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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

Se presentó oficialmente ayer el informe final del "Diálogo Social", un ámbito convocado el año pasado por el gobierno en el que participaron autoridades, organizaciones sociales, las cámaras empresariales, la academia, la ciudadanía y algunos partidos políticos. 

Se trata de un texto de 80 páginas que incluye "orientaciones para transformar la protección social" que ahora pasan al Poder Ejecutivo que las evaluará para tomar sus decisiones que, por ejemplo, pueden incluir la redacción de proyectos de ley o medidas administrativas.

De los partidos de la oposición, sólo participó en el diálogo Cabildo Abierto. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado declinaron la invitación. Por su parte, tanto el PIT CNT como las cámaras empresariales manifestaron algunas discrepancias o posturas individuales de las que se dejó constancia en el documento, ya sea en párrafos en el cuerpo del texto como en notas al pie.

El documento plantea propuestas referidas a ocho temas: protección económica de niñas, niños y adolescentes; expansión del tiempo de educación y cuidados; licencias para el cuidado; cuidados de larga duración: financiamiento; protección social de las personas con discapacidad; protección social de las personas activas; jubilaciones y pensiones; sostenibilidad y financiamiento de la matriz de protección social.

Continúa en: MSP y el FNR rechazaron pedido del científico Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) rechazaron el recurso de amparo presentado días atrás por el científico Gonzalo Moratorio para acceder a fármacos de alto costo necesarios para su tratamiento por un tumor cerebral que le fue diagnosticado a mediados del año pasado.

La cartera argumentó “El Ministerio de Salud Pública carece de atribuciones para suministrar directamente fármacos y procedimientos terapéuticos a la población, en la medida de que no existe norma legal o reglamentaria que así lo determine, en estricto cumplimiento del principio de especialidad de los organismos públicos”, marcó la resolución. Y añadió: “Conforme a este principio, la actuación pública no puede exceder lo autorizado y permitido por las leyes, estando prohibida para la administración toda actuación que no se encuentre permitida”.

“El Estado ha dictado un marco normativo con el fin de asegurar el acceso a prestadores de salud, creó un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado, creó el FTM y el PIAS, con diversos procesos de actualización de los mismos, y otorgó facultades para que las Instituciones Médicas y los Servicios de salud entreguen (de forma excepcional o general) medicamentos no previstos en los Anexos del FTM, todo en busca de garantizar el derecho a la salud de la población” agregaron. 

El Fondo Nacional de Recursos también negó los fármacos al científico, en línea con la postura del MSP, aclarando que “la prestación que se solicita financiar no se encuentra dentro de la cobertura de esta institución”

Se trata de los fármacos Nivolumab y Relatlimab, que tienen un costo mensual estimado de US$ 30 mil, informó Subrayado. Uno de los abogados de Moratorio, Rodrigo Rolón, advirtió que su representado cuenta con las "últimas dosis" de estos fármacos, que se le están por acabar y agregó: "De no adjudicarse esta medicación, la otra terapéutica no estaría surtiendo los efectos que tendría que surtir" y estimó que "lo que haría es empeorar significativamente su enfermedad que deribaría en un desenlace fatal a corto plazo en meses".

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La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La oposición cuestionó el acuerdo alcanzado en el Diálogo Social impulsado por el gobierno, que plantea desvincular a las AFAPs del manejo de las cuentas individuales y limitar su rol a la administración de inversiones. El cambio forma parte del documento final que se presentará el 28 de abril. Las bancadas de los partidos de la Coalición Republicana se reunirán este jueves para abordar este tema.

Las críticas apuntan a que la propuesta desconoce el resultado del plebiscito de 2024. El senador nacionalista Javier García afirmó que el acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT “le pasa por arriba” a la voluntad popular, que —según sostuvo— ratificó el sistema mixto.

Por su parte, el colorado Robert Silva advirtió que se intenta avanzar por otra vía sobre aspectos ya rechazados por la ciudadanía y alertó por posibles impactos en la credibilidad del sistema.

“Llega el diálogo social y los primeros resultados son gravísimos, son muy alarmantes. Hay un toqueteo para mal de todo el régimen previsional que funciona hace treinta años en este país, con las AFAP y el Banco de Previsión Social, pero en particular con lo que hemos ahorrado los trabajadores, con las inversiones que se han hecho con nuestros ahorros, que van a ir a manos no se sabe de quién. ¿Quién las va a administrar? ¿El PIT-CNT? ¿Quién va a hacerlo?”.

