Foto: Presidencia

La Tertulia de los Jueves con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Cecilia Eguiluz y Ana Laura Pérez

Una de las principales novedades en la Rendición de Cuentas que presentó el gobierno el martes al Parlamento es la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. El nuevo régimen unificará las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, y aumentará los montos para los niños nacidos desde enero de 2025.

El viernes pasado en una conferencia de prensa que tuvo lugar luego del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó cómo será el mecanismo: 

“Primeros tres quintiles: Hoy en el primer quintil la asignación son 5.271 va a ser 10.000, segundo quintil 4.400 va a ser de 10 mil; tercer quintil hoy es 3032 será de 6600, cuarto quintil hoy es 3.332 y pasará a  6600, quinto quintil: de 2.796 pasará a 3.300. Esto va a impactar aproximadamente en 50.000 niños porque estamos, como explicaba Rodrigo, empezando el año que viene con los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027 y la idea es que obviamente cada año que se agregue van a haber niños de 2028, 2029 y la rendición de cuentas del año que viene va a considerar la extensión no solamente a este universo de niños nacidos en 2025, 26 y 27 y sucesivamente, sino a otros niños. Eso es lo que estamos trabajando”

Según proyectó el gobierno, el costo de esta medida es de U$S 31 millones, y esta política podría significar una reducción en la tasa de pobreza en los niños de menos de 3 años de entre 6 y 8 puntos porcentuales.

Continúa en: Poder Ejecutivo resolvió modificar el régimen de exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos

La entrada Rendición de cuentas: Creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Cecilia Eguiluz y Ana Laura Pérez

El Poder Ejecutivo resolvió modificar desde 2027 las exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos e híbridos. La medida, establecida en un decreto publicado ayer, es una de las fuentes de financiamiento del aumento de gasto previsto en la Rendición de Cuentas.

Los eléctricos puros con valor de importación de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados; los de más de 19.000 y hasta 27.000 pagarán una tasa de 5%, y los de mayor valor, 9%.

En el caso de los híbridos, las tasas variarán según el valor de aduana, la cilindrada y el tipo de motorización, con un mínimo de 7% y máximo de 34,5%.

El gobierno argumentó que las importaciones de eléctricos e híbridos crecieron con fuerza en los últimos años y que las exoneraciones representaron un costo fiscal de 156 millones de dólares en 2025. Para este año, la renuncia de recaudación se estima en 203 millones.

El Ejecutivo sostuvo que, ante la mayor presencia de esta tecnología en el mercado, corresponde reducir gradualmente los incentivos, como ya hicieron otros países. De todas formas, los eléctricos mantendrán una carga tributaria menor que los vehículos a combustión.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que considerando las importaciones de los últimos seis meses, el 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total (tasa 0%). Y estimó que a partir del 1 de enero de 2027 continuarán exonerados de Imesi aquellos vehículos que tengan un precio de venta al público en el entorno de USD 30.000 (hasta US$ 19.000 valor aduana).

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) expresó su preocupación por la decisión del gobierno de aplicar el Imesi a vehículos eléctricos e híbridos. La gremial cuestionó además que sus asociados se hayan enterado a través de los medios, pese al compromiso de las autoridades de informarles antes de adoptar la medida.

ACAU sostuvo que el nuevo impuesto se suma al aumento del costo de la carga pública y de la patente para este tipo de vehículos. Afirmó que estas decisiones encarecerán el acceso de familias y empresas a tecnologías más eficientes y podrían retrasar la renovación del parque automotor.

La asociación también cuestionó la rapidez del cambio y la falta de una evaluación integral de sus consecuencias. Señaló que presentó alternativas para compatibilizar la recaudación con los incentivos a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, pero que no fueron consideradas.

El gerente de ACAU, Ignacio Paz, puso como ejemplo cómo se retiraron incentivos a la movilidad eléctrica en otros países: 

“Noruega ha llegado a tener hasta el 98% de ventas de eléctrico en un mes. Arrancaron en el año 90 con el tema de movilidad eléctrica y fueron estableciendo un plan de eliminar las exoneraciones de manera muy paulatina, avisada y prolija. El otro país que se nombra es Costa Rica que tiene un 13% de IVA. Lo llevaron al 3% y avisaron que iba a ir desgravándose año tras año un punto hasta llegar al 13% de vuelta en 2035. Ahí todos están avisados, todos pueden hacer sus proyecciones con condiciones bien claras. Entonces eso es lo que nosotros más o menos reclamamos.”

