El senador Daniel Garín, del MPP, fue uno de los legisladores que recibió a Bayardi este martes, y sobre eso habló con En Perspectiva esta mañana.

Foto: Ejército del Uruguay

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El Parlamento dio media sanción ayer dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo y destinados a asistir a empleados de la empresa Pili y sus tamberos remitentes. La empresa láctea sanducera mantiene haberes impagos con sus trabajadores y los productores remitentes, además de una abultada deuda con el sistema financiero.

El trámite se desarrolló a ritmo de vértigo desde la madrugada. Los dos textos fueron firmados por el presidente Tabaré Vázquez justo antes de su viaje a Asunción, donde participó de la toma de mando del nuevo presidente de Paraguay.

Según supo la producción de En Perspectiva, al partir Vázquez encomendó al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, que recibiera a varios ministros en la Torre Ejecutiva durante la mañana para que firmaran el texto temprano y fuera posible, entonces, el envío al Parlamento a más tardar al mediodía. Desde las nueve de la mañana varios secretarios de Estado ingresaron a las instalaciones de la Presidencia para estampar sus firmas: los ministros de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, Interior, Defensa Nacional, Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, Turismo, Salud Pública y Desarrollo Social.

Desde Presidencia de la República se avisó al Parlamento sobre el envío inminente de los dos proyectos.

Como la Cámara de Representantes se encontraba iniciando la aprobación en particular de la Rendición de Cuentas, se resolvió que fuera el Senado el que primero tratara los textos. Pero dado que la Cámara Alta ya había agotado el orden del día, la bancada del Frente Amplio resolvió solicitar un cuarto intermedio a la espera de la llegada de la comunicación del Poder Ejecutivo. De esta manera, evitaba dar por finalizada la sesión.

¿Por qué? Para poder abordar los proyectos de ley apenas ingresaran al Parlamento. De lo contrario, habría que esperar varias horas para convocar a una sesión extraordinaria. Así lo establece el artículo 26 del reglamento interno del Senado: “Para las sesiones ordinarias y para las extraordinarias que la Cámara haya resuelto celebrar se citará con doce horas, por lo menos, de anticipación, y con veinticuatro las extraordinarias solicitadas por no menos de cinco Senadores o por el Presidente del Senado, especificándose en cada caso el objeto de la citación. En casos de absoluta urgencia podrá citarse, por lo menos, con cinco horas de antelación. En este último caso, el Senado resolverá por mayoría absoluta al comenzar su sesión si estima procedente el carácter de absoluta urgencia de la citación”.

El Senado ingresó en cuarto intermedio para agilizar el trámite parlamentario de los dos proyectos de ley. Apenas llegaron al Parlamento, la vicepresidenta Lucía Topolansky fue notificada y se convocó a los senadores a ingresar a sala.

En menos de una hora, el Senado los aprobó por unanimidad y en calidad de grave y urgente, y los remitió a la Cámara de Diputados, que les dio sanción definitiva en la mañana del jueves, en una sesión extraordinaria previo al tratamiento de la Rendición de Cuentas. Únicamente no los votaron Rodrigo Goñi -quien se retiró de sala al momento de votar-, Nibia Reisch (Partido Colorado) y Aldo Lamorte (Partido Nacional). Los proyectos fueron remitidos al Poder Ejecutivo para su promulgación.

De esta manera, esta iniciativa anunciada el miércoles de la semana pasada por el gobierno podrá ser puesta en marcha a la brevedad.

Contenido
¿Qué suponen estos proyectos de ley? El Ejecutivo anunció ese miércoles en conferencia de prensa un préstamo a Pili "en condiciones muy ventajosas para la empresa". El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sostuvo que podrá devolver el dinero prestado en un plazo de diez años y con dos años de gracia.

Pero Murro no profundizó en aquella oportunidad en las características de la asistencia financiera. Ahora, al repasar los proyectos de ley, se comprueba que la asistencia se realiza mediante la creación de dos fondos diferentes encargados de ceder el dinero.

El primer proyecto de ley se compone de cinco artículos. Crea un fondo de asistencia a los trabajadores de la empresa PILI, que será administrado el Banco de Previsión Social. Se compondrá de hasta 14.4 millones de pesos, provenientes del Fondo para el Desarrollo que gestiona la Agencia Nacional de Desarrollo.

El segundo proyecto de ley, también de cinco artículos, crea un fondo de asistencia a los productores remitentes, que será administrado por el Fondo de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se compondrá de hasta 38.4 millones de pesos, provenientes también del Fondo para el Desarrollo que gestiona la Agencia Nacional de Desarrollo.

En total, la asistencia del Estado supone un desembolso aproximado de un millón y medio de dólares.

