoque complementario, vamos a conversar con un abogado penalista muy experiente, el doctor Juan Fagúndez.

¿Qué dice usted? ¿Ha podido leer el dictamen?

JUAN FAGÚNDEZ (JF) —Sí, leí el dictamen y leí también una entrevista a Pacheco que publicaron ayer en Ecos.

EC —¿Y qué conclusiones saca?

JF —Para mí Pacheco es un prestigioso funcionario de la Fiscalía y con ese dictamen no hace más que honrar al instituto y demostrar que es una persona absolutamente coherente, cabal, honesta y que tiene cuero como para largar un dictamen de esa naturaleza y soportar las críticas de los políticos o de los interesados como denunciantes, aplicando a rajatabla todos los principios del derecho penal. Eso es lo que considero.

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