ACAU advirtió que la medida implica un cambio respecto a la política de movilidad sostenible y transformación energética impulsada por Uruguay. Por eso, pidió al Poder Ejecutivo que reconsidere la decisión y abra una instancia de diálogo con el sector.

Viene de: Rendición de cuentas: Creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia

La entrada Poder Ejecutivo resolvió modificar el régimen de exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte

El presidente Yamandú Orsi aseguró que la decisión de utilizar vehículos militares como apoyo en operativos policiales “está tomada”, aunque todavía deben resolverse algunos aspectos jurídicos.

El tema será analizado el viernes en el Consejo de Ministros. Todavía no está definido si los militares portarán armamento, ni cuál será el régimen de responsabilidad legal si deben usar la fuerza. Y aun persisten dudas sobre si efectivamente serán los vehículos Mamba los que se utilicen, dado que EEUU los donó para Misiones de Paz y esto implicaría un fin distinto.  

De todas formas, mientras se continúa negociando el acuerdo entre el Ministerio de Defensa e Interior, las repercusiones políticas se han suecedido por diversos lados desde que se conocio la noticia.

En una rueda de prensa, ayer en Treinta y Tres, Orsi afirmó que el Estado no puede escatimar recursos ante el avance del crimen organizado.

Más temprano, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, advirtió, entrevistado en el programa Arriba Gente, de Canal 10, que la presencia de vehículos del Ejército en las calles puede generar una imagen negativa en la población.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa (…) Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”.

Además, el ministro aseguró que él no tenía información sobre esta propuesta o decisión adoptada entre el presidente Orsi, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

Durante su encuentro con periodistas, Orsi fue consultado por los dichos de Castillo:  

“Acá no es un tema de imagen; acá es un tema de acción, acá hay que resolver. Lo que cada uno piense los profundizaremos en el próximo gabinete. Está clarísimo: la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore, no un tema de imagen ni de sensación, sino que podamos resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado se viene con todo y no nos podemos detener”.

El semanario Búsqueda informa que en Presidencia generaron “malestar” los dichos de Castillo, dado que a fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Oris había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos, e instó a que evitaran contradicciones públicamente. 

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli afirmó ayer que la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército en operativos policiales responde al “fracaso de la gestión” de Carlos Negro, pero señaló que es una herramienta válida:  

"Yo entiendo la traba ideológica que hay en la izquierda, porque el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el secretario de Presidencia, el excandidato Daniel Martínez y cuantos otros más, todos y cada uno de ellos se opusieron siempre, por razones ideológicas, a que los militares colaboraran con la Policía. Hay otros países que lo hacen y es una herramienta válida. No va a funcionar por sí sola. Tienen que funcionar otros elementos".

Continúa en: Grupo Centro propone construir 20.000 viviendas para personas que viven en la calle

La entrada Blindados militares para patrullar barrios violentos de Montevideo: Surgen críticas dentro del oficialismo pero Orsi ratifica la decisión se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte

Comerciantes que integran el Grupo Centro, un colectivo que reúne a cerca de 300 comercios de los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, presentó la semana pasada en el Parlamento un proyecto de vivienda para personas en situación de calle. En su exposición sostuvieron que es necesario implementar soluciones “radicales” y “de fondo” ante esa problemática que sigue creciendo en todo el país.

Luego de plantear en diferentes ámbitos los inconvenientes de convivencia, higiene y seguridad derivados de estas situaciones, resolvieron armar una propuesta y pidieron ser recibidos por la Comisión de Población de la Cámara de Representantes.

El jueves pasado, en entrevista aquí En Perspectiva, Armando Litvan, vicepresidente de Grupo Centro, comentó que ellos entienden que lo primero que necesitan estas personas es tener una vivienda, por obvio que parezca. A partir de esa base explicó la iniciativa que elaboraron:

“Si existieran 4,000 personas, por decir algo, un número redondo en Montevideo, ¿cuántas viviendas serían necesarias?

