La crisis financiera en el Casmu tuvo esta semana su desenlace luego de semanas de discusión e incertidumbre.

El gobierno finalmente decretó la intervención sin desplazamiento de autoridades del Casmu por el plazo de un año. Según el decreto, los interventores tendrán facultades de fiscalización e investigación sobre la gestión de la mutualista, entre otras potestades.

El lunes el gobierno había enviado al Parlamento un proyecto de ley para otorgarle por única vez y de forma inmediata acceso al Fondo de Garantías para las mutualistas establecido por ley por US$ 56 millones. Esto le dará liquidez a Casmu para enfrentar sus obligaciones a corto plazo.

Estamos hablando de una institución importante para el país, con casi 90 años de historia, siete mil empleados (entre médicos y no médicos) y 180 mil afiliados.

El sindicato de funcionarios de la mutualista seguía de cerca todo este proceso.

La principal preocupación del gremio ante la inminente intervención, era el futuro de unos 300 trabajadores que hace años están en seguro de paro rotativo. El sindicato evaluó ocupar las instalaciones del Casmu, pero finalmente desistió de hacerlo ya que el gobierno y los interventores se mostraron afines a escuchar sus planteos.

¿Cómo ven desde el sindicato la crisis del Casmu? ¿Qué expectativas tienen con la intervención?

Conversamos En Perspectiva con Ariel Irigoytía, presidente de la Asociación de Funcionarios del Casmu.

La preocupación por la situación financiera de la mutualista Casmu viene en aumento.

El jueves el semanario Búsqueda informó que el Ministerio de Salud Pública le solicitó a Casmu que en diez días subsane su situación económica porque, de lo contrario, podría intervenir la institución.

La situación ya está generando alarma, en el Sindicato Médico, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y el sindicato del CASMU, que se reunieron con autoridades del Poder Ejecutivo. Luego del encuentro, el Sindicato Médico del Uruguay emitió un comunicado en el que afirma que las últimas novedades confirman lo que en “múltiples oportunidades” el sindicato advirtió respecto de “la gravedad de la situación de dicho prestador”, que “afecta la asistencia” y se suma a “una política de hostigamiento hacia sus médicos y médicas”.

A su vez, el SMU manifestó que en este momento las prioridades deben ser garantizar la cobertura asistencial de calidad para todos los usuarios, mantener los puestos de trabajo de médicos y no médicos y “colaborar, en la medida de nuestras posibilidades”, en un proceso de diálogo que “necesita ser constructivo”.

Profundizamos En Perspectiva en este pronunciamiento con el Dr. José Minarrieta, presidente del Consejo Ejecutivo del SMU.