En tanto, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) también expresó su rechazo a la propuesta surgida del Diálogo Social y aseguró que el cambio no mejorará las jubilaciones. Además, señaló que en los hechos la medida implica “una estatización” del sistema y cuestionó que se le quite la posibilidad al afiliado de elegir y exigir directamente y pierda el vínculo con la AFAP, quedando sujeto a decisiones sobre una “masa cautiva” de ahorros.

En un comunicado, la gremial afirmó que, aun eliminando costos actuales del sistema, el impacto para los trabajadores sería “inferior al 1%”. Advirtió además que esos costos pasarían a ser asumidos por un nuevo organismo estatal, que requeriría financiamiento adicional. 

En ese marco, Anafap cuestionó que se avance en una línea que —según indicó— ya fue rechazada en el plebiscito de 2024. A su entender, avanzar en ese camino supone desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía.

Desde el PIT-CNT, en cambio, el presidente Marcelo Abdala respaldó la propuesta de que la gestión de las cuentas personales de las AFAP pase a un organismo estatal. La calificó como “un avance”, aunque reiteró que el objetivo del movimiento sindical sigue siendo una seguridad social “universal, solidaria y sin AFAP”.

Abdala sostuvo que estos cambios deberán traducirse en leyes y decretos, y que el PIT-CNT buscará incidir en ese proceso. También relativizó el resultado del plebiscito de 2024, que no alcanzó los votos necesarios para modificar el sistema, y sostuvo que eso no impide avanzar en reformas parciales.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, compartió su posición en diálogo con En Perspectiva sobre el tema y respondió a las críticas que recibió.

“- GO: Lo que yo puedo asegurar es que las AFAPs no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema, se consolida un esquema previsional multipilar. Lo que entiendo que va a surgir del Diálogo Social es que hay un acuerdo por aceptar que el esquema previsional uruguayo es multipilar. 

– EC: Lo está poniendo como contraste a lo que se proponía en la reforma constitucional que impulsaba el PIT CNT, que era la eliminación del pilar de ahorro individual. 

– GO: Pero lo que tenemos es una aceptación de que en Uruguay hay un esquema de un pilar triple: no contributivo, solidario y  de capitalización. Eso debería conducir a despejar una discusión que el país ha tenido durante mucho tiempo en relación a la razonabilidad de que Uruguay tenga un esquema de capitalización. Lo que sí tenemos es a unas AFAPs que van a cambiar su eje, todavía no sabemos cómo y si esto prosperará en el debate. Pero, insisto, los fondos están blindados en el sentido que no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para la jubilación de las personas. Por eso, lo que se ha dicho en estas horas de que hay un riesgo, es absolutamente falso. Jamás un gobierno uruguayo y el ministro de Economía avanzaría en una aventura de esas características. 

En segundo lugar, lo que va a continuar ocurriendo es que administradores profesionales seleccionados de manera competitiva, privados o públicos, van a estar a cargo del tema sustantivo que hace las AFAPs: la gestión del fondo. Luego lo que puede modificarse es la relación comercial que tienen las AFAPs con los clientes, donde hay valor agregado de parte de la AFAPS pero que no parece ser lo suficientemente grande como para que justifique los precios que la AFAPs cobran. Esa es la discusión que está subyacente detrás de todo esto”.

Continúa en: Federico Preve, diputado del FA, presenta proyecto de ley para que médicos especialistas trabajen dos años en prestadores públicos de forma obligatoria

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La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El diputado del Frente Amplio Federico Preve presentó, la semana pasada, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público.

La iniciativa establece que este servicio deberá cumplirse durante dos años, con una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación. La prestación abarcará a los prestadores de salud pública es decir, abarca la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, y su distribución en el territorio nacional dependerá de las necesidades asistenciales que determine el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La iniciativa se fundamenta en la dificultad para acceder a especialistas en el interior del país, un problema histórico del sistema de salud, ya reconocido por las autoridades sanitarias. El texto establece que habrá una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas, pero también prevé sanciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública podría no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación.

La iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Gerardo Bruno, profesor titular catedrático de cirugía torácica en la Universidad de la República publicó una carta en la que reclamó que los cambios propuestos son “coercitivos, simplificadores e institucionalmente regresivos”, y que, en vez de ser una “fortaleza institucional”, muestran una “insuficiencia conceptual, organizacional y política”.

Allí, sostiene que la propuesta es un “castigo a la libertad” que busca “corregir una desigualdad creando otra”. “La desigualdad territorial en el acceso a especialistas constituye uno de los múltiples problemas del sistema de salud uruguayo, en particular dentro de ASSE y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es, sin duda, una arista real, persistente, compleja y moralmente relevante, aunque no la única”, y sostuvo que “nadie que conozca con seriedad la organización sanitaria del país” puede negar que existen dificultades de acceso público a la salud especializada en el interior.

No obstante, Bruno subrayó que “no toda medida que invoque la equidad es por sí misma justa” y apuntó que el proyecto de Preve “desconoce la libertad profesional, minimiza los aportes ya realizados por los médicos a la sociedad” y crea “una herramienta más visible que correcta”.

Viene de: Documento sobre El Diálogo Social que impulsó el gobierno genera polémica en relación a las AFAPS

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La Tertulia de los Jueves con Rodrigo Coniglio, Cecilia Eguiluz, Daniel Supervielle y Lucía Zapata

Este lunes, el conductor de un automóvil atacó con un arma blanca a un repartidor de PedidosYa durante una discusión por un incidente de tránsito en la zona de Cuareim y Colonia, en Montevideo. Gravemente herido, el hombre fue trasladado al Hospital Maciel, donde falleció horas después. El agresor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido tras darse a la fuga.

La víctima, Juan Carlos, de 62 años y nacionalidad cubana, se desempeñaba en el rubro delivery desde hacía varios  años. 

El sindicato de trabajadores de PedidosYa se movilizó este martes en la Plaza Independencia de Montevideo para repudiar al asesinato. Durante la movilización frente a la Presidencia de la República, el vocero Juan Pintos advirtió que el episodio de esta semana no fue hecho aislado y denunció que los repartidores enfrentan situaciones de violencia en la vía pública, incluso con conductores armados. 

El colectivo reclama medidas urgentes para mejorar la seguridad y las condiciones laborales del sector.

“Hay un número importante de personas que andan en vehículo que están armadas, no solo con un puñal, sino con armas de fuego. Son muchas las ocasiones en las que nosotros, que hacemos este trabajo, rebasamos un vehículo y la persona se acerca a un lado de nosotros y nos amenaza con un arma de fuego. ¿A cuántos de aquí les ha pasado? ¿Por algo tan minúsculo que una persona pierda la vida? ¿A eso está llegando esta sociedad? Los niveles de tolerancia se perdieron, son cero. ¿No tenemos la capacidad de diálogo y hablar entre nosotros y si hay una circunstancia solucionarla como seres humanos?”.

Ayer, según supo El País, el agresor fue imputado por homicidio a título de dolo eventual y podría cumplir una pena mínima de 4 años y máxima de 18.

Por otro lado, en un caso de violencia similar ese mismo día, una discusión entre dos hombres a las afueras de un casino de Gorlero terminó en una serie de disparos al aire que generó alarma entre los vecinos de Punta del Este. El foco de la discusión había sido un conflicto con dinero.

En base a casos como estos se abren una serie de preguntas: ¿estamos ante una situación de violencia generalizada? ¿Por qué vemos de forma cada vez más frecuente que la forma de solucionar discusiones y problemas en la calle es la violencia? 

Continúa en: Escuelas y colegios, las primeras víctimas del declive demográfico en Uruguay

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La Tertulia de los Jueves con Rodrigo Coniglio, Cecilia Eguiluz, Daniel Supervielle y Lucía Zapata

Nuestro país viene atravesando un cambio demográfico profundo y sostenido. En la última década los nacimientos cayeron cerca de un 40%, y las proyecciones indican que hacia 2065 la población retrocederá a los 3 millones de habitantes, con una estructura envejecida —tres adultos mayores por cada niño— y unas 600.000 personas menos en edad de trabajar. Y este fenómeno no se dirige a una establización en un nuevo piso. No hay piso en el horizonte sino la continuidad de la tendencia decreciente.