Existen algunas viviendas de origen chino, que el MIDES ya ha comprado en época de pandemia, que pueden albergar fácilmente dos personas, a veces más también, pero digamos dos, pueden alterar hasta cuatro. Esas viviendas cuestan en origen alrededor de 7 mil dólares. Si fueran adquiridas en volúmenes más grandes, seguramente podrían conseguirse precios menores. Digamos que puesta acá, cada una de esas viviendas, lo digo con un cierto margen, costará 10.000 dólares. Si usted compra 10.000 dólares a cada vivienda por 2.000 viviendas, está invirtiendo 20 millones de dólares. Los terrenos los tiene la Intendencia, los tiene el Estado. Es decir que la parte del terreno no es complicada, y tampoco la parte del montaje se monta muy rápido en el día, a veces ya quedan armadas las viviendas sin ningún tipo de problema. De manera que usted con una citra que para el Estado es bajísima, porque imagínense que el plan de movilidad que se esta planteando para Montevideo se manejan cifras entre 500 y 1.000 millones de dólares. 

Nosotros estamos diciendo acá, bueno, dispongamos o disponga el estado de 20 millones de dólares, tiene los técnicos, asistentes sociales y tal como para manejar esa situación y decirle a la persona que sale de la penitenciaría, mirá, por un año o por seis meses vas a poder vivir en esta situación, vamos a poder entrenarte para conseguir un trabajo o lo que fuera y vamos a poderte dar un tipo de ayuda. Esta solución no es que se nos ha ocurrido a nosotros en forma mágica, hemos analizado lo que ha pasado en otras ciudades pequeñas, porque en las ciudades más grandes es muy difícil.”

Viene de: Blindados militares para patrullar barrios violentos de Montevideo: Surgen críticas dentro del oficialismo pero Orsi ratifica la decisión

Entrevista relacionada

• Dos mil viviendas para las personas en situación de calle: ¿Qué dice la propuesta que Grupo Centro presentó en el Parlamento? ¿Cómo se financia? Con el vicepresidente, Armando Litvan

La entrada Grupo Centro propone construir 20.000 viviendas para personas que viven en la calle  se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza Rossana Re Fraschini por su actuación en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en marzo pasado.

La decisión fue adoptada luego de una investigación administrativa sobre la respuesta judicial ante las denuncias previas de violencia. En esa instancia se analizó especialmente dos actuaciones judiciales: una denuncia presentada por la madre del adolescente contra su pareja en 2024 y otra realizada en noviembre de 2025 por autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan, que alertaron sobre lesiones que presentaba el joven.

A partir de las conclusiones de esa investigación, la Suprema Corte resolvió avanzar con un sumario respecto a una de las magistradas involucradas, mientras continúa evaluando las responsabilidades que pudieron existir en el tratamiento del caso.

La presidenta de la Corte, Doris Morales, concurrió ayer a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados para informar sobre la intervención de la Justicia en el caso. En rueda de prensa, explicó que el sumario está bajo secreto y deberá determinar si existieron irregularidades que ameriten una sanción.

“De acuerdo a lo que surge de la investigación, se decidió que se debía iniciar un sumario administrativo a la juez. Eso no significa que estemos prejuzgando que hubo deficiencias o una mala actuación. El sumario es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente existe un hecho que amerite sanción”.

Continúa en: Ley de Empleo Integral: Parlamento completó la aprobación por unanimidad

La entrada Homicidio del adolescente Jonathan Correa: Suprema Corte de Justicia inició sumario a la jueza del caso se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

Culminó en el Senado la aprobación Parlamentaria de la Ley de Empleo Integral presentada por el Poder Ejecutivo. La cámara alta votó ayer por unanimidad los cambios introducidos por Diputados y cerró el proceso legislativo. Ahora resta que la norma sea promulgada.

La ley establece subsidios para empresas que contraten a personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. El Inefop destinará una partida anual de hasta 407 millones de pesos para financiar la mayor parte de estos incentivos.

Los beneficiarios incluyen a jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, y personas afrodescendientes, trans o con discapacidad. También comprende a personas privadas de libertad habilitadas para trabajar, a quienes cumplen medidas alternativas y a liberados hace menos de tres años.

Para los jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de tres meses desempleados, el subsidio podrá cubrir hasta una cuarta parte del salario si son varones y hasta un tercio si son mujeres. Diputados incorporó además a madres, padres o tutores de menores de 15 años en situación de discapacidad.

