Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

¿Se han puesto ha pensar cuántos comportamientos cotidianos cambiaron debido a la pandemia de covid19?

Estas alteraciones en la rutina diaria -como dejar de ir al trabajo, al shopping o al cine- no solo han impactado en nuestras vidas personales. También están incidiendo en uno de los fenómenos sociales que más preocupan: el delito y la criminalidad.

Un estudio realizado por un consorcio internacional de 36 expertos, liderado por la Universidad de Cambridge, mostró que en 27 ciudades de 23 países diferentes se produjo una reducción promedio de los delitos de 37%, a raíz de las medidas de restricción de la movilidad dispuestas por los gobiernos para frenar la trasmisión del coronavirus.

Una de las ciudades incluidas en el trabajo fue Montevideo, que al igual que las otras urbes analizadas mostró una caída en los delitos.

Vamos a conocer más sobre esta investigación, que le da una perspectiva amplia a un tema que ha estado instalado con fuerza en el debate político uruguayo porque, casualmente, el año de emergencia sanitaria coincidió con el cambio de gobierno y un giro en las políticas de seguridad pública.

Hoy En Perspectiva conversamos con dos expertos uruguayos que participaron en este trabajo: El economista Carlos Díaz y el sociólogo Nicolás Trajtenberg.

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EN PERSPECTIVA
Martes 05.04.2016, hora 7.51

EMILIANO COTELO (EC) —Las revelaciones de la investigación periodística conocida como “Panama Papers” están generando repercusiones en todo el mundo. En la prensa se informaba ayer que países como Alemania, Austria, Australia, Brasil, EEUU, Francia, Holanda y Suecia habían comenzado indagatorias para comprobar si había ciudadanos suyos involucrados en delitos.

Todo empieza con este trabajo desarrollado por un consorcio internacional de periodistas [The International Consortium of Investigative Journalists] y más de 100 medios de comunicación, que procesaron 11,5 millones de documentos pertenecientes al bufete panameño Mossack Fonseca donde aparecen diversas personalidades mundiales vinculadas –por ejemplo el presidente [ruso] Vladimir Putin o el futbolista [argentino] Lionel Messi– [o personas cercanas a ellas] que figuran como titulares de empresas de papel constituidas en paraísos fiscales.

El caso tuvo su “pata” uruguaya. Algunos detalles en ese sentido: aparecen mencionado el contador Juan Pedro Damiani y su despacho, que trabajaron para siete sociedades offshore vinculadas a Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA, acusado de fraude y blanqueo de capitales por el FBI en EEUU. También el estudio de Damiani hizo, aparentemente, de intermediario en una empresa registrada en Nevada, EEUU, vinculada a Hugo y [Mariano] Jinkis, padre e hijo, acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse derechos de televisación de campeonatos organizados por la Conmebol.

Otro de los documentos menciona que el futbolista argentino, Lionel Messi, utilizó un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con el objetivo de seguir facturando sus derechos de imagen sin que se pagaran los impuestos a la impositiva española. El estudio en cuestión aquí, en Montevideo, fue Abreu, Abreu y Ferrés.

¿Cómo se está siguiendo este nuevo panorama desde la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo? Estamos con su titular, Carlos Díaz.

¿Cómo ha tomado estas novedades, desde el Gobierno uruguayo y desde esta agencia en particular?

CARLOS DÍAZ (CD) —En general no son demasiadas novedades para nosotros, no ha habido una información que no tuviéramos. Lo que nos ha llamado la atención, sí, es el proceso a través del cual se filtró la información, pero, sobre todo en uno de los casos, el que está en la justicia, esta información ya se tenía.

EC —¿Por qué dice que le llamó la atención el proceso por el cual se filtró esta información?

CD —No es habitual que firmas que tienen estas características no tengan determinados blindajes para custodiar la información con la cual trabajan, que es tan sensible. Precisamente una de las características del servicio que ofrecen a sus clientes es la confidencialidad. ¿Cómo se les escapó?… bueno, bienvenido sea que así haya sido, pero llama la atención, solamente eso.

