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La “estigmatización a la prensa” de parte de líderes políticos en Uruguay “preocupa” al Relator Especial para la Libertad de Expresión del CIDH, Pedro Vaca

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El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) criticó la publicación que hizo el sitio web de la Presidencia de la República, con información sobre Gabriel Arrieta, el colono que el lunes mantuvo una fuerte discusión con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El entredicho se produjo cuando Vázquez salía de la primera reunión de las mesas de trabajo organizadas por el gobierno con gremiales agropecuarias y representantes del movimiento “Un solo Uruguay”.

En un comunicado difundido ayer, Cainfo “expresa su preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país”.

Cainfo agrega que “si bien es de interés público toda información referida a la utilización de recursos públicos y las acciones que realizan los organismos públicos para recuperar los mismos, es inadecuado que la misma sea utilizada por Presidencia de la República para denostar a una persona que –más allá de las formas elegidas- se manifestó públicamente, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en forma crítica hacia el Presidente de la República”.

Por último, la institución “desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder”, afirma el texto.

La Mesa con Hernán Bonilla, Fernando Butazzoni, Carlos Ramela y Esteban Valenti.

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Transcripción de la entrevista con Tania da Rosa, abogada especializada en derechos humanos, periodista y consultora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.

Los uruguayos vivimos en un estado republicano, con tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Cada cinco años, concurrimos a las urnas para elegir a quienes ocuparán los cargos de mayor relevancia del ejecutivo y el legislativo. ¿Pero, quién designa a las autoridades del Poder Judicial? Y, más importante aún, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para ello?

En estos días, legisladores de todos los partidos negocian contrarreloj para acordar quién ocupará el cargo de ministro de la Suprema Corte Suprema de Justicia que dejó vacante Jorge Larrieux.

Es que, según la Constitución, los ministros de la SCJ pueden definirse en la Asamblea General, por dos tercios de los integrantes de ese cuerpo.

Sin embargo, un grupo de organizaciones sociales, entiende que el procedimiento que se está siguiendo “resulta inaceptable” porque carece de “transparencia”, “participación ciudadana” y “rendición de cuentas”.

Para conocer más sobre este reclamo, en la entrevista central conversamos con la doctora Tania Da Rosa, abogada especializada en DDHH, periodista y consultora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

Transcripción de la entrevista con Tania da Rosa, abogada especializada en derechos humanos, periodista y consultora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.

Documentos relacionados
Comunicado de organizaciones sociales sobre el proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia

Garantías para la independencia de los operadores de Justicia. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

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Crédito Foto: Cecilia García/liccom.edu.uy

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Entrevista con Tania da Rosa, abogada especializada en derechos humanos, periodista y consultora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.

EN PERSPECTIVA
Jueves 09.02.2017, hora 8.23

EMILIANO COTELO (EC) —Los uruguayos vivimos en un Estado republicano, con tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada cinco años, concurrimos a las urnas para elegir a quienes ocuparán los cargos de mayor relevancia del Ejecutivo y del Legislativo. Pero ¿quién designa a las autoridades del Poder Judicial? Y, más importante todavía, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para esa designación?

En estos días, legisladores de todos los partidos están negociando contrarreloj para acordar quién ocupará el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que dejó vacante Jorge Larrieux.

Es que, según la Constitución, los ministros de la SCJ pueden definirse en la Asamblea General, por dos tercios de los integrantes de ese cuerpo.

Sin embargo, un grupo de organizaciones sociales entienden que el procedimiento que se está siguiendo “resulta inaceptable”, porque carece de “transparencia”, de “participación ciudadana” y de “rendición de cuentas”.

Vale la pena retomar este debate, actualizarlo con este nuevo caso. Para eso, vamos a conversar con la doctora Tania da Rosa, abogada especializada en derechos humanos, periodista y consultora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), una de las instituciones que participan en esta campaña.

Recordemos, en primer lugar, qué es CAinfo.

TANIA DA ROSA (T da R) —CAinfo es una organización no gubernamental fundada en el año 2008 con el propósito de trabajar en temas de libertad de expresión y promover el derecho de acceso a la información pública en nuestro país.

EC —Repasemos el procedimiento que prevé la Constitución para elegir a las autoridades del Poder Judicial. El artículo 235 establece los requisitos: para ser miembro de la SCJ se requieren 40 años cumplidos de edad, ciudadanía natural en ejercicio o legal con 10 años de ejercicio y 25 años de residencia en el país, y ser abogado con 10 años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la judicatura o el ministerio público fiscal por espacio de 8 años. ¿Algún comentario sobre esta primera parte?

T da R —Exactamente, eso es lo que establece el artículo 235 de la Constitución. A título informativo, comento que del análisis que hemos realizado para la formulación de esta petición surgen datos muy interesantes, que hablan también de la importancia de mejorar el proceso de designación para que sea más participativo.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 08.12.2015, hora 8.20

EMILIANO COTELO (EC) —Hace una semana, el Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) firmaron un protocolo mediante el cual coordinarán las decisiones sobre interceptaciones legales de comunicaciones. Según se informó, ese sería el último paso para que el sistema de espionaje conocido como El Guardián quedara habilitado.

El anuncio no colmó las expectativas de varias organizaciones sociales, que, desde que se enteraron de la compra de este software de vigilancia por parte del gobierno uruguayo, a mediados de 2013, han promovido acciones judiciales para conocer cómo se regularía el uso de la nueva herramienta. El jueves emitieron un comunicado en el que advierten sobre la insuficiencia de la normativa “bajo la cual operará el nuevo sistema”.

¿Cuáles son las garantías que están faltando en la legislación uruguaya?

Vamos a conversarlo con el doctor Fabrizio Scrollini, abogado, máster en Políticas Públicas y cofundador de DATA Uruguay (Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública), una de las organizaciones detrás del comunicado, junto con CAinfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública) y IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay).

En primer lugar, ¿qué es esta institución, qué es DATA en particular?

FABRIZIO SCROLLINI (FS) —DATA es una organización de la sociedad civil. Nos dedicamos a construir tecnología cívica para el bien común, para el [fin] social. Por ejemplo, DATA ha hecho, en alianza con la Intendencia de Montevideo, Pormibarrio.uy, una plataforma que permite a los montevideanos reportar incidentes en la ciudad –pozos, incidentes en las veredas, etcétera–. En alianza con el Ministerio de Salud Pública hemos desarrollado una aplicación llamada atuservicio.uy, que les permite a los uruguayos comparar los proveedores de servicios de salud y entender un poco más de eso, sobre todo en momentos críticos, como es febrero, en la época en que se abre el llamado “corralito mutual”. Y en general también trabajamos mucho en temas de activismo en el área digital. Junto con otros colegas empujamos el proceso llamado Gobierno Abierto en Uruguay. Ahí trabajamos mucho contrapartes tanto del gobierno como de la sociedad civil, avanzando en temas de transparencia y participación ciudadana.

EC —¿Desde cuándo están involucrados en un tema como el de El Guardián?

FS —DATA decidió tomar este tema en julio de 2013, cuando El Guardián apareció en escena a través de una filtración de prensa.

EC —Estamos hablando de una compra de tipo secreto que se conoció a través de una versión del diario El País.

FS —Exactamente. A partir de ahí manifestamos preocupación, las comunidades técnicas con las que trabajamos, colegas que en el mundo han estado enfrentando situaciones similares advirtieron que esto era complicado. Nosotros siempre dijimos que esto de los software de vigilancia, que permiten el monitoreo de las comunicaciones, es algo delicado, que tendríamos que estudiar, que no debería ser un procedimiento secreto, debería ser un procedimiento abierto. Produjimos un pequeño informe en esa instancia para GIS Watch, que es un monitor internacional de estas instancias, [relatamos] la situación de El Guardián en ese momento.

EC —Siguieron pasando los meses y hace un año, en el Día Internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2014, estas instituciones plantearon la necesidad de robustecer el debate público y el marco jurídico sobre vigilancia de las comunicaciones. ¿Por qué les parece tan importante una discusión en este momento y a raíz de esta novedad?