Concurso
De manera paralela, el Juzgado de Concursos de Segundo Turno de Montevideo comunicó ayer a PILI que rechazó la solicitud de concurso de acreedores solicitado por la empresa por un monto de 60 millones de dólares.

El abogado de la compañía, Mariano Aramberri, explicó que el juez realizó observaciones sobre la documentación presentada y que la compañía tiene decidido hacerle agregados y correcciones al expediente para ratificar en los próximos días el inicio del trámite.

Para profundizar en este tema, En Perspectiva se comunicó con el senador del MPP Daniel Garín.

***

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Esta mañana cambiamos el ángulo, conversamos con un actor directamente involucrado en la discusión y aprobación de la ley, el ingeniero agrónomo Daniel Garín, senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Transcripción de la entrevista con el senador Daniel Garín (MPP, FA)

La semana pasada terminó de aprobarse en el Parlamento la ley de Riego para uso Agrario. Pero el debate está lejos de agotarse; por el contrario, parece que ingresa en una nueva etapa, que podría terminar en un referendum o en una acción de inconstitucionalidad.

Esta norma busca el crecimiento de la inversión privada en sistemas de riego artificial, sobre todo los llamados “multiprediales”, y es considerada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca como un puntal para mejorar la competitividad y los niveles de producción del sector agropecuario.

Sin embargo, varios grupos ambientalistas advierten que la ley es inconstitucional ya que “privatiza” un bien de dominio público como el agua. Ayer entrevistamos a la socióloga María Selva Ortiz, presidenta de la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, quien denunció que la ley crea un "mercado de agua” que prioriza lo económico sobre lo social y ambiental.

En la entrevista central de En Perspectiva recibimos esta mañana al senador Daniel Garín, ingeniero agrónomo, perteneciente al MPP, ex subsecretario de Ganadería Agricultura y Pesca, que ha seguido de cerca la discusión y aprobación de esta ley.

Transcripción de la entrevista con el senador Daniel Garín (MPP, FA)

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EN PERSPECTIVA
Martes 24.10.2017, hora 08.18

Video de la entrevista

EMILIANO COTELO (EC) —La semana pasada terminó de aprobarse en el Parlamento la Ley de Riego para Uso Agrario. Pero el debate está lejos de agotarse; por el contrario, parece que ingresa en una nueva etapa, que podría culminar en un referéndum y/o en una acción de inconstitucionalidad.

La norma busca el crecimiento de la inversión privada en sistemas de riego artificial, sobre todo los llamados “multiprediales”, y es considerada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) un puntal para mejorar la competitividad y los niveles de producción del sector agropecuario.

Sin embargo, varios grupos ambientalistas advierten que la ley es inconstitucional porque “privatiza” un bien de dominio público como el agua. Ayer entrevistamos a la socióloga María Selva Ortiz, presidenta de REDES – Amigos de la Tierra, quien denunció que la ley crea un “mercado de agua” que prioriza lo económico sobre lo social y ambiental.

Hoy volvemos sobre el tema, para profundizar desde otro ángulo. Recibimos al senador Daniel Garín, ingeniero agrónomo, perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP), exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

DANIEL GARÍN (DG) —Es un gusto poder seguir avanzando en aclarar todo esto, lo que significa la aprobación de la ley de riego, que en realidad es modificativa de la ley de riego anterior. Vale la pena insistir en que estamos hablando de que esta es una segunda ley, que debe ser analizada en conjunto con la ley de riego del año 97. En el conjunto de las dos leyes está el planteo general de seguir promoviendo la expansión del riego para la producción agrícola.

EC —Estas modificaciones tienen ya un tiempo. El proyecto fue presentado en 2016 por el ministro Tabaré Aguerre, él ha insistido mucho con este tema, al punto que un diputado de la oposición, Gastón Cossia, lo llamó el “proyecto Aguerre”. Pero en realidad viene de antes, Ernesto Agazzi cuando fue ministro y José Mujica cuando fue ministro querían hincarle el diente a este asunto desde el primer gobierno del Frente Amplio (FA). ¿Por qué ahora sí se dieron las condiciones?

DG —Como tú bien decías, el abordaje para hacer la modificación de la ley empezó en la primera administración Vázquez. El planteo concreto de esta modificativa de la ley se presentó en el Parlamento en abril del 2016, inmediatamente empezó a ser tratada en el seno de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, finalizó su tratamiento con una primera aprobación en la Cámara de Senadores en julio de este año, se continuó en la Cámara de Representantes, con la aprobación el pasado martes, y al día siguiente, el miércoles, el Senado ratificó las modificaciones que habían incorporado los representantes.

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