La entrada <em>Ancap y la DGI</em><br>Entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

EN PERSPECTIVA
Viernes 19.02.2016, hora 8.13

EMILIANO COTELO (EC) —En las últimas semanas, mientras todos los partidos preparaban sus informes finales sobre la comisión investigadora de Ancap, el Frente Amplio (FA) se vio forzado a entrar en una negociación interna para contemplar las distintas visiones sobre el origen de las pérdidas de la empresa.

Finalmente, en el informe que se presentó el miércoles en el Senado, el oficialismo admitió una “discordia parcial”. Eso sí, todos los sectores coincidieron en que “no se verificaron ni actos ni hechos ‘irregulares’ ni ‘ilícitos’ imputables al directorio de Ancap”.

La oposición, en cambio, concluyó que hubo una larga lista de irregularidades e ilicitudes e incluso enumeró algunos hechos con “presunción de delito” que van a ser derivados a la Justicia penal.

El miércoles y el jueves abordamos, en entrevistas aquí en En Perspectiva, estos hechos, los documentos, el debate con los senadores Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN), y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC). Hoy es el turno de ver qué deja la comisión investigadora al FA. Para eso recibimos al senador Marcos Otheguy, del sector Compromiso Frenteamplista, que lidera Raúl Sendic, quien presidió la comisión.

Para empezar, una pregunta general: ¿cómo se entiende un contraste tan grande entre la conclusión del FA y la conclusión de los partidos de la oposición?

MARCOS OTHEGUY (MO) —Eso puede tener diversas explicaciones. Lo primero es que antes de comenzar la investigadora, o ya iniciada, algunos sectores de la oposición ya decían que había ilícitos. Por lo tanto antes de investigar ya se presumía que había probables ilícitos en el funcionamiento de Ancap.

Segundo, después de todos estos meses de trabajo y de dedicarnos a lo que una comisión investigadora mandata al Senado, la comisión investigadora tiene que establecer con fundamentos, con precisión, la existencia de irregularidades o ilícitos en el funcionamiento de Ancap. No era el cometido de la investigadora parlamentaria pronunciarse sobre la gestión de Ancap. De ese análisis nosotros concluimos que no se puede fundamentar con precisión la existencia de presuntos ilícitos o irregularidades. También definiendo lo que es irregular.

EC —Ahí termina habiendo una discusión semántica entre oficialismo y oposición.

MO —Semántica y conceptual también. Si uno parte de una definición de irregularidad amplísima, prácticamente todos los hechos pueden llegar a ser presuntamente irregulares. Nosotros tomamos la definición de irregularidad como la existencia de cohecho, malversación o desfalco. Partiendo de esa definición y analizando toda la documentación a la cual pudimos acceder, analizando todas las entrevistas, concluimos que no se puede fundamentar la existencia de irregularidades o ilícitos.

Es más, la propia ley de comisiones investigadoras parlamentarias –que sin duda hay que modificar, en eso coincidimos con el senador Bordaberry, porque es una ley que se desmembró, que se descuartizó; fue una ley que se votó en el 92 o en el 93, y el presidente, que en ese momento era Lacalle, vetó un montón de artículos, por lo tanto quedó bastante inconexa en muchos aspectos– dice que no solo se tiene que fundamentar y explicitar cuál es el presunto ilícito, y por lo tanto hay que presentar en la denuncia el presunto ilícito que se comete, sino el funcionario que lo comete. Este extremo de identificar cuál es el funcionario que posiblemente comete irregularidad –lo que después habilita un proceso que la propia ley coloca, que es que el imputado tiene 20 días para establecer los descargos– no se da en ninguna de las denuncias que presentan los partidos de la oposición.

EC —Usted manejaba recién una definición de irregularidad. ¿La puede repetir?

MO —La existencia de malversación, cohecho o desfalco.

EC —Tanto el PN como el PC manejan otra que es más amplia: lo que va fuera de la regla, contrario a la regla. En particular, cuando la regla con la que se da el conflicto es de derecho, lo que ocurre se conoce como ilegitimidad. Por lo tanto, para el PN el concepto de irregularidad abarca: ilegitimidad (el problema con leyes), pero también mal administración y arbitrariedad.

MO —No compartimos ese concepto, es un concepto tan amplio que todos los ciudadanos de este país estamos cometiendo permanentemente actos irregulares o violatorios de las normas y eso no nos lleva a hacer comisiones investigadoras parlamentarias. Usted se pasa un cartel de Ceda el Paso y está violando una norma, es un acto irregular en función de esa definición. El Parlamento tiene que ser mucho más preciso, tiene que ser cualitativamente mucho más claro en cuanto a qué amerita la conformación de una investigadora parlamentaria. Si no, podríamos estar analizando desde al portero de Ancap hasta al directorio.

EC —Está bien, pero creo que la otra concepción apunta a que el funcionamiento de una empresa pública, en este caso, tiene un marco que lo rige. Y si se trasgreden disposiciones de ese marco, sin llegar al delito, igual estamos ante problemas, por ejemplo desórdenes, desprolijidades, caos.

MO —Eso está dentro del ámbito de lo opinable. A nosotros nos parece que una investigadora parlamentaria, en la que el Senado de la República se dedica durante meses a analizar este tipo de situaciones y establece conclusiones, tiene que ir a temas realmente profundos, en los que hay una presunción clara de que se está cometiendo un ilícito y de que se están cometiendo irregularidades importantes. Ese fue el enfoque que la bancada del FA tomó y sobre esa base analizamos toda la documentación y todas las entrevistas de estos meses.

EC —Si no se verificaron ni actos ni hechos irregulares, ni ilícitos imputables al directorio de Ancap, ¿cómo se entiende que el Poder Ejecutivo haya instalado una comisión de acompañamiento en la empresa, que está instrumentando cambios y reformas, y además tenga resuelto renovar los cargos de los directores de Ancap que pertenecen al FA y de gerentes?

MO —Dos precisiones con respecto a esto. La primera, uno no dice que no hay hechos irregulares en el funcionamiento de Ancap; el propio informe del FA, sobre la base de las denuncias presentadas, establece en algún caso hechos irregulares. Lo que decimos es que esos hechos fueron sustanciados por el directorio de Ancap y hay un proceso administrativo, por lo tanto se actuó como había que actuar.

El ejemplo más claro es el tema de los cheques de Pluna. Ahí hay una irregularidad, no negamos que hubo una irregularidad en que Ancap aceptara cheques de Pluna a mayor plazo que el que el contrato establecía. Decimos que hubo una acción administrativa correctiva, la que correspondía, que era iniciar una investigación administrativa, sancionar a los funcionarios involucrados y pasar los antecedentes a la Justicia. Porque otra de las cosas que se dicen es que se va a llevar el tema de los cheques de Pluna a la Justicia y eso ya lo llevó Ancap oportunamente.

Segunda precisión. Los cambios que el Gobierno está haciendo tienen que ver, desde nuestro punto de vista, mucho más con el futuro de la empresa que con el pasado. Los desafíos que tiene Ancap hoy no son los que tuvo en los últimos diez años. En el año 2005, cuando el Gobierno del FA llega a Ancap, era una empresa paralizada, en la que en los últimos 30 años se habían invertido nada más que US$ 125 millones. Las últimas grandes inversiones de Ancap –la boya de José Ignacio, el gasoducto– eran de la década del 70. Eso llevó a que en diez años hubiera que invertir US$ 1.300 millones.

Las necesidades de Ancap hacia el futuro no son esas. Ancap no necesita invertir en los próximos diez años US$ 1.300 millones, tiene otros desafíos; probablemente sí de optimización y mejoramiento de muchas de las áreas de negocios, de redefinir algunas áreas de negocios, y tiene por delante la posible explotación petrolera.

Creo que el Gobierno entiende que para los desafíos futuros Ancap necesita otro elenco. Es una decisión del presidente de la República.

EC —¿No hay implícito un cuestionamiento a la forma como ese elenco se comportó en los últimos años?

MO —No es la interpretación que nosotros hacemos. Entre otras cosas, sería imposible, ya que la mayoría del directorio no se desempeñó estos últimos años. Tres de los directores del actual directorio de Ancap son nuevos, por lo tanto no puede haber ningún tipo de análisis relativo a lo que pasó estos últimos años.

EC —Menciono un par de puntos más de lo que el Poder Ejecutivo está resolviendo o impulsando. Acaba de nombrarse un gerente económico-financiero, un cargo que no estaba cubierto desde diciembre de 2012. En estas discusiones muchos han coincidido –ni que hablar la oposición, pero también en el oficialismo– en que era esa falta era un problema que incidió en los defectos que tuvo la política de endeudamiento de Ancap.

MO —Son decisiones necesarias, que compartimos, tanto la que refiere al gerente financiero como la que refiere a un gerente general para Ancap.

EC —La semana pasada se abrió un llamado para designar al gerente general, un cargo clave que en su momento se había dispuesto –en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez– que no se cubriera.

MO —Se optó por otro diseño organizacional. En lo personal creo que es una buena decisión nombrar un gerente financiero y un gerente general para la empresa. No es cierto es que Ancap no tuviera gerente financiero; si bien formalmente en la estructura organizacional de la empresa no había el cargo gerente financiero, durante estos diez años, en distintos períodos, cumplieron esa función algunos gerentes de Ancap, gente de la gerencia contable. Los que citamos concurrieron a la investigadora –está en actas– y dieron cuenta de su función.

EC —¿Entonces para usted no hay cuestionamientos implícitos a la forma como se manejó la empresa en los últimos años en el hecho de que ahora se nombre un gerente económico-financiero y que se vaya a cubrir el cargo de gerente general?