FS —Los gobiernos del mundo –el uruguayo no es una excepción– están adquiriendo nueva tecnología para cumplir con su fin de seguridad. El problema es que muchas veces ni quienes toman las decisiones sobre la compra de esa tecnología ni quienes van a estar sujetos a esa vigilancia entienden la implicancia que tienen. En el fondo estás comprando cajas negras. ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué? ¿En qué contexto se usará? ¿Cómo a mí como ciudadano, ciudadana me toca? Es superimportante a nivel público entender esto.

EC —Justamente, hasta ahora ya ocurría que se espiaban legalmente, en determinados casos, comunicaciones telefónicas o de correo electrónico, etcétera. La semana pasada, a propósito de este tema, entrevistamos al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y él, al igual que el presidente de la SCJ, destacó que El Guardián implica una mejora en materia de garantías, porque permite centralizar la investigación de comunicaciones, que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país. ¿Entonces? ¿Por qué se genera esta preocupación ahora, cuando lo que está ocurriendo en realidad es un avance?

FS —Es interesante. El ministro Bonomi ha dicho con claridad –y creo que esto es un debe de la sociedad civil uruguaya en general– “hace dos o tres años nadie me preguntaba por estos 22 sistemas”. No conocíamos que existían 22 sistemas, así que es un buen gesto que el ministerio, los fiscales y otra gente que los usa hayan informado que existen 22 sistemas.

EC —El planteo que hacen las autoridades es que lo otro era mucho más riesgoso, disperso, más difícil de controlar, etc.

FS —La buena noticia acerca de El Guardián, según argumentan las autoridades, es la posibilidad de centralizar estos procesos de vigilancia. Y eso en general no decimos que sea malo, por el contrario, está bien… en la medida en que esos procesos sean transparentes. Los anteriores no eran transparentes y los actuales tampoco. Con el nuevo protocolo que acaba de emerger en los últimos días nos encontramos con que hay otro sistema que se conecta a El Guardián, el SAIL (Sistema Automatizado de interceptaciones Legales). Compramos El Guardián y ahora desarrollamos uno nuevo. Como solo tenemos la información que está en el protocolo, asumo es que eso es una interfase que está custodiando el proceso de comunicación entre la SCJ, FGN y el MI. Es básicamente un registro.

EC —Pero le preguntaba qué ven ustedes de riesgoso en El Guardián en sí mismo, qué tipo de amenaza supone una tecnología como esta en comparación con los sistemas que funcionaban hasta ahora.

FS —Por un lado aumenta de manera exponencial la capacidad del Estado de realizar esas actividades. Hay un tema de magnitud. Antes se hacían 22 [interceptaciones] artesanales, con poco control; ahora capaz que se hace más profesional, pero es de mayor magnitud.

Lo otro no lo tenemos muy claro. Al ser El Guardián un software privativo –que se vende bajo licencia–, tú no conoces cómo se arma; consecuentemente, tus capacidades de auditoría sobre él son bastate bajas. Frente a eso tampoco sabemos qué estamos comprando. Tampoco conocemos los criterios con los cuales se compró, hasta la fecha el Estado no ha liberado ese proceso; sabemos que está filtrado, sabemos que hay documentos dando vueltas, pero no es que el Estado haya dicho “lo compré allí por estos motivos y con estos criterios”. No sabemos, yo no sé qué los llevó a comprar esto, por qué esta tecnología y no otra. Sí sabemos, por investigación comparada, que en Brasil la empresa Digitro Tecnologia, que creo que es la que ha provisto El Guardián, tiene varios servicios con estados brasileños, con el gobierno brasileño en particular.

Entonces veo dos falencias graves o dos nuevas realidades graves. Una que tiene que ver con la magnitud y otra que tiene que ver con la tecnología en sí misma.

Y la tercera, que se viene arrastrando en general en Uruguay, tiene que ver con el uso que las fuerzas de seguridad darán a esta tecnología. Es una discusión que ya estaba instalada, que tal vez no era muy visible, los colegas de IELSUR y CAinfo en su momento lo habían dicho y ahora, esta nueva herramienta cambia las reglas de juego.

EC —¿Qué quiere decir esto de cuál va a ser uso?

FS —Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno pone a un grupo de personas bajo vigilancia y empieza a vigilar a personas que no estaban inicialmente cubiertas? ¿Cómo se dispone luego de esa información?

EC —De vuelta, esas son situaciones que se daban hasta ahora con los sistemas de espionaje que se venían utilizando.

FS —Claro, pero cuando tenés la capacidad de espiar a muchas más personas con un centro de monitoreo, cambia. Podés investigar familias, no es espiar solamente al jefe o jefa de familia, estás espiando potencialmente grupos enteros de personas, que a su vez se conectan con otros grupos y consecuentemente tenés una red bastante amplia de gente que estás monitoreando. ¿Qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si puse a esta gente bajo vigilancia porque había una posibilidad de que fueran narcotraficantes, por ejemplo, y nada que ver? ¿Qué pasa con esos datos una vez que los tengo?

La otra conexión, bastante complicada, que es nueva también en este contexto, es la conexión con las agencias de telecomunicaciones. Antes básicamente se le requería a la agencia de comunicaciones, en este caso a Antel, que realizara la interconexión de tal manera, un técnico de la empresa lo hacía de tal y tal forma. Actualmente las empresas tienen que comprar un nuevo equipo para realizar eso, no está claro si les están pidiendo nuevos requisitos para monitorear, y si se los están pidiendo cuáles son, cómo esas empresas de comunicaciones después dispondrán de esos requisitos… Esa parte es nueva, y ahí estás tocando una fibra bastante compleja, que son los sistemas de comunicaciones del país.

Yo para comunicarme contigo tengo que tener la certeza, en principio, de que nuestra comunicación va a ser bajo ciertas reglas y potencialmente privada, que no va a ser intervenida así como así. Y que si es intervenida, va a haber reglas de juego determinadas y la tecnología que lo va a hacer va a estar controlada de alguna manera. Esa parte es nueva.

Eso no solamente nos afecta en los aspectos de seguridad. Aunque no sea la intención del diseño, aunque realmente haya buena fe en las autoridades, cuando uno empieza a toquetear los marcos normativos… Cuidado, porque esto de las comunicaciones ya no afecta solamente el espacio de las personas, también afecta las libertades básicas de las empresas de comunicación, de las empresas que trabajan con Internet. Hay un mundo que también empieza a notar que algo está pasando con eso.

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EC —En definitiva, está faltando un protocolo de uso de El Guardián. ¿Y está faltando una ley?

FS —Sí, creo que acá hay que hablar de una reforma normativa.

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EC —Según han destacado las autoridades, El Guardián permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos, a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mail y monitorear hasta tres redes sociales.

Ustedes emitieron un comunicado y en primer lugar advierten algo que comentábamos en la entrevista con el fiscal de Corte la semana pasada: ese acuerdo no es un protocolo de uso de El Guardián, sino de uso del SAIL, que allí queda presentado, que es otro software. ¿Qué implica en términos concretos?

FS —Según lo que surge de protocolo, de las declaraciones de las autoridades, es un sistema de registro de los pedidos de actividades de vigilancia sobre personas que hace de interfase entre por un lado el Poder Judicial y la Fiscalía y el ministerio. Esto implica que básicamente la Fiscalía y el Poder Judicial no “tocan” a El Guardián, ellos no van a tener acceso a El Guardián, lo cual parece bastante saludable, porque el acceso a estas herramientas tiene que ser lo más restringido posible. Este mecanismo se dedica a registrar ese proceso, según lo que surge del protocolo.

EC —Registra ese proceso y, según lo que destacaba el fiscal de Corte, da la garantía de que el procedimiento para terminar en una escucha legal o en una interceptación de comunicaciones transcurre por los caminos que están previstos en la normativa vigente.

FS —Tal cual. Con lo cual sabemos que El Guardián no tenía previsto eso y que ellos debieron construir un nuevo sistema para adecuarse a la normativa vigente, es lo que parece emerger de esta nueva realidad o de este nuevo sistema. Lo cual es bueno, insisto, es algo positivo.