Este último punto fue destacado ayer aquí En Perspectiva por el contador Aníbal González, que se encuentra trabajando en soluciones ante el impacto de este fenómeno en la educación:

“Con una tasa estable, de fecundidad de 1,2 (hijos) como estamos hoy, los nacimientos van a ser menos cada año, para siempre, en principio”.

Entre 2020 y 2024 las ecuelas públicas perdieron 26.000 alumnos. Según datos de ANEP, en ese período la matrícula cayó casi un 8%, disminuyó la cantidad de centros educativos a menos de 2.000 y varios colegios privados fueron cerrando. Además, los grupos se han reducido significativamente, pasando de un promedio de 30 a unos 20 estudiantes por clase.

Es que, aunque muchas discusiones sobre el desafío demográfico se enfocan en escenarios de largo plazo —como 2050 o 2070—, en la educación primaria ese futuro ya llegó y exige que las instituciones se decidan a innovar para asegurar sus superivivencia. 

¿Han estado atentos los tertulianos a este ángulo del desafío demográfico? ¿Es un tema en el que han pensado? ¿Conocen ejemplos de su entorno? 

Viene de: ¿Hemos naturalizado la violencia como forma de resolver nuestros problemas en la calle?

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, atribuyó la caída en la aprobación de su administración y la del presidente Yamandú Orsi a un “factor político” más que a problemas de gestión. 

Entrevistado este martes en Desayunos Informales, de Canal 12, Bergara señaló que hay un descontento dentro del Frente Amplio vinculado a debates ideológicos, como la situación en la franja de Gaza, el llamado Escudo de las Américas o la discusión sobre reformas en las empresas públicas.

Bergara planteó que “el humor de la gente es uno solo” y que ese clima impacta tanto en el gobierno nacional como en el departamental. 

Sostuvo que la baja aprobación es “inusualmente alta” dentro del propio electorado frenteamplista y que eso responde, sobre todo, a discusiones políticas internas más amplias. De todos modos reconoció que hay factores de gestión que inciden, en particular los problemas con la recolección de residuos, que afectaron la percepción en la capital.

“Puede haber, sí, elementos que estén asociados a la gestión, tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental. Pero también hay otras fricciones que se están dando en la interna de la fuerza política. Discusiones que son más de índole político-ideológica y no tanto de gestión. Cuando uno ve en los grupos y en los comités los temas de discusión, capaz que no es tanto la basura o tal medida de gobierno, sino que tiene que ver con si le decimos genocidio o no, el 1%, el Escudo de las Américas, las acciones de las empresas públicas, o sea, cuestiones que están en otra dimensión que la gestión”.

Recordemos, en marzo la consultora Cifra informó que el 31% aprueba la gestión de Orsi y el 46% la desaprueba. En Montevideo, en tanto, el 29% aprueba la administración de Bergara y el 52% la desaprueba.

Ayer por la tarde, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que le cuesta entender "por qué gestiones que están siendo exitosas", como las de Yamandú Orsi en el gobierno nacional y de Mario Bergara en el gobierno departamental no están teniendo el apoyo de una parte del electorado frenteamplista.

"No es lógico lo que está pasando en el frenteamplismo, y ahí es lo que tenemos que estudiar. Ni en el gobierno nacional ni en el gobierno departamental se puede decir que en función de la gestión que están haciendo deberían tener los guarismos actuales", dijo Pereira en una entrevista con Radio Oriental.

"Cuáles son las causales por las cuales una parte del frenteamplismo no está apoyando al gobierno nacional y departamental, además de preocuparnos, nos tiene que ocupar" agregó.

¿Cómo está impactando todo esto a la interna del Frente Amplio?

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Esta semana que estamos transitando no tiene el mismo significado para todos. Para algunos se celebra la Semana Santa, una festividad cristiana, mientras que otros la asumen como la Semana de Turismo, donde se prioriza el descanso, los viajes y el disfrute.

A lo largo de todo el país se organizan múltiples actividades, como festivales de música popular, regatas, la Vuelta Ciclista, jineteadas o la Semana de la Cerveza. También es momento para recorrer lugares desconocidos, acampar o pescar.

¿Cómo viven los tertulianos esta semana? ¿Para ellos es Semana Santa o Semana de Turismo? ¿Qué recuerdos les trae?

