La Operación Trazador —en la que se incautaron más de 260 kilos de droga, dinero, armas, municiones y vehículos— puso bajo análisis el uso de redes de cobranza para introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero. En entrevista con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva, el abogado y especialista en prevención de lavado de activos Leonardo Costa dijo que la Evaluación Nacional de Riesgos aprobada en 2023 no contempló a esas redes como un sector de riesgo.

“La Evaluación Nacional de Riesgos no es algo estático, no es algo pétreo, es algo que está sometido a constante evaluación”, señaló. Y explicó la diferencia entre la evaluación y la estrategia: la primera identifica amenazas y vulnerabilidades; la segunda determina “cuáles van a ser las políticas concretas” para enfrentarlas.

“Lo que nos llevamos como deberes las distintas instituciones es trabajar sobre una modificación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Uruguay contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos”, dijo.

Costa explicó que las redes de pago son sujetos obligados: están reguladas y supervisadas por el Banco Central y deben contar con políticas antilavado, entre ellas reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, sus locales funcionan de manera descentralizada y, según señaló, es necesario evaluar si los controles llegan adecuadamente a cada uno.

“Las redes trabajan con franquicias y están descentralizadas en todo el territorio”, indicó. La red central “tiene un oficial de cumplimiento y le pone una serie de obligaciones” a los locales. El punto, sostuvo, es determinar si esa estructura resulta suficiente: “Se estaría evaluando que los controles que se hacen en esa descentralización no habrían funcionado correctamente”.

A su entender, el sistema tampoco había considerado específicamente a las redes como un ámbito de riesgo. “No se lo miró en su momento como un sector de riesgo”, dijo. Y agregó: “Hay un uso de efectivo muy importante, una permeabilidad de estas redes descentralizadas frente a la presencia de organizaciones criminales que pueden estar incorporando dinero de origen ilícito al sistema”.

Billetes de baja denominación y señales de alerta

Uno de los aspectos que Costa planteó revisar es el uso de grandes cantidades de billetes de baja denominación, que pueden provenir de la venta de drogas. El fraccionamiento de operaciones para mantenerse por debajo de los umbrales de control se conoce como “pitufeo”.

“Estructurar operaciones a través de billetes de baja denominación es el ABC del riesgo”, señaló. Sobre una operación con un monto elevado entregado en billetes pequeños, dijo: “Eso en sí mismo es sospechoso”, aunque aclaró que no está establecido expresamente en una norma.

Costa advirtió, además, que hay que distinguir entre una falla de los controles y una eventual intervención de personas que los eluden. “Hay que ver si lo que fallaron fueron los controles o si lo que falló fueron las personas que están detrás de los controles”, explicó. Como ejemplo, planteó que un control central puede existir, pero que un funcionario de un local lo burle.

Por eso, consideró importante revisar la capacitación del personal que trabaja en esos puntos. En un mismo local, señaló, pueden realizarse pagos de facturas, giros, transferencias y cambios de moneda. “Hay que ver si las personas que hacen esas transacciones tienen el nivel de capacitación para darse cuenta de cuáles son sus obligaciones”, dijo.

También mencionó como señal de alerta que un local de cobranza llamara a un cliente para pedirle cambio. “Eso es una señal de alerta enorme”, sostuvo. Y añadió: “Que se lo pidan una vez puede tener una explicación; pero si lo hacen constantemente, hay algo que no te está dando cuenta de a qué te estás exponiendo”.

El especialista aclaró que no quería especular sobre la investigación concreta y que corresponde determinar si hubo controles insuficientes o funcionarios que actuaron a espaldas de la organización. De todos modos, afirmó que el riesgo de que los sistemas descentralizados no alcancen a todos los puntos “está presente”.

La investigación y los recursos disponibles

Costa también se refirió a la investigación conjunta del narcotráfico y el lavado de activos, un punto planteado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Dijo que tiene diferencias de larga data con Díaz sobre el papel de las fiscalías especializadas.