EC —El procedimiento sería: la policía plantea una inquietud, “hay que seguir a Fulano de Tal”, eso pasa al fiscal, el fiscal a su vez lo trasmite al juez, y es el juez el que termina resolviendo. Todo eso queda asentado, incluso las resoluciones que se van tomando en el camino. Y después además es posible monitorear qué pasa en el correr del tiempo con esos permisos, si es que se concedieron.

FS —Exacto. Eso es lo que surge de lo que se conoce. Pero eso no hace al uso de El Guardián per se. Yo fiscal doy la orden a la policía, la policía comienza su trabajo, y lo hace a través de El Guardián, según lo que surge de aquí. La duda es cuáles son los protocolos que usa esta gente para usar El Guardián, por qué principios se guía, cómo lo va a hacer. Lo bueno es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países –vamos a darle mérito a Uruguay en general–, hay un juez involucrado, un fiscal involucrado, una autorización judicial, aparentemente también hay reporte. Aunque ese reporte parece no ser público; se podría publicitar la cantidad de actividad que genera este sistema. No tanto por darle publicidad a El Guardián, sino para saber cómo las autoridades están ejerciendo la vigilancia en el país.

EC —Trimestralmente una unidad especializada del MI emitirá un reporte a la SCJ sobre las interceptaciones legales gestionadas en el SAIL, “con el formato que oportunamente se acordará entre las partes”. En este reporte “se detallarán cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de comunicaciones ingresadas al sistema y las aprobaciones y rechazos por cada juez penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica”.

FS —Si ese reporte fuera público y tuviera un estándar adecuado, Uruguay se [acercaría] mucho más al cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia en temas de seguridad. Y sería algo muy positivo para todos los actores del sistema, para los abogados, para la gente que está aplicando El Guardián, para la sociedad civil y para la ciudadanía en general. Tenemos una [maquinaria] de vigilancia porque supuestamente la necesitamos –eso emerge de lo que expresa el ministerio, no de ningún documento porque [prácticamente] esos documentos son reservados– y consecuentemente la ponemos a funcionar. Esa parte creo que está bien; lo que necesitamos es más transparencia, saber cómo funciona eso y las actividades que se van a desarrollar. Como también necesitábamos en el pasado, y no se cumplió, mayor transparencia sobre esos 22 sistemas que están ahí andando o anduvieron estos años y que ahora hay que desmantelar. También quiero las garantías de que esos sistemas se desmantelen.

EC —El punto 12 de este memorando de entendimiento dice que “el Ministerio del Interior instrumentará un convenio entre dicha cartera, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las operadoras de telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminadas por cada magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordarán. Una vez firmado dicho documento, el Poder Judicial reglamentará el mecanismo por el cual solicitará a las operadoras de telecomunicaciones el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas”, etcétera.

FS —De vuelta, aparece el rol de las operadoras. Se compra el equipo nuevo, se supone que se comunican directamente con El Guardián, que ellos básicamente van a ser los custodios de esto y consecuentemente los responsables, pero capaz que no. Esos “detalles” hacen mucho a lo que es aplicar un software en un Estado de derecho y lo que no.

EC —Eso es lo que para ustedes está faltando.

FS —Exactamente.

EC —El protocolo de uso de El Guardián en sí mismo.

FS —Y de las actividades de vigilancia en general. El Guardián detona un marco legal endeble en torno a esto. Uno empieza a investigar y empieza a notar, a nivel del marco jurídico uruguayo, que hay una norma que habilita esto, pero no es suficiente […]. Precisamos regular estas nuevas tecnologías de una manera integral, no solamente mediante normas separadas o que provienen tanto de los códigos procesales como de las nuevas leyes de lucha contra el lavado o cosas por el estilo. Hay que conceptualizar y regular un sistema de vigilancia como el que ahora El Guardián permite.

EC —La legalidad de la interceptación de las comunicaciones tiene historia larga en nuestro país, aparece en el artículo 212 del Código del Proceso Penal, que incluye interceptación de correspondencia y otras comunicaciones, y más recientemente figura en el artículo 5 de la ley 18494, Ley de Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Ese artículo detalla una serie de puntos:

En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento. La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente.

El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.

El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena.

Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.

Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación.

Y sigue un párrafo sobre la relación entre la Ursec y las operadoras telefónicas. ¿Por qué no alcanza con esto?

FS —Porque, por ejemplo, si bien se habla de que hay que descartar el material que no pertenece al objeto probatorio, nadie te dice por cuánto tiempo lo tenés que tener. Ponemos bajo vigilancia a Emiliano, ¿por cuánto tiempo? Lo que sea razonable y proporcional, supongo. Pero ese criterio no aparece en ningún lado. ¿Y por cuánto tiempo nos quedamos con el material de Emiliano? Y guardá, capaz que Emiliano habla con alguien más, vamos juntando y en algún momento… En general la buena práctica te diría que no tendrías que hacer eso, un policía bien entrenado te diría: “No, nosotros jamás vamos a hacer eso”, pero esos criterios en la norma no están. La otra opción es decir: ¿vamos poner bajo vigilancia solo a Emiliano, o a Emiliano y a toda su familia y a sus [vínculos]? De vuelta, la proporcionalidad de las medidas. Esos criterios que guiarían a un intérprete, a un policía, que algunos aparecen en la práctica, tienen que estar en la ley. Básicamente tenemos que establecer esos criterios.

Otra cosas que no está ahí es la transparencia del sistema mismo, cómo se usa, cuándo se usa, la cantidad de uso que tuvo en un año. Son normas básicas de cumplimiento que hacen los estados no solo hacia su población, sino hacia organismos internacionales también.

También está faltando lo relacionado con los derechos de quien ha estado sujeto a vigilancia.

EC —¿Cómo es eso?

FS —Supongamos que me pusiste bajo vigilancia y que termina en la nada. ¿Tengo derecho a saber que eso pasó? Y si tengo derecho a saber que eso pasó, ¿qué mecanismos voy a tener para defenderme? ¿Y qué tanto derecho tengo a saber cómo manejaste mi información? En Estonia, un país que hoy está muy de moda en materia de gobierno electrónico, vos no solamente tenés derecho a saber que te pusieron bajo vigilancia, sino además a saber cómo se manipuló esa información, potencialmente quién la usó y para qué fines, hasta las últimas consecuencias. Hoy eso en Uruguay no pasa. Y es preocupante, porque yo quiero tener esas garantías.

Otra cosa es que en principio hay un régimen general para operadores que han trasgredido las normas, pero ¿qué régimen de sanciones lleva esto? ¿Qué pasa cuando alguien vigiló al novio de la chiquilina porque tenía acceso a El Guardián e hizo un acceso no autorizado? ¿Es grave?, ¿no es grave? Esto sin poner dudas sobre la policía, sino simplemente dando ejemplos de cosas que no se sabe cómo se deberían regular. Y si uno está adquiriendo esta tecnología, que valió US$ 2 millones más US$ 200.000 de licencia anual, creo que esas preguntas hay que hacérselas, porque se tiene que gobernar esto de alguna manera.

EC —De algún modo esta pregunta que viene ya está contestada, pero voy a leer el mensaje del oyente, Ricardo: “¿De qué temer si uno no es delincuente?”.

FS —Es como ha dicho [Edward] Snowden recientemente, ¿para qué preciso la libertad de expresión si no tengo nada que decir? Capaz que algún día tenés qué decir. En los estados de derecho, en las democracias, se combate el crimen, pero no se lo puede combatir de cualquier manera. La gracia de ser una democracia, de ser un Estado de derecho es que hay formas en las cuales eso se hace. Entonces yo entiendo la preocupación, el clamor ciudadano.

EC —Hay más preocupaciones, dice el propio oyente y dicen otros: “Cuantas más personas intercedan, peor va a funcionar un sistema como El Guardián”.

FS —Es probable, sí, que cuantas más personas tengan acceso a El Guardián, más riesgo haya de que sea vulnerada su seguridad. Entiendo –y surge de la investigación que realizamos– que Digitro Tecnologia es una compañía medianamente seria, estos protocolos de seguridad están en algún lugar, pero no son muy conocidos. Nadie está pidiendo acceso al protocolo de seguridad per se, sino que básicamente se entienda qué tan seguro es el sistema.

