Casa Grande, el sector frenteamplista que dirige la senadora Constanza Moreira, rechazó la decisión del ministerio del Interior de asignarle gradualmente las tareas de seguridad en las cárceles a la Guardia Republicana.

En un comunicado. este grupo expresa "su profunda preocupación con el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder".

La semana pasada, el ministerio del Interior dio a conocer esto mediante un comunicado. Allí anunció que la Guardia Republicana "asumirá las funciones de seguridad penitenciaria brindado apoyo al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para asegurar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y garantizar la integridad física" tanto de trabajadores como de las personas privadas de libertad y de las personas que van como visitantes.

Para eso, todos los policías que trabajan en la seguridad de cárceles y que están bajo la órbita del INR pasarán a depender de la Guardia Republicana. Este cambio se hará de manera progresiva; iniciará por la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles.

A su vez, la Guardia Republicana quedará a cargo de la custodia perimetral en todas las unidades, salvo en las siete que actualmente tienen vigilancia por el Ejército. La custodia perimetral del Ejército en esos establecimientos finaliza, por ley, en 2021. El proyecto de ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional enviado por el Ejecutivo en julio de 2018 al Parlamento y que está a estudio de la cámara de Representantes, establece que a partir de ese año, 2021, la custodia perimetral en todas las cárceles pasará a la Guardia Republicana.

La Mesa de los Lunes con Carolina Ache, Pablo Carrasco, Adriana Marrero y Manuel Laguarda.

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Foto en Home: Perímetro carcelario. Crédito: Ministerio del Interior.

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Acceda aquí a la resolución (formato PDF)

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Declaración:

A fines del año pasado el Senado de la República otorgó media sanción a un Proyecto de Ley que habilita al Poder Ejecutivo a enajenar dos padrones (6.177 y 7.751) de la Rambla Costanera Sur de Montevideo, sitio conocido como “Dique Mauá”, como contrapartida a quien construya obras portuarias, terrestres y marítimas con destino a una nueva terminal fluvio-marítima para pasajeros.

Si bien no se puede pasar por alto el carácter estratégico del proyecto, en los últimos meses han surgido diversas y legítimas voces críticas del mismo en ámbitos sociales, vecinales, académicos y políticos. Si el proyecto de ley obtiene la aprobación definitiva, parte de la faja costera pasaría de ser un bien común de la población, a un bien privado.
Ante estas voces, y en este contexto, el sector Casa Grande del Frente Amplio declara:

1. La rambla de Montevideo es patrimonio colectivo y cultural de la nación, y el Dique Mauá es un espacio público emblemático del paisaje urbano de la capital del país, que forma parte de un bien público de importancia central como es la faja costera. Sus terrenos son parte integral y destacada del patrimonio histórico-cultural de la ciudad y desde esa perspectiva contribuyen de manera sustantiva a la calidad de vida de toda la población.

2. No podemos ni debemos ignorar que son necesarias intervenciones mayores para mejorar las condiciones de éste y otros sectores de la Rambla Costanera, pero la enajenación de estos terrenos en las condiciones planteadas sentaría un precedente que contradice una tradición histórica de la izquierda política que ha hecho de la defensa de los espacios públicos y del acceso democrático a estos una seña de su identidad.

3. La falta de debate público previo a la presentación de esta ley ha limitado la participación de quienes serán directamente afectados por ella. Sería bueno recordar el espíritu de la Ley de Ordenamiento Territorial: a saber, que nuestra relación con el territorio en el que vivimos debe ser decidida en un marco de amplia participación pública que garantice sostenibilidad ambiental, equidad social y cohesión territorial.

4. La fuerza política en general, y los diferentes órganos del Gobierno Departamental en particular, deben procesar una discusión más profunda sobre el tema, motivando la participación e integrando lo que de ella surja, teniendo en cuenta no solamente la enajenación sino considerando de manera integral el impacto de la obra en el entorno en el que se concrete. De esta manera, se podría evitar el posible desplazamiento de sectores en situación de mayor vulnerabilidad, proceso de gentrificación que recae mayoritariamente sobre mujeres, niños/as, población afrodescendiente y migrante.

5. Diseñar políticas territoriales que den prioridad al cuidado y mejora de la calidad de la vida integrando criterios como la sostenibilidad, la participación y el cuidado de los bienes comunes es posible. Las condiciones en las que se defina continuar con este proceso deben ampliar las oportunidades de contar con espacios de integración social, en vez de restringirlas, y revitalizar nuestra Rambla con emprendimientos que combatan la fragmentación de nuestra sociedad en vez de fomentarla.

Es fundamental garantizar espacios de debate y definición sobre los bienes públicos, como parte del proceso de transparencia y de ampliación democrática que profundice la legitimidad de un gobierno de izquierda que siempre sea capaz de poner “lo público por sobre lo privado”.

