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Ninguna de las mociones presentadas en la Cámara de Diputados para crear comisiones investigadoras sobre la gestión de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) obtuvo anoche los votos necesarios para su conformación. 

El Partido Nacional proponía investigar la gestión de ASSE desde 2015 hasta la actualidad, mientras que el Frente Amplio planteaba analizar únicamente el período de la administración anterior, entre 2020 y 2024. Ninguno de los dos bloques llegó a la sesión de ayer con los votos necesarios para que su iniciativa fuera aprobada, en un escenario en el que Cabildo Abierto volvía a ser clave.

El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que, si no prosperaba ninguna investigadora, la responsabilidad sería de todos, aunque “más de unos que de otros”. Además, acusó al Frente Amplio de no querer investigar y de sostener un relato sobre la “herencia maldita”.

Desde el oficialismo, el diputado Luis Gallo afirmó que la denuncia del Partido Nacional no configuraba una acusación fundada y que carecía de precisión técnica. También sostuvo que varios de los temas planteados ya habían sido analizados en el Parlamento o por organismos competentes.

Antes de la sesión, el diputado Federico Casaretto había anunciado que, si no prosperaba la investigadora blanca, el Partido Nacional recurriría a la Justicia. Desde el Frente Amplio, Carlos Varela rechazó que haya elementos para una denuncia y cuestionó la “obsesión” de la oposición con el presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Finalmente, avanzada la sesión, la primera moción presentada – la del PN-, no consiguió los votos necesarios y los diputados blancos decidieron incluir un sustitutivo, que incorporó investigar la reducción de una sanción a una médica acusada de mala praxis por parte de la ministra Cristina Lustemberg. Al ser puesta en consideración, esa moción recibió 49 votos a favor (PN, PC, PI e Identidad Soberana) y 49 en contra.

A las 00.50, cuando se debía votar la moción presentada por el oficialismo y sin tener el respaldo de Cabildo Abierto que le asegurara una mayoría, la bancada del Frente Amplio resolvió retirar su propuesta y dejar que todos los cuestionamientos continúen su camino en la justicia. Según se señala en una comunicación de prensa, “a entender del oficialismo, esta acción representa un hecho de cuidado del clima parlamentario en pos de poder dedicar todos los recursos y esfuerzos al estudio y aprobación de la Rendición de Cuentas”.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Federico Casaretto, diputado del Partido Nacional por Maldonado.

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Uruguay tiene más de 97.000 inmuebles vacíos y unas 200.000 personas viviendo en asentamientos.

Según el censo de 2023, el parque habitacional creció 269.308 viviendas respecto del censo anterior, pero el déficit sigue casi igual que hace medio siglo. El mercado produce más unidades, pero no necesariamente en los lugares ni para las familias que más lo necesitan.

Para atender una de las tantas dimensiones que tiene la temática de la vivienda, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatario de bienes inmuebles por razones de seguridad edilicia, salubridad e higiene pública, con deuda compensable.

Proyecto de ley de bienes inmuebles con deuda compensable by En Perspectiva

La iniciativa, presentada por la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) y avalada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue aprobada con los votos del oficialismo y de la oposición, 80 en 83 diputados presentes. Solamente votaron en contra los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, y el diputado colorado Juan Martín Jorge.

¿De qué se trata este proyecto que ya había tenido una alta aprobación en la Cámara de Senadores? ¿Qué problemática busca resolver?

Para profundizar en estos puntos Romina Andrioli conversó con la diputada por el Frente Amplio, Ana Laura Melo y con Juan Pablo Delgado, diputado por el Partido Nacional y expresidente de MEVIR, ambos integrantes de la comisión de Vivienda y Territorio.

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Hoy se instalará en la Cámara de Representantes la comisión preinvestigadora solicitada por el Partido Nacional para analizar el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas.

En paralelo, el caso también comenzó a tramitarse en la Cámara de Senadores, donde ya está en funciones otra preinvestigadora impulsada por el Frente Amplio.

El pedido fue presentado ayer por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. El legislador planteó que el análisis abarque desde 2005 hasta el anuncio de la rescisión, y argumentó que ese año se produjo el primer reclamo público de la Armada sobre la necesidad de contar con este tipo de buques. Según explicó, el objetivo es revisar todo el proceso, incluyendo la firma del contrato en 2023 y las decisiones adoptadas por el actual gobierno al momento de cancelarlo.