EC —Usted dice: “Bienvenido sea”, ¿por qué? En principio toda la actividad de creación y operación de estas sociedades es algo legal…

CD —Sí, es algo legal, ha ido cambiando la propia legislación de Panamá, Panamá ha estado incluido en una lista gris y va a ser ahora evaluado nuevamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a propósito, precisamente, de su particular régimen, que permitía todo este tipo de liberalidades. Las consecuencias, como hablábamos hace no mucho con usted, cuando un país tiene determinadas características, son de este tipo: a través de instrumentos legales, de un entramado legal, se atrae lo que es absolutamente lícito, lo que es más o menos y lo que no. El capital escondido allí, el que no pueda determinarse quiénes son sus titulares… atrae todo tipo de capitales, los que sirven, los que no… En fin.

De todas maneras, lo bueno, que no tiene una relación directa con esto, estimo yo, no lo sé, es que Panamá ha transformado sustancialmente su régimen, el Gobierno panameño está precisamente en una pulseada fuerte con este tipo de estudios. No es casualidad, tampoco -nosotros veníamos siguiendo este tema-, que en enero esta firma tuviera unos problemas relativamente importantes en Brasil, incluso fueron detenidos e indagados trabajadores de la firma, y que en marzo Ramón Fonseca tuviera que renunciar a un cargo que sería de asesor del Gobierno de Panamá, por un problema que tuvo o que tenía su estudio con la Justicia española.
O sea, hay un cambio en la propia Panamá. Eso no implica que… en principio para nosotros son cosas distintas.

EC —Desde el punto de vista uruguayo tenemos dos frentes posibles para considerar. Por un lado el que yo mencionaba recién: figuras o personas de nuestro país que hayan abierto empresas radicadas en Panamá a través de un estudio jurídico como este. Desde ese punto de vista usted dice que no hay mayores novedades.

CD —Hasta ahora no, no quiere decir que no pueda haberlas. Las personas que se han manejado como abriendo cuentas o teniendo cuentas, absolutamente todas, han estado en conocimiento nuestro y de la Justicia. Algunas están indagadas, otras no. No nos olvidemos que en Uruguay el delito fiscal, como podría ser el caso del jugador de fútbol al que está vinculado un estudio, no es delito precedente de lavado de activos. Por ese lado delictual no hay una investigación. En el otro caso es notorio, en el caso el vinculado con FIFA sí hay una investigación abierta, y en ese caso esa información ya se tenía, se le proporcionó a la jueza.

EC —Por un lado está la eventual apertura de sociedades en Panamá por parte de ciudadanos uruguayos. Por otro lado está la actividad de los intermediarios. En ese sentido el informe que ha preparado este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación [ICIJ] ubica a Uruguay entre los diez países donde operan más intermediarios para ese estudio panameño: 298 empresas uruguayas figuran entre los más de 14.000 bancos, estudios de abogados y otros intermediarios que ayudaron a crear sociedades con Mossack Fonseca. ¿Esto qué le dice a usted?

CD —Tiene varias lecturas, porque eso… Usted dice: ¿por qué una economía relativamente más pequeña que las que lo preceden en esa lista de diez…? Fíjese que primero está Hong Kong, después Inglaterra, Suiza, EEUU, Panamá, Guatemala, Brasil…

EC —En cuanto a cantidad de intermediarios primero está Hong Kong, después Reino Unido, Suiza, EEUU, Panamá, Guatemala, Luxemburgo, Brasil, Ecuador y después Uruguay, con 298 intermediarios.

CD —¿Por qué? Supongo que porque el régimen societario que Uruguay tenía era atractivo. A medida que ha ido evolucionando la transparencia en cuanto a las sociedades, precisamente, Uruguay fue dejando de ser atractivo. Quizás hace un tiempo estuviera en un lugar más alto en el ranking, con seguridad al día de hoy no ocupará el décimo lugar, porque ya no es tan fácil de enmascarar.

EC —A su vez, ese lugar que ocupaba Uruguay con la normativa anterior, ese papel destacado que jugaba en la relación con este bufete panameño, ¿se explica por negocios provenientes de Argentina más que de Uruguay? Esa es una especulación con la que ayer se manejaban varios oyentes.

