Los interventores que el gobierno designó en el Casmu hallaron en esa mutualista “desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios”, “ausencia de controles básicos” en compras y pagos y también “importantes irregularidades en las contrataciones de servicios”. 

El informe de los interventores fue enviado por Salud Pública a la Fiscalía, con la intención de que se determine si existen delitos. 

El Ministerio de Salud Pública presentó ayer en el Parlamento un resumen del trabajo elaborado por la intervención que comenzó sus tareas en julio..

Entre las irregularidades, se menciona que la falta de “procedimientos básicos de control interno” en adquisiciones y pagos no eran la excepción, “sino la regla”. “Previo a las adquisiciones o firma de contratos no se realizan análisis económicos para determinar la conveniencia de precios y condiciones ofrecidos”, dice el informe.

También se señala la firma de “un elevado número” de contratos por montos elevados y por plazos de varios años sin que ellos fueran “aprobados por el Consejo Directivo, ni siquiera informados al mismo”.

 Además, se constató que la contratación de empresas tercerizadas recaía sobre funcionarios del Casmu que a la vez eran representantes o directivos de esas otras empresas contratadas. En tres oportunidades, se contrataron los servicios de una firma en la que su presidente y vicepresidente eran personas con altos cargos en la institución, lo que viola la ley que regula al Sistema Nacional Integrado de Salud. 

El documento presentado por el MSP también cuestiona “gastos superfluos en un momento de crisis financiera como la que atraviesa la institución”.

En cuanto a deudas, se señala un “desequilibrio financiero permanente” en una institución que “sigue solicitando préstamos a nivel formal e informal por cifras millonarias” para poder pagar salarios y aportes al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva. 

El informe señala deudas por US$ 26 millones por cheques y conformes emitidos, por US$ 2 millones a quienes gestionan las sedes del Casmu en el interior y más de US$ 11 millones a prestamistas, de los que el 77% se le debe a una sola persona. 

Se estima además que el endeudamiento con instituciones financieras formales supera los US$ 29 millones. 

“Es una institución con dificultades en su gobernanza, en su gestión administrativa y financiera en todos los aspectos, que necesita avanzar en una reestructura profunda y real para mejorar su situación económico-financiera”, concluyen los interventores.

Conversamos En Perspectiva con José Nunes, senador del Frente Amplio e integrante de la comisión de salud del Senado.