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EN PERSPECTIVA
Miércoles 16.9.2015
Actualizado viernes 18.9.2015

¿Recuerdan cuándo cayó la banda que había secuestrado de la doctora Milvana Salomone? Fue a mediados del mes de junio. En ese momento tanto el director nacional de Policía, Julio Guarteche, como el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, informaron que el Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Dirección de Cárceles) estaba preparando un módulo especial en la cárcel de Santiago Vázquez (Comcar) para recluir a quienes cometen este tipo de delitos. En ese sector, los procesados permanecerían aislados, vestidos con uniformes, sin acceso a radio ni otros beneficios, y, en general, en condiciones de “mayor dureza”. Mientras se acondicionaba ese espacio, los detenidos permanecerían semiaislados en la ex Cárcel Central.

La justificación que se esgrimió para implementar un sistema así fue que se quería evitar que los delincuentes pudieran compartir su conocimiento con otros criminales. En definitiva, se buscaba cortar de raíz cualquier posibilidad de que la “moda” de los secuestros, que en otros países de la región ha crecido tanto, se fuera extendiendo en Uruguay.

¿Qué ha pasado desde entonces, en estos tres meses? Según las averiguaciones que realizó En Perspectiva, varios de los procesados por el caso Salomone aún siguen en el edificio de la ex Cárcel Central, más precisamente en el Piso 5. Son más de 20 los presos alojados allí, donde efectivamente se puso en práctica el régimen de aislamiento. Sin embargo, aparentemente, el rigor habría sobrepasado algunos límites razonables. Incomunicación, falta de servicios sanitarios en las celdas, restricciones a salidas al patio, problemas con la higiene, la medicación y la alimentación son ejemplos de las condiciones duras que rodean a esos detenidos, que algunos de sus abogados han denunciado como violatorias de los derechos humanos y que, según dicen, hasta han motivado varios intentos de suicidio.

Tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), como la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario (Ocpsc) están trabajando sobre el tema. A comienzos de julio, las dos entidades recibieron escritos presentados por uno de los abogados de los procesados por el secuestro de Milvana Salomone. Unos días después, realizaron visitas al lugar y confirmaron la situación de excepción. De todos modos, a partir de ese momento sus gestiones se han topado con dificultades, por lo que no han podido avanzar como esperaban.

¿Cómo es esta situación en la que se encuentran los internos?

Veamos en qué consisten las denuncias. Uno de los reclamos refiere al régimen especial que regula las visitas y que dificulta el intercambio tanto con sus abogados como con los familiares.

También objetan las restricciones en la alimentación, que está limitada exclusivamente a la que proporciona la cárcel, prohibiéndose otros productos aportados por los familiares, algo que, en cambio, se permite a los internos de otros pisos.

Las condiciones de higiene son otro punto crítico. Estos presos no cuentan en sus celdas con servicios sanitarios y la posibilidad de acceso al baño depende de que un guardia los conduzca. Sin embargo, como la cantidad de personas alojadas allí ha ido en aumento, se generan demoras que muchas veces obligan a los internos a orinar dentro las celdas, en recipientes que luego deben ser vaciados en el pasillo. Tampoco les es permitido contar con artículos de limpieza, por lo que están impedidos de higienizar ellos mismos las celdas que ocupan.

Aducen también que se les prohíbe el ingreso de abrigos, por lo que su vestimenta queda limitada al uniforme que les proporciona la cárcel, que es cambiado una vez por semana.

Estas personas señalan, por otro lado, que tienen reducidas severamente sus salidas al patio. Por ejemplo, dos de los procesados por el secuestro de Salomone sostienen que sólo han conseguido hacerlo una vez desde que la Justicia dispuso su enjuiciamiento, el 17 de junio pasado. Esa salida duró media hora, durante la cual debieron permanecer con los grilletes puestos.

Según pudo saber En Perspectiva, ninguna de estas restricciones fue dispuesta por la jueza que está a cargo de la causa, sino que corresponden a órdenes directas del Ministerio del Interior.

Los reclusos que han presentado estas denuncian afirman que el aislamiento al que están expuestos ha ocasionado en ellos graves consecuencias psicológicas y destacan que allí han ocurrido ya cuatro intentos de suicidio y dos traslados al Hospital Vilardebó. Algunos de ellos también iniciaron una huelga de hambre seca, que se interrumpió al cabo de unos días.

En una de las primeras denuncias cursadas a la Inddhh y a la Ocpsc, a comienzos de julio, también se alertaba sobre lo que ocurría con algunos reclusos con problemas de salud que, pese a que requerían medicación específica, no la estaban recibiendo. El caso más grave era el de uno de los procesados por el caso Salomone, de 73 años, afectado por un cáncer de próstata que debía pasar por controles periódicos, algo que se interrumpió cuando ingresó a la cárcel. La situación recién cambió el 24 de julio, cuando esta persona pasó a régimen de prisión domiciliaria y pudo recuperar su tratamiento.