CD —Eso sería demonizar a Argentina, que es un país con el cual somos vecinos y tenemos que tener las mejores relaciones. Si se ve desde el aspecto tributario, podría entendérselo así. De todas maneras, Argentina siempre ha sido un lugar que se ha refugiado o instalado en Uruguay: en 1930 teníamos el hotel de los argentinos en la rambla de los argentinos. Durante toda la historia, por razones más que nada de seguridad jurídica, [los argentinos] se han instalado en Uruguay. También es cierto que las primeras Sociedades Anónimas Financieras de Inversión del año 1948 eran todas argentinas.
En fin, no lo podemos afirmar, no lo sabemos, entra dentro del secreto bancario, podría ser Argentina o podría ser otro país.

EC —La secretaría que usted encabeza, ¿piensa tomar algún tipo de acción a partir de esta información?

CD —La secretaría ya tiene toda una estrategia planteada. En cuanto a la información que ha surgido hasta ahora, ya estaba, no es novedosa, estamos hablando de un volumen difícilmente mensurable, son alrededor de 11 millones de datos que se están procesando y que, supongo yo, irán produciendo más información y más datos. En la medida en que haya algo que no conozcamos tenemos que verificarlo.

Definitivamente la secretaria a partir del 1º de enero tiene un rol diferente al que tenía y, prescindiendo de su actividad como auxiliar de la Justicia, tiene la obligación, per se, de hacer las verificaciones, inspecciones e investigaciones que lleven a determinar si los que intervinieron en la creación o vinculación con estas sociedades tomaron todas las medidas y si hicieron todos los controles para identificar tanto a los clientes que están detrás de las transacciones que se han hecho como el origen de los fondos.

EC —Eso es lo que debe verificar la secretaría.

CD —Eso es lo que debe verificar la secretaría.

EC —¿Que se haya hecho, por ejemplo, la declaración de operaciones sospechosas, etcétera?

CD —No sé si se habrán hecho declaraciones sospechosas, eso le corresponde un poco más a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Pero lo que importa, más que hacer la declaración o no, es por lo menos haber hecho el control, en absolutamente todos los casos, 100 % de los casos, así la operación pueda no resultar sospechosa.

EC —A los efectos de ese control, ¿la secretaría puede utilizar estos documentos que se han filtrado, teniendo en cuenta justamente que es información obtenida de manera ilegal?

CD —Eso no lo sé definitivamente, en cuanto a si es pertinente o no utilizar la información. Si toma conocimiento la Justicia o… lo que sucede además es que habría que interpretar, y en ese sentido estamos un poco nuevos, la facultad que tiene la secretaría otorgada por la ley que le confiere “las más amplias facultades de investigación”. Sería una información que estaría allí arriba y que podría ser importante, o no, podría ser prioritaria, o no, depende. La secretaría tiene un plan de acción ya trazado y no puedo decir en este momento… Con lo que tenemos no cambiaríamos el plan que tenemos, no hay ninguna novedad, como le decía, como para priorizar esta información que está surgiendo sobre otras actuaciones que ya están previstas para esta semana que viene.

***

Transcripción: Andrea Martínez

La entrada Entrevista, martes 5 de abril: Carlos Díaz se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

“Las personas que se han manejado como abriendo o teniendo cuentas, absolutamente todas, han estado en conocimiento nuestro y de la Justicia”, dijo Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado de la Presidencia de la República. Agregó que algunos casos ya están siendo investigados por la Justicia y otros no, porque en Uruguay “el delito fiscal no es delito precedente de lavado de activos”.

“La secretaría tiene un plan de acción ya trazado” para su trabajo en las próximas semanas, y este no se verá alterado si “no hay ninguna novedad como para priorizar esta información que está surgiendo”. “En la medida en que haya algo que no conozcamos, tenemos que verificarlo”, dijo Díaz. Precisó que la secretaría tiene la obligación de investigar si “los que han intervenido en la creación de estas sociedades tomaron todas las medidas e hicieron todos los controles para identificar a los clientes que están detrás de las transacciones y el origen de los fondos”.

Acerca de que Uruguay figura décimo entre los países con estudios de abogados que se comunicaron con Mossack Fonseca para crear empresas offshore, Díaz dijo que supone que eso se debe a que “el régimen societario que Uruguay tenía era atractivo”. Sin embargo, agregó que “a medida que ha ido evolucionando la transparencia, Uruguay va dejando de ser atractivo. Quizás hace un tiempo estuviera en un lugar más alto en el ranking, con seguridad al día de hoy no ocupará el décimo lugar”.