EC —La inquietud apunta a que planteos como ese que ustedes formulan están atentando contra la eficiencia del sistema, incluso de algún modo están protegiendo al delincuente, están preocupándose excesivamente por el personaje que tiene que ser investigado por un juez en una determinada causa.

FS —En general en las democracias y en los sistemas de Estado de derecho uno presume que la gente es inocente antes que culpable y le asegura garantías. En otros sistemas que son más totalitarios uno parte de que todos son culpables y consecuentemente usa los medios disponibles para meterlos presos. Yo creo vivir en una democracia, quiero vivir en una democracia y en un Estado de derecho, y lo que estamos haciendo con otros colegas es bregar por asegurarnos de que ese Estado de derecho y esas garantías estén disponibles para todos los ciudadanos uruguayos, aquellos que han cometido delitos y que deben ser castigados y aquellos que no.

EC —Usted mencionó recién algunos ejemplos de países, y quizás ese es un punto importante, teniendo en cuenta este tipo de reacciones que aparecen de la audiencia. ¿En cuántos países existe una normativa como la que ustedes están reclamando para El Guardián en Uruguay?

FS —Realmente en pocos. En Estonia…

EC —Llama la atención que se mencione a un país como Estonia.

FS —Muchos referentes del gobierno uruguayo en materia de gobierno electrónico y tecnología miran a Estonia con cierto cariño, entonces para mí también es importante decirlo.

EC —¿Otros ejemplos?

FS —Los países nórdicos, como Noruega, Suecia, también tienen regulaciones en este sentido. Los que son muy mal ejemplo, para decir que el mundo desarrollado no necesariamente lidera esto, son Estados Unidos y el Reino Unido; la tecnología de El Guardián es un juego de niños en comparación con lo que esa gente está haciendo.

EC —En el caso de Estados Unidos llegó a existir la Ley Patriota, que permitía llevar adelante este tipo de seguimientos sin que mediara autorización judicial.

FS —Y sin que tú pudieras decir nada al respecto. El caso más cruel si se quiere ha sido el de una empresa llamada Lavabit, a quien básicamente le intervinieron sus servidores y le pidieron que entregara sus correos. Ni siquiera le permitieron defenderse en la Corte ni hacia fuera. Entonces es no solamente que no hay un juez en el medio, sino que además no podés hablar de ello. Eso no es bueno para ninguna democracia ni para ningún país, es algo que yo no quiero para Uruguay. Por eso uno marca la cancha en el sentido de decir: esperen, tengamos procedimientos, tengamos normas, asegurémonos de que podemos cumplir con las necesidades de seguridad y con los desafíos que la seguridad plantea en el siglo XXI dentro de un contexto de Estado de derecho.

EC —¿Cómo están tramitando este tipo de inquietudes?

FS —El acercamiento a las autoridades en principio no ha sido muy exitoso. Esto no es una discusión que se pueda llevar ni a los gritos ni a través de editoriales, ni siquiera por la prensa.

EC —¿Cómo es eso? Ustedes mismos reclaman un debate nacional. ¿Qué es un debate nacional?

FS —Claro, necesitamos informar acerca de la nueva realidad en materia de seguridad en la era digital. Y esto no pasa solamente por El Guardián. Pensemos en las videocámaras, en otro tipo de tecnologías como la que le ofreció la gente de Hacking Team a Uruguay. Hacking Team es una empresa con sede en Italia que vende tecnologías ofensivas, capacidad de implantar malware y otro tipo de tecnologías en los usuarios para desarrollar actividades de espionaje sobre ellos. Esta empresa vino a Uruguay, tuvo reuniones con autoridades uruguayas de inteligencia y los uruguayos no compraron, a diferencia de otros países. Fue un gran escándalo internacional. ¿Qué habría pasado si lo hubieran comprado? ¿Qué habría regulado esto? ¿Qué pasa con lo que se compra hoy? Estas cosas tienen que ser manejadas como si fuera plutonio: uno las precisa a veces, pero tienen que ser manejadas con extremo cuidado y con protocolos bien claros. Ese es el debate que hay que dar.

EC —¿Dónde? ¿En el Parlamento?

FS —El foro natural para estas cosas es el Parlamento, que además tiene la misión de controlar este tipo de situaciones. Ha aparecido ahora una comisión de seguridad, que parece que sería el lugar natural para esto. Pero si uno mira los antecedentes, no ha habido un seguimiento parlamentario, salvo por escasos actores, de este tipo de temas. Eso es una falencia, es algo que como democracia hay que hablar: ¿quién va a seguir esto y va a asegurar el control parlamentario sobre esto? ¿Dónde va a estar ese foro?

EC —¿Cuál es el próximo paso?

FS —El próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a tener un evento en el que vamos a presentar algunos avances de un informe que produjimos con The Electronic Frontier Foundation (Fundación para la Frontera Electrónica). A partir de ahí vamos a invitar a dialogar y a generar espacios con autoridades públicas, gobierno, sociedad civil y parlamentarios para entender cómo funciona esto y aportar a un debate de calidad sobre estas cosas.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

La entrada Entrevista central, martes 8 de diciembre: Fabrizio Scrollini se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El abogado Fabrizio Scrollini, vocero de CAinfo, Ielsuro y DATA sobre El Guardián, dijo en entrevista con En Perspectiva que la llegada de este sistema dejó claro que en Uruguay hay un marco legal “endeble” sobre la interceptación de comunicaciones y que es necesario regular y tener “más transparencia” en este tema.

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Transcripción de la entrevista con Fabrizio Scrollini, abogado, vocero de CAinfo, IELSUR y DATA sobre El Guardián

Scrollini destacó que El Guardián “aumenta de forma exponencial la capacidad del Estado” para realizar interceptaciones telefónicas. Cuando hay movimientos en este tema “uno empieza a decir: cuidado”, y en el caso de Uruguay esto llevó a dejar en evidencia que hay “un marco legal endeble” en este tema.

“Lo que precisamos ahora es regular estas nuevas tecnologías de una manera integral, no solamente a través de normas separadas (…) hay que conceptualizar y regular un sistema de vigilancia como el que ahora El Guardián permite”, agregó.

El abogado repasó una serie de preguntas que no están respondidas, como por cuánto tiempo pueden ser las interceptaciones a una persona y durante cuánto tiempo se mantendrá guardado ese material; si una persona que fue espiada sin que se encontraran evidencia de delitos puede saberlo y acceder al manejo que se hizo de su información; o qué sanciones hay para alguien que vigila a una persona sin la orden judicial necesaria. “Son ejemplos de las cosas que no se sabe cómo se van a regular”, dijo antes de agregar que son preguntas que hay que hacerse “porque hay que gobernar esto de alguna manera”.

“Tenemos una maquinaria de vigilancia porque supuestamente la necesitamos, consecuentemente ponemos esto a funcionar; esa parte creo que está bien, pero necesitamos más transparencia”, dijo Scrollini.

El Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (un sistema de registro para coordinar las solicitudes de interceptación de comunicaciones) “es algo positivo”, pero “no hace al uso de El Guardián per se”, agregó. También valoró de forma positiva que en Uruguay haya un juez y un fiscal involucrado en las interceptaciones, cosa que no sucede en otros países.

Scrollini dijo que el acercamiento con las autoridades para plantear estas inquietudes “no ha sido muy exitoso”, pero también señaló que este tipo de debates no deben realizarse a través de los medios de comunicación, sino de una forma menos inmediata, como por ejemplo en el Parlamento.

Transcripción de la entrevista con Fabrizio Scrollini, abogado, vocero de CAinfo, IELSUR y DATA sobre El Guardián

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Por Emiliano Cotelo ///

El video con malos tratos en el Sirpa, el caso Amodio Pérez, la muerte de una mujer joven en el asalto a una fábrica de pastas, el cese de las actividades de Fripur. Todas esas pálidas ocuparon lugares de primera línea en la agenda informativa de esta semana. Pero yo quiero detenerme hoy en una novedad alentadora y que no ha sido muy destacada. La que ocupó nuestra entrevista central del martes. En ese espacio nos ocupamos del proyecto de ley de regulación de la publicidad oficial que este mes ingresó formalmente a la Cámara de Diputados.