Un dato más. Mientras estas condiciones persisten, algunos de estos presos siguen siendo convocados por la Justicia a declarar por los delitos por los que fueron procesados y aún son investigados.

¿Cómo han procedido la Inddhh y la oficina del Comisionado Parlamentario?

Si bien la Inddhh y la Ocpsc prefirieron no hacer declaraciones mientras avanzan en la investigación sobre el caso, En Perspectiva supo que han intercedido en el tema.

Luego de tomar conocimiento de las denuncias y de efectuar una visita sin anuncio previo, la Inddhh cursó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, una carta recomendando el cese del régimen de aislamiento e incomunicación de esas personas. Sin embargo, las condiciones no variaron sustancialmente desde entonces. Los reclusos sí consiguieron que en las celdas se les colocara luz, que no había funcionado por lo menos en las dos primeras semanas de prisión. La Inddhh seguirá trabajando sobre el tema en estos días a la espera de una resolución de su Consejo Directivo.

Por su parte, la Ocpsc se ha visto limitada para continuar con el seguimiento de estas denuncias. Luego de recibida la primera notificación de uno de los abogados (el 2 de julio), que motivó una primera visita de sus técnicos al piso 5, el 10 de julio la oficina cursó su propia comunicación al ministro Bonomi en la que se le planteaba la situación. Una semana más tarde (17 de julio), la Ocpsc debió suspender las visitas a todas las cárceles hasta nuevo aviso, con lo que se queda sin una herramienta prevista, entre otras cosas, para constatar cuáles son las condiciones de confinamiento. Según pudo saber En Perspectiva, la orden -que fue trasmitida en forma verbal por la secretaría del Senado en nombre del vicepresidente Raúl Sendic- no vino acompañada de la fundamentación correspondiente.

En cuanto a las gestiones con el Ministerio del Interior, luego de la carta dirigida a Bonomi, que no fue respondida, y ante la recepción de nuevas denuncias de los abogados enfatizando que la situación se mantiene, la Ocpsc cursó el pasado 7 de setiembre una nueva misiva, esta vez, dirigida a la Asesoría Penitenciaria del ministerio. Esta tampoco ha sido contestada hasta ahora, según las fuentes consultadas por En Perspectiva.

Falta el punto de vista del Ministerio del Interior

Por último, una aclaración. En la tarde del lunes 14 de setiembre, sobre las 18.15, la producción de En Perspectiva procuró ubicar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para tener su punto de vista sobre este tema. Sus asesores explicaron que en ese momento ya era imposible acceder al secretario de Estado.

Ayer volvimos a intentarlo, pero se nos respondió que Bonomi estaría ocupado por su visita al Parlamento para analizar las disposiciones que involucran a su cartera en el proyecto de ley de Presupuesto. A su vez, también nos informaron que por el momento, él era el único autorizado a hablar de este tema. Esperamos poder concretar esa comunicación con el jerarca en las próximas horas.

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ACTUALIZACIÓN
Viernes 18.9.2015

El miércoles 16 de setiembre, luego de divulgado el informe de En Perspectiva, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que explica las condiciones de reclusión de los presos del Piso 5 de la ex Cárcel Central. Allí señala que efectivamente se está instrumentando en ese sector “un régimen de reclusión especial” de máxima seguridad justificado por el “grado de violencia de los delitos cometidos” así como la “alarma pública que produjeron los mismos en la población uruguaya”. De todos modos, aclara que los internos “no están en aislamiento”.

Hoy, viernes 18 de setiembre, la Institución Nacional de Derechos Humanos dio a conocer un informe (fechado el 7 de setiembre) en el que cuestiona la situación en ese sector del Piso 5. El documento puntualiza que, si bien la autoridad penitenciaria tiene la facultad de “establecer regímenes especiales de separación para los delincuentes de extrema peligrosidad considerados irrecuperables o con características especiales”, estos deben estar reglamentados conforme a la normativa nacional e internacional y ser de conocimiento de las personas que están sujetas a ellos. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha dado a conocer este reglamento. A su vez, la institución también denuncia la existencia allí de un grupo de personas que todavía no ha sido diagnosticado y que, por lo tanto, no presenta justificación para estar recluido bajo un régimen de estas características.

Enlace relacionado
Situación de reclusos en 5º piso de la ex Cárcel Central, comunicado del Ministerio del Interior

Documento relacionado
Informe de la Inddhh sobre la visita a la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropolitana

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Foto en Home: Cárcel Central de la Jefatura de Policía de Montevideo, San José y Carlos Quijano (ex Yi). 19 de julio de 2007. Crédito: Carlos Contrera/CdFM

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EN PERSPECTIVA
Jueves 27.08.2015, hora 10.16

ROMINA ANDRIOLI (RA) —El sindicato de funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] convocó para hoy un paro de 24 horas contra lo que considera un “atropello judicial” por el procesamiento de 26 trabajadores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa].