La asamblea departamental de Casa Grande realizada el día 18/8/2018 resuelve:

1- Oponerse absoluta y tajantemente a la enajenación del predio conocido como dique mauá

2- Seguir evaluando y valorando las distintas alternativas posibles para el predio, siempre con la condición de que el mismo se mantenga como bien público.

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No sé si mi opinión puede ser relevante en esta discusión de lo que discutió en este último Plenario Nacional del FA. Solo soy un hombre del interior, propuesto por un Comité de Base de docentes jubilados, que fue el más votado en Florida y que es parte del Plenario Nacional.  Voy al grano.

El resultado de las elecciones internas de 2016 generó un Plenario Nal. que de modo general marca la predominancia de los sectores opuestos al gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. A esa mayoría opositora al gobierno la integran, por los grupos: Partido Comunista, Fidel, PVP, Casa Grande, 711, grupo de Darío Pérez. Por las Bases, las de Montevideo y Canelones que, de un total de 51 delegados (casi la tercera parte del Plenario) 45 son del P. Comunista y votan disciplinadamente lo que determina el Partido. A ellos se agrega un pequeño grupo de bases del interior (6 de 31) y pequeñísimos grupos políticos testimoniales anti gobierno.

Acá no es problema de TLC si o TLC no. Lo que se propone es torcerle el brazo al gobierno. Este grupo, mayoritario en el Plenario Nal., dinamiza la concepción de que al gobierno lo ejerce la fuerza política y no  el gobierno. Y esta resolución está en esa línea. Para estos grupos y sectores de las bases, el gobierno y el partido de gobierno son la misma cosa. Para ellos, tienen la misma legitimidad un millón 250 mil votos de Tabaré que los 95 mil que eligieron al Plenario Nal. O, lo que es lo mismo, vale más el Plenario Nal. que el gobierno electo por el 48% de todos los uruguayos en primera vuelta, y el 54% en segunda vuelta.

¿Qué subyace en esa posición? La concepción de partido único. Ellos aspiran a un régimen como la URSS o Cuba. No asumen que estamos en un país distinto. Ese grupo vive en una nostalgia autoritaria. La Vertiente Artiguista se sumó a esta mayoría con una ingenuidad asombrosa. El tema no es técnico: es político. Ya el gobierno –todo el gobierno, con Tabaré a la cabeza– ha fundamentado con explicaciones abundantes, y este grupo no lo escucha. La senadora Constanza Moreira twiteó: "Ganamos, no habrá TLC con Chile". (*) Ese era el objetivo: ganarle al Gobierno.

Creo que el gobierno debe desmarcarse de la fuerza política en la agenda de gobierno, con el programa en la mano y la legitimidad que tiene por ese 54% que lo instaló en esa responsabilidad.

Esta circunstancia me deja perplejo: los ministros y demás integrantes del Partido Comunista en responsabilidades de gobierno siguen campantes ahí. No han renunciado, ni al gobierno ni a su partido. Así es una papa ser funcionario: con 50.000 votos condicionas a un gobierno electo por un millón 250 mil votos.  Pero los responsables finales de esta circunstancia son los propios frenteamplistas que, cuando tienen que corroborar el apoyo a su gobierno, prefieren no involucrarse en la estructura interna.

Estamos en una coyuntura difícil. Yo no voy a aflojar y redoblaremos el apoyo y solidaridad con nuestro gobierno.

Mtro. Carlos Martínez Latorraca,
delegado al Plenario Nal. del FA por las Bases de Florida
Vía correo electrónico

(*) Nota de Redacción:

Se aclara que, en su primer tuit (que En Perspectiva tuvo a la vista), la senadora Constanza Moreira manifestó exactamente, “Ganamos 75 a 73 el capítulo de comercio electrónico pero dado que se necesita mayoría absoluta, no quedó resolución firme”.

Luego, la senadora publicó un segundo tuit: “Corrijo el ‘ganamos’. Se refiere a la moción que ganó, no a nadie en particular”.

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¿Qué está en juego con este Tratado de Libre Comercio? ¿Qué consecuencias puede tener para la economía uruguaya? En la entrevista central dialogamos sobre este tema con el economista Gustavo Buquet, asesor del sector frenteamplista Casa Grande, que ha planteado sus discrepancias para acompañar este TLC.

Transcripción de la entrevista con el economista Gustavo Buquet

Los Tratados de Libre Comercio vuelven a generar discrepancias dentro del Frente Amplio. Esta vez la controversia es en torno a un TLC que el Gobierno firmó con Chile.