MO —Creo que hay un balance, no sé si hay un cuestionamiento. Aparte es un atrevimiento, no sé qué está evaluando el presidente de la República, no sé qué está evaluando la ministra de Industria. Claramente no es nuestra competencia como parlamentarios meternos en los temas de análisis y de gestión que son propios del Poder Ejecutivo. Creo que hay una evaluación de lo hecho en Ancap y sobre todo una definición de las necesidades de la empresa hacia delante y eso está llevando a tomar esas decisiones.

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Transcripción de la entrevista con el senador Marcos Otheguy (FA), presidente de la comisión investigadora de Ancap

Otheguy dijo que el Frente Amplio (FA) se dedicó a hacer “lo que mandata el Senado” para una comisión investigadora, que es verificar “la presencia de presuntos ilícitos o irregularidades” y no “pronunciarse sobre la gestión”. En este sentido, indicó que se concluyó “que no se puede fundamentar la presencia de presuntos ilícitos o irregularidades”.

“Uno no dice que no haya irregularidades, pero sí que ya se actuó” ante ellas con medidas administrativas, dijo el senador. Añadió que detrás de la destitución de los directores oficialistas del ente “no puede haber un análisis relativo a lo que pasó en Ancap en los últimos años” porque ellos no ocupaban esos cargos en ese entonces.

Consultado sobre la discordia parcial planteada por el Frente Líber Seregni en el capítulo acerca de las causas de las pérdidas de Ancap, Otheguy resaltó que se trata de una diferencia en un capítulo, “en el resto del informe hay unanimidad de la bancada de senadores del FA”. “No se puede tener una visión economicista de las empresas públicas”, hay otros factores sociales, ambientales y productivos que se deben tener en cuenta, opinó. “Es algo que vamos a seguir discutiendo” dentro del FA, que “trasunta matices que tienen que ver con el rol de las empresas públicas”, agregó.

Otheguy dijo que en el sistema político y en el FA “está pendiente una autocrítica” sobre la gestión de Ancap y el debate que se generó en los últimos meses. “Muchas veces en un debate muy importante no estamos a la altura de las circunstancias, de lo que el país requiere”, dijo, antes de agregar que “calificar a personas o gestiones no es el mejor camino”. “Hay que dar una discusión con seriedad, fundamento y altura (…) los actores que contribuimos a crear opinión tenemos que ser muy celosos de eso”, añadió.

Además, Otheguy dijo que el Parlamento “tiene que ser más preciso sobre qué amerita una comisión investigadora”. “Tienen que ser temas profundos donde hay una presunción clara de que se están cometiendo ilícitos e irregularidades” y se debe “precisar cuál es el presunto delito y a quién se acusa de cometerlo”, agregó.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Jueves 18.02.2016, hora 8.16

(Audio Pedro Bordaberry)

Ha habido omisión, sin duda. Quizás ineptitud. Delito… ¿habrá habido? La fiesta; las adquisiciones en las que no se cumplieron los procedimientos legales; el adelanto generoso al correligionario que es contratado; las campañas publicitarias multimillonarias para promocionar una empresa que es monopólica, sin ver beneficio alguno. Ninguna ventaja para Ancap. Ninguna ventaja legítimamente útil para la comunidad en esas conductas. Pan y circo. Mucho circo solventado por cuentas poco claras y poco pan.

(Fin audio)

EMILIANO COTELO (EC) —Escuchábamos un pasaje de la intervención del senador colorado Pedro Bordaberry ayer en el Senado, durante la larga sesión que se extendió por 17 horas y en la que se discutió el resultado del trabajo de la comisión investigadora sobre Ancap que desarrolló su tarea entre julio y diciembre del año pasado.

El debate terminó sobre las 2.30 de la madrugada de hoy, cuando se votó y aprobó la moción presentada por el Frente Amplio (FA) que concluye que no hubo irregularidades ni ilícitos.

Ayer iniciamos una serie de entrevistas sobre este tema, recibimos al senador nacionalista Álvaro Delgado. Hoy vamos a conversar con el senador Pedro Bordaberry.

Ya hemos hablado con usted varias veces sobre la comisión investigadora de Ancap. Ahora que tuvo un mes y medio para estudiar todas las actuaciones y para redactar su informe, me gustaría pasar en limpio su balance y sobre todo qué novedades implica, con respecto a lo que usted mismo decía a fines del año pasado, en general, globalmente, el balance, la evaluación del trabajo de la comisión. Usted dice sobre el final, a propósito de lo que fue el trabajo de la comisión: “Quizás haya llegado el tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Posiblemente la actividad de la comisión no haya sido suficiente para el esclarecimiento completo, porque las comisiones investigadoras parlamentarias tienen potestades limitadas y a esta se le acotó el tiempo de actuación. Porque además, al amparo de esas limitaciones, muchos involucrados esenciales se negaron a declarar, desafiando las pautas que en otras épocas marcaba la decencia”.

¿Puede explicar un poco mejor ese balance?

PEDRO BORDABERRY (PB) —Obviamente que cuatro meses para investigar 15 años de una de las principales empresas del país, que además tiene un pasivo de US$ 2.300 millones, que ha generado pérdidas tan grandes, US$ 200 millones el año pasado, US$ 330 el anterior, US$ 170 el otro, no es suficiente, de eso no tenga dudas. Y además muchas personas que citamos –en su legítimo derecho, porque no están obligadas– no fueron a declarar a la comisión.

EC —En el informe incluye la lista de quienes fueron citados y concurrieron y la lista de quienes fueron citados y decidieron no ir. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa lista?

PB —La mayor parte de la lista es de funcionarios públicos de Ancap. Yo entiendo que si a Emiliano Cotelo lo cita la comisión y dice “yo no voy a ir porque no estoy obligado y no quiero ir”, será una decisión del ciudadano Emiliano Cotelo, pero si es un gerente de Ancap que es citado para averiguar cosas de Ancap por una comisión del Parlamento creo que tiene una obligación mayor.

Por eso también adjuntamos un proyecto de ley que hace obligatoria la comparecencia de los testigos cuando son citados en las comisiones investigadoras y además establece el delito de falso testimonio cuando se miente ante las comisiones, porque también constatamos que en algunos casos se faltó a la verdad, incluso hay pruebas claras. Uno que dijo que era socio de algo y después vino el dueño, dijo “acá nunca fue socio” y mostró los documentos. Hay casos de ese tipo. Eso obviamente no ayuda. Había un gerente que aparecía a cada rato y un día dijo que no iba a ir; aparecía en las actas de Cementos del Plata, en la parte de los negocios energéticos, entonces preguntarle a él era importante y no vino. Eso nos limitó.

Y además el tiempo, fíjese lo que es estudiar todos esos documentos. En el informe yo fui citando documentos, testimonios y citas y la última cita es la número 644, hay 644 citas de testimonios, documentos, informes, etcétera, en cuatro meses. El antecedente es una comisión del año 2005 en la Cámara de Diputados para analizar los cinco años de 2000 a 2005; trabajaron tres años y medio. Pero no es excusa.

EC —Usted dice que las comisiones investigadoras tienen potestades acotadas; que por otro lado que faltó tiempo, que debió haber sido una comisión de un trabajo más largo, y además varios de los citados no concurrieron. ¿Entonces?

PB —A veces cuando usted viene a declarar expresa algo y no viniendo a declarar también expresa algo. Por ejemplo, nosotros concluimos que hay algunos hechos con apariencia delictiva en un negocio de venta de cal a Brasil; se contrató una empresa de un empresario brasileño sin licitación por US$ 8 millones, el doble del precio del mercado. Citamos a ese empresario brasileño y se negó a venir a declarar. Está bien, no lo puedo citar, pero ante estas dudas tan grandes –porque el precio es el doble, no hubo licitación, no se llamó y no quiso venir–, me parece que está bueno decirle a un juez: “Citalo, que venga a explicar”. No vino pero habló.

Lo mismo con algunos a quienes se le hicieron preguntas en la comisión y dijeron “no recuerdo” o “sobre eso no voy a contestar”. Muy bien, a mí no me tenés que contestar, andá a contestarle al juez en el juzgado penal. En definitiva eso abre más sospechas de hechos con apariencia de ilegales. Ojo, el grueso de los capítulos tienen documentación suficiente y para los que no la tuvieron hice un capítulo, le puse “Otros hechos” y señalé cuatro o cinco hechos en los que me parecía que había que seguir investigando, por ese motivo. Toda una operativa en la aduana, cómo está funcionando la planta desulfurizadora. Lo que no se pudo no se pudo.

EC —El senador Ruben Martínez Huelmo, del Espacio 609, quien integró la comisión, manifestó que lo que ocurrió ayer es “una cosa absurda, que es la presentación de cuatro informes. Esto evidencia que la oposición no se pudo juntar para aunar un criterio”.

PB —(Se ríe.) No, lo dijo [Luis Alberto] Heber; el senador Heber tiene una experiencia en el Senado tremenda, una locuacidad, y siempre la pega muy bien. Cuando Martínez Huelmo dijo eso, Heber dijo: “Pero espere, cada partido hizo su informe y se puso de acuerdo. El problema es el FA”. Cada partido hizo un informe: un informe, un partido, y el FA hizo dos informes, un partido. ¡El que no se pudo poner de acuerdo fue el FA, que puso una discordia dentro de su informe! Tiene razón en eso Heber, con esa locuacidad. ¿Cómo nos van a decir eso a nosotros si ustedes tienen dos informes en uno! Son esas cosas que se dicen en el Parlamento y está bueno que haya réplicas rápidas. En eso Heber es un maestro, hay que admirarlo, yo lo admiro. Qué habilidad tiene para eso.