A su vez, el gremio presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia por lo sucedido durante el traslado de 19 jóvenes de un centro a otro el domingo pasado, en el cual varios de ellos resultaron heridos.

Mientras tanto, la crisis en el Sirpa tuvo también repercusiones políticas en el gobierno. Ayer Edgar Bellomo, uno de los directores de la Comisión Delegada de esta institución, que había sido designado por el Poder Ejecutivo, presentó su renuncia al cargo por diferencias de estilo en la conducción con la directora del Sirpa, Gabriela Fulco.

Vamos a profundizar en esta noticia, estamos en línea con Bellomo.

¿Qué es lo que lo llevó a tomar esta medida? ¿En qué consisten exactamente esas diferencias de estilo que tiene con Fulco?

EDGAR BELLOMO (EB) —Creo que hay una serie de factores: algunos desencuentros, alguna idea no compartida, aunque en general los principios, el interés o la intención por la capacitación de funcionarios, más horas de actividad para los jóvenes, menos encierro, respeto irrestricto de los derechos humanos –de los jóvenes, de sus familiares y de los funcionarios también–, son objetivos compartidos.

¿Por qué el problema de estilo? Primero porque, la verdad, yo no estoy dispuesto a avalar este estilo de confrontación que lleva adelante la presidenta Fulco. Yo conocía su nivel de exigencia porque la conozco, mantuvimos una muy buena relación siempre, y hemos tenido actividades y trabajos en conjunto desde la época del Grupo Tripartito de Trabajo para el Mejoramiento del Sistema Carcelario, yo como diputado, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, ella representando al Ministerio del Interior.

RA —Estamos hablando del año 2002, 2003, más o menos, ¿no?

EB —Estamos hablando de esos años, y después coincidimos, si bien no en la misma tarea, en el período 2010-2015 en el Ministerio del Interior. Ella era asesora en materia penitenciaria, tuvo mucho que ver con la reforma penitenciaria, con lo que es hoy el Instituto Nacional de Rehabilitación, y con muchas mejoras que indudablemente se introdujeron en el sistema. Yo estaba en ese momento al frente del programa Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana.

Ese estilo de confrontación, que yo no suscribo y que creo que no es bueno –nunca y menos en este momento–, sumado a no tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia y el esfuerzo que uno notaba –de muchos funcionarios de a pie, pero también de muchos técnicos y profesionales– y a un aval explícito que la ministra [de Desarrollo Social] Marina Arismendi hace de esta labor, no me dejan espacios para otra cosa que dar un paso al costado. Reitero: sigo compartiendo los objetivos, esa idea que todos tenemos de ayudar y contribuir a mejorar un sistema. Creo que no va a ser de esta forma, creo que no está siendo de esta forma, pero veremos cómo sigue.

RA —Veía en su carta de renuncia, la que presentó a las autoridades del INAU que publica el diario El Observador. Allí usted dice concretamente que “la falta de calificación puede ser una limitante a la hora de la gestión, pero no puede ni debe ser motivo de descalificación”. ¿Usted entiende que Fulco está descalificando a los funcionarios del Sirpa?

EB —Yo creo que en algunos casos puede haber descalificación, pero lo que es seguro que hay es desoír, o de otra forma, un no escuchar…

RA —¿En qué casos, concretamente?

EB —Hay casos que no voy a dar públicamente porque hasta temo que terminen en consecuencias para la gente que los vivió. Pero cuando usted a un funcionario le dice: “Arrégleme eso”, le dicen: “Pero mire que eso lo hicimos así, está provisorio porque mañana…”, y responde: “Bueno, no, pero hay que hacerlo de tal o cual forma”, desconociendo la experiencia, el esfuerzo, lo que ya se ha hecho, y no contando a veces –cuando creemos que otras cosas son las mejores, y puede que se tenga razón– con la alternativa suficiente…

Pongamos un ejemplo: anunciaron el cierre de Colonia Berro. Le confieso que antes de ingresar como parte del equipo compartía este esquema, porque como presidente de la Comisión de Derechos Humanos habíamos estado con el entonces diputado y médico [Jorge] Gallo ante un brote de sarna en Colonia Berro en 2002, 2003. Lo que me quedó impregnado en aquel momento en la nariz es ese olor del porro […] mezclado con el guiso, que era día y noche y no había otra cosa, y una falta de higiene importante que yo había observado en Berro. Iba con el preconcepto de cerrarla, lo compartía, pero cuando tuve la oportunidad de visitar, ahora, distintos hogares de Berro, algunos hay que cerrarlos, lo tengo claro, pero otros se están reabriendo entre otras cosa porque no hay una alternativa ante la rotura de los centros –que es otro tema aparte–. Cuando veo que hoy Berro presenta otros olores, otra higiene, veo mucho más pulcros a muchos de los hogares; veo que en la alimentación hay carne, hay milanesa más seguido, de repente no es la alimentación ideal y balanceada, pero ya no es el guiso siempre; que hay un entorno de la naturaleza que favorece, ayuda a la reinserción y la rehabilitación, que permite el cultivo y la crianza de animales; que hay canchas de fútbol, en Berro que no podemos tener en Montevideo en este régimen prácticamente carcelario que hay construido –de lo cual no tiene la culpa Fulco–…Lo que tenemos hoy para ofrecer no es mejor que Berro. Se generan temores e inestabilidades porque no se atiende la palabra, la opinión y la experiencia del otro. En ese proceso refundacional parece no servir nada de lo anterior. Yo eso no lo comparto.