Me parece importante porque es la primera vez que se da un paso firme en este tema que ha generado tantas polémicas políticas y también tantas broncas de la población, en distintos períodos de gobierno. ¿Es una exageración el dinero que destinan algunas empresas públicas a publicidad? ¿Y las intendencias? ¿Cuándo es necesaria la comunicación y cuándo es autobombo de los jerarcas? A la hora de distribuir esa publicidad entre los medios, ¿cuánto hay de rigor y cuánto de voluntarismo o amiguismo? ¿Cuánto de premio, cuánto de castigo?

Este proyecto toma el toro por las astas y propone una normativa. Abarca a todos los organismos estatales, incluso a las empresas públicas que funcionan en el derecho privado. Incluye varias prohibiciones, por ejemplo que la publicidad oficial sea usada como subsidio encubierto a algunos medios o que se la emplee de manera discriminatoria en función de la línea informativa o editorial de un diario, una radio o un canal de televisión.

Tal vez esas prohibiciones fueran esperables, pero se agrega otras más originales, por ejemplo que la publicidad de un organismo no podrá incluir la voz o la imagen de funcionarios públicos que ocupen cargos electivos o de particular confianza. También, atendiendo una queja que se escuchó fuerte el año pasado, restringe la realización de publicidad oficial en las instancias previas a cada una de las elecciones.

En otro orden, se plantea requisitos exigentes a los medios o empresas privadas donde se paute publicidad oficial, para empezar que estén al día con todas sus obligaciones con el Estado, pero además que en el pago a sus empleados cumplan con los laudos establecidos en los consejos de salarios. Y, paralelamente, se especifica los procedimientos que deberán seguirse para la distribución de las campañas publicitarias, en base a criterios que, a grandes rasgos, podemos resumir como profesionales y racionales.

Esas disposiciones se complementan con un salto muy audaz en materia de transparencia. Se dispone que cada organismo público deberá informar en su sitio web de manera actualizada el monto total destinado cada año a publicidad oficial, el plan de inversión publicitaria que haya aprobado y el monto gastado en el cuatrimestre anterior, con el detalle de la asignación medio por medio. Y no sólo eso: también se impone la transparencia del otro lado: los medios de comunicación deberán consignar en sus sitios de Internet los montos y las características de la publicidad oficial recibida; e incluso las agencias de publicidad contratadas por las instituciones públicas deberán volcar también las cifras sobre el destino efectivo de los rubros que manejaron y pautaron.

En este mismo plano de la transparencia, se indica que, además de la participación ya prevista del Tribunal de Cuentas en todos estos gastos, exista una institución nueva, la Unidad de Asesoramiento para la Asignación de la Publicidad Oficial, que controlará el cumplimiento de la ley, asesorará a los organismos abarcados, realizará informes anuales sobre la asignación de la publicidad oficial y denunciará ante las autoridades correspondientes cualquier conducta violatoria de esta ley. Sin duda es opinable que haya que crear una nuevo organismo, por más que sea pequeño, pero una virtud este es que tendrá participación del Parlamento, ya que estará dirigido por un consejo de tres miembros, dos de los cuales serán designados por el Poder Legislativo entre personas con autoridad y formación en estos asuntos.

Por último, para reseñar otro aspecto del proyecto, me llamó la atención que introduce multas en efectivo (descuentos de sus retribuciones) para aquellos jerarcas que incurran en algunas de las prohibiciones previstas y para quienes incumplan con las normas de transparencia que serán como obligatorias.

Por supuesto que el texto es discutible y criticable. Puede sostenerse que en algunos capítulos es demasiado detallista y que en otros deja un margen excesivamente amplio a la posterior reglamentación por el Poder Ejecutivo. Puede considerarse una caída hacia la burocracia la puesta en marcha de una unidad asesora nueva. Puede entenderse que son muy cortos los períodos en los que se impide la publicidad oficial en el año electoral. Puede verse con escepticismo la idea de recurrir a la licitación para asignar las pautas. Puede calificarse como un desborde el tipo de sanciones que introduce. Pero es un punto de partida, detrás del cual hay un esfuerzo serio.

El anteproyecto fue elaborado por una ONG llamada Centro de Acceso a la Información Pública (CAInfo) e ingresó al Parlamento firmado por un diputado del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y otro del Partido Independiente. Algunos de esos legisladores han aclarado que tienen reservas o matices con el texto. De todos modos, los cuatro coincidieron en que esta es una buena base para que las Cámara de Representantes se ponga a trabajar en esta, una vieja asignatura pendiente.

Yo pienso lo mismo. Y tengo la esperanza de que, después que pase la etapa crítica y cansadora de la ley de presupuesto, a fines de este año o comienzo del próximo, se aborde esta iniciativa a fondo y no se pierda esta oportunidad.

En Primera Persona
Viernes 21.08.2015, hora 08.00

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Vea el video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 18.08.2015, hora 8.18

(Audio Jorge Larrañaga)

¡Cuarenta millones de dólares en ocho meses! ¡Es una verdadera vergüenza! ¡Eso hubiera podido construir el hospital del Cerro, 40 liceos, 80 escuelas! ¡Hubiera podido financiar una cantidad de respuestas y de obras para la gente que las está reclamando! ¡Sin embargo, desde el gobierno se han dedicado a gastar los recursos de todos los uruguayos en publicidad oficial al punto que actualmente, hace un rato, el presidente José Mujica se bajó del avión de su viaje Finlandia y mandó parar la publicidad de las empresas públicas monopólicas!

(Fin audio)

EMILIANO COTELO (EC) —Escuchábamos al senador Jorge Larrañaga, en una grabación del año pasado, en una de las tantas polémicas políticas que hemos visto en torno a la publicidad oficial, por ejemplo, como en ese caso, por su uso en tiempos electorales.

Se trata de una vieja asignatura pendiente. Gobiernos de todos los colores debieron enfrentar acusaciones sobre el manejo discrecional y hasta abusivo de este rubro, por ejemplo para favorecer a un partido o para impulsar a un jerarca. Buena parte del problema se debe a que en Uruguay nunca hubo una ley que regulara esta materia, como sí existe en otras partes del mundo.

Intentando saldar esa cuenta pendiente, la ONG Cainfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) presentó un anteproyecto de ley destinado a regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial. La semana pasada ese texto ingresó a la Cámara de Diputados y lo hizo firmado por legisladores de cuatro partidos: Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente).

¿Cómo es ese texto? ¿La trasparencia en la publicidad oficial llegó para quedarse?

Vamos a acercarnos al tema en diálogo con el doctor Martín Prats, presidente del consejo directivo de Cainfo.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Para los periodistas Cainfo es una ONG bien conocida. No así para la mayoría de la población. Ustedes velan por la libertad de expresión y por la trasparencia pública. Quizás convenga aclarar por qué y desde cuándo vienen trabajando en este proyecto de ley.

MARTÍN PRATS (MP) —Cainfo es una ONG especializada en temas de libertad de expresión y acceso a la información pública. Es una ONG relativamente nueva, tiene seis, siete años de existencia. Su origen está muy vinculado a la ley de acceso a la información pública, que en cierta manera fue el antecedente de Cainfo. Un grupo de personas y de instituciones trabajaron en el proyecto de ley de acceso a la información pública que fue presentado al Parlamento y luego logró la aprobación unánime de todos los partidos políticos.

EC —Recordemos qué es esa ley.

MP —La ley de acceso a la información pública establece claramente que el acceso a la información en posesión de los organismos públicos, de los organismos estatales, es un derecho humano y por lo tanto se reglamenta. Se establecen un procedimiento administrativo para lograrlo y un procedimiento judicial subsidiario. Y se establecen además otras obligaciones para los organismos, como las obligaciones de transparencia activa. Esa ley de acceso a la información pública fue aprobada en el año 2008, a partir de ahí se constituyó Cainfo como una organización que apoya a otras organizaciones y que también apoya al periodismo o a cualquier persona interesada en hacer acciones en este sentido.

