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La Tertulia de los Jueves con
Martín Bueno, Pablo Díaz,
Ana Laura Pérez y Daoiz Uriarte

El Poder Ejecutivo presentó ayer los lineamientos del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa de más de 240 artículos que será enviada al Parlamento la semana próxima.

El gobierno la define como una batería de reformas microeconómicas para promover empleo, inversión, mayor competencia, menos burocracia y una reducción de costos para empresas y consumidores.

La presentación estuvo a cargo de los ministros Gabriel Oddone, de Economía; Fernanda Cardona, de Industria; Cristina Lustemberg, de Salud Pública; y Alfredo Fratti, de Ganadería. 

Oddone sostuvo que el proyecto busca modernizar la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas, y lo calificó como una señal central del rumbo económico del gobierno.

“El corazón de la competitividad está en los costos de gestión y en los costos de funcionamiento del sistema. Y el sector público, muchas veces –por costumbre, por no hacer revisiones profundas de las decisiones tomadas en el pasado– pone sobre los contribuyentes, en particular sobre las empresas, un peso extraordinario”.

El texto está dividido en cuatro capítulos: agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión. 

Entre otras medidas, se propone crear registros únicos para que las empresas no deban presentar la misma documentación ante distintos organismos, fijar plazos máximos de respuesta y aplicar el llamado “silencio positivo” cuando el Estado no responda dentro del plazo previsto.

También se plantea ampliar de cinco a diez años la vigencia de registros sanitarios, técnicos y ambientales, permitir renovaciones mediante declaración jurada y habilitar trámites en paralelo. En comercio exterior, el proyecto impulsa el autodespacho aduanero, la digitalización de documentos y la eliminación de varios trámites en papel.

Otro eje es la promoción de la competencia. La iniciativa busca dar más autonomía a la Comisión de Defensa de la Competencia, facilitar que haya varios importadores de un mismo producto y obligar a los comercios a informar el precio por unidad de medida, como kilo, litro o unidad, para que los consumidores puedan comparar mejor.

El proyecto también incluirá medidas para mipymes, fintech, parques industriales, producción agropecuaria familiar y salud. Entre ellas, un sistema gratuito de gestión empresarial para pequeñas empresas, espacios controlados para probar soluciones financieras innovadoras, una plataforma digital para la cadena cárnica y la simplificación de trámites sanitarios sin reducir controles, según afirmó el gobierno.

Desde la oposición las primeras reacciones fueron favorables al proyecto de competitividad del gobierno, aunque los legisladores aclararon que esperarán a conocer el texto completo cuando ingrese al Parlamento.

El senador Javier García valoró positivamente que el gobierno haya considerado medidas que, según sostuvo, ya habían sido propuestas por la bancada del Partido Nacional a impulso de Laura Raffo.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo al diario El País que la orientación del proyecto “es compartible” y que todo lo que contribuya a simplificar trámites, ganar competitividad y eliminar costos “es siempre bienvenido”. De todos modos, cuestionó si el oficialismo tendrá consenso interno para avanzar.

Desde el Partido Colorado, Carlos Rydström valoró el anuncio y dijo que va “en el sentido correcto”. Sostuvo que el proyecto reconoce que muchas veces el Estado y la burocracia son un obstáculo, y adelantó que merece apoyo multipartidario.

Continúa en: PIT CNT organizó paro general parcial “Por un Uruguay de transformaciones profundas”

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La Tertulia de los Jueves con
Martín Bueno, Pablo Díaz,
Ana Laura Pérez y Daoiz Uriarte

Durante el paro general parcial realizado ayer, el PIT CNT reclamó que la Rendición de Cuentas incluya más recursos, entre ellos para avanzar hacia el 6% del PIB para educación y el 1% para investigación, ciencia y tecnología.

La central también planteó una sobretasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico de la población para atender la pobreza infantil, mejoras salariales y reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.

La medida fue convocada bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario”, e incluyó una movilización en el Cerro de Montevideo. La marcha se desarrolló por la avenida Carlos María Ramírez y terminó con un acto encabezado por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y la secretaria general adjunta, Alejandra Pereira.

Abdala advirtió que el país mantiene problemas estructurales en materia de empleo. Señaló que, aunque aumentó la ocupación, persisten dificultades vinculadas a la calidad del trabajo, los bajos salarios, la informalidad y la precarización.

“Alrededor de ciento cuarenta y tres mil personas totalmente desempleadas, un 7,5%. Ciento cincuenta y cuatro mil personas subocupadas o subsalariadas, porque están condenadas a salarios de hambre, un 8,8%. Trescientas ochenta y seis mil personas en la informalidad. Son datos correspondientes al primer trimestre de este año”.