RA —Esa es una de las críticas que le hace el sindicato también, que desde que está ella al frente de la gestión se desconoce lo que se hizo en la gestión pasada y se viene a derribar lo que ellos consideran algunos avances. ¿Usted comparte eso, entonces?

EB —Esto que usted me dice sí, no sé si es exactamente lo que dice el gremio, si coincide o no. Porque también seamos justos: el gremio desde antes de asumir Fulco estaba planteando sus reparos por determinadas situaciones anteriores, que yo eso no lo comparto. Esto que usted dice sí, por supuesto, lo comparto.

RA —Usted presentó la renuncia, ¿ya se la aceptaron?

EB —Bueno, mire, no lo sé. Yo recorrí el camino orgánico habitual: presenté en INAU, que es la institución que nos designa, porque la Comisión Delegada es todavía una comisión del INAU designada por éste y delegada en sus funciones, y dejé la copia de esa carta ya recibida por INAU en el Sirpa, que tenía lugar ayer reunión de la CD. Con total franqueza, y no le oculto información, nadie me ha llamado, ni a nadie de los compañeros o ex compañeros he llamado, sólo he manifestado que transcurran los plazos legales, lo que tenga que ocurrir. Se me explicaba jurídicamente que esto tiene que ser considerado, elevado y que hay determinadas cosas que pueden llevar más allá de la voluntad de la aceptación de la renuncia, que pueden llevar un proceso de 15 días entre la aceptación y las nuevas designaciones. Lo cierto es que, más allá de que el régimen que me corresponda sea el de tomar días de licencia, estar en inactividad, yo he manifestado mi decisión de no volver a Sirpa en estas condiciones, con esta conformación.

RA —Viéndolo ahora casi desde afuera, ¿qué es lo que le preocupa de qué consecuencias puede tener esta conducción y este enfrentamiento que hay hoy en día entre el sindicato del INAU y la directora?

EB —Yo no quiero que se me tilde de vanidoso ni de desubicado. Realmente yo hago este gesto porque no tenía espacio y porque espero que sea una señal que ayude a recapacitar, a lo que los chicos llaman “bajar un cambio”, porque la situación tuvo picos muy altos y muy críticos en este fin de semana. Yo ya había tomado la decisión de renunciar el sábado, luego de ir a Colonia Berro, y se la comenté a algunos compañeros, pero el domingo seguí por la prensa la situación, el lunes le avisé al conjunto de los compañeros formalmente que me retiraba, que iba a culminar unos trámites para que no se enlentecieran por la falta de mi firma en el expediente, etcétera, y que en la primera oportunidad, eso iba a ser al día siguiente hábil, que era ayer, presentaría la renuncia.

Veo con buenos ojos que se ha instalado, con la mediación del Ministerio de Trabajo, una mesa que tendrá un subgrupo que va a estar trabajando en ese famoso protocolo, que hay y que no hay, pero que tiene que ver con la seguridad jurídica y física de los funcionarios que tengan que reducir eventualmente a los chicos o acompañarlos a la pieza, a la celda, en el momento en el que este no quiera. Porque una de las cosas que va a pasar es que, si bien hay carencias enormes de funcionarios –a nivel de cantidad más que de calidad–, que pueden ser sustituidos con otros funcionarios o con participación de organización no gubernamentales… Lo cierto es que se tiene que volver a un cotidiano que hoy no se está teniendo y que todos queremos, todos lo anunciamos y me consta que es la intención de todos que [los jóvenes] tengan más horas de actividad y menos de encierro.

Cuando terminado el taller de percusión, donde no va a haber ningún problema y si usted le pregunta al educador él le va a decir que con él estuvieron bárbaro, se les diga [a los jóvenes]: ahora hay que ir a cenar, a bañarse y de vuelta a la celda, y alguno o algunos digan que no, ¿quién y cómo los va a guardar? Creo que este es un debate que se está debiendo la sociedad, libre de prejuicios y, por favor, libre de hipocresía. Tuve el inmenso honor de presidir la Comisión de Derecho Humanos, me considero una persona respetuosa de los derechos humanos de todos, pero también vamos a entendernos: hay protocolos que a la Policía le son permitidos y a los funcionarios no. Ahora, los funcionarios terminan siendo procesados por tortura, por ejemplo, y de repente otros funcionarios del Estado no.

