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Un decreto que introduce cambios importantes en el mercado eléctrico está enfrentando al oficialismo con la oposición y el sindicato de trabajadores en UTE.

A mediados de agosto el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que les reconoce capacidad de potencia firme para generar electricidad a las empresas privadas que producen energías renovables nuevas, básicamente eólica, solar y biomasa.

El cambio apunta a flexibilizar el mercado mayorista de energía entre privados para, de ese modo, facilitar la captación de grandes inversiones. Hasta ahora esos contratos eran muy dificultosos ya que a las generadoras se les exigía tener un respaldo de suministro continuo muy alto y costoso para que pudieran vender directamente a grandes consumidores.

Desde el Frente Amplio y el sindicato de funcionarios de UTE alertan que esta nueva norma le hará perder grandes clientes a la empresa estatal, por ejemplo la planta de Coca-Cola que hace unos días dejó de comprar energía a UTE para empezar proveerse con un privado. Pero además advierten que el nuevo escenario implica una competencia desleal porque en los nuevos contratos entre privados no se asumen los costos de amortización del cambio de la matriz energética y otros costos fijos de generación, que ahora deberán ser asumidos solo por UTE y seguramente se trasladarán a las tarifas generales.

Por esa razón, la directora de Ute por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, y la Asociación de Funcionarios de la UTE, presentaron recursos de revocación en contra del decreto ante el Poder Ejecutivo.

Realizamos un primer enfoque sobre el tema.

¿Cuáles son los los argumentos del sindicato?

¿Por qué habla de un escenario de competencia desleal?

Lo averiguamos con Gonzalo Castelgrande, presidente de la Asociación de Funcionarios de la UTE, y Jorge Molinari, economista, especialista en costos y tarifas de UTE, también integrante del gremio de trabajadores.

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Documentos relacionados: Decreto MIEM – 24/08/2023

Comunicado de AUTE sobre el decreto

Comunicado de AUTE sobre el caso de Coca Cola

Destaques de la entrevista:

• Capacidad de potencia firme: "Tiene que ver con la garantía del suministro de lo que es el sistema. El consumidor cuando va a contratar la energía,el que le vende la energía le tiene que garantizar la posibilidad de que ese consumidor pueda comprar energía en el momento que necesite. Tiene que tener un respaldo que pueda garantizar las 24 horas del día los 365 días del año la energía que este consumidor necesite".
• "La crítica que nosotros tenemos con este decreto es que hay un montón de costos que no van a pagar estos empresarios que van a tener estos negocios (de venta de energía) y si lo van a pagar otros usuarios que son los que van a quedar en la UTE, eso es un poco las consecuencias de este decreto".
• "Una de las cosas que nos preocupa de este decreto es que no tiene fundamentación".
• "Estos empresarios están siendo doble o triplemente beneficiados porque reciben una exoneración de impuestos del Estado, se instalan para competir con el Estado y a su vez a UTE no se le exonera absolutamente nada. Ahí entramos en otro término que es lo que nosotros decimos competencia desleal".
• Caso Coca-Cola: "La empresa multinacional que le vende energía ya tiene contratos con UTE, ya fue beneficiada por la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) cuando se instaló en el país. Vía inversiones se le exoneraron varios de decenas de millones de dólares. A su vez tiene contrato con UTE a 20 años y la UTE le garantiza la compra de su energía. (…) Tuvo todos estos beneficios y ahora va a competir con la empresa pública UTE o sea, con el mismo estado que le dio todos los beneficios".
• "En el extremo si todos los clientes de UTE se fueran al mercado spot, que no lo pueden hacer, UTE no podría pagar esos contratos, porque son compromisos asumidos en otro momento que viabilizaron esa incorporación de la energía con otro valor de la tecnología".
• "El decreto está mal, no había necesidad de hacer este decreto porque volvemos a insistir: Acá hay una competencia sumamente desleal. Si vos le garantizas a un inversor la solución, le salís de respaldo, le salís a pedir el préstamo, encima le garantizas que le vas a comprar todo lo que va a producir y aún lo que no va a producir, es imposible, atrás está la UTE".
• "Hay mucho prejuicio con la empresa pública y acá queda muy clara la fortaleza de UTE como empresa pública, porque en definitiva no solo esta bancando lo que tiene que bancar por ley, que es garantizar la energía a todos los hogares a todo lo que es la dinámica del país, sino que a su vez está bancando los costos de otros. Eso es lo que tenemos que poner arriba de la mesa, por eso nosotros decimos que es una competencia sumamente desleal".
• "Realmente no entendemos cuál es el beneficio de este Decreto. El ministro hasta ahora no ha explicado cuál va a ser el beneficio para la gente de este Decreto. Sí ha explicado, cuál va a ser el beneficio para un grupo minoritario entre 90 y 100 empresas que en principio van a ser beneficiadas con este decreto. No he explicado cuál va a ser el beneficio para el conjunto de la población".
• "Nosotros no tenemos problema que Coca-Cola le compre la energía a quien quiera siempre y cuando pague lo mismo que pagan las tarifas residenciales. No nos parece bien de que las tarifas residenciales carguen con todo el peso del sistema".
• "Hoy pagar la tarifa en un hogar cuesta hasta 10 y 15 veces más que lo que le puede costar después de su valor bruto de producción a un empresario, eso está comprobado en nuestro país".