El presidente del PIT-CNT llamó a impulsar cambios profundos, entre ellos una reforma laboral, una reforma tributaria y una revisión del sistema de protección social. Sostuvo que “hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo” y aseguró que, si esas señales aparecen, contarán con “el respaldo y la movilización del movimiento obrero” para avanzar en esa dirección.

Por su parte, la dirigente Alejandra Pereira reclamó respuestas urgentes ante la pobreza infantil, la situación de la educación pública, la salud mental y las condiciones de trabajo, y cuestionó que para la Rendición de Cuentas el gobierno hable de reasignación del gasto sin incremento presupuestal.

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Foto: En Perspectiva

El próximo sábado 9 de mayo hay una instancia electoral en la que pueden participar miles de uruguayos y seguramente no lo sepan.

Se llevarán a cabo las elecciones del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay, en la que pueden participar uruguayos que tengan nacionalidad española.

Para España, los uruguayos que tienen nacionalidad española son tan españoles como los nacidos en el país mediterráneo y en este caso están habilitados para votar pero… ¿Qué es precisamente lo que se vota?

¿Qué tan conocidas son estas elecciones? ¿Por qué es importante participar?

Para conocer más sobre esta instancia, Romina Andrioli conversó con Jorge Torres, actual presidente del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay, y con Daoiz Uriarte, abogado y Directivo del Centro Euskaro.

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La Tertulia de los Miércoles con
Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano, Fernanda Maldonado y Daoiz Uriarte

El gobierno resolvió retirar del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal los cambios vinculados a la libertad anticipada, luego de la polémica generada en torno a ese punto. El tema seguirá siendo analizado por el Poder Ejecutivo y las bancadas parlamentarias.

La medida había provocado críticas de la oposición, que advirtió que el Poder Ejecutivo pretendía “liberar” presos y que, por lo tanto, aumentaría la inseguridad. Uno de los cuestionamientos más fuertes fue planteado por el senador colorado Pedro Bordaberry durante la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro.

También hubo reparos de organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol, que agrupa a ex presos políticos, habían advertido sobre la posibilidad de que la libertad anticipada alcanzara a represores de la dictadura condenados. 

El presidente Yamandú Orsi fue consultado ayer en rueda de prensa y aclaró que “la libertad anticipada existe” y que lo que se buscaba era ampliarla a delitos hoy excluidos. Sin embargo, indicó que los cuestionamientos de la oposición y de organizaciones sociales llevaron al gobierno a reconsiderar la medida.

“Lo que se habilita es la posibilidad de considerarlo; es el juez, después, el que determina. Pero si se considera que eso es un riesgo, está bueno que lo analicemos y algunos de esos delitos dejarlos como excluyentes o sacarlos todos. Creo que está bueno ir hacia la modernización y corregir el Código del Proceso, que estuvo muy bueno en el arranque, pero después sabemos que tiene errores. Si eso no funciona, si esto no es aceptado, obviamente se tiene que sacar y que sigan excluyéndose esos delitos de la posibilidad de la libertad anticipada”.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, apuntó que el artículo se eliminará para evitar “malas interpretaciones” y se buscará una redacción “de consenso”.

En tanto, la senadora oficialista Bettiana Díaz rechazó las críticas de la oposición y afirmó que es “una falta de respeto a la inteligencia de la población” sostener que el gobierno busca liberar personas privadas de libertad. En rueda de prensa, subrayó que cualquier eventual excarcelación depende de decisiones judiciales y que no corresponde estimar cuántas personas podrían acceder a ese beneficio. Según la legisladora del MPP, el compromiso de la bancada es no votar ese punto, aunque sí continuar la discusión sobre medidas alternativas.

Continúa en: Senado autorizó por unanimidad viaje de Orsi a España para la cumbre “En defensa de la democracia”

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La Tertulia de los Miércoles con
Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano, Fernanda Maldonado y Daoiz Uriarte

El presidente Yamandú Orsi confirmó que viajará a España para participar en el encuentro “En defensa de la democracia”, convocado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, remarcó que no asistirá a la Movilización Progresista Global, organizada, en paralelo, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya que ese evento se ubica “en el borde” de lo que la Constitución permite en materia de participación partidaria para un presidente.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin indicó que el viaje será breve, de unas 24 horas, y que Orsi mantendrá reuniones bilaterales con Sánchez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y posiblemente con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Según explicó Lubetkin en rueda de prensa, los encuentros permitirán repasar vínculos bilaterales con México, avanzar en cooperación con España y explorar oportunidades comerciales con África. Además, el mandatario enfocará su participación en el fortalecimiento del multilateralismo y en un mensaje amplio sobre estabilidad democrática y paz.