No quiero abrir juicios de valor, me llevé yo también una sorpresa con esta resolución, pero no quiero hablar más que esto: solo digo, pongámoslo desde el punto de vista del funcionario, ¿quién es el que va a estar dispuesto a ir a soportar negativas, a enfrentar algún insulto, alguna provocación, cuando no una agresión, y que su proceder, para que la medida se cumpla, entre otras cosas, porque si no se está alentando a que todos los demás se alcen contra las directivas? Cuando se exceda, o no, y sea denunciado y sea probado o no, ¿cuál es el futuro que le corresponde? Yo llamo a gente, la invito para que venga a colaborar pero después la voy a tener que denunciar porque los malos tratos o el forcejeo… Esto es de lo que tenemos que hablar sin tapujos y realmente con sinceridad para buscarle una solución. No sé si es el famoso punto medio o no, sé que no podemos continuar como estamos hoy.

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Transcripción: Andrea Martínez

La entrada Director del Sirpa renuncia como señal que ayude a "bajar un cambio" en la institución se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

EN PERSPECTIVA
Viernes 21.08.2015, hora 7.50

EMILIANO COTELO (EC) —La fiscal Adriana Umpiérrez pidió el procesamiento con prisión de 26 funcionarios que participaron en la golpiza ocurrida en el hogar Ceprili, del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente [Sirpa], y que quedó registrada en un video que se hizo público. El dictamen fiscal aseguró que en esos hechos hubo un trato "cruel, inhumano y degradante" hacia los internos del hogar y por esa razón el delito que eligió tipificar fue el de "tortura".

El juez en lo penal Gustavo Iribarren citó hoy a los 26 funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] involucrados en este pedido fiscal. Tiene 45 días para expedirse.

Pero el tema está en la agenda por varios lados, en particular por el lado de repercusiones en el plano político. Hoy comparecía en el Parlamento, a partir de las 9.00, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.

En este llamado a sala el miembro interpelante, es el diputado colorado Tabaré Viera, quien no sólo pedirá explicaciones sobre las políticas y protocolos de actuación con respecto a los menores infractores, sino también sobre los hechos ocurridos en dependencias del INAU, concretamente en un hogar en Rivera, que terminaron con dos jerarcas procesadas.

Vamos a conversar con el diputado Viera

ROMINA ANDRIOLI (RA) —No podemos comenzar sin preguntarle cómo recibió la noticia de ayer, sobre el pedido de la fiscal de procesar con prisión a 26 de los funcionarios que estuvieron involucrados en el episodio del Ceprili. ¿Se lo esperaba usted?

TABARÉ VIERA (TV) —Sí, yo esperaba que hubiera pedidos de procesamiento, era evidente que el video mostraba una maniobra con exceso de fuerza y con puntapiés incluso por parte de un funcionario. No me imaginé que iban a ser 26, pero de cualquier manera vamos a ver cómo sigue, esto es la vista fiscal…

RA —Sí, de todas formas estos son procesamientos con prisión, ¿no?, por lo menos el pedido.

TV —Claro, porque el delito de tortura que tipifica la fiscal no es excarcelable, tiene pena de penitenciaría, va de suyo que es con prisión. De cualquier manera, era evidente que allí hay responsabilidades, [pero] no sé si el juez va a compartir la de los 26, porque es claro también que no todas las participaciones son iguales. De hecho, la fiscal solicita [procesamientos] por autoría, co-autoría y cómplices. Así que vamos a ver.

Yo lo que digo es que este hecho, desgraciado, condenable, no puede quedar solo en la responsabilidad objetiva de los funcionarios allí actuantes.

RA —Sobre eso le iba a preguntar porque hasta ahora veníamos hablando de la parte judicial, ¿pero de qué modo esto altera lo que usted piensa trasladarle hoy a la ministra Arismendi, cuando comience la interpelación?

TV —Esto muestra que las políticas, los protocolos de actuación del Sirpa -y creo que de otros sectores del INAU- no están bien, es lo que le vamos a preguntar. Le vamos a narrar una serie de hechos, vamos a comentar informes de distintas organizaciones internacionales y civiles, denuncias… y saber, porque además la ley mandata al INAU a tener, entre otras cosas, un centro de capacitación de funcionarios. Más allá de la responsabilidad penal de los actuantes hay una responsabilidad de las políticas, de quienes hacen las políticas, de quienes tienen los controles y que tienen la obligación de tomar funcionarios adecuados y de capacitarlos adecuadamente. Ahí la ministra es la responsable.

RA —En ese sentido, ¿entiende que las responsabilidades recaen en la ministra Arismendi? Porque la política en el Sirpa ha cambiado desde que asumieron las nuevas autoridades, por ejemplo con la nueva directora, Gabriela Fulco, que muestra otro tipo de políticas a aplicar. De hecho fue ella la que realizó la denuncia con este video, y la ministra incluso la acompañó al juzgado a presentar la denuncia.