“¿Por qué lo hacemos en la Cámara de Diputados? Por una razón muy sencilla: es la única cámara donde está representado todo el espectro político nacional. Los seis partidos políticos que componen el Parlamento se encuentran en la Cámara de Representantes, no así en la Cámara de Senadores”.

El legislador sostuvo que en esta etapa no se atribuyen conductas delictivas, pero sí existen “reparos” sobre algunas actuaciones del actual gobierno, como supuestas investigaciones sin respaldo normativo y filtraciones de información reservada.

También apuntó que “un punto central de lo que se debe investigar es la actuación del gobierno y los participantes de la reunión en Presidencia de la República en la que la empresa, a través del doctor Gonzálo Fernández, presentó opciones para subsanar la garantía de fiel cumplimiento que el gobierno deliberadamente ignoró”.

En la comisión preinvestigadora habrá dos diputados del oficialismo, Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, y uno de la oposición, el nacionalista Juan José Olaizola.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

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La Tertulia de los Lunes con
Miguel Brechner, Pablo Díaz,
Victoria Pasquet y Lucía Zapata

La Cámara de Diputados compró 600 sets de parrilla para regalar a legisladores y funcionarios por las fiestas de fin de año.

El regalo, que ya recibieron los diputados, personal de seguridad y del Batallón Florida, generó el rechazo de algunos legisladores de la oposición que incluso plantearon devolverlas o sortearlas.

Según informó El Observador, el presidente de la la Cámara, Sebastián Valdomir, explicó que el presente se eligió en función de los obsequios de años anteriores, el presupuesto disponible y tratando que no fuera ni comida ni bebida, sino algo más perdurable. También remarcó que se siguieron los procedimientos establecidos para las compras de la Cámara. En total se gastaron 475.800 pesos en esta compra.

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La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Gloria Robaina y Daniel Supervielle

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció la semana pasada a la comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, para exponer sobre el progreso de las investigaciones vinculadas a los atentados contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el Instituto Nacional de Rehabilitación. En su exposición sostuvo que es necesario poner en primer plano la discusión sobre el crimen organizado y los desafíos de seguridad que enfrenta Uruguay.

Negro describió un escenario en transformación, marcado por estructuras criminales más violentas, conectadas y diversificadas, que dialogan con dinámicas regionales y transnacionales.

El ministro indicó que en Latinoamérica la “extorsión es el delito y la manifestación criminológica más importante, por más que en Uruguay aún, no lo sea”, sostuvo. Se trabaja para “evitarlo” a nivel local, pero en otros lugares “campean los peajes, las contribuciones de los comerciantes y la toma de los territorios, dentro de los cuales los vecinos tienen que aportar para transitar, para comerciar o para vivir”, dijo Negro.

En el combate al crimen organizado se debe “reconocer” —aseguró el titular de Interior— el “fracaso de los enfoques tradicionales”. A modo de ejemplo habló sobre la “persecución masiva del microtráfico”. En esa línea, explicó que durante años “miles de personas fueron encarceladas” sin que eso “afectara la disponibilidad de drogas ni las ganancias de los mercados ilegales”. Es una estrategia —continuó en su crítica— “que consume recursos policiales, judiciales y penitenciarios sin impacto real en los mercados ilegales, y en forma indiscriminada”.

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Tertulia de los Jueves con
Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich,
Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

A las 7.40 de la mañana de hoy, terminó la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Presupuesto, una iniciativa considerada clave para el gobierno.

A pesar de no contar con mayoría propia, el Frente Amplio logró en la Cámara Baja ir tejiendo los apoyos con distintos sectores de la oposición para sacar adelante la mayor parte de los artículos que buscaba aprobar.

El oficialismo se alió mayoritariamente con Cabildo Abierto en varias items para conseguir el voto 50, principalmente para aprobar los cambios impositivos que contempla el texto: el Impuesto Mínimo Global a las grandes multinacionales, el denominado “impuesto Temu” que establece el IVA a las compras del exterior, y la “adecuación” del IRPF para gravar ganancias de capital en el exterior.

A cambio de eso, el oficialismo accedió al planteo de Cabildo de reasignar recursos para incrementar el sueldo del personal de tropa de las Fuerzas Armadas.