En la mañana de ayer, el Senado autorizó por unanimidad la salida del país entre el 16 y el 19 de abril. El senador colorado Andrés Ojeda, que había planteado reparos si Orsi asistía al evento del PSOE, valoró la decisión del presidente y dio su apoyo a la autorización.

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Foto: adhocFotos / página web Cardama

La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte

La decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama abrió un nuevo frente político y jurídico en torno a la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2023, durante la administración anterior, por un monto superior a los 82 millones de euros.

El viernes, el presidente Yamandú Orsi confirmó la decisión que ya había adelantado en octubre pasado, cuando anunció la presentación de una denuncia penal. Ahora, en una conferencia de prensa realizada tras un Consejo de Ministros celebrado en la Torre Ejecutiva, el mandatario informó que el Poder Ejecutivo resolvió dar por terminado el contrato y avanzar en acciones para defender los intereses del Estado.

“Después de recorrer todo este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad, incluso, de resolver y de poder caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones. La primera: rescindir el contrato de suministro con la empresa Cardama por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios. Segundo: iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo. Tercero: definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello. Y por último, procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”.

El núcleo del planteo del gobierno está en las garantías exigidas para que el contrato entrara en vigor. Según ya habían indicado las autoridades el año pasado y se confirmó en estos meses, la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama (emitida por la firma inglesa EuroCommerce) era falsa.

Recientemente se agregó que la garantía de reembolso no cumplía con lo pactado, ya que el documento presentado no era una póliza válida sino un escrito que detalla “términos y condiciones”.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo que se trata de incumplimientos graves que habilitan la rescisión unilateral del contrato conforme a la normativa vigente.

“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato. La pregunta que nos hemos hecho estos días es por qué causa, razón, motivo o circunstancia no se agregó la póliza real. Y la única explicación razonable que hemos encontrado –salvo que a alguien se le pueda ocurrir otra, y estoy abierto a escucharla– es que no se agregó porque, como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”.

Continúa en: Viajes de delegaciones al exterior: Una nueva polémica

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Foto: @Constanza_FA

La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte

La semana pasada, el viaje de una misión oficial de Uruguay a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, generó un cruce fuerte entre legisladores del oficialismo y la oposición sobre la pertinencia y el costo político del viaje.

La delegación, de 23 miembros, se hizo presente para rendir cuentas en nombre del país ante el organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado que obliga a los Estados partes a garantizar derechos como la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva cuestionó el viaje y escribió en su cuenta de X: “Hay una asamblea de zurdes en Ginebra”. Por su parte, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz, que fue parte de la delegación, le contestó: “Vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de Lacalle: informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas. Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política”.

Da Silva le respondió pidiendo explicaciones sobre los motivos del viaje y la cantidad “de burócratas” que integraron el grupo. “¿Cuál es la necesidad de tanto burócrata?, ¿cuál es la trascendencia de tres senadores en el hacerse cargo?, ¿qué hicieron?, ¿cuál es el aporte determinante?, ¿cuál es el antes y el después de una reunión al santo botón que NO le cambia la vida a nadie, excepto a los que van al Mont Blanc con la plata del pueblo?”, cuestionó.

A raíz de esta polémica el periodista Diego Martini Lemos publicó en su cuenta de X que en 2024, último año de la administración de Luis Lacalle Pou, 24 funcionarios de varias instituciones viajaron también a Ginebra para comparecer en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Guillermo López,
Daoiz Uriarte y Lucía Zapata

El ministro del Interior, Carlos Negro, protagonizó un siniestro de tránsito el jueves pasado cuando se trasladaba en su vehículo particular y chocó a una moto en un cruce que estaba señalizado con un cartel de Pare. El hecho, que se divulgó el viernes, ocurrió en el Cerrito de la Victoria.

Según la pericia de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, en el momento del siniestro Negro circulaba con la libreta de conducir vencida. La espirometría que se le realizó en el lugar dio negativo.

El motociclista, de 25 años de edad, no utilizaba casco y no contaba con libreta de conducir. El joven fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado durante dos días por un traumatismo en la pierna derecha, con luxación de cadera y rodilla. Recibió el alta médica el sábado y ahora continuar su recuperación en domicilio.

Por su libreta vencida el ministro fue multado por los agentes policiales. Luego, el juez de faltas que intervino en el incidente le dio a Negro un plazo de 60 días para que presente el permiso actualizado.

El episodio generó reacciones diversas en la oposición.

En el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani reclamó la “renuncia” inmediata del ministro, al considerar que “quien debe velar por el cumplimiento de la ley de tránsito fue el primero en incumplirla”, y comparó este caso con el de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo.