“Si quien hace la investigación del narcotráfico no sigue adelante, puede darse que quede sin investigar el tema del lavado”, advirtió. A la vez, señaló que las fiscalías antilavado enfrentan una sobrecarga de trabajo y necesitan más capacidad. “Es muy difícil hacer investigaciones de este tipo con una sola fiscalía, con el personal que tiene y con todos los casos que tiene”, dijo.

En su evaluación, Uruguay tiene normas adecuadas, pero problemas en la aplicación efectiva del sistema. “Tenemos pocas condenas, poco personal, pocos recursos”, resumió. También mencionó la necesidad de revisar si los organismos de control cuentan con personal suficiente y estable.

El efectivo y la porosidad de las fronteras ya habían sido identificados como riesgos para Uruguay, dijo Costa, pero consideró que el manejo de billetes de baja denominación necesita más atención. Planteó que los reportes de los sujetos obligados al Banco Central deberían permitir monitorear mejor si los controles se cumplen.

Sobre los plazos, sostuvo que algunos ajustes podrían hacerse sin una nueva ley: “No debiera llevar más de tres o cuatro meses modificar las eventuales circulares del Banco Central”, estimó. Si fuera necesario un cambio legislativo, agregó, el proceso sería diferente.

Costa valoró que la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos haya puesto el tema en discusión y dijo que espera que los cambios se concreten pronto. “La reacción está bien y creo que es muy positiva”, señaló. “Hay una oportunidad de mejora enorme”.

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Los países nórdicos tienen la imagen, desde este lado del mundo, de ser una suerte de utopía de educación excelente y niveles muy altos de felicidad.

Por eso llamó tanto la atención que Suecia anunciara que recurriría al Ejército para complementar a la Policía en el combate al crimen organizado.

Es que Suecia está atravesando lo que se ha calificado como “guerra de pandillas”.

A fines de setiembre, en menos de 24 horas tres personas murieron en tiroteos y explosiones, incluido un joven asesinado cerca de un club de fútbol para niños.

"Personas inocentes sin ningún vínculo con el crimen organizado, incluidos varios niños que llegaron a entrenar, debieron presenciar una vez más un tiroteo despiadado en el cual un hombre fue abatido", reaccionó el primer ministro Ulf Kristersson según la red TV4.

"Niños llorando con uniformes de fútbol y sus padres preocupados. Mis pensamientos están con todos esos niños, sus madres y sus padres. Esos asesinos temerarios no dejarán de dispararse entre sí y contra otros hasta que los detengamos", agregó.

Kristersson anunció luego que se debían actualizar las leyes para una mayor participación militar en el área de seguridad.

¿Cómo se llegó a este punto en Suecia? ¿Qué está pasando?

Conversamos En Perspectiva con Andrés Rivarola, uruguayo residente en Suecia, donde es profesor titular en el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo.

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La campaña electoral finalmente está terminando, y aunque el escrutinio departamental no esté completo, una de las conclusiones que ya se pueden sacar es que la seguridad fue uno de los temas clave.

De hecho, el plebiscito Vivir sin miedo, que impulsó el senador Jorge Larrañaga, fue la opción más votada en las elecciones de octubre pasado, a pesar de no alcanzar el 50% necesario. 

Con 1.139.000 votos, la reforma constitucional tuvo aproximadamente la misma votación que logró Daniel Martínez en el ballotage del domingo pasado, y apenas unas decenas de miles menos que Luis Lacalle Pou.

Es señal de que la inseguridad es una cuestión fundamental a trabajar, pero a pesar de eso la academia uruguaya tiene un debe en la materia. Debe que el Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República viene a subsanar para el año próximo.

El Diploma se ofreció por primera vez en 2018, pero no pudo realizarse en 2019 y retorna para el período lectivo 2020. 

¿Qué ofrece este curso? ¿Por qué es importante estudiar el crimen académicamente antes de ejecutar políticas que contribuyan a combatirlo? Para hablarlo, En Perspectiva a Diego Sanjurjo, doctor en Ciencias Políticas, especialista en seguridad ciudadana y políticas de armas y drogas, y docente en la Udelar.

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