Además, Díaz destacó que Panamá ha hecho cambios en su legislación para modificar su régimen, que “permitía todo este tipo de liberalidades”, y salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Panamá ha transformado sustancialmente su régimen, está precisamente en una pulseada fuerte con este tipo de estudios”, como Mossack Fonseca, agregó.

Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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The Panama Papers, sitio web

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EN PERSPECTIVA
Martes 22.03.2016, hora 8.41

EMILIANO COTELO (EC) —La Secretaría Antilavado iniciará inspecciones masivas a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos en el entorno del 1º de julio.

La noticia, publicada por La Diaria, recuerda que la ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahora, ese organismo, que es encabezado por Carlos Díaz, deberá controlar a todo el sector no financiero (o sea, inmobiliarias, empresas constructoras, casinos, escribanos y rematadores, entre otros). Hasta ahora esa potestad correspondía a la Auditoría Interna de la Nación, pero que ésta no la ejercía efectivamente, según comentó Díaz.

¿Por qué se introducen estas transformaciones? ¿Cómo se llevarán a la práctica estos controles? ¿Qué otras herramientas hay en carpeta para combatir el lavado de activos? De estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Díaz.

Creo que es imprescindible hacer, rápidamente, una definición básica de lavado de activos.

CARLOS DÍAZ (CD) —Para hacerlo sencillo: es el por lo menos intentar darle carácter legítimo a activos obtenidos de forma ilegítima.

EC —¿Ejemplos?

CD —Por ejemplo, [activos adquiridos] a través de narcotráfico, trata de personas, estafa… En Uruguay hay un gran elenco de delitos que en nuestra jerga son llamados “precedentes” al lavado de activos.

EC —¿Desde cuándo nuestro país tiene una secretaría ocupada en el combate al lavado de activos?

CD —La secretaría está desde el año 2009.

EC —¿Y por qué ahora, con esta ley de presupuesto, se introducen estas variaciones que vamos a comentar ahora?, ¿por qué se cambian las atribuciones de la secretaría?

CD —En general lo que ha habido es un cambio en las reglas internacionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, es el organismo que prácticamente está regulando la inserción de los países a las actividades económica-financiera en el mundo. A partir del año 2012 estableció nuevas recomendaciones -o exigencias, si usted quiere- que hacen que los países ya no solo deban cumplir con los aspectos normativos -me refiero a tener normas, leyes-, sino que también deban demostrar que efectivamente están cumpliendo con esas normas y leyes. Lo tienen que demostrar a través de estadísticas que cada uno tendrá que exhibir en oportunidad de la evaluación que le sea practicada por el GAFI en nuestra región.

EC —¿Estos cambios obedecen básicamente al marco internacional o también a un análisis que se había hecho dentro de Uruguay en cuanto a que los controles no eran suficientes?

CD —Las exigencias internacionales generalmente van acompasadas con las necesidades nacionales. Hay reuniones permanentes, es algo que se va siguiendo de forma permanente. La necesidad de que un país cuente con un blindaje importante en materia de prevención -que es realmente donde entra este control de los sujetos obligados no financieros- ya hace también a la necesidad del país de ponerse a salvo de capitales que tengan por detrás una serie de dolores de cabeza que están existiendo en el mundo desde hace 25 años.
Yo siempre digo: las nuevas exigencias confluyen con las necesidades del país. No hay nada que pueda molestar en el sentido de que no sea aplicable.

EC —¿A qué tipo de actividades controlaba directamente hasta ahora la secretaría?

CD —La secretaría no estaba ejerciendo un control directamente. Lo que viene sucediendo es que Uruguay ya por el año 2006, en función de sus características en cuanto a país chico con escaso lobby internacional, intentó insertarse en este mundo de las finanzas internacionales a través de grupos regionales. En el grupo que nos agrupa, que en ese entonces era GAFISUD y ahora es GAFILAT -que abarca de México hacia el sur-, Uruguay fue ocupando distintos cargos hasta llegar incluso a la presidencia de este grupo, un poco por dedicarse técnicamente al estudio de estos temas,. Ahí visualizábamos las brechas que podíamos tener en relación con estas nuevas exigencias.