EC —Vuelvo a Martínez Huelmo, ahora hablando en el debate de ayer. “En la investigadora la oposición habló en tiempo condicional, utilizando palabras como habría, podría, cabría, se urdió una trama sórdida, pero nunca hubo una afirmación esclarecedora. Si hubiera un ilícito en Ancap, lo habrían denunciado”.

PB —Lo que pasa es que uno mientras investiga pone todo en condicional, porque está investigando. Lo que dice Martínez Huelmo es un razonamiento un poco primario, lo digo con todo respeto. Mientras estás investigando no vas a hacer afirmaciones, hacés las afirmaciones al final, cuando llegaste a conclusiones.

EC —¿Y al final?

PB —Ahí agarramos los 12 puntos y dijimos: las causas del desastre: Sendic dijo esto, Astori dijo esto, los estudios dicen esto, el informe dice esto, y las causas son esta, esta, esta y esta. El primer tema, Ancap habría incumplido la presentación en tiempo de los estados contables durante 11 años. Habría incumplido; investigamos. Ancap dijo “yo no incumplí”. Fuimos a ver la documentación y la ley del Tribunal de Cuentas y sí, Ancap había incumplido. Entonces dijimos: “Ancap incumplió”. De repente él piensa que al acusar uno tiene que afirmar, pero eso es básico –me sale la formación jurídica–, mientras uno no llega a la conclusión no va a hacer una acusación. Es un razonamiento básico.

EC —Vayamos a eso. Yo leía cómo terminó la sesión: aprobándose la moción que proponía el FA, la que declara que no hubo irregularidades ni ilicitudes.

PB —Odio corregirlo, pero no terminó así. Esa fue la primera moción, la única que se votó (afirmativo); después se votaron dos mociones más, la que propuso la oposición, que dijo “sí hay irregularidades” y se votó negativo, y otra, que es muy importante, que el FA votó en contra y por eso no salió. Dijimos: “Pasemos todos los antecedentes de este trabajo a la Justicia penal”. El FA dijo “no”, nosotros dijimos “sí” y ahí se terminó.

EC —Me refería a cómo había terminado en cuanto a mociones aprobadas: una sola, la del FA.

PB —Está bien, trato de relatarle los hechos. Después de que votamos eso, la señora presidenta dijo “se levanta la sesión” y tocó la campana.

EC —Es muy impresionante el contraste: “Hubo irregularidades e ilícitos e incluso hechos con apariencia de delito” dice la oposición, y el FA sostiene: “No, ni irregularidades ni ilícitos”.

PB —¿Se acuerda de cuando estuve acá en diciembre? ¿Qué le dije sobre eso? Le dije: “Cuando empezó este trabajo en la comisión el FA dijo ‘acá no pasó nada’ y es lo que va a decir al final. Y el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI) dijeron ‘acá hubo delito y hay que ir a la Justicia penal’”. Y usted me preguntó: “¿Y usted qué va a decir?”, y yo le dije: “Yo voy a esperar y me voy a pronunciar al final”.

Cuando me tocó, ahora, primero estudié, entonces veo que el FA defiende lo indefendible, ayer decía que lo de Ancap era una operación de comunicación de los medios y de la oposición contra el FA, lo repitieron varias veces. Porque están tratando de defender que está todo bien cuando está todo mal. En una empresa que debe US$ 2.300 millones, que hizo un agujero de US$ 800 o US$ 1.000 millones de pérdidas en los últimos años no pueden decir que está todo bien. La acabamos de capitalizar en US$ 650 millones, están consiguiendo un préstamo de US$ 250 y el presidente de la República acaba de remover el directorio. Pero ayer estaba todo bien y era culpa de la prensa y de la oposición. Y además de eso dicen “acá no pasó nada”. Yo no les creo.

Del otro lado, cuando uno va a ver el listado de ilicitudes e irregularidades, las listas de los partidos de oposición no coinciden en su totalidad. El PN dice que hay muchas, el PI dice que hay bastantes y nosotros señalamos tres o cuatro hechos con apariencia delictiva, no seis o siete, como señalan otros, y una lista de irregularidades menor. Esa es nuestra posición. Son distintas miradas, uno es uno y sus circunstancias. El FA tiene la circunstancia de que quiere defender a ultranza lo que hace, el PN tuvo su mirada muy opositora, el PI también, y yo traté de actuar como un juez.

EC —Hilemos un poco más fino. Estamos hablando de irregularidades, ilicitudes y delitos. El concepto más amplio, más abarcativo, es el de irregularidades.

PB —Yo no pondría delitos ahí. Está en el primer capítulo del informe y ayer empezamos así; cuando uno dice ilícito la connotación popular es “uy, este va preso”. No es así. El ilícito es lo que va en contra de una ley; la ilicitud puede generar responsabilidad penal cuando está tipificada como un delito, puede generar responsabilidad administrativa, puede generar responsabilidad civil, puede generar responsabilidad política. Una comisión juzga responsabilidad política a partir de una irregularidad o de una ilicitud. Entonces irregularidad fue no haber presentado los estados contables en tiempo, una contravención que juzga el Tribunal de Cuentas y comunica a la Asamblea General y que está aprobada. No entendemos cómo el FA –cuando Ancap lo reconoció en la comisión– no dijo “sí, esto fue ilícito”, no lo quiso decir. Pero eso no tiene repercusión penal.

EC —El manejo de los balances es una irregularidad pero es también un ilícito.

PB —Claro, porque va en contra de la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas del República que le establece cómo y cuándo tiene que presentar los balances. En los últimos 11 años Ancap no los presentó como marca la ordenanza. Eso es ilícito.

EC —Ilícito es lo contrario a cualquier norma, administrativa, civil, penal, constitucional, legal o reglamentaria. En cambio lo irregular es lo contrario a una norma, a reglas o a preceptos.

PB —Claro, entonces ya es irregular esa orientación que tenían y que tienen los que están al frente de Ancap y gran parte del FA, que ayer volvió a surgir, que dice que las empresas públicas pueden generar pérdidas, que no es malo que las generen, que los déficits no son malos, que se puede ser eficiente generando déficit, y quieren discutir por qué las empresas tienen que tener elementos de rentabilidad que no deberían tener. A nuestro juicio eso es irregular, porque lleva a que se fundan las empresas. Ahí están las distintas miradas que tuvo el FA y que tuvimos nosotros.

EC —Vayamos a las ilicitudes más importantes.

PB —Vamos a las ilicitudes que a nuestro juicio generaron hechos con apariencia tal que ameritan que un juez investigue si generaron responsabilidad penal.

EC —En el informe cuando usted llega a cada uno de esos casos pone “noticia”, hay que darle noticia a la Justicia.

PB —Están la operativa de la cal, la operativa de la agencia de publicidad, la operativa de la contratación de un agente financiero cuando se fue a hacer la cancelación de la deuda con Pdvsa, que a nuestro juicio merecen que se dé noticia. Ahí sí decimos habría, porque no le corresponde al Senado determinar si hubo responsabilidad, le corresponde al juez. Nosotros no podemos decirle al juez “te mando esto porque es un delito”, no nos corresponde, es el juez el que lo tiene que hacer. Decimos que hay hechos con una apariencia tal que pueden generar responsabilidad penal.

EC —¿Cómo va a manejar la oposición esta diferencia de criterios que tiene en cuanto a cómo ir a la Justicia?

PB —Hay una muy buena iniciativa del doctor Jorge Larrañaga –ayer ya le comunicamos que lo vamos a acompañar–, que está generando un ámbito para que se presente una denuncia coordinada. Hay un tema ahí, nosotros encontramos en esos hechos, pero el PI y el PN entienden que hay en otros. Pero eso para mí no es un problema, porque cuando se hace el escrito se dice “el PC entiende que en esto y los otros no”.

EC —Vuelvo a Martínez Huelmo: “Ir a la Justicia es prolongar la sospecha que instalaron en el pueblo sin haber demostrado ningún ilícito ni ninguna ilegalidad”.

PB —¡Qué barbaridad! Ir a la Justicia es cumplir con el deber que tiene todo legislador cuando ve hechos con apariencia delictiva. Es una barbaridad el concepto. Es increíble lo que hace el FA, su defensa ayer fue “esto no lo pasen a la Justicia”. ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ocultar, si creo que lo que hice está bien, voy corriendo, golpeo la puerta y digo: “Juez, me están diciendo que tengo problemas; revíseme”. La defensa del FA dice “esto no pasa a la Justicia”, que puede pasar igual. “Esto es por este motivo”. Creo que muchos votantes frenteamplistas no quieren un Gobierno que comete delitos. Cuando alguien dice “no quiero que se revise si se cometieron delitos” y es mi partido, yo digo “eso está mal”. El PC en el 2007, cuando termina la comisión investigadora que se hizo sobre el período 2000-2005, fue el que dijo “vamos a mandar todo a la Justicia”, votó para pasarlo a la Justicia y mandó todo a la Justicia para que investigara.

Además, si alguien cometió una irregularidad, es la forma de decir “a este no lo quiero conmigo”. En cambio el FA dice “no quiero que pase nada”. ¿Cómo?, ¿vos no querés que se investigue si adentro de tu fuerza política hay algunos hechos que pueden tener apariencia delictiva? ¿No querés que un juez revise y si llega a tenerla siga estando contigo?

Y volvieron al tema “no metimos la mano en la lata”, “pongo las manos en el fuego”. La última vez que en el FA dijeron “pongo las anos en el fuego” fue por Calloia y Lorenzo, y la vez anterior fue por Bengoa y Orestes Fernández. Decían exactamente lo mismo, “esto es una persecución”, y después entró un juez y dijo “acá había delito”. Alguna vez nos tocó cuando estábamos en el Gobierno. El juez interviene y la persona que cometió un delito va presa, porque no tenemos coronita. Es así de sencillo.