El proyecto ahora pasará al Senado, donde se esperan nuevos cambios y negociaciones, lo que podría implicar su regreso a la Cámara Baja para una votación final.

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La Tertulia de los Lunes con
Miguel Brechner, Martín Bueno,
Pablo Díaz y Patricia González

El oficialismo logró la aprobación en la Cámara de Diputados de las modificaciones impositivas previstas en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. 

Eso fue posible por un “acuerdo” con Cabildo Abierto, que aportó los dos votos que, según el resultado electoral del año pasado, le faltan al Frente Amplio para alcanzar la mayoría en la cámara baja.

De este modo salieron adelante el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (que, con algunas excepciones, aplica en Uruguay el Impuesto Mínimo Global; el llamado “impuesto Temu” a las compras por internet en el exterior (salvo las consolidadas en Estados Unidos) y el ajuste al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas para incorporar las ganacias de capital de las inversiones realizadas en el exterior por uruguauyos o residentes uruguayos.

Según había explicado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados, estas modificaciones impositivas generarían unos US$ 600 millones al año o 0,75 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

La semana pasada, mientras gran parte de la oposición adeltaba su voto contrario a estas disposiciones tributarias, Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto, afirmó el jueves pasado en Búsqueda que su partido las acompañaría “en el entendido de que son recursos necesarios para atender algunos planteos de Cabildo, como, por ejemplo, la mejora salarial al personal subalterno” del Ministerio de Defensa Nacional “o algunas necesidades impostergables de Sanidad Militar”. 

Cabildo afirma que están dando los recursos para lo que ellos quieren, y que no pueden pedirle mayores recursos al gobierno “y no decirle de dónde se sacan”. Manini agregó que los tres cambios impositivos “tienen su lógica y explicación entendible y aceptable” y por eso decideron “apoyarlo”. 

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La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Miguel Brechner,
Casilda Echevarría y Teresa Herrera

El equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, compareció el viernes pasado ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para exponer sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2025-2029.

En la sesión, que duró más de ocho horas, Oddone subrayó la necesidad de avanzar hacia una “consolidación” de las cuentas públicas.

A la salida, en conferenecia de prensa, el ministro reconoció que el presupuesto incluye un aumento de la presión fiscal, algo que él había descartado en la campaña electoral, pero que es necesario – reconoció- debido al empeoramiento de las cuentas públicas, ya que el déficit fiscal previsto para este año pasó de 2,8% – que proyectaba el pasado gobierno- a 4,1% del PIB en la actualidad.

“Lo que estrictamente yo dije es que efectivamente el presupuesto lo que incluye un incremento de los ingresos como porcentaje del producto, que yo había sostenido en el pasado, que eso creía que no era necesario que no iba a ocurrir, pero definitivamente la situación fiscal que el país tiene por delante requiere de una consolidación, de una convergencia fiscal en los cinco años, que tiene que hacer uso de los ingresos que el Estado tiene a su disposición. Eso es lo que dije en cámara, me referí estrictamente a mí, no hablé del Frente Amplio, y eso es lo que sostengo en este momento”.

Por otro lado, Oddone sostuvo que es realista prever un crecimiento promedio anual de 2,4% del Producto Interno Bruto, por encima de lo registrado en la última década. Para el jerarca, estas estimaciones cuentan con el respaldo de diversos organismos, desde la Asesoría Económica del MEF hasta el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional.

La oposición, en cambio, calificó esos supuestos de “excesivamente optimistas” e incluso de “realismo mágico”.

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El diputado colorado Felipe Schipani presentará este viernes un proyecto para reformar el régimen de interpelaciones en la Cámara de Representantes. La propuesta busca fijar tiempos máximos de intervención tanto para el legislador interpelante como para el ministro convocado, algo que hoy no está previsto en el reglamento de Diputados. Conversamos En Perspectiva con Schipani.

Proyecto de Felipe Schipani para reformar el régimen de interpelaciones en Diputados by En Perspectiva En Perspectiva

El texto toma como referencia la normativa del Senado e introduce límites de 60 minutos para las exposiciones iniciales, 30 minutos para una segunda intervención y 15 minutos para los cierres, con la posibilidad de habilitar debate libre por mayoría absoluta de la cámara.

Schipani explicó que la iniciativa surgió tras la reciente interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que se extendió por más de 21 horas entre el martes y el miércoles de esta semana.

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