También se elevó a 20% el límite de contrataciones subsidiadas para las empresas con más de 99 trabajadores. La ley garantiza que las personas privadas de libertad contratadas cobren al menos el salario mínimo nacional y dispone controles del Ministerio de Trabajo sobre los salarios y la carga horaria.

Viene de: Homicidio del adolescente Jonathan Correa: Suprema Corte de Justicia inició sumario a la jueza del caso

La entrada Ley de Empleo Integral: Parlamento completó la aprobación por unanimidad se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

Como una forma de atenuar las pérdidas que arroja año a año el sector cementos de Ancap, el gobierno le solicitó el mes pasado al Congreso de Intendentes que las comunas se comprometieran a comprar una cuota del portland que produce la empresa estatal para utilizarlo en sus obras departamentales.

El planteo fue realizado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a través de una carta que envió al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera. El objetivo, según escribió, es que "las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento portland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos".

Cardona agregó que Olivera, por ser el jefe comunal de Paysandú, conoce "de primera mano la importancia que la planta de portland de Ancap tiene para la economía y el empleo de ese departamento, con una posición privilegiada para promover un compromiso colectivo que beneficiará especialmente a su región".

El viernes pasado Cardona destacó que el Congreso de Intendentes aprobó un convenio marco con Ancap para la compra de pórtland, lubricantes y combustibles.

En redes sociales, la ministra afirmó que el acuerdo es fruto de varios meses de trabajo entre la empresa pública y la Comisión de Descentralización. 

Según indicó, el pedido que ella le había realizado a los jefes departamentales para fortalecer la demanda de la industria del pórtland “se convierte en acuerdo”. La ministra reconoció a las intendencias y al presidente del Congreso, y sostuvo que se trata de “un pasito más cerca” para apuntalar esa industria.

Sin embargo, según informó El País en base a varios presentes en la sesión, el acuerdo no está cerrado. Los jefes comunales plantearon que todavía debe discutirse el tema de los precios y que la compra de pórtland no puede quedar atada a una exclusividad con Ancap.

Los intendentes resolvieron recibir a Cardona en una próxima sesión plenaria para analizar la propuesta y buscar consensos. Uno de los intendentes dijo al diario que están dispuestos a conversar, pero no a aceptar una imposición que limite la capacidad de elegir la mejor opción para las intendencias.

Continúa en: Últimas novedades sobre el caso de la camioneta de alta gama de Yamandú Orsi

La entrada Ministerio de Industria propone a intendencias comprar una cuota de portland producido por Ancap se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El presidente Yamandú Orsi explicó que decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al enterarse de una “necesidad concreta” de ese organismo y para evitar nuevas “especulaciones”, en medio de la polémica por la compra del vehículo. 

La noticia de la donación se conoció en la noche del miércoles, luego de una reunión que el mandatario mantuvo en Torre Ejecutiva con algunos medios de comunicación. Consultado ayer en rueda de prensa, Orsi reconoció que se trata de un tema “delicado” y admitió que “quizás” hubo errores en la comunicación del gobierno. 

“Primero porque me enteré de una necesidad concreta de la ANEP. Y, por otro lado, así aventamos cualquier tipo de especulación posterior. Es un problema, es una dificultad… Yo me crié toda la vida con un solo auto, en mi casa teníamos eso y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”. 

En tanto, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, indicó que aceptó la donación porque el organismo tiene necesidades de transporte que no logra cubrir por completo.

“A nosotros nos faltan vehículos. Esta es una camioneta que tiene lugar para siete pasajeros, se va a usar en transporte de gurises del medio rural, que pueden llegar a ser pocos, o en transporte de chiquilines de educación especial, que muchas veces viven en la otra punta en la que está la escuela. Esos chiquilines hoy están siendo trasladados por transporte de Primaria o licitaciones que tiene Primaria y ahora sumaremos la camioneta”.

Caggiani aclaró que aún resta por completar los trámites administrativos que permitan efectivizar la donación.

Las explicaciones del presidente Orsi sobre la compra y posterior donación de su camioneta siguieron generando cuestionamientos en la oposición. Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado afirmaron que todavía persisten dudas y reclamaron más aclaraciones. 

