Por Rafael Mandressi ///

Mientras en Uruguay la Cámara de Senadores, por unanimidad, daba media sanción a la llamada “ley de fotocopias”, en EEUU la Corte Suprema desechaba definitivamente y tras diez años de litigio una demanda del Sindicato de Autores de ese país contra el proyecto de “biblioteca universal” de la empresa Google.

El proyecto de ley aprobado por el Senado uruguayo introduce, como se ha sabido, una serie de cambios a la ley de “Propiedad literaria y artística” de diciembre de 1937. El más polémico de esos cambios es el que dispone uno de los numerales añadidos al artículo 45 de la ley de 1937: el numeral 15, concretamente, que declara lícita “la reproducción hecha por cualquier medio, sin autorización del autor o titular, de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, en un solo ejemplar para su uso personal y sin fines de lucro”.

Ante una disposición semejante, el resto del proyecto de ley parece casi innecesario, ya que la licitud estipulada es tan amplia que, de hecho, en materia de reproducción se autoriza todo. La iniciativa de esta enmienda legislativa y su impulsión correspondieron a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), con el Centro de estudiantes de derecho (CED) a la cabeza. Puede entenderse que los estudiantes de derecho estén hartos de verse obligados a abultar las sumas que perciben sus propios docentes por concepto de derechos de autor, cuando de una edición a la siguiente los textos que esos docentes publican solo difieren en la reescritura de un puñado de párrafos.

Mercado cautivo de los catedráticos, chantajeados por lo que habrá de exigirse en el próximo examen, esos estudiantes reclaman fotocopia general e irrestricta ya, sin preocuparse mucho por las credenciales de sus compañeros de ruta. Así, se dejan asesorar por gentes de Creative Commons, una asociación sin fines de lucro creada en California en 2001, que milita en favor de una causa tan loable como el libre acceso a la cultura y el conocimiento.

La empresa Google, en cambio, sí tiene fines de lucro, y no se le conoce otra militancia que la del provecho propio. Ello no impidió que Creative Commons saludara, en su cuenta de Twitter, el fallo de la Corte Suprema de EEUU que selló la victoria judicial del mastodonte transnacional contra el Sindicato de Autores estadounidense el 18 de abril pasado. Años atrás, en 2011, la misma Creative Commons había unido su poder de presión al de las empresas Facebook, Twitter, eBay y la propia Google para oponerse a un proyecto de ley promovido por el Gobierno de EEUU contra la piratería en Internet.

¿Qué ha hecho Google, con el apoyo explícito de Creative Commons y, desde hace algunos días, con el aval jurídico de la Corte suprema estadounidense? Nada menos que digitalizar, desde 2004, 20 millones de libros que pone a disposición de los internautas a través de Google books. Lo ha hecho, es cierto, con el acuerdo de 22 bibliotecas estadounidenses y 7 europeas, pero sin el consentimiento de los autores ni de los editores. Google digitaliza primero y pregunta después, sacando de paso para sí un buen beneficio gracias al trabajo ajeno.

El negocio, basado en la apropiación indebida, es redondo, y lo adorna un discurso amable que tanto la Corte Suprema de EEUU como el Senado uruguayo parecen haber comprado: “cultura para todos”, es decir una engañapichanga populista que consiste en hacer pasar por democratización lo que no es sino una patente de corso para el pillaje y luz verde para que una empresa glotona haga su agosto con un patrimonio intelectual y artístico que no le pertenece. Tal vez sea eso, al fin de cuentas, lo que llaman “uso privado”.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 2.05.2016

Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Viernes 15.04.2016, hora 8.31

EMILIANO COTELO (EC) —La Cámara de Senadores aprobó el miércoles por unanimidad el proyecto de ley que despenaliza la reproducción de obras intelectuales y artísticas cuando su fin sea educativo, para uso personal y sin fines de lucro.

La iniciativa, conocida como “ley de fotocopias”, fue impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y apoyada por docentes y egresados de la Facultad de Derecho.