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El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo a En Perspectiva que el Frente Amplio (FA) “está defendiendo lo indefendible” en la gestión de Ancap y criticó que el partido de gobierno haya presentado “dos informes en uno” sobre la comisión investigadora.

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Entrevista central, jueves 18 de febrero: Pedro Bordaberry

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Sobre las 2.30 de la madrugada el Senado concluyó, con los votos del Frente Amplio, que no hubo irregularidades ni ilícitos en la gestión de Ancap.

Durante la sesión, que comenzó de mañana y se extendió por 17 horas, fueron analizados los cuatro informes surgidos de la comisión investigadora de Ancap. Sobre el final se pusieron a votación tres mociones.

La moción que resultó aprobada por 16 votos en 31 senadores fue la del Frente Amplio, que expresa que “del análisis del informe y documentos presentados en la Investigadora se concluye que no existieron actos ni hechos ilícitos ni irregulares en ANCAP”.

Las otras dos mociones, presentadas por la oposición y que no contaron con las mayorías necesarias, procuraban pasar a la justicia los documentos surgidos de la comisión investigadora y de la propia sesión del Senado que estaba culminando.

En medio del debate, el senador nacionalista Álvaro Delgado, que fuera el miembro denunciante, criticó sobre todo al entonces presidente de Ancap Raúl Sendic, por el manejo de la publicidad y el aumento importante que tuvo en tan solo dos años, cuando pasó de US$ 2 millones a 10 millones 700 mil.

“¿Qué empezó a pasar? Que los auspicios más grandes los decidía el directorio de Ancap; los pagaba directamente, y después, a decisión fundamentalmente del presidente de Ancap, pasaban una serie de gastos vía agencia de publicidad, o sea, la agencia “La Diez” de publicidad terminó siendo una agencia de pago”, señaló Delgado.

También el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, cuestionó la gestión de Sendic y lo acusó de usar la publicidad de Ancap para su campaña política.

“El uso de una pieza publicitaria con un eslogan que decía: “Ancap: el Uruguay que queremos”, que es, curiosamente, el eslogan que luego la lista 711 utilizó en la campaña electoral. Estas son las cosas que hay que terminar en este país”, indicó Mieres.

A su turno, el senador José Mujica admitió que pudo haber errores pero cuestionó a la oposición por plantearlos cuatro años después de ocurridos, cuando estaba representada en el directorio de Ancap.

“Si confío en la integridad de la gente que representó a la oposición….¿cómo confío?…que hizo lo que tenía que hacer lo mejor que pudo ¿quién fue que no funcionó?….¡Los partidos! Los partidos”, manifestó Mujica.

Este tema fue tratado en La Mesa de los Jueves con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Hebert Gatto y Enrique Rubio.

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Senado declaró, con votos del FA, que no hubo irregularidades ni ilícitos en Ancap (II)
Telegramas del jueves

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Sobre las 2.30 de la madrugada el Senado concluyó, con los votos del Frente Amplio, que no hubo irregularidades ni ilícitos en la gestión de Ancap.

Durante la sesión, que comenzó de mañana y se extendió por 17 horas, fueron analizados los cuatro informes surgidos de la Comisión investigadora de Ancap. Sobre el final se pusieron a votación tres mociones.

La moción que resultó aprobada por 16 votos en 31 senadores fue la del Frente Amplio, que expresa que “del análisis del informe y documentos presentados en la Investigadora se concluye que no existieron actos ni hechos ilícitos ni irregulares en Ancap”.

Las otras dos mociones, presentadas por la oposición y que no contaron con las mayorías necesarias, procuraban pasar a la Justicia los documentos surgidos de la comisión investigadora y de la propia sesión del Senado que estaba culminando.

En medio del debate, el senador nacionalista Álvaro Delgado, que fuera el miembro denunciante, criticó sobre todo al entonces presidente de Ancap Raúl Sendic por el manejo de la publicidad y el aumento importante que tuvo en tan solo dos años, cuando pasó de US$ 2 millones a US$ 10,700 millones.

“¿Qué empezó a pasar? Que los auspicios más grandes los decidía el directorio de Ancap; los pagaba directamente, y después, a decisión fundamentalmente del presidente de Ancap, pasaban una serie de gastos vía agencia de publicidad, o sea, la agencia de publicidad La Diez terminó siendo una agencia de pago”, señaló Delgado.

También el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, cuestionó la gestión de Sendic y lo acusó de usar la publicidad de Ancap para su campaña política.

“El uso de una pieza publicitaria con un eslogan que decía “Ancap: el Uruguay que queremos” y que es, curiosamente, el eslogan que luego la lista 711 utilizó en la campaña electoral. Estas son las cosas que hay que terminar en este país”, indicó Mieres.

A su turno, el senador José Mujica admitió que pudo haber errores pero cuestionó a la oposición por plantearlos cuatro años después de ocurridos, cuando estaba representada en el directorio de Ancap.

“Si confío en la integridad de la gente que representó a la oposición… ¿cómo confío?… que hizo lo que tenía que hacer lo mejor que pudo. ¿Quién fue que no funcionó…? ¡Los partidos! Los partidos”, manifestó Mujica.

Este tema fue tratado en La Mesa de los Jueves con Esteban Valenti, Antonio Mercader, Hebert Gatto y Enrique Rubio.

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Senado declaró, con votos del FA, que no hubo irregularidades ni ilícitos en Ancap (I)

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Telegramas del jueves

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Transcripción de la entrevista con el senador Pedro Bordaberry (PC)

A raíz de la experiencia de la comisión investigadora de Ancap, Bordaberry presentó dos proyectos de ley. Uno de ellos es para que quien sea convocado a declarar ante estas comisiones tenga la obligación de hacerlo; el otro indica que quien mienta en esta instancia estará cometiendo el delito de falso testimonio, como si mintiera ante un tribunal judicial. “Muchas personas que llamamos a declarar (…) no fueron a hacerlo”, dijo, antes de asegurar que hubo personas que mintieron ante la comisión. Además, mencionó que “no es suficiente” cuatro meses para investigar un período de más de diez años.

El senador  dijo que no tienen fundamento las críticas que recibió la oposición por no presentar un informe común, y agregó: “El que no se pudo poner de acuerdo es el FA (…) que tiene dos informes en uno”. Sobre los distintos informes, dijo que “son miradas distintas”: “El FA quiere defender a ultranza lo que hace, el Partido Nacional tuvo una mirada muy opositora, el Partido Independiente también, y yo quise actuar como un juez”. Sobre el informe del partido de gobierno, agregó: “El FA está defendiendo lo indefendible. Ayer decía que lo de Ancap era una operación de la oposición y los medios” en su contra, “no pueden decir que está todo bien”, criticó.

Bordaberry dijo que es “muy buena” la iniciativa de Jorge Larrañaga que propone que la oposición presente una denuncia coordinada en la que cada partido especifique cuáles son los temas que quiere que investigue la Justicia.

Ante las críticas de por qué la oposición no denunció antes lo que sucedía en Ancap, Bordaberry recordó que en 2013 interpeló al entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y que seis meses después hizo lo mismo con quien era ministro de Industria, Roberto Kreimerman, ambas veces por la situación de Ancap.

Bordaberry también se refirió a las empresas subsidiarias de Ancap. Dijo que el ente, así como Antel u OSE, “tiene un régimen de administración” que “no le permite ser una empresa”, y de esa situación se deriva la necesidad de crear sociedades anónimas que “les permiten evadir los controles”. En este sentido, citando a Jaime Sapolinski agregó: “si el problema es el control de la estructura, se tiene que trabajar sobre eso, no crear engendros políticos para esquivarlo”.

“¿Ancap tiene que fabricar perfumes y bebidas alcohólicas? ¡No! ¿Tiene que seguir con Ducsa o Gasur? ¡Si, claro, si da plata!”, agregó Bordaberry, que criticó lo que denominó “desarrollismo mágico”: “pensar que la inversión por la inversión genera para siempre avance y desarrollo”, cuando “no es así”.

Transcripción de la entrevista con el senador Pedro Bordaberry (PC)

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Por Emiliano Cotelo ///

Este martes el Poder Ejecutivo dio a conocer un paquete de medidas destinadas a rescatar a Ancap de su crisis. Los anuncios reabrieron la polémica, entre otras cosas por el monto de la capitalización que se dispone y, sobre todo, porque no se removió ni a los integrantes oficialistas del directorio ni a ninguno de los gerentes, pese a que la gran mayoría de ellos vienen del período de Gobierno anterior, cuando se acentuaron seriamente los problemas.

Esa discusión va a continuar en estos días de fin de año, a la espera de los informes de los cuatro partidos políticos que participaron en la comisión investigadora del Senado, que se conocerán en febrero. Pero yo creo que el caso de Ancap dejó abiertas otras líneas de análisis y reflexión que abarcan en general a todos los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado. La pregunta puede resumirse de esta manera: ¿Es necesario reformar el funcionamiento de las empresas públicas?

Menciono algunos ejemplos de debates que quedaron esbozados:

1. Aunque los integrantes de los directorios sigan siendo políticos de carrera, ¿no debe agregarse exigencias profesionales más estrictas que aseguren su idoneidad para la responsabilidad que deben asumir?

2. Hoy los directores de entes deben renunciar un año antes de las elecciones nacionales si quieren ser candidatos a cargos electivos. ¿No será conveniente poner mayores limitaciones, por ejemplo que deba pasar por lo menos una votación antes de que puedan postularse?

3. ¿A los gerentes no habría que nombrarlos por riguroso concurso y luego monitorear su permanencia en los cargos en base a compromisos de gestión?