De ahí en adelante la ONG ha abordado otros temas de libertad de expresión, de libertad de prensa. Ha trabajado en la agenda de libertad de prensa que nuestro país ha tenido en los últimos años y ha participado en otras iniciativas legales. Nuestro país ha avanzado bastante en este sentido en materia legislativa, hoy no solo tiene la ley de acceso a la información pública, tiene también una ley de servicios de comunicación comunitarios y una ley de servicios de comunicación audiovisual. Además se ha reformado la ley de prensa en cuanto a los delitos de comunicación. Cainfo ha participado en todos estos procesos, junto con otras organizaciones.

EC —Y en materia de publicidad oficial, ¿con qué se encontraron al analizar la normativa? ¿No había hasta ahora ninguna regulación?

MP —No, no hay regulación en este sentido. Es uno de los debes que tiene todavía nuestro país en materia de libertad de expresión y de acceso a la información. Lo que se da en nuestro país desde siempre es una discrecionalidad muy grande de los organismos públicos en cuanto a cómo se distribuye la publicidad oficial y cuál es el monto que se gasta en ese rubro. Entonces entendemos que es necesario, para seguir avanzando en esta agenda de libertad de expresión, tener reglas claras en este sentido, obligando a los organismos públicos a ser transparentes y a rendir cuentas de cuánto de los recursos públicos se utiliza en publicidad oficial.

EC —El proyecto es largo, vamos a ir viendo sus puntos principales para después tratar de sacar alguna conclusión política a propósito de su futuro.

En el artículo 1 me llama la atención la amplitud. Allí se especifica que se va a regular la publicidad oficial entendida como la proveniente de cualquier organismo público. Quiere decir que abarca no solo a la Administración Central, no solo a las empresas públicas, a las intendencias, a las sociedades anónimas de capital estatal. No se salva nada.

MP —No se salva nada. Es un criterio muy amplio, en el sentido de que todos estos organismos que estarían obligados por la ley, como los poderes del Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos municipales, las sociedades anónimas de capital estatal, todos estarían obligados por esta ley, porque todos utilizan recursos públicos. Por lo tanto es un derecho de la ciudadanía que esos recursos públicos que destinan a la publicidad oficial se manejen con criterios de transparencia y rendición de cuentas. Publicidad que entendemos que es necesaria en los organismos, pero que hay que justificar, hay que establecer criterios claros por los cuales decidir esa publicidad y a qué medios se destinan los recursos para que los avisos, las informaciones sean publicados.

RA —En el artículo 2 hay algunas definiciones. Por ejemplo, se considera que “la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. La información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población”. ¿Qué tipo de publicidad oficial queda comprendida en este anteproyecto?

MP —Eso se establece en el artículo 3 del anteproyecto de ley. Estamos hablando de la publicidad de actos administrativos tales como licitaciones, llamados de precios, llamados para ingreso de personal, avisos de interés para la población, etcétera.

EC —La publicidad más burocrática, digamos.

MP —La más burocrática. Tal vez la más aburrida, pero a veces la más necesaria, la que refiere al funcionamiento mismo de los organismos públicos. Junto con esa publicidad de actos administrativos generales está la publicidad institucional, la publicidad de campañas de bien público, en las que se informa a la población de acciones, de la imagen y las características de los organismos públicos, de la rendición de cuentas, cómo destina cada organismo público los recursos que maneja, y toda aquella campaña pública de los planes sociales o las políticas públicas y resoluciones de interés general de los organismos, que afectan a toda la población o a una población objetivo, como alguna población de alguna localidad o alguna región del país. También estaría comprendida dentro de publicidad oficial la publicidad de bienes y servicios prestados, producidos o comercializados por empresas y entes del dominio comercial o industrial del Estado.

EC —De nuevo, está abarcado todo.

MP —Está abarcado todo. En este artículo 3 del anteproyecto se quiere comprender en su mayor amplitud posible cualquier mensaje, cualquier información de un organismo público dirigido a la población.

RA —¿Un esponsoreo entra en esta definición?

MP —Sí, también entraría dentro de publicidad institucional. El esponsoreo de un deporte, un espectáculo deportivo, un espectáculo artístico entraría dentro de la publicidad institucional, que es en cierta manera establecer, de hacer conocer o de reafirmar el valor de una marca.

RA —Una pregunta que siempre se repite cuando se plantea esta discusión: ¿cuándo y por qué se justifica la publicidad oficial? Por ejemplo, ¿es necesario que Ancap publicite su política de biocombustibles o que UTE haga publicidad sobre los kilómetros de cable colocados? Hay quienes dicen que esto es lo que debe hacer la empresa pública, que está dentro de sus cometidos básicos. ¿Qué aclara el proyecto sobre ese punto?

MP —Este proyecto trata de dejar clara la necesidad del mensaje. Que cada vez que un organismo público decida destinar parte de sus recursos a publicidad oficial, sea cual sea el mensaje, esa resolución esté motivada, esté justificada y esté basada en criterios claros. Puede haber una resolución de un organismo público, por ejemplo Ancap o Antel o UTE, que refiera a los servicios que presta a la población. Si el organismo público entiende políticamente que eso es importante para plantar a la empresa, al organismo en la sociedad, para informar lo que hace, esté o no en régimen de competencia con empresas privadas, que lo justifique y que sus resoluciones estén fundadas.

RA —En este caso, en los ejemplos que yo le mencionaba, UTE y Ancap podrían hacer este tipo de publicidad, en el caso de Ancap de los biocombustibles y en el caso de UTE del cableado, siempre que lo justifiquen, más allá de que sea una tarea habitual del organismo.

MP —Claro, sí, más allá de que sea una tarea habitual, porque se entiende que para justificar la utilización de recursos públicos en aras de un servicio eso tiene que estar informado a la población. Si se hace cableado, si se presta determinado servicio que está dentro de sus competencias legales pero el organismo entiende necesario informar que los recursos fueron utilizados en eso como una forma de posicionar a la empresa, es válido.

***

EC —El artículo 4 del proyecto es el de las prohibiciones. Por ejemplo, se prohíbe el uso de la publicidad oficial para presionar y castigar o para premiar y privilegiar a comunicadores o medios. Este ha sido un punto muy delicado en la relación gobierno-medios de comunicación, independientemente del partido que estuviera en el poder. ¿Cómo lo examinan ustedes?

MP —El uso de la publicidad oficial, no solamente en nuestro país, sino en la región, ha sido entendido por distintos organismos internacionales de libertad de expresión y de derechos humanos como un instrumento de presión indirecta de los gobiernos sobre los medios de comunicación. Ya sea para premiar o para castigar a medios de comunicación que sean afines o que sean contrarios al gobierno de turno. Por tanto es importante reafirmar en el marco legal la prohibición de utilizar la publicidad oficial como un medio de presión indirecta o de censura indirecta a los medios de comunicación.

EC —La otra cara de esta moneda es la posibilidad de que la publicidad oficial sea un subsidio que respalde, que permita que un medio de comunicación salga adelante.

MP —En este proyecto de ley también está establecido que la publicidad oficial no puede ser entendida como un subsidio a los medios de comunicación. Para subsidio a los medios de comunicación pueden pensarse otro tipo de medidas, en otro tipo de acciones, en otro tipo de instrumentos.

EC —Algo de eso está previsto en el propio proyecto, más adelante.

MP —Incluso para medios de prensa escritos podría recurrirse a fondos de promoción cultural que hoy existen, que están administrados por el MEC, que también podrían cumplir esa función. Lo que se quiere establecer claramente es que la publicidad oficial no puede ser un mecanismo de subsidio, sino que tiene que regularse y asignarse por otros criterios. Criterios objetivos, transparentes, en los que estén presentes el tema del rating, el tema de las audiencias, la necesidad del mensaje, la población objetivo. Que nunca que sea un subsidio para financiar determinados medios que no tienen llegada, que no tienen audiencia o que recién empiezan, que capaz que requieren un impulso, pero que no puede provenir nunca de la publicidad oficial.

***

EC —El artículo 4 establece una serie de prohibiciones. Una de ellas, la del inciso G, a propósito de publicidad oficial en años electorales.