TV —Sí, hay una actitud que tiene que ver con denunciar los hechos, pero queremos saber más, queremos saber para adelante cuáles van a ser las políticas. Por eso creo que es importante que el Parlamento participe y escuche las explicaciones. Hubiéramos querido que nos votaran el régimen de comisión general, finalmente estamos interpelando porque el Frente Amplio no cedió sus votos para que fuera una comisión general donde pudiéramos conversar lo que vamos a conversar hoy también.

Pero la responsabilidad política siempre es de la ministra, así está establecido en la propia Constitución de la República.

RA —¿Pero cómo ve los cambios que se han comenzado a instrumentar con la nueva política a raíz del cambio de autoridades? Porque estamos hablando e hechos que desde hace tiempo que distintas organizaciones sociales, la Institución Nacional de Derechos Humanos, vienen manifestando que es justamente un problema el trato que reciben los menores que están internados en los hogares del Sirpa.

TV —No es solamente [es el problema del trato], es la falta de políticas, las condiciones edilicias y de convivencia… hay muchas cosas que están observadas. El gobierno es uno solo, las políticas deberían estar implementadas desde el año 2011, cuando votamos la ley 18.771, que entre otras cosas creó al Sirpa. Por lo que dice la ley a texto expreso en el artículo 1º ya debería haberse instalado el nuevo instituto como órgano desconcentrado de atención a los menores infractores, el Sirpa era nada más que una etapa intermedia…

RA —Sí, el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento el nuevo proyecto de ley que propone sustituir al Sirpa por el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente, con el cual el Sirpa pasa a ser un servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social.

TV —No es el Sirpa, porque tiene que ser independiente del INAU absolutamente. Eso debió hacerse, lo decía la ley, dentro del período pasado, a los dos años de haberse votado esta ley. Hay allí ya un atraso, una omisión, la responsabilidad es del gobierno. Además en ese tiempo el Sirpa debió hacer una cantidad de acciones que queremos saber si se hicieron, cómo se hicieron, no fue falta de recursos porque dinero tuvo, presupuestalmente estuvo bien el Sirpa. Hubo obras, están incluso hoy en observación… De todas estas cosas tendrá que dar explicaciones, también sobre algunos hechos, temas que tienen que ver no solo con el Sirpa sino también con otros proyectos y programas del INAU, como es el Servicio de Cuidado Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hechos que están pasando en algunos hogares, en Rivera, en Melo…

RA —Sobre eso le iba a preguntar, porque usted también tenía previsto interrogar a las autoridades sobre los hechos que ocurrieron en Rivera, donde dos jerarcas fueron procesadas por el delito de "omisión contumacial de los deberes del cargo". En este caso fue por no adoptar medidas preventivas en el caso de dos niñas, de 15 y 13 años, que eran explotadas sexualmente por adultos cuando se fugaban de un hogar de amparo del INAU. ¿Cuáles son las explicaciones que espera de las autoridades por este tema?

TV —Justamente las declaraciones que terminan con el procesamiento de las autoridades locales indican falta de todo: de recursos, de programas, de atención, omisión a sus propios deberes. Estas dos menores estaban embarazadas, una de ellas ni siquiera sabían las autoridades, tiene 13 años… Realmente muestra desidia y falta absoluta de programas, de planes y de controles.

Algo parecido fueron los hechos de Melo, otro tanto pasó en Salto, está pasando en distintos hogares de este programa. En todas estas cosas nos parece imprescindible que el Parlamento esté presente, que en ese ámbito la ministra dé explicaciones, cuente cuáles son sus planes y podamos nosotros también hacer nuestro aporte.

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Transcripción: Andrea Martínez

La entrada Tabaré Viera (PC) sobre el Ceprili: “Este hecho no puede quedar solo en la responsabilidad de los funcionarios” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Para la ex fiscal lo que más preocupa es la cantidad de niños que están en sistema de tiempo completo. Según Guianze eso trae como consecuencia un mal desarrollo físico y psíquico de ellos porque “un orfanato nunca es un lugar adecuado”. Por eso, aseguró que “hay que tender a la desinternación”.

EN PERSPECTIVA
Viernes 10 de julio, hora 10.15

ROMINA ANDRIOLI:
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), presentó el lunes al directorio del INAU su primer informe global sobre los monitoreos realizados desde mediados de 2014 a 44 de los 182 centros que conforman el Sistema de Protección de Tiempo Completo de Niños, Niñas y Adolescentes desde el nacimiento hasta los 18 años.

Más de 4.000 niños se crían y duermen en centros de protección estatales. Llegaron allí por sufrir violencia o explotación sexual, por consumo de drogas, problemas psiquiátricos o porque sus padres no tienen recursos económicos para sustentarlos. No se trata en este caso de menores que hayan cometido delitos.

Ayer los matutinos El Observador y La Diaria dieron cuenta de esos informes y de los aspectos que de allí surgen. Pero quizás lo que más llamó la atención fue algo que se narra en uno de los documentos a propósito del Centro Tribal, en Montevideo.