4. ¿Qué sentido tiene esa cantidad de compañías subsidiarias que se fue creando en torno a cada una de las empresas públicas y sobre las cuales el control político llega poco y mal?

5. ¿No es tiempo ya de regular la publicidad de las empresas públicas, tanto en su monto como en la forma en que se distribuye entre los medios de comunicación?

Yo creo que todos esos puntos son muy importantes. Pero hoy quiero concentrarme en particular en otro aspecto que hace años me llama la atención: los subsidios que se les hace cargar a estos entes autónomos.

El diputado Alejandro Sánchez, del MPP, dijo el viernes pasado en Brecha: “Uno no puede mirar el balance de Ancap como si fuera una empresa cualquiera que sólo tiene que dar ganancias; tiene que pensar también en los efectos multiplicadores, en la diversificación de la matriz productiva y en las capacidades que deja para el futuro.”

Según explicó Sánchez, él prefiere considerar a las empresas públicas como “motores de desarrollo, porque generan cadenas de proveedores y derraman actividades económicas en todo el país”. Y luego enfatizó: “Ancap no sólo es proveedora de nafta, es un brutal laboratorio de desarrollo de las capacidades productivas de Uruguay”.

En un tono similar se expresó el senador Marcos Otheguy, de la lista 711 que encabeza Raúl Sendic. Sin dejar de reconocer los malos números de Ancap, Otheguy insistió en atenuarlos porque, destacó, “Ancap colaboró con el crecimiento del país y ayudó a cambiar la matriz energética con inversiones que tuvieron impacto en lo económico, en lo social, ambiental y en el empleo”.

De acuerdo a esa concepción, las empresas públicas son agentes de desarrollo y por ello pueden ser globalmente deficitarias o tener unidades de negocios que sean deficitarias. Si nos referimos a Ancap, ese razonamiento se aplicaría, por ejemplo, a Alur, donde lo que importa sobre todo es la generación de puestos de trabajo en una zona muy deprimida, como es Bella Unión; o a la idea de encargarle a la Armada Nacional la construcción de un remolcador, aunque sea más caro que uno comprado afuera y pueda resultar defectuoso, porque así se está fomentando la industria naval uruguaya.

Es evidente que, desde mucho antes del acceso del Frente Amplio al poder, las empresas públicas han jugado y siguen jugando ese tipo de papel. Y tal vez está bien que así sea. Pero me alarma que estas resoluciones y sus costos terminen siendo un gran misterio, desprolijo y discrecional, en torno al cual muchas veces ni siquiera se ponen de acuerdo los distintos actores vinculados al tema. Este manejo, que viene de tiempos inmemoriales pero desbarrancó en estos años en Ancap, debe cambiar de manera radical.

Primero, no puede ser que ese tipo de decisiones, que corresponden a estrategias de país, las tomen los directorios de los entes autónomos o, peor aún, se instauren a impulso de un presidente o un director de una empresa. Y, segundo, debe transparentarse puntualmente y caso a caso las pérdidas que se va a asumir, contabilizarlas con claridad y pagarlas desde el Gobierno nacional.

Un ejemplo: si, para cuidar el medio ambiente se resuelve mezclar biocombustibles con la nafta o el gasoil, y se opta por biocombustibles nacionales aunque sean más caros que los importados porque de esa manera se está generando puestos de trabajo para uruguayos, eso es algo que debe definir el Poder Ejecutivo (y no Ancap) y que debe comunicarse a la población con el fundamento correspondiente, explicando que esa no va a ser una actividad rentable para Ancap y que, por lo tanto, Rentas Generales le va a pasar una partida anual destinada a compensarle el mal negocio que se le está imponiendo.

Otro tanto podría decirse, a una escala mucho menor, con las donaciones que realizan las empresas públicas, y que, incluso durante décadas, funcionaron en un sistema de cuotas entre los directores, que iban quedando bien de esa manera con las personas u organizaciones conocidas que se lo solicitaban (pienso, por ejemplo, en la donación de pórtland para un club social y deportivo que quiere construir un gimnasio). La política de donaciones de pórtland debe ser nacional, fijada por el Poder Ejecutivo de manera abierta, y en función de ella el Gobierno central debe comprarle a Ancap la cantidad de bolsas de pórtland que sea necesaria. De ese modo Ancap no perderá nada por esas donaciones, sino que simplemente facturará esas ventas al ministerio tal o cual.

Yo creo que la llegada de esta glásnost es fundamental para que los uruguayos entendamos y asumamos qué son y a qué juegan los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado.

***

Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, jueves 24.12.2015, hora 08.00

La entrada <em>En Primera Persona</em><br>Empresas públicas y subsidios: La <em>glásnost</em> necesaria se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN).

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 22.12.2015, hora 8.19

EMILIANO COTELO (EC) —A fines de julio, a partir de una iniciativa del Partido Nacional (PN), se concretó un hecho político poco usual últimamente en el Parlamento: el Frente Amplio (FA) dio el visto bueno a la creación de una comisión investigadora sobre Ancap, permitiendo que se pusiera la lupa sobre su propia gestión por primera vez desde que la izquierda es gobierno.

Cuatro meses y medio después, este viernes, la comisión finalizó su trabajo. Ahora habrá que esperar hasta febrero, cuando el FA, el PN, el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) presentarán sus informes. De todos modos, ya existen algunas primeras conclusiones tanto en la oposición y como en el oficialismo.

Ayer recibimos al senador Marcos Otheguy, de la lista 711, que encabeza Raúl Sendic en el FA. Hoy vamos a entrevistar al senador Álvaro Delgado, del sector Todos, Partido Nacional, que fue el miembro denunciante.

Igual que ayer, le pregunto en primer lugar algo bien general: ¿qué balance hace de lo que fue el trabajo de la comisión investigadora?

ÁLVARO DELGADO (AD) —A pesar del poco tiempo y de alguna gente que no vino, sobre todo gerentes de Ancap y algunos actores privados, el balance es tremendamente positivo.

En primer lugar, hay que valorar el hecho de por primera vez en 10 años haber conseguido y que el Frente haya acompañado y votado un instrumento de contralor parlamentario que no estaba en el menú porque el Frente había impedido cualquier instancia de comisión investigadora sobre su gestión. Hasta ahora los mecanismos eran llamado a comisión, comisión general, interpelaciones, que sabíamos cuál era el final: abortaban con un abroquelamiento en función de una mayoría propia del gobierno defendiendo al gobierno o al ministro de turno.

En este caso se abrió una brecha diferente. En esto hay que valorar también la actitud del FA. Era un tema muy grande y [no hacerlo] habría sido intentar tapar el sol con una mano. Hubo mucha presión, incluso porque se empezaron a conocer datos escandalosos en cuanto al déficit, al endeudamiento, y se votó. No se votó la moción del PN, que presumía problemas de gestión, de decisiones inconvenientes e irregularidades. Salió la otra por mayoría, que simplemente habilitaba una comisión investigadora por el lapso agosto-diciembre.

Pero el balance es positivo. Se conocieron una cantidad de cosas que si no hubiera estado la investigadora no habríamos conocido, mi impresión es que estaban pero se habían barrido abajo de la alfombra.

EC —¿Cree que la población en general pudo sacar algo en limpio? Se lo pregunto porque en varios de los capítulos se cruzan cuestionamientos, se escuchan argumentos de un lado y de otro pero hay puntos que quedan confusos.

AD —Es parte de la investigación. Nos habría gustado tener más tiempo para poder profundizar en las contradicciones, porque en muchos casos hay versiones contrapuestas entre gerentes y directores, entre organismos, entre ministros, entre expresidente y exvicepresidente. Nos habría gustado tener más tiempo para eso. Pero creo que esta comisión investigadora fue una especie de ventana de transparencia a la información, para los medios de comunicación y para la gente. Yo particularmente, que presenté y trabajé con un equipo de personas en estos 12 capítulos de la denuncia, creo que están todos comprobados. Va a haber una discusión sobre la profundidad, algunos van a decir que están comprobados en parte, quizás es discutible.

EC —El senador Marcos Otheguy, ayer cuando hacía su primer balance a propósito de lo que dejó la comisión, decía:

(Audio entrevista Marcos Otheguy)

MO —Una investigadora parlamentaria tiene que establecer si hubo irregularidades o ilicitudes en el funcionamiento del ente que se investiga. Ese es el cometido de una investigadora parlamentaria.

EC —Sí, eso está establecido en el artículo 6 de la ley 16.698.

MO —Exactamente. Sin embargo, básicamente hemos discutido la gestión del ente, la gestión de Ancap. Desde nuestro punto de vista queda descartada la existencia de irregularidades e ilicitudes; esa es una primera conclusión importante, por lo menos para la bancada del FA.

(Fin audio)

EC —¿Qué dice usted?

AD —Obviamente tengo una visión diferente.

EC —Usted fue quien presentó aquellos 12 puntos. ¿Entonces?

AD —Sí, que estuvieron fundamentados y con los respaldos correspondientes. A esta altura podemos decir que las comisiones investigadoras también discuten gestión. Si no podemos discutir como parlamentarios y con la ciudadanía la gestión del principal ente del país, que factura US$ 4.000 millones y que termina con un endeudamiento de US$ 2.200 millones, con un patrimonio de US$ 200, una relación 10 a 1 entre deuda y patrimonio, lo que la hace estar técnicamente quebrada, si no fuera estatal, si no podemos discutir la gestión por la cual en estos cuatro años se llegó a un déficit acumulado de US$ 800 millones, es difícil saber de qué se puede discutir.

EC —El senador Otheguy decía ayer: “Está bien, podemos discutir sobre la gestión, pero –recordaba– todo empezó con la presunción de irregularidades e ilicitudes”.