RA —Allí se plantea que no podrá realizarse publicidad oficial, salvo la demandada por las autoridades electorales con relación a la organización de las elecciones e información a la población o en casos de emergencia debidamente fundada, durante los 30 días previos a las elecciones a las elecciones internas, durante los 30 días previos a las elecciones nacionales, los 15 días previos a la segunda vuelta en las elecciones nacionales y en los 30 días previos a las elecciones departamentales. ¿No son demasiado cortos estos períodos en los que rige la prohibición?

MP —Podrían ser cortos…

RA —En las elecciones pasadas en el debate se planteó que la prohibición fuera durante todo el último año. La oposición señalaba que en ese período se había dado una avalancha de publicidad oficial.

MP —En nuestro país las campañas electorales son muy prolongadas, estamos largos meses sumidos en campañas rumbo a las elecciones. Este criterio que establece determinados plazos es un término discutible pero que se entiende como el piso sobre el cual hay que trabajar. Es decir, 30 días antes de las elecciones nacionales, ya sea internas o parlamentarias y de primera vuelta, entendemos que es un tiempo prudencial durante el cual se les niega a los organismos públicos la posibilidad de publicitar cualquier tipo de información, cualquier tipo de mensaje, salvo aquellos que sean una campaña de bien público de urgente publicidad, por ejemplo algunas medidas que tengan que ser tomadas por un tema de inundaciones, sequías, etcétera, etcétera. Pero fuera de esas situaciones de urgencia, 30 días nos parece un tiempo prudencial.

Como todos los anteproyectos, este está abierto a la discusión, al debate. Seguramente haya posiciones que entiendan que es un tiempo corto. Lo que queremos es que se ponga sobre la mesa de discusión en estos meses para llegar a soluciones consensuadas por todo el espectro político y que también tengan el aval, el consenso de la ciudadanía.

EC —¿Cuál es el alcance de esta prohibición? Por ejemplo, ¿en los 30 días previos a las elecciones nacionales está prohibida también la publicidad de las intendencias?

MP —No.

EC —No está aclarado. Pero en la discusión del año pasado el reclamo de quienes entendían que tenía que prohibirse publicidad oficial abarcaba también a las intendencias.

MP —No está aclarado, podría interpretarse que sí. Aunque hay una cláusula expresa que habla de 30 días previos a las elecciones departamentales, si entendemos como publicidad oficial toda la que está definida en el artículo 3, tendríamos que comprender que es absolutamente toda. También la propaganda de los gobiernos municipales estaría comprendida dentro de la prohibición de los 30 días de las elecciones internas o de las elecciones nacionales.

EC —Da la impresión de que también tendría que estar esa prohibición. Porque mediante la publicidad de las intendencias se puede influir en el electorado a favor o en contra de tal o cual partido.

MP —Sí, porque el problema de la publicidad oficial fundamentalmente va por dos líneas o por dos perspectivas de análisis. Por un lado cómo se maneja para premiar o para castigar medios de comunicación, que la publicidad oficial pueda constituirse en una manera de presión indirecta o de censura indirecta sobre los medios. Por otro lado cómo la publicidad oficial abusiva puede influir en la población en momentos en los cuales está por tomar una decisión democrática como son las elecciones. En nuestro país también se ha criticado desde larga data cómo los distintos gobiernos, tanto nacionales como departamentales, en los años electorales hacen un uso abusivo de la publicidad oficial para prestigiar su gestión. Entonces también en esa línea se entiende necesario limitar la posibilidad de utilización de este medio.

EC —Son muy interesantes los artículos que incluye el proyecto en cuanto a exigencias de transparencia.

RA —El artículo 6 señala que “los organismos públicos tendrán la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web una serie de informaciones sobre la publicidad que realizan, como monto presupuestal total destinado a publicidad en todas sus formas, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada”. ¿Qué diagnóstico hacen sobre la trasparencia pública en este rubro?

MP —Este artículo que impulsa la transparencia activa es complementario de la ley de acceso a la información pública, que en su artículo 5 establece la obligación de transparencia activa para los organismos. Esto significa que la población pueda tener acceso libre e inmediato a determinada información que se entienda fundamental, necesaria en aras de la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos.

El artículo 6 de este anteproyecto apunta a eso, en el entendido de que no todos los organismos públicos de nuestro país son transparentes en ese sentido en la actualidad. Incluso hay informes recientes acerca de solicitudes de acceso a información pública de distintos organismos del Estado pidiendo datos de cuántos recursos se utilizan en publicidad oficial que han sido negadas.

EC —Sí, ha habido casos bastante notorios, como el de Antel o el de Ancap.

MP —Entonces establece también obligaciones claras para que los organismos públicos brinden al menos determinada información básica a la población sin necesidad de solicitudes expresas.

EC —¿Y qué pasa con el argumento que han manejado algunas de esas empresas públicas en cuanto a que por el hecho de estar en competencia no pueden divulgar determinados datos, que eso les resultaría perjudicial?

MP —Está previsto en el inciso B de este artículo 6: “… en el caso de las empresas y/o entes públicos, exclusivamente en lo relativo a los servicios o productos que presten en régimen de competencia, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este literal –de presentar el plan de inversión publicitaria–, podrán publicar versiones públicas que no dañen la estrategia comercial del organismo en el marco de lo dispuesto por la ley de acceso a la información pública y su decreto reglamentario”. Es decir, contemplar ese régimen de competencia, no dar tal vez determinado dato que pueda poner a la empresa en una situación de inferioridad frente a la competencia, que son empresas además privadas que no tienen esta obligación de decir cuánto gastan en publicidad, pero que haya al menos una versión pública, una versión sucinta, una versión sumaria de cuánto se piensa utilizar o cuál es el plan de inversión en el año en ejercicio.

EC —Lo que se prevé en el artículo 6 en cuanto a transparencia de las instituciones públicas implica cambios muy fuertes, implica avances muy grandes en comparación con la realidad actual. Pero también hay en el proyecto una contracara, que es el artículo 7, que también va muy lejos, por lo menos para lo que podría aguardarse.

RA —El artículo 7 habla de la transparencia del mercado: “Todos los medios de comunicación que reciban publicidad oficial deberán publicar en su página web información detallada que dé debida cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida”. Y señala que “de la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes”. ¿Los medios de prensa están preparados para sincerar sus números en este sentido?

MP —Tendrían que estarlo. Por lo que decíamos en cuanto a evitar que la publicidad oficial se constituya en un subsidio de los medios de comunicación, también es importante que los medios informen a la población, no solamente a sus lectores o a sus audiencias, sino a toda la población, lo que reciben de publicidad oficial y por lo tanto que la población esté enterada de si la publicidad oficial es o no el principal sustento económico de ese medio de comunicación. Buscamos la transparencia tanto de los organismos públicos como de los medios de comunicación. La información que se brinde a partir de estas obligaciones de transparencia activa apunta a eso, a que toda la población esté enterada y pueda opinar sobre qué se hace con los recursos que son de todos.

EC —¿Qué pasa en cuanto a la forma de asignación de la publicidad oficial?

MP —Eso está en nuestro anteproyecto de ley regulado en el capítulo 4, donde se habla de los procedimientos de asignación de publicidad oficial. El principio general que se quiere establecer en este sentido es el procedimiento de la licitación pública cuando sea posible.

EC —Me llama la atención que se utilice o que se proponga el mecanismo de la licitación pública. Siempre se ha insistido en que el procedimiento tiene que ser lo más profesional posible, pero hasta ahora se había pensado en la licitación en el momento en que una empresa pública elige a la agencia de publicidad que va a trabajar su comunicación, por ejemplo, no para distribuir después la publicidad entre los medios. ¿Cómo es esto? ¿En otros países se emplea ese instrumento?

MP —Sí. Esto apunta a la mayor transparencia y a la mayor fundamentación en los criterios de asignación de la publicidad oficial. En los procesos licitatorios se quiere explicitar la necesidad del mensaje, la necesidad de la publicidad, pero también los criterios de decisión de esa asignación. Y en cuanto a los criterios de decisión de esa asignación, la empresa oferente, la empresa que se presenta a la licitación, no solo tiene que demostrar su capacidad de llegada a la población, sino que también tiene que ofrecer un mejor precio, para racionalizar los costos que están destinados a la publicidad oficial.