El acuerdo fue rubricado en octubre del año pasado por el canciller, Rodolfo Nin Novoa, y su par chileno, Heraldo Muñoz. Sin embargo desde enero de 2017 está en el Senado esperando su ratificación.

La discusión venía demorada por diferencias en la interna frenteamplista en torno al impacto que puede causar en la economía local. Sin embargo, el senador Luis Lacalle puso presión al oficialismo al decirle al presidente Tabaré Vázquez que contaba con los votos de los blancos para respaldar este TLC con el país andino.

¿Qué está en juego con este Tratado de Libre Comercio? ¿Qué consecuencias puede tener su ratificación parlamentaria? Esta mañana lo conversamos con el economista Daniel Buquet, asesor del sector frenteamplista Casa Grande.

Transcripción de la entrevista con el economista Gustavo Buquet

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EN PERSPECTIVA
Lunes 30.10.2017, hora 08.27

Video de la entrevista

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Los tratados de libre comercio (TLC) vuelven a generar discrepancias dentro del Frente Amplio (FA). Esta vez la controversia es en torno a un TLC que el gobierno firmó con Chile.

El acuerdo fue rubricado en octubre del año pasado por el canciller Rodolfo Nin Novoa y su par chileno, Heraldo Muñoz, y desde enero está en el Senado esperando su ratificación.

La discusión venía demorada por diferencias en la interna frenteamplista en torno al impacto que puede causar en la economía local. En medio de ese debate, el senador Luis Lacalle Pou puso presión al oficialismo cuando le ofreció al presidente Tabaré Vázquez que podía contar con los votos de los blancos para sacar adelante la aprobación.

¿Qué está en juego con este tratado de libre comercio? ¿Qué consecuencias puede tener su ratificación parlamentaria?

Vamos a conversarlo con el economista Gustavo Buquet, asesor del sector frenteamplista Casa Grande.

¿Cómo describiría este TLC con Chile? Estamos hablando de un tratado que involucra solo los servicio. El intercambio de bienes con Chile está desgravado por otros acuerdos del pasado.

GUSTAVO BUQUET (GB) —Exacto. Primero me gustaría explicar que vengo por Casa Grande, no soy un experto en comercio. Como economista me he especializado en economía de la comunicación, por lo tanto lo que vengo a trasmitir es una postura política. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, que integra por ejemplo Natalia Carrau, que ha aportado mucho a la documentación que hemos manejado.

Dicho esto, y entrando al TLC, para empezar vamos a tratar de describirlo lo más objetivamente posible y luego entraremos a por qué hay grupos, especialmente nuestro grupo y otros grupos del FA, que planteamos que es necesario discutir este tema.

Con respecto a cómo se genera este TLC, lo primero que hay que decir es que Uruguay ya tiene acuerdos con Chile, esto es importante. Tiene un acuerdo de libre comercio de bienes; tiene un acuerdo bilateral de inversiones, similar a los que firmamos con Estados Unidos y con otros países, en los cuales en caso de controversias estas se definen en los tribunales de la CIADI –en este tratado Uruguay comprometió el 15 % de las compras del Estado–, y también tiene un acuerdo de doble imposición. Es decir, tenemos una relación comercial fluida con Chile.

El TLC que está en discusión en este momento en el Parlamento y en la ciudadanía –si no, no estaríamos acá– y por distintas fuerzas políticas es un acuerdo de servicios en el que en primer lugar se reafirman los otros tres acuerdos que se hicieron.

RA —Pero básicamente las novedades vienen por el lado de los servicios.

GB —Las novedades son por el lado de los servicios. Además este acuerdo tiene otras novedades que son positivas, tiene varios capítulos, uno referido a las condiciones laborales, uno referido al medioambiente, un capítulo de género y comercio, un capítulo de cooperación. Y tiene un capítulo vinculado a obstáculos técnicos al comercio que puede facilitar el comercio de bienes y no el comercio de servicios. Hay un conjunto de elementos que no necesariamente son críticos.

Pero el tema central del tratado, el capítulo 7, que es el acuerdo comercial transfronterizo de servicios, liberaliza en principio todos los servicios.

RA —Ese es un punto importante. Allí se menciona que este tratado de servicios está elaborado en base a listas negativas. ¿Qué quiere listas negativas?

GB —Las listas negativas son uno de los elementos que se integran a las negociaciones de servicios. Antes en todos los acuerdos de comercio, en los acuerdos de la OMC, antes de empezar a discutir tanto multilateralmente como bilateralmente se integraban las listas negativas. Los países cuando negocian seleccionan los sectores que no están dispuestos a liberalizar; eso son las listas negativas. Entonces los Estados de Chile y Uruguay se plantearon sacar del acuerdo dos sectores sumamente sensibles, que son las telecomunicaciones para Uruguay y los servicios financieros.

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