El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó como “bastante inservible” la decisión de donar la camioneta. Sostuvo que el vehículo no responde a las necesidades más urgentes de la educación pública y planteó que debería ser sustituido por otros vehículos destinados al traslado de estudiantes. Además, cuestionó la forma en que el presidente pretendió dar por terminado el asunto.

“La doctrina de Sarandí del Yi está haciendo mella. ¿Cuál es esa doctrina? Cuando se inició el Código del Proceso Penal apareció alguien que le robó a otro y el fiscal le dijo que para no ir preso debía devolver lo robado y, si lo había vendido, hacer un acuerdo por dos mil quinientos pesos. Bueno, más o menos así termina esta novela digna de García Márquez”.

En la misma línea, el senador colorado Andrés Ojeda afirmó que todavía quedan dudas sobre el valor de la camioneta, la rifa del otro vehículo donado por la automotora Car One y la forma en que esa donación fue registrada ante la Corte Electoral. Además, cuestionó el peso que pueda tener un eventual pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Para mí es un comité de base. Ya tenemos pruebas claras de que la Jutep no es un organismo de contralor; es un organismo político del gobierno. Fernando Pereira decía el otro día que esperemos a la Jutep porque va a dar bien. Y sí, obvio que les va a dar bien, si no tiene ningún criterio objetivo de nada. La Jutep nos da mal a nosotros y bien a ellos. Así ha sido desde Álvaro Danza para acá”.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará mañana las denuncias presentadas contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta. Según informó la presidenta del organismo, Ana María Ferraris, hasta ahora ingresaron seis denuncias, todas anónimas.

Ferraris dijo a Subrayado que el caso será priorizado por la “relevancia institucional” de la persona denunciada, aunque aclaró que no habrá una resolución inmediata. La Jutep deberá designar una abogada para tramitar el expediente y podrá pedir información a organismos o funcionarios involucrados, incluido el primer mandatario.

La sesión será el viernes porque el directorio de la Jutep debe comparecer hoy ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

Viene de: Ministerio de Industria propone a intendencias comprar una cuota de portland producido por Anacp

La entrada Últimas novedades sobre el caso de la camioneta de alta gama de Yamandú Orsi se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Guillermo López, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La 31ª Marcha del Silencio reunió ayer multitudes en Montevideo y decenas de localidades en el interior del país. La movilización, convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en reclamo de memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad la consigna fue: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”. 

La fecha recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El día anterior se había producido, también en Buenos Aires, la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff.

Como es tradición, la marcha partió sobre las 19:00 desde Jackson y avenida Rivera, donde se encuentra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina, y avanzó en silencio por 18 de Julio hasta Plaza Cagancha. 

En el recorrido se leyeron los nombres de las 205 personas detenidas desaparecidas, 8 más que el año pasado, dado que la Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó la cifra la semana pasada.

Los manifestantes llevaron fotografías de los desaparecidos, margaritas a las que les faltaba un pétalo y el pabellón nacional.

El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a TV Ciudad que la marcha fue la culminación de un “nuevo esfuerzo” y destacó su carácter masivo en todo el país.

La organización reclama que el Poder Ejecutivo ordene formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información disponible sobre enterramientos clandestinos y archivos militares, porque “quedarse pasivamente esperando a que un militar brinde información, no funciona”, dijo Errandonea a Búsqueda.

Los familiares ven algunas señales positivas del gobierno pero también falta de acción. “Vemos pequeños avances”, dijo a ese medio el integrante del colectivo. Entre ellos mencionó la reanudación de la digitalización de archivos de inteligencia policial —que había quedado en suspenso durante el gobierno anterior— y nuevas disposiciones para trabajar sobre archivos del Ministerio de Defensa. “Eso es una buena señal. Hay avances, pero no los suficientes y no los sustanciales”, evaluó.

Ayer el Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó en redes sociales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dio la orden para abrir a la INDDHH archivos militares vinculados con el terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985.

La resolución, firmada el 4 de diciembre por la ministra Lazo, encomienda al Comando General del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias del ministerio «asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales» que puedan resultar relevantes para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.

La medida – destaca el MPP- busca hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 19.822, aprobada en 2019, que encomendó a la INDDHH la búsqueda de detenidos desaparecidos y le otorgó potestades legales para acceder a archivos públicos y privados vinculados al pasado reciente.