Testimonios de internados y denuncias tomadas por organizaciones sociales y presentadas a la Defensoría del Pueblo relatan las malas condiciones en su paso por Tribal, especialmente en un espacio denominado “cuarto de contención”, donde suele practicarse el amarrocamiento. Esto es, dejar al individuo en el suelo, con esposas en manos y pies, como medida de castigo por varios días, según describe el propio informe. Ese cuarto carece de luz tanto natural como artificial.

El MNP pidió en el informe crear un protocolo para la utilización del cuarto de contención y que se limite el uso a aquellos casos indicados para los niños, niñas y adolescentes con internación compulsiva, acorde a lo previsto en el artículo 121 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y no como dormitorio, ya que no cuenta con condiciones de habitabilidad.

La divulgación de los informes y de esta situación en particular motivó ayer una conferencia de prensa de las autoridades del INAU. Uno de los directores de la institución, Fernando Rodríguez, dijo que al día de hoy no les consta que estas prácticas sigan siendo aplicadas, pero aseguró que implementarán mecanismos de investigación. “Si bien no hay datos fílmicos que prueben la denuncia, existe el relato de los chiquilines, que para nosotros es un elemento de seriedad”, afirmó. “Ahora el hogar tiene elementos de garantía para detectar si estas situaciones pasan y la capacidad para erradicarlas”. Y afirmó que a fines del año pasado se decidió la clausura del cuarto de contención, por lo que no se está usando.

Además, las autoridades aceptaron las recomendaciones generales que hizo la Institución, y se comprometieron a hacer reformas edilicias y a elaborar protocolos de actuación específicos para atender crisis psiquiátricas tal como se maneja en los informes.

Para profundizar en este tema, estamos en diálogo con la doctora Mirtha Guianze, presidenta de la Inddhh.

MIRTHA GUIANZE:
Les aclaro que el 22 de junio cesé en la presidencia, que pasó a ocupar Juan Faroppa, porque tenemos presidencia rotativa anual.

De cualquier manera yo soy, dentro del directorio, la encargada del MNP que funciona dentro de la Institución y con cierta autonomía en el sentido de que tiene un equipo técnico especial para atender todos estos casos, para hacer el monitoreo, tanto sea de hogares, de niños, niñas y adolescentes que están en protección como de los adolescentes infractores y también de cárceles de adultos.

RA – En este caso vale hacer la distinción: estos documentos reflejan la situación de los niños que están bajo la protección del Estado, no cometieron ningún tipo de infracción, de delito.

MG – No cometieron ningún tipo de infracción. Esto es un diagnóstico de nivel país de la situación general del Sistema de Protección de Tiempo Completo de Niños, Niñas y Adolescentes mediante 44 visitas en los 19 departamentos a centros de tiempo completo, y también se visitaron cuidadoras. Esos insumos, recogidos principalmente en 2014 y principios de 2015, sirvieron para relevar las principales problemáticas, que no son nuevas, y dar algunas recomendaciones puntuales a centros específicos.

RA – ¿Cuáles resaltaría de los aspectos generales que se comentan en el informe? ¿Cuáles son aquellas cosas que les llamaron la atención de lo que se rescata en los informes?

MG – El informe está en la página web. Por supuesto que es un informe muy extenso –Unicef tal vez haga alguna publicación–, que tiene que ver con cuál es la situación de los niños, es un insumo para la estrategia de monitoreo que se inicia. Porque esto es un proceso de transición que viene impulsando el INAU, ya desde la administración anterior, y el conjunto del Estado, es una política pública tendiente a la desinternación de los niños, niñas y adolescentes. En Uruguay, lo primero que llama de atención es la cantidad de niños que están en sistema de tiempo completo. El diagnóstico de monitoreo se orienta por las recomendaciones de la Comisión Interamericana sobre cuidado alternativo e institucionalización. Ustedes habrán visto que estuvieron los relatores de niñez, que también hicieron observaciones.

RA – ¿Qué implica exactamente que estén en cuidado de tiempo completo?

MG – Quiere decir que están a cargo del INAU durante todo el tiempo. Pueden estar internados en un hogar oficial, en un hogar de convenio o en el sistema de cuidadoras, son distintos sistemas de cuidadoras. De cualquier manera, todo el tiempo permanecen a cargo del Estado. Eso trae como consecuencia, sobre todo cuando están en instituciones, que los niños no se desarrollen psíquica y físicamente como corresponde, porque un orfanato nunca es un lugar adecuado. Entonces el primer problema que tenemos en Uruguay –que todas las autoridades tienen asumido, hace poco se hizo un seminario sobre el tema, en el que participaron expertos extranjeros– es la institucionalización, hay que tender a la desinstitucionalización, a la desinternación.

Se hicieron informes muy extensos, y lo que llama un poco la atención, por ejemplo en el caso del Tribal, porque vamos a ponerlo como el ejemplo…

RA – Es el caso que yo mencionaba, donde se dan estas situaciones que se relatan.