La entrada AUTE cuestiona decreto de venta de energía: “No tiene fundamentación”, ahora las empresas van a “competir con UTE, o sea con el mismo Estado que le dio todos los beneficios”. Con Gonzalo Castelgrande y Jorge Molinari se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La agrupación de funcionarios de la UTE, AUTE, se distanció la semana pasada de los operativos que el Ministerio del Interior viene implementando en distintas zonas de Montevideo desde hace casi un año.

Fue en estas intervenciones policiales, coordinadas desde Fiscalía, que se reveló la práctica de usurpación de vivienda que grupos criminales como Los Chingas realizaban en Los Palomares de Casavalle y otros barrios. Recordemos que expulsaban a los vecinos de sus casas para utilizarlas con fines delictivos o entregarlas a otras personas.

Pero los operativos no suponen únicamente allanamientos y detenciones. Suponen medidas edilicias, como el derrumbe del muro fortificado que había construido el clan Figueroa en el Complejo Quevedo, del barrio Jardines del Hipódromo. Y también implican inspecciones de luz y agua para encontrar conexiones ilegales.

Por ejemplo, en un operativo realizado en Tres Ombúes el 3 de diciembre pasado, se detuvo a catorce personas por conectarse ilegalmente a la energía y el agua potable. Dos días más tarde, en una nueva maniobra policial en Los Palomares, Interior informó que los detenidos por este tema fueron seis.

El sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es quien dirige estos operativos. Leal señala que además de buscar desarticular redes de narcotráfico, se agregan las inspecciones de luz y agua porque se busca reinstaurar la cultura de la legalidad en zonas que la perdieron.
Así lo explicó en conversación con la producción de En Perspectiva:

"Lo de la construcción de la cultura de la legalidad tiene que ver con la necesidad de poner en pie de igualdad una agenda de derechos y una agenda de responsabilidades ciudadanas. Y el convencimiento de que el poder asumir responsabilidades es una manera de dignificar a las personas y de construirlas como ciudadanos de derecho también".

Agregó: "El tener una conexión legal a un servicio público implica también poder tener un recibo a su nombre, poder acreditar para cualquier otro organismo un lugar de residencia, y claramente, en casos especiales donde hay dificultades económicas, los organismos públicos como UTE y OSE tienen un sistema de tarifas diferenciales que trata en forma desigual a las personas que son desiguales".

El comunicado
A pesar de esa visión general, el sindicato de UTE afirma que los trabajadores del ente se ven expuestos.
"Nuestro rol es mantener y desarrollar el servicio público de energía eléctrica", plantea AUTE en un comunicado. "Hacemos los mayores esfuerzos por que nunca quede ni un solo rincón donde no ingresemos a ‘dar luz’ a la gente".

"Este esfuerzo y compromiso permanente se ve atacado cuando por decisiones totalmente ajenas a nosotros se nos vincula con el accionar policial, una vinculación absolutamente innecesaria y grave que desvirtúa totalmente nuestra tarea cotidiana y que a su vez nos deja expuestos a eventuales situaciones de violencia, durante y después de los operativos, que no tendríamos por qué enfrentar".

El comunicado dice que el acceso a la energía eléctrica es un "derecho humano fundamental", pero que la tarifa de UTE es "injusta" e imposible de sostener para hogares de bajos recursos.