AD —Para ser precisos, nosotros decidimos hacer la comisión investigadora para detectar decisiones inconvenientes en cuanto a la gestión –que es el mismo argumento con el que el Frente habilitó otras comisiones investigadoras en el pasado sobre gestión de entes autónomos, no estamos innovando– y sobre la presunción de alunas irregularidades.

Hoy podemos decir que se detectaron errores en la gestión, decisiones inconvenientes, diría más, horrores en la gestión. A esta altura hay algunos indicadores de irregularidades manifiestas en varios de los capítulos que presentamos. En algunos casos estamos estudiando, con un grupo de asesores –porque además va a ser presentado a la bancada del PN, que va a tomar la definición al respecto–, algunas situaciones con apariencia de ilicitudes. Cuando hay apariencia de ilicitud no somos nosotros los que la determinamos, sino la justicia. Lo vamos a discutir en la bancada del PN.

EC —Decía el senador Otheguy ayer: “Buena parte de las 12 denuncias fueron despejadas rápidamente, sin embargo durante todos estos meses en la prensa se insistía permanentemente con estos temas y se seguían planteando cuestionamientos con relación a esas denuncias”.

AD —Los cuestionamientos eran nuestros. Aunque a esta altura los 12 capítulos –a los que se agregaron tres o cuatro temas más que no estaban en la investigadora original– fueron discutidos no solo por la oposición sino por la propia interna del gobierno. Basta ver el nivel de voltaje de las acusaciones cruzadas dentro del gobierno sobre cuál es la situación de Ancap y la discusión sobre quién tiene la culpa, endosándose la responsabilidad.

Tengo la sensación, más allá del expresidente contra el exvicepresidente Astori, Astori contra Sendic, Sendic contra todo el mundo y endosándoles a los gerentes, todo el mundo diciendo “yo no fui, la culpa no es mía, es del otro”, de que nadie discute la situación de colapso en la que se encuentra Ancap.

EC —Eso parece que no, pero volvamos sobre los 12 puntos. Otheguy señalaba como un ejemplo de casos respecto a los cuales se despejaron rápidamente las preocupaciones, los planteos de obras que terminaron costando más de lo que se presupuestaba, el caso de la planta desulfurizadora, de la que se ha dicho que fue presupuestada en US$ 120 millones y costó US$ 420 millones. Decía Marcos Otheguy:

Ojo, acá hay un error. La primera vez que se habló en el Uruguay de hacer una desulfurizadora fue en los años 90, en 98, 99. Ahí se habló del entorno de los US$ 80 millones. Pero esa era una cifra de la década de los 90, está en las actas de Ancap. Cuando el directorio empezó a discutir eso ni siquiera era gobierno el FA.

Después apareció una cifra de US$ 110 pero del año 2003. Se dijo “hay que hacer una desulfurizadora” y se hizo una primera presupuestación.

En el plan estratégico de Ancap del año 2010, que aprueba el Ministerio de Industria y después el Poder Ejecutivo, el valor que se le había colocado a la desulfurizadora era de US$ 360 millones. Es cierto, terminó costando US$ 420, pero entre otras cosas porque no solo se hizo la desulfurizadora, también se cambió el comando de la refinería, se informatizó, se hizo una planta de enfriamiento de agua, que es importante para la refinación del petróleo, y después, en estos últimos años todos somos contestes en que el costo del metro cuadrado de la construcción y el valor del hierro aumentaron.

Esa es la información que daba Otheguy ayer. ¿Entonces?

AD —Primero, la desulfurizadora no fue uno de los 12 capítulos iniciales, se incorporó después a raíz de una boleta que nos hicieron llegar sobre el costo de la inauguración, los US$ 360.000 de inauguración de la planta. Ahí Sendic dijo que no tenía nada que ver con el costo, que le parecía alto, y el gerente correspondiente dijo que todos los días se reunía con Sendic, que era el que autorizaba el incremento de costos. Ahí hay un diferendo, hay dos versiones no con matices, son opuestas.

Quiero rescatar y resaltar que el senador Marcos Otheguy, presidente de la comisión, estaba en una situación muy difícil. Obviamente el principal responsable de esta situación –no el único, porque creo que todos son responsables por acción o por omisión, Sendic, Astori, Mujica–, por ser quien estuvo más tiempo al frente de Ancap, fue Sendic, que fue vicepresidente, luego presidente y puso después al presidente [José] Coya. Otheguy representaba a su grupo, con lo cual era una situación muy difícil la de estar investigando la gestión de quien lo comanda, pero se ha manejado con mucha ecuanimidad.

Es verdad que Otheguy hizo referencia al tema de los 90 en la presupuestación de la desulfurizadora. Tengo acá, la hoja 32 del plan estratégico…

EC —Una aclaración: el tema de la desulfurizadora lo tratamos ayer porque yo lo mencioné como un ejemplo de debate a propósito de sobreprecios, no es que él haya dicho que ese fuera uno de los 12 puntos suyos.

AD —Perfecto. Acá tengo la hoja 32 del plan estratégico y después las hojas 6 a 9 del expediente de la licitación de la desulfurizadora. En el 2007 se hablaba de US$ 84 millones, en el plan estratégico, y la licitación inicial está hecha por ese monto. No es un tema anterior, fueron las cifras que se manejaron en el plan estratégico.

EC —En el plan estratégico de 2007, o sea, a comienzos del gobierno de Tabaré Vázquez.

AD —Hecho por Daniel Martínez. Después lo que pasó con la desulfurizadora fue lo que pasó también con la planta de cal, con la planta de pórtland, con el remolcador, con todas las inversiones de Ancap, que terminaron saliendo tres o cuatro veces más. Hay un error de presupuestación, de manejo, más allá de los incrementos de costos. La paramétrica de incremento de costos por los convenios colectivos con el sector de la construcción hay que incluirla en la presupuestación original.

EC —Una de las explicaciones del senador Otheguy es que los proyectos en varios casos fueron complejizándose, completándose con otras obras o con otros elementos.

AD —En algunos casos sí, en otros casos lo que hubo fueron errores de cálculo originales. El tema de la desulfurizadora es mucho más complejo. La empresa que la construyó después terminó siendo de [la empresa argentina] YPF, y después le reclama a Ancap US$ 96 millones por determinados incumplimientos y Ancap termina haciendo un acuerdo extrajudicial por US$ 34 millones. Entonces es mucho mayor la cifra y hoy todavía tenemos algunos problemas del uso de la desulfurizadora. Era una obra necesaria, pero no en este nivel de descontrol en cuanto a la presupuestación. Fallaron muchas cosas y me parece bueno hacer autocrítica, no podemos pasar de US$ 84 millones en la licitación a US$ 421 millones más un acuerdo extrajudicial.

EC —Volviendo al documento inicial que usted presentó, dice el senador Otheguy que no se comprobó ninguna irregularidad ni ninguna ilicitud. ¿Para usted sí?

AD —Para mí sí, sin duda.

EC —¿Un ejemplo, dos ejemplos?

AD —Ante todo, las ilicitudes no las compruebo yo, las comprueba la justicia. Por eso decimos que el informe va a tener en principio tres carpetas o tres líneas de trabajo: el primero, errores de gestión, decisiones inconvenientes; el segundo capítulo va a ser irregularidades, allí se aspira a que haya responsabilidades políticas, funcionales, porque lo peor que puede pasar en esto es que no pase nada, que nadie se haga cargo, y el tercero se refiere a algunas apariencias de ilicitud, que si la bancada del PN lo avala, va a ser elevado a la justicia.

Voy a poner como ejemplo algo que nos llamó mucho la atención. Empezamos a ver el negocio de la cal. El negocio de la cal fue firmado en el 2010 con una empresa brasileña, CGTE, cuyo titular está implicado en el tema de Petrobras. Le vendíamos cal de un horno en Treinta y Tres a esa empresa en Candiota. Se firmó un convenio por un monto muy interesante, pero empezamos a trabajar, a venderle cal y no pudimos cumplir. Ancap no podía cumplir ni en cantidad ni en calidad con las especificaciones que nos ponía la empresa que nos compraba la cal. Empezó a comprar cal a algunos proveedores nacionales, a los cuales les transfirió las especificaciones pero no las consecuencias de no cumplirlas. Ancap pagó US$ 8 millones de multa por no cumplir ni con la cantidad ni la calidad de cal, pero no transfirió esa multa a quienes le vendieron.

La planta de cal estaba presupuestada en US$ 80 millones, ya vamos gastando US$ 147 y le adelanto que va a costar un poco más. Pero lo más ilógico de todo y lo más irregular es que la cal está puesta en Candiota, va de Treinta y Tres a Candiota, 300 km, y el flete lo paga Ancap. Se contrató a una empresa brasileña sin licitación, con camiones brasileños, con choferes brasileños, con gasoil, con patente brasileña, seguro brasileño, a la cual ya le hemos pagado cerca de US$ 17 millones por flete –un flete que cuesta US$ 30 o US$ 40 más de lo que cuestan los fletes nacionales–, y a la cual se le adelantaron US$ 2 millones a cuenta de fletes que todavía no hizo, seguramente para la compra de camiones. Es una situación sumamente irregular, por lo menos.

***

EC —¿Otro caso de irregularidades que para usted hayan quedado comprobadas?

AD —Hay varios. El otro día estuvimos hablando con el directorio de Ancap del remolcador. Es de esas cosas increíbles. Pudiendo haber traído un remolcador del exterior, que salía un tercio de lo que terminó saliendo acá, Ancap hace un convenio con la Armada, entre las dos contratan una empresa argentina que hace el diseño, sin licitación, por US$ 700.000 y hay toda una disputa entre la Armada y Ancap por quién contrató a la empresa, porque está previsto que hay que hacer un llamado y no lo hicieron. Obviamente hay una irregularidad ahí.