La Cámara Uruguaya del Libro advirtió que el texto pone en peligro el justo resarcimiento a los creadores y la viabilidad misma de esa industria cultural.

Para conocer más a fondo el proyecto de ley, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, recibimos a dos de sus impulsores: Iván Luzardo, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, y una de las asesoras en este proyecto, la doctora Patricia Díaz, abogada de Creative Commons, una organización que impulsa la libre circulación de la cultura.

NICOLÁS BATALLA (NB) — Hagamos un poco de historia. Este proyecto de ley tiene como disparador el cierre de las casas de fotocopias ubicadas frente a la Facultad de Derecho en 2013. A partir de ahí ustedes comienzan a tomar cartas en el asunto.

IVÁN LUZARDO (IL) —Sí, de hecho el Centro de Estudiantes de Derecho desde hace bastante tiempo, desde antes de ese hecho, viene trabajando en el acceso a los materiales de estudios a partir de diferentes líneas. Pero es cierto que a partir de lo que sucedió en 2013, a partir del cierre de la galería Montecarlo, esa dificultad para acceder a material de estudio se agrava, se evidencia la enorme dificultad que tenemos los estudiantes, por un tema económico quizás, por un tema de disponibilidad, para acceder a los materiales. Fue ahí que vimos claramente la necesidad de generar una respuesta, de generar un cambio de la realidad que teníamos, de modificar y generar algo que beneficiara a los estudiantes sin perjudicar al resto de los actores.

NB —¿Cómo fue el proceso desde entonces hasta llegar a este proyecto de ley que hoy ya tiene sanción en el Senado?

IL —A partir del 2013 se genera el proyecto de ley y se genera una campaña muy grande en todo el país, involucrando a muchísima gente, no solamente a estudiantes, en 19 departamentos. En primer lugar se presentó el articulado y se realizó una campaña nacional de recolección de firmas buscando que todo el mundo se involucrara en el tema, que todo el mundo conociera la realidad. Porque es algo que no solamente beneficia a los estudiantes universitarios, sino a los estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta la universidad, y al resto de la gente también, porque no se estudia solamente en la universidad, entonces para toda la gente que quisiera acceder a materiales de estudio, acceder a la educación, a la cultura en general. Durante 2015 se trabajó muchísimo en mejorar el articulado, en seguir desarrollando el proyecto, en seguir involucrando a cada vez más actores que pudieran aportar y acompañarnos en el proceso, hasta llegar a este año, en que, efectivamente, como sucedió hace dos días, entró a la Cámara y en la discusión parlamentaria.

NB —Antes de entrar al proyecto en sí, a modo de exposición de motivos, ¿por qué este proyecto?

IL —Entendemos sobre todo que es una solución a la realidad que tenemos hoy para poder acceder al material. Con esto no estamos derogando el derecho de autor, no estamos yendo contra la propiedad intelectual, sino generando algunas excepciones. Sigue siendo la regla la protección del autor, la protección de la obra en realidad, pero generamos algunas excepciones para beneficiar a los estudiantes. Algunas excepciones que nos permitirían acceder de un modo mucho más factible, mucho más real a los materiales necesarios para poder continuar nuestra formación.

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Transcripción de la entrevista con Iván Luzardo y Patricia Díaz

La iniciativa, conocida como “ley de fotocopias”, fue impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y apoyada por docentes y egresados de la Facultad de Derecho.

La Cámara Uruguaya del Libro advirtió que el texto pone en peligro el justo resarcimiento a los creadores y la viabilidad misma de esa industria cultural.

Para conocer más a fondo el proyecto de ley, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, recibimos a dos de sus impulsores: Iván Luzardo, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, y una de las asesoras en este proyecto, la doctora Patricia Díaz, abogada de Creative Commons, una organización que impulsa la libre circulación de la cultura.

Transcripción de la entrevista con Iván Luzardo y Patricia Díaz

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