Foto: Presidencia

La Tertulia de los Miércoles con
Gonzalo Baroni, Martín Bueno,
Rodrigo Coniglio y Patricia González

El gobierno lanzó este lunes el programa Libertad Segura, para apoyar el egreso de personas que cumplen su condena en la cárcel y reducir la reincidencia.

Se trata de una experiencia piloto que alcanzará a 350 liberados —300 varones y 50 mujeres— durante 24 meses. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que busca “romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito”.

El programa empezará dentro de la cárcel, con la preparación del egreso. Se les dará cédula, carné de salud, capacitación, perfil laboral y un plan personalizado. Luego, al salir, los participantes recibirán durante tres meses una Tarjeta Uruguay Social de 5.000 pesos, boletos, vestimenta, celular con precarga y apoyo habitacional si no tienen dónde vivir.

También accederán a un empleo protegido en el sector público durante un año, con acompañamiento sociolaboral, atención en salud y apoyo psicosocial. Después se buscará su ingreso al empleo privado formal, con subsidios e intermediación laboral.

Ayer aquí en diálogo con En Perspectiva, Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto explicó el rol de la OPP como coordinadora y evaluadora de este plan piloto: 

"La idea no es que la OPP se ternice en este rol pero sí construir un piloto que nos permita hacer una primera etapa de implementación, seguimiento y evaluación. Luego ubicar el programa Libertad Segura en otros ámbitos institucionales, donde hay actores que tienen responsabilidades directas, como el INR o la Dirección Nacional de Liberados en el marco del Mides. Nosotros recibimos una demanda concreta del Ministerio del Interior a fines del año pasado, de intentar coordinar las acciones de todas las instituciones que trabajan en el proceso de egreso carcelario, de tal manera de mejorar el impacto de políticas que estaban muy fragmentadas. De ahí surge el diseño, que lo trabajamos desde la OPP con estos organismos, y este piloto que comenzamos a implementar a partir de los primeros días de junio de este año".

Este plan – como decía Arim- se suma a otras instancias que se venían implementando frente a esta problemática como el programa “Liberados” de ACDE, Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas. En este sentido Arim explicó que “la manera de intentar mejorar los resultados que estamos obteniendo y darle a las personas oportunidades objetivas de desarrollar una vida digna e integrada, tiene que ver con hacer converger en un mismo programa instrumentos que van desde salud hasta el derecho a la identidad”, apuntó.

Viene de: Vecinos denuncian a autores de graffitis en Montevideo: ¿Qué debe hacer la intendencia?

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

El gobierno lanzó ayer el programa Libertad Segura, para apoyar el egreso de personas que cumplen su condena en la cárcel y reducir la reincidencia.

Se trata de una experiencia piloto que alcanzará a 350 liberados —300 varones y 50 mujeres— durante 24 meses. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que busca “romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito”.

El programa empezará dentro de la cárcel, con preparación del egreso. Se les dará cédula, carné de salud, capacitación, perfil laboral y un plan personalizado. Luego, al salir, los participantes recibirán durante tres meses una Tarjeta Uruguay Social de 5.000 pesos, boletos, vestimenta, celular con precarga y apoyo habitacional si no tienen dónde vivir.

También accederán a un empleo protegido en el sector público durante un año, con acompañamiento sociolaboral, atención en salud y apoyo psicosocial. Después se buscará su ingreso al empleo privado formal, con subsidios e intermediación laboral.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay

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Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Leonardo Costa,
Juan Erosa y Lucía Zapata

Este domingo, Luis Fernando Fernández Albín, imputado por narcotráfico, lavado de activos y contrabando, inició una huelga de hambre reclamando que cese el aislamiento en que se encuentra detenido, bajo un régimen especial del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Luego, con el correr de las horas, otros reclusos del Penal de Libertad se sumaron a la medida, solicitando el traslado de Fernández Albín. Desde el Ministerio del Interior interpretaron la protesta como una reacción a la desarticulación de la organización criminal “Los Albín”.

En declaraciones a La Diaria, su abogada, Paula Gutiérrez, detalló que su defendido permanece aislado, sin contacto con otros reclusos, con una única visita semanal de una hora y sin visitas conyugales, y advirtió sobre los efectos del aislamiento prolongado en la salud mental. La defensa presentó un hábeas corpus, que fue rechazado por la Justicia. Fernández Albín se encuentra recluido en una unidad de máxima seguridad, bajo un régimen extraordinario que contempla aislamiento, control estricto de comunicaciones y limitaciones en las visitas.

Desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani señaló en redes sociales: “Ante los intentos de presión indebida a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio del Interior por parte de uno de los narcotraficantes más pesados del país el sistema político todo debería respaldar a las autoridades ministeriales. Hay un silencio atronador sobre el tema.”

Por su parte, el exministro del Interior Luis Alberto Heber afirmó, también en redes, escribió: “El inicio de una huelga de hambre por parte de Fernández Albín (peligroso narcotraficante y jefe de una poderosa organización) preocupa al gobierno por un posible motín carcelario. Sería inaceptable que el Ministerio del Interior cediera frente a estas amenazas. Volvería inservibles las cárceles de máxima seguridad y dejaría un antecedente peligroso porque frente a presiones de este tipo, quedaría claro que quien manda en los penales son los presos”

¿Cómo vieron este asunto nuestros contertulios?

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“Las máscaras permiten enfrentar la vida. Podemos ser lo que queremos… o lo que quieren que seamos. Las máscaras han sido testigos de todas las historias. Construyen identidad. ¿Y tú, qué máscaras has habitado? ¿Cuáles habitas? ¿Qué historias te quedan por contar?”