El remolcador salía US$ 12,5 millones y terminó saliendo US$ 15 millones. Lo inauguraron en junio de 2013, con Mujica, Sendic y todo lo demás, pero no funcionó. Ancap dijo que lo recibió pero que después vio que había unos problemas de sonido, por más que tenía la matrícula y la certificación, entonces la Armada le hizo unos arreglos para la insonorización. Se lo terminan entregando en setiembre del 2014 y a partir de ahí está operativo, como dijo el director Juan Gómez, estaba operativo, y sin embargo hasta ahora no pudo andar. Tiene una tripulación asignada de 20 personas a las que les estamos pagando y no pudo andar.

El otro día hicieron una prueba con las barcazas. Es un remolcador-empujador para trasladar barcazas con combustible al litoral, para ahorrar camiones, lo que me parece muy bien. Pero mientras el remolcador no anda ya le vamos pagando US$ 6 millones a una empresa a la que le estamos alquilando un remolcador que no cumple con ninguna de las condiciones que le estamos exigiendo al nuevo. No solo gastamos ya US$ 15 millones, sino que además estamos gastando US$ 6 en el alquiler de uno alternativo.

Pero cuando se probó en agua con la barcaza llena, como es lógico, porque no es un paseador, es un remolcador-empujador, no coincidían las líneas de empuje del remolcador con las de la barcaza, porque la barcaza, por efecto de la carga de combustible, había bajado su nivel de flotación, obviamente. Algo que tenía que estar previsto, porque el remolcador era para eso.

EC —¿Eso no estaba calculado en el diseño?

AD —Ahora hay que reestructurarlo para que pueda acoplarse debidamente con barcazas cargadas de combustible. Sin embargo le pagamos US$ 700.000 de diseño a una empresa y lo construyó la Armada. Son esas cosas inentendibles en Ancap.

Hay un tema que me indigna que es el autismo que tenían los directores de Ancap. En 2012, 2013, 2014, esta situación se veía venir, porque el endeudamiento crecía –se había multiplicado por seis veces y media–, el patrimonio decrecía, el déficit se iba acumulando –en 2013 fue de US$ 170 millones, en 2014 fue US$ 323 millones, este año va a ser US$ 200 millones, estamos en US$ 800 millones–. Más allá de la discusión de si Economía reconocía costos o no, de los pisteros, del dólar, de las inversiones, de que Economía dice que hay costos que no iba a reconocer porque Ancap estaba fuera de control, había puesto aumentos salariales por encima de la media, había contratado gente sin control… Más allá de esa disputa, si esa disputa estaba arriba de la mesa el directorio de Ancap tenía que haber tratado de reencauzar a la empresa y no hacer como el Titanic, que ve el iceberg pero acelera y arriba del barco sigue la fiesta.

Aumentaron todos los costos y todos los gastos en 2013 con respecto a 2012, en 2014 con respecto a 2013, a pesar de esta situación de colapso y de que se iban a estrellar contra el iceberg. Los costos de personal, de contrataciones aumentaron de un año al otro 33 %, los gastos de publicidad pasaron de US$ 2 o 3 millones en 2007 a US$ 10,7 en 2014. Todo fue así. Creo que en eso hay responsabilidad y hay que asumirla con autocrítica, que es lo que no vimos por parte de quienes estuvieron al frente de Ancap.

***

EC —Ayer el senador Otheguy, a partir de su análisis de lo que había ocurrido en la comisión con las 12 denuncias originales, dijo: “No primó la racionalidad, sino la intención política de este operativo y las estrategias partidarias que se desplegaron a partir de esa intencionalidad: en buena medida dañar la imagen de Ancap o de las empresas públicas o de algunas de las personas que las dirigieron durante esta etapa”.

AD —No habríamos cumplido con nuestra función de legisladores y legisladores de la oposición si no hubiéramos generado una instancia de investigación ante el colapso de una empresa pública que está técnicamente quebrada si no fuera estatal, con números que no voy a reiterar pero que son escandalosos. De mal manejo, de mala gestión, de malas decisiones, de irregularidades.

El gran daño a la empresa pública lo hicieron los que la dirigieron. Creo que es el peor ejemplo de gestión en empresas públicas que se conoce. El peor. Además es la empresa pública más importante del Uruguay. Entonces, si hay responsables de los daños a la imagen, si es que existe un daño a la imagen, son quienes la dirigieron, por la forma en que lo hicieron.

Nosotros fuimos muy serios al hacer la denuncia y vamos a ser muy serios en la adjudicación de responsabilidades, pero de que va a haber adjudicación de responsabilidades, por lo menos de nuestra parte, no tenga dudas.

EC —Con respecto a Sendic en particular, ¿cuál fue la actitud de quienes promovieron esta investigación? Desde el FA, sobre todo desde el grupo que el propio Sendic integra, pero también desde el Movimiento de Participación Popular y otros grupos, se denuncia que acá lo que había era el objetivo de dañar políticamente a figuras emergentes del Frente, del oficialismo, pensando en el año 2019. No solamente a Raúl Sendic, también a Daniel Martínez, que fue presidente de Ancap.

AD —¿La alternativa cuál era? ¿Taparlo? ¿Que la gente no se enterara? ¿Que no hubiera responsabilidad? ¿Que nadie asumiera la responsabilidad por el colapso de la empresa, por el combustible que estamos pagando, por no poder bajarlo? ¿Cuál era la alternativa? Porque no solo lo decimos nosotros, también lo dicen dentro del FA, se endosan responsabilidades. El problema del FA es que se endosan responsabilidades entre ellos, pero si no hubiera habido investigadora no nos habríamos enterado de que en 2012 acá enfrente, en el Consejo de Ministros, se había discutido el tema. Estaba debajo de la alfombra, no estuvo arriba de la mesa. No se habrían conocido una cantidad de disputas que hubo en función de que las empresas públicas estaban fuera de control, que había decisiones inconvenientes, que había inversiones mal hechas.

Acá hubo gente que sabía cuál iba a ser el final de esto y no estuvo dispuesta ni a bajar los costos ni a reprogramar ni a intervenir ni a actuar. Acá no hay campañas personales, hay campañas contra una gestión; campaña no, hay investigación sobre una gestión. Nosotros tenemos que ser muy firmes en la denuncia, muy fundamentados en las conclusiones y también muy claros en las responsabilidades.

Debería haber responsabilidades. Sendic fue el principal, pero no el único responsable. Digo el principal porque fue vicepresidente de Ancap durante el primer gobierno de Vázquez, después fue presidente de Ancap también durante el primer gobierno de Vázquez y unos meses ministro de Industria. En el gobierno Mujica fue presidente de Ancap, después dejó a Coya y en este gobierno dejó a Coya él, porque es de su grupo y el directorio es de su grupo. Pero no es el único responsable. Astori era vicepresidente de la República y tenía su equipo en Economía. Todas estas cosas que están denunciando ahora tuvieron que haberse trancado en su momento para que no fuera peor. También hay responsabilidad del expresidente de la República por ver que había una situación que estaba fuera de control y no encauzarla. Por acción o por omisión, son todos responsables.

EC —Cuando usted señala todas esas responsabilidades, ¿a qué apunta? ¿Cuál debe ser la consecuencia de esa responsabilización?

AD —Dentro de lo que podemos, dentro de la Constitución. Cuando hay una comisión investigadora, saca conclusiones y las debate el Senado de la República. Obviamente vamos a tener el informe con las tres partes que le decía, errores de gestión, irregularidades y alguna presunción de ilicitud. En las primeras dos vamos a decir que hay decisiones inconvenientes o irregularidades, y obviamente habría responsabilidades políticas y funcionales administrativas, porque muchos gerentes no escapan a esta situación. No englobo a todos porque no se puede, pero algunos gerentes que ejecutaron mal, informaron mal, asesoraron mal o directamente dirigieron mal también tienen responsabilidad.

Obviamente, si esto pasa a la justicia, como creo que va a pasar, por algunas ilicitudes en algunos temas –estamos viéndolo con mucha cautela y mucha precaución, porque estamos hablando de nombres, de situaciones y de responsabilidades–, en ese caso la responsabilidad excede a la nuestra y la determina un organismo independiente en el cual confiamos todos como es la justicia, y ahí puede haber responsabilidad penal.

EC —¿Por qué mencionan permanentemente que habría hechos pasibles de investigación en la justicia penal pero no los detallan? Ayer el senador Otheguy destacaba: “No terminan de explicitarlo. Si hay temas claros, se supone que uno puede formularlo, y sin embargo eso no ocurre”.

AD —La investigadora terminó el viernes, hasta el viernes estuvimos enterándonos. De lo del remolcador nos enteramos el viernes, que no pueden ensamblarlo con las barcazas cuando están llenas, por lo cual no las puede empujar. De las controversias nos enteramos la semana pasada. Sendic les echó la culpa a cuatro gerentes, lo vino a decir la semana pasada. Es más, creo que todavía faltan 2.000 o 3.000 folios de información. Las ofertas de la planta de cal, por ejemplo, todavía no vinieron a la comisión investigadora.

EC —¿No pueden determinar hoy ni uno solo de los hechos que ameritarían investigación penal?

AD —Una vez que tengamos todos los elementos, con la misma seriedad con que hemos hecho la denuncia, vamos a trabajar en la presunción de ilicitudes. Y va a estar claro, para que todo el mundo se quede tranquilo, cuáles a nuestro juicio son las disposiciones de la normativa que no fueron tenidas en cuenta o pasadas por el costado.

EC —Se lo pregunto porque aquí hay incluso diferencias…

AD —Tenemos que ser serios.