En la misma línea, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi sostuvo que, de confirmarse los hechos, en “un país serio” la situación ameritaría una dimisión inmediata. Otros dirigentes blancos, como Rodrigo Blás, calificaron el episodio de “inexcusable”. Mientras tanto, el senador Sebastián Da Silva evitó pedir la renuncia: “En las mejores familias pasan este tipo de cosas”, dijo Da Silva y agregó: “Yo, por las dudas, voy a ver cuándo vence la mía. Que se recupere el gurí”. De todos modos, cuestionó que el ministro se desplazara sin chofer ni custodia.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala consideró que Negro no debería renunciar, pero sí dar explicaciones públicas y pedir disculpas, dado que está al frente de las unidades policiales encargadas de fiscalizar las normas de tránsito.

Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone relativizó el caso al señalar que tener la libreta vencida “le puede pasar a cualquiera” y afirmó que al ministro debe juzgárselo por su gestión, no por este episodio puntual.

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, calificó como “absolutamente exagerado” el pedido de alejamiento del ministro y expresó su deseo de pronta recuperación para el joven accidentado.

El caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía.

Continúa en: Ajuste de la Patente de Rodados: Andújar (PN) criticó excesos y reclamó que el Parlamento intervenga

Operativo Calle: Es una "buena señal del gobierno" en política de seguridad… y otros telegramas

La entrada Ministro Carlos Negro chocó a una moto sin respetar cartel de Pare y con libreta vencida se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

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Martín Bueno, Guillermo López,
Daoiz Uriarte y Lucía Zapata

Desde los primeros días de enero, el valor de la Patente de rodados es un tema que genera quejas en las redes sociales y discusiones en charlas informales. El jueves pasado el asunto llegó al Parlamento.

El diputado nacionalista Sebastián Andújar cuestionó en la media hora previa de la Comisión Permanente el funcionamiento del SUCIVE, el precio de las patentes de rodados y el sistema de multas de tránsito.

Andújar recordó que el SUCIVE fue creado para ordenar, transparentar y terminar con el clientelismo en el cobro de patentes entre departamentos, pero sostuvo que con el paso del tiempo “se transformó en algo muy distinto a lo que se había prometido”.

El legislador señaló que el precio de las patentes resulta en muchos casos “claramente desproporcionado” en relación al valor real de los vehículos, al uso efectivo que tienen y, sobre todo, a la capacidad contributiva de sus propietarios.

Advirtió además que el sistema de patentes se ha convertido, en los hechos, en un respaldo financiero para las intendencias. Por ejemplo, sobre este punto profundizó en entrevista el viernes pasado aquí En Perspectiva:

“Hoy el Sucive es el aval bancario que tienen todos los gobiernos departamentales, todos los fideicomisos que se realizan en los gobiernos departamentales se hacen con la garantía del Sucive, o sea, los derechos de cobro de estos tributos se destinan al pago de aquellos que invierten en deuda pública departamental para que las intendencias puedan solventar obras, entonces la necesidad de la intendencia es ensanchar esa recaudación permanentemente para tener más posibilidades de crédito porque ya están, hace mucho tiempo, en la rosca de que lo único que pueden hacer o del único lugar que pueden obtener liquidez para poder llevar adelante las transformaciones que quieren hacer es a través de los fideicomisos”

Andújar también cuestionó el sistema de multas de tránsito y el uso masivo de radares y cámaras. “Se habló de educación vial, pero hace tiempo dejó de ser educación. Hoy es recaudación. Se sustituyó al inspector por la máquina que multa. Eso ha generado una bronca generalizada en todo el país”, dijo.

Y agregó: “Hay multas que tienen un tinte confiscatorio. Incluso se multa por no pagar la patente, sin analizar si esa persona no pudo hacerlo por problemas económicos. Es castigar dos veces al mismo ciudadano”.

Para Andújar, la situación configura “una injusticia tributaria” y un “exceso de poder de los gobiernos departamentales”.

El nacionalista terminó su alocución señalando que “respetando la autonomía departamental, el Poder Legislativo tiene que intervenir en los montos, en el tipo de multas y en los valores de las patentes”, sostuvo. Así lo explicaba acá durante la entrevista:

“El Poder Legislativo puede legislar por los criterios comunes de las sanciones, puede legislar por los topes, por los rangos, por el tipo de faltas que se sancionan, puede legislar también por los procedimientos de cobro y de recursos que surgen a través del tributo patente de rodados”

Finalmente, convocó a todos los legisladores a trabajar en una solución de fondo: “Esto nos va a traer diferencias, porque cada uno después tiene que responder en su departamento. Pero esto es proteger a la gente y, sobre todo, al que trabaja y necesita su vehículo para vivir”.

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