Así comienza la Primera antología hispanoamericana de narrativas en cárceles, esta iniciativa forma parte del Programa nacional de educación en cárceles del MEC, que implementa propuestas educativas no formales, dirigidas a las personas privadas de libertad.

Los textos que se recopilan en esta antología pertenecen a autores de 21 cárceles diferentes, ubicadas en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Honduras, entre otros.

Uno de esos textos llamado “Con las alas rotas. Las máscaras que habité”, pertenece a Mirna Nahir Silva Suárez, una estudiante universitaria privada de libertad de la Facultad de información y educación de la Universidad de la República. Escuchemos un fragmento leído por ella:

“La máscara que habito hoy es de un aprendizaje de la vida, en el contexto de encierro donde me encuentro, a pesar de haber venido con un título universitario en la mano, nunca hice de la delincuencia mi modus vivendi. Por el envío de una caja, de favor y por generosidad, estoy acá. Igualmente, esta máscara, ¿Me activará las alas rotas para volar más alto? No lo sé, quisiera poder habitar una máscara de aprendizaje para poder entenderlo todo y mejor”

¿Cómo surgió la idea de hacer esta publicación? ¿Qué impacto tienen estos espacios de creación en la vida de las personas privadas de libertad? ¿En qué otras cosas se está trabajando en este programa?

Para conversar sobre estos puntos, Gabriela Pintos conversó con Nicolás Jara, coordinador del programa nacional de educación en cárceles y con Andrea Gil, coordinadora de programas territoriales de la dirección nacional de educación.

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El 11 de diciembre, y por primera vez, dos selecciones de personas privadas de libertad de Punta de Rieles y Santiago Vázquez jugaron al rugby en el estadio Charrúa. El presidente Yamandú Orsi asistió al encuentro y destacó al deporte como una herramienta de integración, disciplina y respeto. Dijo que ver a los equipos en la cancha es “la demostración cabal de que se puede”.

El partido formó parte del convenio entre el Ministerio del Interior y la Unión de Rugby del Uruguay (URU), a través de Pelota al Medio a la Esperanza, que desde 2016 promueve esta práctica en cárceles. También participan la Fundación Fénix y autoridades del sistema de rehabilitación.

Orsi expresó su deseo de que más reclusos puedan sumarse. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, consideró que el programa es clave para trabajar valores y competencias, y anunció un encuentro nacional el 19 de diciembre en Punta de Rieles.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con un referente e impulsor de esta iniciativa, Gustavo Zerbino de Fundación Fénix.

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Conversamos En Perspectiva con el Dr. Juan Miguel Petit, comisionado del Parlamento para el Sistema Penitenciario y quien durante los últimos diez años fue un referente ineludible en la discusión sobre asuntos carcelarios en Uruguay.

Pero esa etapa se cerró el jueves pasado, cuando, luego de dos mandatos, Petit asumió en una nueva función: integrante del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

¿Cómo procesa este cambio? ¿Qué le quedó pendiente en su gestión? ¿Qué cosas buenas se lleva de una tarea que tuvo cantidad de momentos ingratos? ¿Qué objetivos se plantea ahora?

Luego de 10 años como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, el Dr. Juan Miguel Petit inicia una nueva etapa en el servicio público.

El jueves pasado asumió como uno de los cinco directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo, creado en 2008, que funciona en el ámbito del Poder Legislativo y que tiene como cometido defender, promover y proteger los Derechos Humanos.

¿Por qué aceptó esa nueva responsabilidad? ¿Cuál es su trabajo ahora? ¿Cuáles serán sus prioridades?¿Cómo se siente luego de 10 años dedicados a supervisar las cárceles?

La entrada Juan Miguel Petit asumió en la INDDHH: La institución “es el gran ombudsman del país”; “lo que hacía el Comisionado con las personas privadas de libertad, la institución lo hace para todos los derechos” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Martes con
Matías Bordaberry, Amira Fagúndez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte

Juan Miguel Petit presentó el viernes su último informe como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, luego de diez años en el cargo y antes de asumir como integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Advirtió que “es muy difícil” reformar las cárceles si no se frena el aumento de la población privada de libertad y subrayó que la prisión no puede ser la única sanción penal.

El reporte señala que más del 40% de los reclusos vive en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, con hacinamiento crítico, problemas de higiene, alimentación y salud, y sin programas adecuados de rehabilitación en adicciones. Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 456 presos cada 100.000 habitantes en 2024, cifra que siguió creciendo en 2025. El año pasado murieron 57 personas bajo custodia, 36 de forma violenta, y en casi la mitad de los casos se constató negligencia estatal.

Además de recomendar mejoras en la atención, infraestructura y condiciones de rehabilitación, Petit presentó tres propuestas legislativas. En primer lugar, planteó restituir la suspensión condicional del proceso, eliminada por la ley de urgente consideración, para que quienes cometen delitos leves cumplan acciones reparatorias o de tratamiento. También propuso extender la redención de pena por trabajo o estudio a todos los delitos, ya que “Uruguay no tiene cadena perpetua y todas las personas van a ser liberadas tarde o temprano”. Por último, sugirió modificar el artículo 304 del Código del Proceso Penal, que limita el aplazamiento o sustitución de la prisión a penas menores a dos años y excluye a reincidentes, lo que, según señaló, deja fuera a gran parte de quienes son condenados por microtráfico.

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