MG – Vamos a aclarar una cosa. Yo sé que los periodistas pueden tomar, priorizar un aspecto, publicar determinada cosa, eso está dentro de la libertad de prensa. Ahora, eso puede llevar a focalizarse en un punto que no es el que nos interesa más. Por ejemplo, si ustedes van al informe del Tribal, que está en nuestra página web, verán que se había hecho ya una visita el año pasado, se había mandado un oficio con alguna recomendación, y ahora hay un informe en el que se dice “nuevas recomendaciones a raíz de la visita del 20 de mayo”, una visita nueva. En lo que se refiere al cuarto de contención, que no tiene luz –ellos dicen que los chiquilines sacan la luz–, se crea un protocolo para la utilización de ese cuarto de contención y se limita su uso a los casos que se describen, eso que leyeron.

Nosotros vimos en la última visita que el cuarto de contención aparentemente estaba siendo usado para dormir la siesta –estaba sin llave– por jóvenes que están ahí, porque los dormitorios permanecen cerrados durante el día. No sería un lugar adecuado para que los niños duerman la siesta, pero es lo que entra dentro del capítulo recomendaciones.

Después hay un recuadro que dice “Otras observaciones”. Estas otras observaciones son cuestiones que se ponen en conocimiento del INAU para que las tenga en cuenta. “En el marco del monitoreo del MNP a centros del Sistema de Protección del INAU se han encontrado testimonios de niños, niñas y adolescentes que narran malas condiciones en su paso por el proyecto Tribal vinculadas a lo disciplinario”, y ahí se relata la práctica de amarrocamiento. “Y después en la visita se tomó conocimiento de un adolescente que había sido sacado sin vigilancia del hall de entrada y anduvo toda la noche dando vueltas.”

Esas son situaciones puntuales, son relatos, no fueron constataciones y no vienen de ese momento sino del año anterior.

Todo lo que se habló con relación a los niños y a los informes giró en torno a ese punto, a ese recuadro que no era tampoco una recomendación específica, sino que se dio cuenta de que había niños que habían relatado eso.

RA – La Institución no lo constató, pero sí relevó que hay niños que confirman que han vivido esta situación.

MG – Niños que han estado de paso por Tribal. Porque Tribal es un lugar de paso, tiene que ser un lugar de paso. El problema de Tribal es sobre todo la mezcla de edades, de niños que ingresan y pueden ser desde adolescentes hasta bebés, y tienen que tener una derivación inmediata. Ese es el problema y no un relato. Si existió el amarrocamiento en un momento, en este momento el INAU está embarcado en la investigación de si existen hechos de violencia o no. Nosotros en general en los hogares de protección no hemos constatado hechos de violencia.

RA – Eso le iba a preguntar. En líneas generales, ¿cuál es el grado de preocupación con que se queda la Inddhh después de haber terminado este monitoreo de más de un informe? Nos explicaba recién la situación del Tribal, pero del conjunto de centros que relevó. Y por otro lado tras haber hablado con las autoridades del INAU. ¿Qué conclusiones pueden manejar con respecto a esto?

MG – Se recorrió todo el país, si quieren pueden ver las fotos, y verán que es dispar la situación. Es dispar en cuanto a cómo son los lugares donde están internados los niños y el tipo de construcción. Hay lugares que están muy bien, otros donde las condiciones edilicias no son tan buenas, y además algunos que responden a la visión de los antiguos orfanatos, o sea, muchas camas, salas grandes, rutinas, ese tipo de cosas que hay que evitar para que un niño se sienta en una institución y no en un hogar. Esas son cuestiones que hay que ir trabajando.

A nivel país se ve la diferencia entre un lugar y otro. Eso puede responder a condiciones edilicias, a la capacitación o a la dedicación de los funcionarios. Hay funcionarios que realmente dejan la vida por los chiquilines, otros que tienen una instrucción de antes sobre cómo tratar a los chiquilines. Es un tema que se tiene que orientar al cuidado alternativo, ver otras formas que no sean la internación.

Otro tema, se habló de la mirada discriminatoria. Creo que se interpretó mal, lo vi ayer en televisión. La mirada discriminatoria de la cual hablamos es algo que notamos en el conjunto de las instituciones y de la sociedad en general en temas como salud, educación, con respecto a los niños del sistema. Los niños del sistema INAU son vistos muchas veces por la sociedad con una mirada como de temor, como que un niño que está en el INAU tiene determinadas condiciones que no son las adecuadas para insertarse; incluso en una escuela a veces los miran mal a los niños, no los educadores, sino los padres.

Entonces lo importante es señalar que es una etapa de trabajo que es una aproximación general, como insumo de esa estrategia de monitoreo que empezamos ahora, y en un proceso de transición que está impulsando el INAU y al cual nosotros queremos contribuir en esos espacios de diálogo que estamos teniendo con el INAU. El lunes tuvimos una reunión y le entregamos en propias manos estos informes.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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