"Cada invierno sentimos un profundo dolor cuando como trabajadores nos toca asistir donde se producen incendios de viviendas por instalaciones precarias que determinan resultados devastadores para familias muy humildes".

"No tenemos nada que ver con el accionar represivo", cierra el comunicado del sindicato.

Sebastián Herrera, presidente de AUTE, habló con la producción de En Perspectiva para profundizar.

"Los trabajadores de UTE entendemos que por supuesto está perfecto que se pueda fiscalizar que los usuarios se conecten a la red de forma regular, pero también que hay muchas situaciones que se dan que hacen imposible el acceso a la energía de forma regular, y por lo tanto es dificultoso poder acceder a un derecho humano fundamental".

Por eso, señaló: "El Estado lo que debe profundizar es en políticas públicas y sociales de inclusión y de regularización. Hay herramientas para hacerlo, hay algunas iniciativas que la UTE ya tiene y que saludamos. Pero entendemos que el mensaje hacia la población, hacia el usuario que hace el esfuerzo por pagar la luz y aquellos sectores más golpeados, no es con el discurso represivo que vamos a resolver el problema".

Herrera contó además que los trabajadores de la empresa estatal han realizado jornadas de reflexión para discutir el lugar en el que quedan parados con estas inspecciones.

Hasta ahora no han vivido situaciones de violencia física, pero sí dijo que los vecinos que atravesaron recientemente un operativo los reciben con un "clima hostil". Según Herrera, se trata de un tema más de fondo, un tema político sobre la función de UTE en la sociedad.

"Muchas veces se terminan armando especies de asambleas en los barrios, explicándole a los usuarios, al pueblo del cual nos sentimos parte, qué es lo que pasa, por qué se dan estas condiciones, que en UTE está pasando por una realidad internamente que los recortes están haciendo pedazos el servicio, explicarles lo de la tarifa, que el sindicato tiene una propuesta, y con eso tratamos de matizar y de ir resolviendo los problemas", dijo Herrera.

Continuó: "Nosotros históricamente hemos tenido la decisión, que la vamos a seguir manteniendo, de que vamos a entrar a todos lados, queremos ir a dar luz a todos lados, no queremos entrar en eso de que es zona roja o zona no roja. Nosotros queremos entrar a todos lados. Ahora, queremos discutir cuál es el rol que tenemos, y por supuesto las condiciones de seguridad. Ni que hablar que tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerlo".

En Perspectiva se comunicó con el sindicato de OSE. Gustavo Ricci, presidente del gremio, dijo que si bien cuadrillas de esa empresa también participan de los operativos, no se han recibido hasta ahora quejas de sus afiliados y por lo tanto no se ha emitido opinión respecto de este tema.

La respuesta
¿Qué responde a esto el Ministerio del Interior? Gustavo Leal aclaró que ni la Policía ni la cartera han recibido denuncias por violencia hacia los funcionarios de UTE luego de la realización de un operativo.

En caso de recibir un pedido de protección a los trabajadores de los entes, Leal adelantó que se podría contemplar.
Además, el jerarca explicó que la decisión de citar a personal de los entes públicos no depende del ministerio sino de la Fiscalía. Dijo que se han realizado actuaciones de gran escala sin participación de otros organismos por fuera de la Policía. Y que cuando sí participan, no solo se abarca a UTE y a OSE sino que también se han realizado censos o se ha incluido a Bomberos o la división de Arquitectura de la Intendencia.

De todos modos, Leal resaltó el profesionalismo del trabajo de UTE y OSE y comprendió que se separen de las actuaciones policiales.

"El trabajo que ellos hacen es súper importante, todo el tema de la reconexión y de la formalización de la gente. Los procedimientos, las consecuencias jurídicas que tienen, no tienen que ver con el trabajo de ellos".

"De hecho, por ejemplo, en Los Palomares ya hay una tercera parte de las viviendas tienen conexión legal de UTE y de OSE. Es decir que tienen contadores. Eso ha sido parte del proceso de regularización que fue viable gracias a que reinstalamos la cultura de la legalidad en ese lugar".

Leal afirmó que el objetivo es llegar a marzo del año que viene con todas las viviendas de la Unidad Misiones con su contador de agua y con su contador de luz, por primera vez en 40 años.

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Óscar Andrade:

Gonzalo Castelgrande

Abigail Puig

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