Uruguay es un país que de acuerdo a su última evaluación, que fue hecha en base a las exigencias anteriores, se encuentra muy bien. Pero cuando uno andaba por el mundo veía que para atrás estamos bien pero para adelante podíamos tener algún problema. Entonces decidimos, sin perjuicio de que teníamos una idea bastante clara de cuáles eran esas brechas, contar con el asesoramiento de técnicos internacionales y, si fuera posible, que fueran de los más duros, sobre todo los europeos.

No teníamos recursos directos y logramos convencer al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de que el problema de lavado de activos estaba estrechamente vinculado con el desarrollo, porque el BID generalmente se ocupa de cuestiones de desarrollo. El BID nos financió una consultoría que al cabo de dos años llegó a la conclusión de que el control del sector no financiero debería estar en un organismo cuya tarea sustantiva fuera el lavado de activos.

Es común que las organizaciones que tienen más de una tarea orienten sus recursos hacia las tareas sustantivas cuando están en situaciones límite, y en estos lares las situaciones límite son casi diarias. Entonces nos quedaban dos organismos -la Unidad de Acción y Análisis Financiero del Banco Central y la Secretaría Antilavado- que tuvieran como cultura de la propia organización el tema del lavado de activos. Fue un poco por eso, naturalmente ha implicado…

EC —Una precisión antes: al sistema financiero, ¿quién lo controla?

CD —Lo controla la Unidad de Acción y Análisis Financiero del Banco Central.

EC —Y al sector no financiero, en teoría, lo controlaba la Auditoría Interna de la Nación.

CD —Lo controlaba la Auditoría Interna de la Nación.

EC —Ahora es esta secretaría la que pasa a ocuparse…

CD —De ese rol, de la supervisión del sector no financiero.

EC —¿Y en qué consiste el control, qué atribuciones pasa a tener en ese sentido la secretaría?

CD —Pasa a tener atribuciones fuertes para convocar, supervisar e incluso investigar. Realmente el control consiste en que los sujetos obligados estén cumpliendo con lo que se le llama la debida diligencia.

EC —¿Qué es eso?

CD —La debida diligencia es que estén controlando que en las operaciones en las que actúan no haya un problema de fondos de origen desconocido o de beneficiarios finales no conocidos.

EC —Esa es una apreciación importante: en realidad el control lo tiene que hacer ese agente privado. Por ejemplo, la inmobiliaria o el escribano.

CD —Sí, es que no hay otra forma, así se hace en el mundo entero. Este es un tema que hemos discutido mucho en foros internacionales: no hay nadie como aquel que practica un oficio para determinar si algo le llama la atención o no, es sobre ese concepto básico que descansa el control. Bien podríamos volver a tiempos en los que el Estado trataba de regular todo lo que estaba alrededor de uno pero abarcar una casuística imposible de prever en su totalidad terminaría paralizando todas operaciones.

Las operaciones que pueden ser sospechosas para alguien de afuera, para aquel que está dentro de la operación pueden no serlo. Por ejemplo, si usted sabe o toma conocimiento de que un inmueble fue comprado por US$ 1 millón en la mañana y vendido en US$ 10.000 de tarde, le va a parecer una operación sospechosa. Pero si el interviniente sabe que lo hizo el padre, que lo compró de mañana para hacerle un obsequio a su hijo, que se va a casar, él va a establecer en el formulario de registro esa situación y no le va a parecer que sea una operación sospechosa.

Eso sucede en todos los sectores de actividad en los que el control descansa sobre el conocimiento del oficio, de la profesión, que es el que le indica si está o no frente a algo llamativo.

EC —Lo que la secretaría que usted encabeza hace, a partir de ahora, es controlar que ese privado hace los controles.

CD —Controlar que se controle, digamos.

EC —Controlar que se controle.

CD —Esos controles de cada operación se registran y deben ser conservados cinco años. Es nada más que eso.

EC —¿Y cómo estamos en Uruguay en cuanto a esos controles, estadísticamente?