EC —De todos modos, en el artículo 10 se aclara que deberá destinarse al menos un 30 % del monto total asignado a la publicidad oficial de los organismos de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas de exclusiva realización y producción local que estén radicados en localidades del interior. ¿El 30 % de toda la inversión publicitaria debe ir al interior?

MP —En principio sí, el criterio general tendría que ser ese.

EC —Es una forma de subsidio, entonces, no particularizado en una radio o en un diario del interior, pero sí en los medios del interior.

MP —Nosotros no lo vemos como un instrumento de subsidio. Lo vemos como una forma de que el mensaje esté dirigido a la población que está localizada en las poblaciones del interior a través de los medios de comunicación que están más directamente vinculados con ella. Hay distintos informes, estudios que muestran que prácticamente el 95 % de la publicidad oficial es asignada a medios de comunicación con sede en Montevideo. Si hacemos un estudio, la población que está radicada en el interior –que es más o menos la mitad de nuestra población– tiene vínculos más directos con los medios de comunicación del interior. Entonces es una cuestión de equidad, una cuestión de igualdad, no una cuestión de subsidio, sino de permitir que la publicidad oficial también llegue y sea un elemento económico que asegure la sustentabilidad económica de esos medios.

EC —De todos modos, ese 30 % destinado al interior a su vez se va a distribuir con criterios técnicos.

MP —Se va a distribuir con criterios técnicos, los mismos que están establecidos en el artículo 9.

***

EC —Hay preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Raúl quiere saber si en ese proyecto, además de todas esas disposiciones que venimos mencionando, están previstas sanciones reales y personales.

***

RA —Uno de los aspectos que quizás llamen la atención es la sanción a los jerarcas del gobierno que no cumplan con los artículos 4 y 6 que se proponen en este proyecto de ley, que tienen que ver con las prohibiciones (artículo 4) y con la transparencia activa (artículo 6). ¿Hay antecedentes de una sanción similar? Se les descontará un porcentaje de su sueldo si incumplen con estos criterios.

MP —Antecedentes no hay. Simplemente es una medida que quiere ser ejemplarizante para evitar una de las grandes críticas que se realiza a la asignación de la publicidad oficial, que es que muchas veces es utilizada como una forma de amiguismo político o de clientelismo político. Como es difícil sancionar a un organismo en este sentido, acá hay una responsabilidad política directa de las autoridades en una asignación arbitraria de publicidad oficial. Se busca, con todas las garantías de los procedimientos administrativos y disciplinarios que están previstas en nuestro derecho, que las autoridades del organismo que incumplan con las obligaciones emanadas de la ley puedan ser sancionadas. Y la forma de sanción que entendemos que puede ser la más idónea en este sentido es una sanción a sus sueldos.

RA —Se habla de una multa de hasta el 50 % de su remuneración salarial.

MP —Exactamente, va por ese lado. Esto es discutible, está abierto a otras formas de sanción, pero me parece importante establecer la responsabilidad personal de las autoridades en el mal manejo de la publicidad oficial. Que no solo el organismo, sino también las autoridades que actúan mal en este sentido sean responsables de su falta.

EC —El control del cumplimiento de las disposiciones de la ley le corresponde al Tribunal de Cuentas, un organismo cuyas resoluciones no son vinculantes. Pero si se constatan observaciones, deben remitirse a una unidad nueva que se crearía a partir de esta ley: la Unidad de Asesoramiento para la Asignación de Publicidad Oficial (UAPO). ¿Qué es este organismo? ¿Cómo lo conciben?

MP —Entendemos que toda política pública tiene que tener un respaldo institucional. Entonces acá también, ante el desafío de pensar dónde podemos colocar un respaldo institucional para desarrollar una política pública de transparencia y de rendición de cuentas en materia de publicidad oficial, creemos que –esto es una posición de Cainfo– la solución es crear una unidad especializada en esta materia, a la que le dimos este nombre. Una unidad que tiene en el artículo 16 del anteproyecto sus competencias, que son también bastante amplias, que van desde asesorar a los organismos públicos sobre el cumplimiento de la normativa hasta controlar la implementación de la ley, como también realizar estudios, investigaciones sobre cómo se reparte la publicidad oficial y cómo están distribuidas las audiencias, para que los organismos públicos puedan utilizar los criterios establecidos en la ley. Es una competencia muy amplia, pero es un organismo que tiene el rol de impulsar la política pública, impulsar el cumplimiento de la ley para que estas disposiciones no queden en el aire, en la nada, sino que haya una repartición pública con los cometidos de desarrollarlas.

EC —La UAPO tiene una ventaja bastante clara que es la participación en su consejo ejecutivo de un representante de la Presidencia de la República –en realidad, un representante de la Agesic (Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y Sociedad de la Información y el Conocimiento)–, pero además de dos representantes del Parlamento. Se supone que aquí va a haber una distribución en el espectro político.

MP —En el espectro político y un control parlamentario de cómo se gestiona la publicidad oficial, que es importante.

EC —Esa es la cara positiva. La cara negativa que se puede plantear es que se crea más burocracia, otro organismo más…

MP —Se puede ver desde ese punto de vista, pero también desde el punto de vista de que es necesaria una institucionalidad para supervisar e impulsar el cumplimiento de la ley. Pensamos que los costos económicos del funcionamiento de esta UAPO son muy reducidos y que valen la pena con respecto a lo que es la política pública de transparencia y rendición de cuentas en la materia.

EC —¿Cómo se financia? ¿Con la propia publicidad oficial?

MP —Con la propia publicidad oficial, en nuestra intención. Que de los recursos que cada organismo público piense o planifique destinar a publicidad oficial un porcentaje esté destinado al financiamiento de este organismo y de las actividades que este organismo tendría como mandato legal. Fundamentalmente hacer estudios sobre el uso del espectro o de los medios de comunicación escritos o de parte de la publicidad oficial.

EC —En el artículo 17 está previsto que esta unidad encargue o realice encuestas anuales de alcance nacional o departamental sobre cobertura, audiencia y penetración de los medios radiales. Lo mismo de los medios de comunicación audiovisual en sus distintas modalidades. A las mediciones que ya existen hoy, esta unidad agregaría otras.

MP —Claro, hoy existen encuestas o informes realizados por empresas privadas, que tienen su costo, por tanto muchas veces los organismos públicos destinan parte de sus recursos a investigaciones de mercado para darle destino a la publicidad oficial. Esto vendría a ser un servicio público, dado por un organismo público, de asesoramiento a los organismos obligados por la ley para que tengan un panorama más general de dónde es mejor publicitar.

***

EC —¿Qué quiere decir que el proyecto haya sido entrado en la Cámara de Diputados con firmas de un representante por el Frente Amplio, otro por el Partido Colorado, otro por el Partido Nacional y otro por el Partido Independiente? ¿Quiere decir que está garantizado? ¿Sale este proyecto?

MP —Los legisladores de los cuatro partidos políticos que acompañaron el proyecto han manifestado su interés en impulsar esta iniciativa. El anteproyecto de ley ha tomado estado parlamentario, trámite parlamentario, y nos han señalado que luego de estos tiempos en que están bastante alborotados con la discusión del presupuesto, es uno de los temas que entrarían en la agenda parlamentaria con prioridad. Este anteproyecto de ley tiene el aval de estos legisladores –claro está, no en su totalidad–, es un anteproyecto abierto a la discusión, a posibles reformas, modificaciones, aportes, etcétera, y hay una manifestación expresa de los partidos políticos, no solamente de estos cuatro legisladores que con su firma le dieron entrada al proyecto. En una presentación que hicimos en el Parlamento hace unos meses también otros legisladores de estos partidos demostraron su interés.

EC —De todos modos va a haber discusión, no es que el proyecto vaya a salir así como entró.

MP —Como cualquier proyecto, está abierto al debate parlamentario. Seguramente sean citados otros grupos, otros especialistas en el tema que podrán hacer sus aportes, pero el interés en legislar en esta materia está y también se entiende que es un debe que tiene nuestra democracia.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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