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Las declaraciones que formuló el martes el senador del Partido Nacional Sergio Botana sobre el Frente Amplio (FA) y el narcotráfico generaron molestia en la bancada oficialista, que reclamó una retractación pública e inmediata.

La polémica se originó en una entrevista que Botana concedió al programa 5 Sentidos de Canal 5, donde afirmó:

“El Frente Amplio no es un narco partido, estoy convencido de eso, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven. Eso lo he dicho, lo dije acá. O sea que no tengo nada que reservar con eso. No es casualidad lo de Balcedo y la lavada de la plata de Balcedo, no es casualidad lo de Marset y lo de Viña Viera, no es casualidad lo de González Valencia, no es casualidad lo de Morabito. No es casualidad que no quisieran poner los escáneres en el puerto que hubieran trancado de todas las maneras, bueno, que hubiera horario para el escáner y que de noche pudiera pasar cualquier cosa, que se cayera el escáner, que se trancara la compra en el Tribunal de Cuentas, eso no es casualidad. Tampoco es casualidad lo de las OPV, tampoco es casualidad lo del nombramiento de este militar hoy, que es el que fue a hacer el mandado allá”.

Los dichos de Botana se trataron este miércoles en el Senado, donde el FA solicitó un cuarto intermedio para intentar que el legislador se disculpara. Tras más de una hora sin acuerdo, el oficialismo impulsó una moción política —que no fue acompañada por la oposición— en la que pidió “cuidar las formas del agravio”.

En su defensa, Botana señaló: “No me puede pedir el Frente Amplio que dé ni medio paso atrás en afirmaciones que fueron respetuosas y simples relaciones de hechos”. Además recordó una situación similar ocurrida durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando el Partido Nacional actuaba como oficialismo. “El ministro [José Carlos] Mahía nos trató un día de narcogobierno y no vi que hubiera ninguna manifestación de la bancada”, indicó.

Una vez terminada la sesión, toda la bancada de senadores del FA convocó  una conferencia de prensa donde habló inicialmente la vice presidenta de la República, Carolina Cosse. Más tarde tomó el micrófono el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista:

“Porque insólitamente, la coalición en vez de bajar un cambio, se reafirma en un camino que es sin retorno. Es sin retorno. Acá tenemos que encontrar espacios comunes para intentar resolver problemas que son graves; no se pueden construir sobre la base de la descalificación y el insulto. Y bueno, si nosotros hiciéramos una afirmación del tipo “todas las decisiones del Partido Colorado están influenciadas por el narcotráfico” o “todas las decisiones del Partido Nacional está influenciada por el narcotráfico, bueno, es un camino sin retorno.”

¿Cómo vieron los contertulios este entredicho?

Continúa en: Serpaj repudió dichos de Saavedra sobre motín en un centro de Inisa

Recomendación del documental "Inside the Manosphere" de Louis Theroux… y otros telegramas

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La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Cecilia Eguiluz y Daniel Supervielle

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Jaime Saavedra, luego del motín ocurrido el sábado pasado en un centro de Montevideo, donde dos funcionarias fueron tomadas como rehenes y luego rescatadas en un operativo policial.

En declaraciones a la prensa el mismo sábado, Saavedra sostuvo que los jóvenes van a “sufrir las consecuencias de este acto vandálico”.

“Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, dijo Saavedra.

En un comunicado emitido este martes, Serpaj cuestionó estos dichos y señaló que van en contra del enfoque socioeducativo que debe tener el sistema. La organización advirtió que este tipo de discursos refuerzan una mirada punitiva y estigmatizante, y alertó sobre condiciones de reclusión que vulneran los derechos de los adolescentes. 

Para Serpaj, “que este tipo de expresiones provengan de quien está al frente de la institución no es menor”. La organización recordó que el cometido central del Inisa es “trabajar desde un enfoque socioeducativo, en línea con los compromisos asumidos por el Estado uruguayo”, y señaló que “este tipo de discursos van en sentido contrario”, ya que “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.

Asimismo, la organización apuntó que actualmente “los y las adolescentes privados de libertad viven en condiciones que implican una vulneración constante de sus derechos humanos”. “Serpaj recuerda que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate serio, informado y respetuoso de los principios de derechos humanos. En este sentido, repudiamos enfáticamente los dichos realizados por el presidente del Inisa”, cierra el comunicado.

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