CD —Estadísticamente estamos mal, no estamos lo suficientemente bien. Vale la pena decir que prácticamente en todo el mundo se está en una situación similar. Son sectores que no están acostumbrados a hacer el control, que pueden tener algunas carencias incluso en materia de formación. Pero el trabajo es precisamente juntarse con ellos y tratar de ir rápidamente al objetivo fundamental que se ha planteado la secretaría: el cumplimiento voluntario. Aquí no se trata de sancionar gente ni nada por el estilo sino de tratar que el país cuente con un blindaje, que si hay alguien en cualquier lugar del mundo dice: “Bueno, yo quiero ir a lavar dinero”, descarte a Uruguay porque encuentre allí un ambiente hostil como para hacerlo. Eso solo lo da el hecho de que sepa que hay controles que no le van a permitir realizar la operación o que, si se le permite hacerla, esa operación va a ser reportada. No hay otra forma.

EC —Para este control del control ustedes están previendo inspecciones, incluso hablan de inspecciones masivas, ¿qué es eso?

CD —Bueno, es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace un tiempo a través de… Se ha fortalecido [a la secretaría] con importantes funcionarios que han venido de otros organismos, sobre todo de la Dirección General Impositiva, con una formación importante en materia de inteligencia fiscal, a efectos de poder hacer eso, controles masivos.

Hay que tener cuidado porque de repente nosotros en nuestra falta de experiencia generalizamos la jerga que utilizamos habitualmente. Tomamos un modelo que es del año 2003, pero que para nosotros sigue vigente, que nos brinda la posibilidad de, con un número no demasiado alto de funcionarios, realizar controles masivos. Es a eso que nos estamos refiriendo, suponemos que irá in crescendo el número de gente controlada.

Hay varias etapas. La primera es la que llamamos “validación”, la cual corre informáticamente, no interviene ni el funcionario ni menos el sujeto obligado o la persona a quien se controla. Luego hay una segunda, que es la de verificación, que es de escritorio, tampoco se sale a la calle a realizar controles. La gran mayoría de las discrepancias que puedan existir van a ser resueltas con citaciones y ese tipo de cosas. Solamente en situaciones de borde se saldrá a realizar inspecciones in situ. Todo esto con un criterio de economicidad, porque lo más caro y costoso es la inspección de campo.

EC —A partir de lo que usted mismo señalaba, de la incorporación de funcionarios, el oyente puede pensar que sigue creciendo la burocracia. ¿Qué tamaño termina teniendo esta secretaría?

CD —No [se ríe]. Son muy poquitos funcionarios, pero además no hay incorporación, precisamente lo que hay son pases en comisión, no hay una sola creación de cargos.

EC —De todos modos, ¿qué tamaño tiene la secretaría hoy?

CD —Está previsto que la secretaría llegue a tener entre 22 y 23 personas.

EC —Usted dice que buena parte del trabajo de control o inspección se realiza desde el escritorio, vía informática. ¿Puede mencionar algún ejemplo?

CD —Si, o sea, la secretaría tiene además una facultad y es que ningún organismo le puede oponer secreto y/o reserva. Esta es una facultad que tiene desde hace un tiempo, que fue pensada para cuando, a la orden del juez, se realizan investigaciones vinculadas al crimen organizado o lavado de activos. Esa facultad es la que le permite a la secretaría crear un banco de datos importante migrando bases de datos de otros organismos para manejar el principal criterio en materia de control, que es el de cobertura. O sea: la idea es que para lograr el cumplimiento voluntario todo el mundo sepa que está en esa base de datos y que en cualquier momento, o de repente nunca, puede surgir un control. Quizás no sea demasiado académico decirlo, pero es un poco saber que todos estamos en el bolillero como para ser controlados.

Todo eso funciona por un lado. Paralelamente está funcionando también un grupo en el que todos los sujetos obligados, a través de sus representantes, están trabajando permanentemente con la secretaría en cuanto al diseño de los controles y la eventualidad…

EC —¿Existe un grupo que representa a estos sectores no financieros que de algún modo coordina con la secretaría?

CD —Si, un grupo que coordina, que está testeando qué es lo que está pasando sobre la realidad y, [evaluando] si es necesario cambiar alguna norma que pueda resultar inadecuada para determinado sector de actividad. No podemos perder de vista que nosotros somos funcionarios públicos y, como bien decía usted, burócratas, en el buen sentido de la palabra, el del deber, y que no conocemos en profundidad las características de cada sector. Qué mejor forma de conocerla que convocar a aquellos que están trabajando en esos sectores.
La verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema, estamos trabajando con ellos, ya desde principio de año empezamos a trabajar, incluso en enero, y esperamos que las cosas salgan lo mejor posible.