Hoy más temprano, aquí En Perspectiva, la Dr. Mariana Mota, presidenta de la INDDHH expresó que si bien la orden de la ministra de Defensa va en la línea correcta, aún falta información para que realmente se pueda avanzar:

"Lo que pasa es que debería haber una búsqueda proactiva con personas que no solamente sean de la fuerza correspondiente, aún pensando en la buena voluntad de quienes van a buscar, tal vez no entiendan qué es lo que se está buscando y puedan considerar qué elementos o datos no son relevantes. Entonces es vital que la institución tenga una participación sustancial en esa búsqueda, porque sabe lo que está buscando, pero que haya también una guía y una disposición desde el Ministerio de Defensa, que busquen efectivamente donde hay archivos".

El dirigente frenteamplista Rafael Michelini reiteró ayer propuesta sobre cómo debe darse la orden del presidente Yamandú Orsi a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que posean sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Michelini había planteado esa idea a comienzos de este mes, durante un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República en homenaje a su padre, Zelmar Michelini. 

Este miércoles, en la entrevista central, aquí, en En Perspectiva, Michelini profundizó en su sugerencia…

“Los familiares, en su última reunión con el presidente, le plantearon que dé la orden. Y en algún caso hemos transmitido que la orden hay que darla —yo estoy de acuerdo— para que entreguen la información. Pero esa orden tiene que ser con objetivos, con propósitos, y responsabilizando a determinado personal, tanto policial como militar, para que pongan su profesionalismo. Porque a veces nosotros no entendemos cómo se hacían las cosas. Y de esa manera creo que vamos a avanzar”.

Michelini volvió sobre su planteo ayer, en una rueda de prensa en el Cementerio Central, donde se colocó una ofrenda floral en recuerdo de Zelmar Michelini. Allí reclamó que el gobierno dé una “orden sustanciosa” a las Fuerzas Armadas para buscar archivos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Reiteró que no debe ser “una orden más”, sino una instrucción con “objetivo”, “propósito” y “fundamentos”, que involucre a personal militar y policial sensibilizado con el tema.

También respondió al comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien había dicho que la fuerza “no tiene nada para ocultar”. Ante esa afirmación, Michelini sostuvo que, “con más razón”, si no hay nada para ocultar, se deben entregar “todos los archivos correspondientes”. Agregó que el acceso a esa documentación es clave para ubicar restos de desaparecidos y dar respuestas a sus familias.

Continúa en: El diputado Gustavo Salle propone reducir salarios de legisladores y del presidente

Entrevistas relacionadas

• A 50 años de los asesinatos en Buenos Aires de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Withelaw, y la desaparición de Manuel Liberoff: ¿Qué plantean hoy sus familiares?
• M. de Defensa abre archivos militares a la INDDHH: El ministerio debe sumar una “guía y ayuda” para orientar el trabajo; si no, se va a “perder un montón de tiempo”, dice Mariana Mota, presidenta de la institución

La entrada Marcha del Silencio: ¿Qué dejó la movilización masiva de este 20 de Mayo, a 30 años de la primera? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Guillermo López, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, presentó un proyecto de ley para recortar los sueldos de legisladores, cargos políticos y el presidente de la República.

Salle lanzó su propuesta a partir de las críticas que se formularon en las últimas semanas al proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse para realizar obras en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Consultado sobre cuáles son los cambios que propone, aclaró:

“Sueldo máximo de Orsi seis salarios mínimos nacionales. Sueldo máximo de Gustavo Salle y todos los demás diputados, cuatro sueldos mínimos nacionales. No hay más partidas ni hay más pago de votos”. Salle agregó que buscará respaldo parlamentario para el proyecto y señaló: “Ahora vamos a ver qué hacen los otros diputados”. Además, sostuvo que recorrerá los despachos de sus colegas a ver quiénes acompañan “al diputado Salle preocupado por los privilegios de la casta que integró”.

Cuando uno de los periodistas le preguntó qué sabe por ahora de la reacción de los demás diputados, respondió: “Me quieren matar”.

Viene de: Marcha del Silencio: ¿Qué dejó la movilización masiva de este 20 de Mayo, a 30 años de la primera?

La entrada El diputado Gustavo Salle propone reducir salarios de legisladores y del presidente se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.