EC —Claro, pero incluso hay diferencias dentro de la oposición. El senador Pedro Bordaberry es mucho más cauto a la hora de pronunciarse sobre si le parece que hay o no hechos que merezcan denuncia en la justicia penal. Dice “vamos a estudiarlo”; ustedes en cambio dicen “sí, nosotros creemos que sí que hay”, pero no los citan.

AD —Creemos que hay presunción.

EC —Está bien, pero no lo mencionan.

AD —Hay presunción. En función del estudio en el que con el senador Saravia, que suplió a José Carlos Cardoso, más todo el equipo de asesores venimos trabajando, hay temas que notoriamente van más allá de una irregularidad, hay presunción [de delito].

Le mencioné uno al pasar, muy grosero, que es el de la planta de cal, el manejo del negocio de cal nos genera mucha dudas. Y hay otro que no estaba en la denuncia original: un día me llega un sobre al despacho con parte de un expediente de la Aduana. Ese expediente tenía un pedido a Ancap, de mayo del 2015, de regularizar todas las importaciones del 2011, de propano, de butano, de petróleo, con la factura correspondiente. La Aduana forma un procedimiento de ahí para adelante que se regulariza en 90 días. Cualquiera que importa algo tiene que tener el DUA (Documento Único Administrativo) y pagar los tributos de importación; Ancap no tenía el DUA y no pagó los tributos ni el IVA de importación en estos casos. Lo hizo cuatro años y medio después. ¿Qué es eso? Estamos viendo con un catedrático de derecho aduanero si es una infracción aduanera, si es una irregularidad aduanera o si es una ilicitud.

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EC —Pregunta un oyente, Héctor, a propósito de la enumeración de responsabilidades que usted venía haciendo: “Las responsabilidades en Ancap ¿no llegan también al representante de la oposición?”. ¿Qué papel cumplió ese director durante el período que se investiga?

AD —La oposición tuvo representantes en el segundo período, no en el primero. La autocrítica nos tiene que llegar a todos, también a nosotros, porque tendríamos que haber difundido más el papel que tuvieron. Parte de la fundamentación de varios de los temas de los 12 capítulos tiene que ver con denuncias, con actas, con pedidos de auditoría, con votaciones en contra o con constancias que dejaban los miembros de la oposición en ese momento.

EC —Pero ¿no hubo resoluciones que avalaron los representantes de la oposición?

AD —En general no, y muchas veces se pidieron explicaciones. Había una práctica en Ancap que a veces sigue hasta hoy, lamentablemente, que es: el presidente resuelve con el comité de dirección, que son cuatro gerentes, a veces ampliado a otros gerentes, y después el directorio refrenda. Lo que hacían cuando venía el directorio era dejar la constancia de que no compartían o pedían información o votaban en contra. Con el diario del lunes, quizás tendríamos que haber difundido más esas posiciones en su momento. Yo tengo las actas, porque son parte de los anexos y fundamentos de la denuncia.

EC —Vuelvo al debate a distancia entre usted y su colega Marcos Otheguy. Ayer el senador Otheguy en la entrevista decía que una de las cosas para las cuales sirvió la comisión fue para dejar de manifiesto que hay dirigentes políticos que entienden que hay cosas que las empresas públicas no deben hacer y que en cambio deben hacer los privados. ¿Usted es partidario de que Ancap se desprenda de algunos negocios?

AD —Tú utilizaste la palabra privatizar; creo que la propiedad no está en discusión en ningún lado. Es más, me da mucha gracia, porque quienes dicen defender las empresas púbicas son los que las funden. Nosotros queremos hablar de gestión de empresas públicas, la mejor forma de defender a una empresa pública es gestionarla bien.

Ahora, la investigadora es de aquí para atrás; de aquí para adelante hay que rescatar a Ancap, y eso implica una serie de cosas. No solo remover al presidente y a los directores que vienen del período anterior, que son parte del problema y no pueden ser parte de la solución, sino, más allá de la capitalización –que habrá que discutir por cuánto es, porque estamos en un año presupuestal con una serie de penurias presupuestales de algunos sectores–, tenemos que tomar algunas medidas de gestión muy removedoras para cambiar el rumbo de Ancap.

EC —Por ejemplo, ¿qué medidas?

AD —El otro día me enteré de que Ancap tiene 18 empresas que son el holding de Ancap, entre Ancap estatal y todas las que funcionan en el derecho privado pero que son propiedad de la empresa, son propiedad de todos nosotros pero funcionan en el derecho privado, y la mayoría de los directores son a su vez funcionarios de Ancap, con lo cual las responsabilidades les llegan. Esas empresas no tienen control del Tribunal de Cuentas, no están reguladas por el Tocaf [Texto ordenado de contabilidad y administración financiera]. En eso tenemos que trabajar.

Me enteré el otro día de que una de las empresas que tiene Ancap, que da pérdida, es Cava, que produce alcoholes –whisky Ancap, caña o ron, cachaça– y perfumes. A esta altura no estimulo mucho a la gente que se ponga el perfume Ancap, para ser franco…

EC —Esa es una novedad, no sé cuántos de nosotros conocíamos que una empresa de Ancap produce perfumes.

AD —Los gerentes y varios de los funcionarios de esas colaterales de Ancap que funcionan en el derecho privado pero son propiedad de todos nosotros, porque la propiedad es de Ancap, terminan teniendo sueldos de arriba de $ 300.000. Me parece que hay que ser un poco más austero con los gastos, planificar mejor algunas actividades, quizás ir quitándoles volumen a algunas para concentrarnos en la actividad principal, que es la de Ancap, el tema de los combustibles, y ojalá concentrarnos en tener combustibles más baratos.

EC —¿Ancap debe desprenderse de algunos de sus negocios? Se lo pregunto a partir de que lo que decía hace pocos días también aquí en En Perspectiva el senador Pedro Bordaberry. Teniendo en cuenta las pérdidas permanentes que da esa unidad y las inversiones que ha requerido, señalaba que había dos alternativas: o cerrar o vender, que venga otro del sector privado y la opere con mejores resultados.

AD —Yo no coincido en la teoría de cerrar el negocio del pórtland, por ejemplo. Creo que hay que reestructurarlo radicalmente.

EC —¿Se justifica que Ancap produzca cemento pórtland?

AD —Creo que Ancap debe ser un actor en el tema cemento pórtland. Vamos a partir de una base: la unidad de negocio de cemento pórtland viene dando pérdidas desde hace tiempo. En el quinquenio del 2000 al 2005 perdió US$ 12 millones, del 2005 al 2010 perdió US$ 60 millones, del 2010 al 2015 perdió US$ 123 millones. Con un adicional: mientras tanto se llevan invertidos US$ 250 millones y se necesitan US$ 240 millones más para terminar de rentabilizar a la unidad de negocios.

EC —La explicación que da el oficialismo es que esa inversión que está haciendo Ancap en su unidad de cementos debió haberse hecho hace añares. La competencia privada, Cementos Artigas, la hizo en los años 90. Es una reconversión sobre todo de la fuente de energía.

AD —No solamente, también de la unidad de negocios, de la distribución. En este caso hace ya casi 10 años que se hicieron las inversiones, tenemos que reprogramar algunas de ellas, hay algunas que a mi juicio no están del todo rentabilizadas como se previó en su momento. Creo que en este caso hay inversiones que no se justifican, hay inversiones que yo no habría hecho, hay otras en las que habría coincidido y hay otras cuya ejecución estuvo muy mal hecha. Creo que hay que reestructurar las unidades de negocio, verlas una por una, hay que meterles más controles a las empresas que funcionan en el derecho privado pero son de propiedad estatal.

EC —Volviendo al cemento pórtland: la mitad de lo que consume el mercado viene de Ancap.

AD —Un poco más.

EC —O sea, se la puede cerrar, pero la opción en ese caso es importar, va a haber que importar cemento pórtland. Cerrarla para usted no figura en el menú. ¿Tampoco privatizarla?

AD —No, no figura en el menú. Creo que la empresa Ancap debería ser estatal, como es. Pero no por ser estatal tiene que estar mal gestionada, tiene que ser dispendiosa en el manejo de los fondos públicos.

EC —Esa unidad debe ser todavía de Ancap.

AD —Se puede ser estatal y funcionar bien. Hay varios ejemplos de empresas estatales que funcionan bien. Puse el ejemplo del perfume quizás en el extremo de lo ridículo. Ancap llegó a esa sensación de que todo lo puede hacer y todo lo debería hacer, hasta el extremo de llegar a hacer perfumes. Creo que hay que repensar a la empresa con concepto de holding: esto lo priorizamos, a esto le vamos disminuyendo su participación, para tratar de conseguir el principal objetivo de Ancap, que es [vender] combustibles más baratos.

EC —A propósito de las propuestas que van a venir en febrero, una vez que terminen de analizar la documentación de la comisión, usted ya anunciaba algo sobre lo que debe hacerse en Ancap. ¿Quedó algún punto por mencionar?

AD —Sí, el PN seguramente –nuestro sector lo está elaborando, pero me parece que es un tema que vamos a plantear como PN– va a presentar una serie de propuestas y de medidas para rescatar a Ancap y reencauzar su gestión. Obviamente no puede haber una capitalización sin algunas decisiones previas, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana, la plata entra a una licuadora y dentro de dos años estamos igual. No solo se requiere el cambio de autoridades –y no estoy hablando en términos personales, estoy hablando en términos de liderazgo de acciones, Coya no puede liderar un proceso de rescate de Ancap cuando es parte de quienes llevaron a Ancap a esta situación, lo mismo que otros directores–, sino que además hay que tomar una serie de medidas. Estamos elaborando un documento que vamos a entregar, como aporte, con algunas medidas para rescatar a Ancap.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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