EC —¿Hay cambios normativos previstos ya?

CD —No, no hay nuevos cambios normativos. La normativa es adecuada en relación con la gente que hoy está considerada como sujeto obligado.

Sí hay, dentro de ese paquete de nuevas exigencias del GAFI, una serie de cambios normativos por hacer que se pretenden hacer este año. Estas surgirían de una comisión que ya empezó a funcionar y que está integrada por representantes de los tres poderes: la secretaría, la Unidad de Acción y Análisis Financiero del Banco Central, la Prosecretaría de Presidencia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Este último lo hace a través de la Comisión Especial de legislación sobre crimen organizado y lavado de activos, compuesta por los tres partidos, que forma parte y concurre a esa comisión de modificaciones, que se verá qué es lo que decide o propone como cambios, o qué cambios toma.

EC —¿Para ustedes hay alguno que haya que implementar a la brevedad?

CD —Hay uno que viene desde hace bastante tiempo y es la inclusión del delito fiscal como delito precedente.

EC —¿Qué quiere decir que un delito es precedente de lavado de activos?

CD —El lavado de activos no existe por sí mismo. Usted puede andar con millones de dólares, pero si no se demuestra que el origen de ese dinero es delictivo no se puede tipificar la figura de lavado. O sea, no está en Uruguay ni en la mayoría de los países del mundo la defraudación tributaria como un delito precedente. Se podría… cualquier persona podría…

EC —Defraudación tributaria, el dinero que alguien hace defraudando al Estado en el pago de los impuestos. Ese dinero después hay que formalizarlo de alguna manera, ahí hay un lavado de activos. ¿Qué es lo que está faltando desde el punto de vista legal?

CD —Incluirlo en el elenco de delitos precedentes. Yo hice toda mi carrera en la administración tributaria, hoy por hoy usted puede no pagar ningún impuesto, puede tener penas corporales y estar preso, pero si usted no tiene ningún bien a nombre suyo -yo he visto casos de separaciones de bienes teniendo los bienes a nombre de la esposa- los bienes no se pueden tocar y el Estado no puede hacerse de esos bienes. Esa situación persiste al día de hoy, pero frente al caso de aplicar la figura de lavado de activos, si fuera precedente del lavado de activos, caería, porque estaríamos frene a un caso de lavado.

También quiero decir que esta es una de las nuevas exigencias más duras pero en las que menos quiere transar el GAFI.

La otra exigencia un poco fuerte tiene que ver con el beneficiario final y tendría que ver con que las sociedades no podrían tener como accionistas a otras sociedades.

EC —Sin embargo ocurre con frecuencia que una sociedad es propietaria de otra.

CD —Que a su vez tiene como propietaria a otra sociedad. Es una especie de muñecas rusas: uno saca una y aparece otra. Eso ya no es bien visto en el mundo actual en el GAFI. Naturalmente lo que hay que identificar es a la persona física, directamente, así lo establecen las normas, que es la que está considerada como beneficiaria final de todo el entramado.

Si usted me pregunta por cambios sustanciales, diría que esos son los dos más importantes, capaz que se me escapa algo. Nosotros concurrimos a esa comisión, la coordinamos, es cierto, pero simplemente desde el punto de vista administrativo, somos un miembro más. Esas son un poco las inquietudes que llevamos, que son las que recogemos del GAFI. También se va a encontrar usted allí con jueces que de repente proponen aspectos procesales; yo no tengo formación jurídica y ni siquiera los puedo valorar, pero descuento que deben ser pertinentes.

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Transcripción: Andrea Martínez

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Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahora, ese organismo deberá controlar a todo el sector no financiero.

En la entrevista central de hoy con Carlos Díaz, Secretario General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos abordamos las transformación en los controles y cuáles son las herramientas para combatir el lavado de activos.

Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Foto en Home: Carlos Díaz, presidente de la Secretaría Nacional Antilavado (Archivo). Crédito: Pablo Vignali/adhoc Fotos.

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