Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

El presidente Luis Lacalle Pou volvió este domingo de una breve licencia en el exterior y se encontró con un problema grave. No tuvo ni tiempo de aterrizar, porque ya en el aeropuerto de Carrasco se enteró que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Inteligencia de la Policía para llevarse detenido al jefe de su custodia, quien estaba con él en ese momento y lo había acompañado durante sus días de descanso.

Lacalle Pou se enteraría pocos después, al arribar a la residencia de la Avenida Suárez y Reyes, que Alejandro Astesiano iba a ser detenido por estar implicado, presuntamente, en una trama delictiva por la que se falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

Sin embargo, dice esta nota del diario El País, la polémica sobre este hombre, Astesiano, ya estaba instalada desde al menos 2020, cuando se había hecho público su legajo policial. Entre agosto y setiembre de aquel año se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía más de 20 anotaciones policiales.

Ante este dato, el Ministerio del Interior se había fijado en sus registros para confirmar o descartar si Astesiano tenía o no antecedentes penales y encontró que, técnicamente, no los tenía, según consignaron fuentes del gobierno que cita el matutino.

Lo que sí confirmó la cartera de seguridad era que, en efecto, Astesiano tenía más de 20 indagatorias-por hurto, estafa, y apropiación indebida entre 2003 y 2018-, tal como consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la Secretaría de Estado. Y así fue comunicado a Presidencia por el entonces ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga.

Según esta versión, el Dr. Lacalle Pou y su entorno conocían estas anotaciones a partir de lo que por un lado se había publicado en la prensa y el chequeo que había realizado el Ministerio del Interior.

Esto despierta cantidad de preguntas, vamos a tratar de responderlas para avanzar un poco más esta parte de la historia.

Conversamos En Perspectiva con el Dr. Germán Aller, abogado penalista y criminólogo.

Destaques de la entrevista:

• "La situación que se plantea tiene varios ribetes, es un tema que preocupa y que pone en juego una serie de elementos: Por un lado, ver lo que es la seguridad del presidente de la República, más allá de que la persona a la que aparentemente se le imputaría un delito no serían hechos de violencia, de todas maneras no cabe duda que son hechos de riesgo en el ámbito de una jerarquía del Estado".
• "Si un procesamiento no tiene condena, esa persona entonces no tiene antecedentes judiciales".
• "Una persona en cualquier ámbito privado, cuando entrevista a alguien para un trabajo, incluye una serie de cuestiones, algunas están prohibidas de plantearse, etc, pero otras no. Usted lo que quiere es conocer las aptitudes de la persona y las condiciones que representa, las características".
• "Una persona con estas características, que no son antecedentes penales pero que son características que no coadyuvan en lo que se pretende o espera de alguien que está al servicio de algo tan delicado como es el cuidado del presidente de la República; a mí me parece que más que un problema reglamentario, lo que tenemos es un problema de criterio. En algún lugar hubo una falla, ¿dónde estuvo la falla? Vemos las declaraciones del señor Presidente y él lo asume como propio prácticamente". 
• "Esto no implica una responsabilidad penal por parte del presidente de la República ni de las personas que hayan tomado esa decisión. Pero sí nos permite como ciudadanos pensar que esto es un error, que una persona así no tiene que tener acceso a posibilidades de influencia, si es que fuese verdad los hechos que hoy aparentemente se le imputarían".

La entrada Caso del jefe de custodia presidencial: No tiene antecedentes, pero la cantidad de veces que fue indagado por la Policía tendría que haber sido un filtro, dice penalista Germán Aller se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La "conrarreforma" en proceso, advierten, no disminuirá la criminalidad y es violatoria de la Constitución y los convenios suscritos por Uruguay.

El Colectivo de Pensamiento Penal y Criminológico (CPPC) es una organización de jóvenes que se dedica a reflexionar sobre asuntos de derecho penal y política criminal, en clave crítica y multidisciplinaria.

Les dejo un comunicado que elaboramos con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos, Ielsur y algunos académicos destacados.

Roberto Soria

La reforma procesal penal que entró en vigencia el 1° de noviembre del 2017, además de la modificación de un texto normativo que reformula profundamente el ordenamiento jurídico nacional, implica una reforma institucional histórica. Redefine prácticas y roles de los operadores; exige articulación y coordinación entre distintas agencias del Estado, compromiso en recursos presupuestarios y, especialmente, compromiso humano. Como lo demuestra la experiencia comparada (en especial Chile), tal clase de reformas no se traduce en óptimos de eficiencia por el mero acto de aprobación legislativa; y sí requiere esfuerzos desde el minuto cero para que el trabajo conjunto a mediano plazo se encauce debidamente.

En Uruguay, según recientes datos de la Fiscalía (1), la velocidad de implementación y adecuación del CPP no coincidiría con la información que circula en la prensa y que surge de ciertas valoraciones llamativamente apresuradas. La implementación avanza a un ritmo positivo y con la rápida tendencia de aumento de investigaciones formalizadas, en pocos meses llegaremos a los números anteriores a la entrada en vigencia del CPP. Se debe tener en cuenta que en octubre del 2017 se iniciaron 975 procesos penales; en noviembre los casos formalizados fueron 368; en diciembre, 503; en enero de 2018, fueron 505; en febrero, 586; en marzo, las cifras dieron un salto cualitativo a 748; en abril, 733. A la fecha, se está solamente un 24% por debajo del mes anterior a la entrada en vigencia.

Así, con el nuevo sistema salió a la luz una ‘’cifra negra’’ de denuncias que no se reportaban, ya que la solución normativa anterior habilitaba a que la policía gestionara discrecionalmente las comunicaciones iniciales al Poder Judicial, filtrándose así una gran cantidad de denuncias. Conocer tal cifra fue posible gracias a la transparencia y conducción de la investigación por parte de la Fiscalía en el régimen vigente. Sin embargo, se pretende esgrimir como argumento crítico del decurso de la implementación del código, la comparación entre la distancia de la cifra de denuncias y la cantidad de formalizaciones; dato que anteriormente no era posible determinar con precisión.

La agencia policial y el propio Ministro del Interior han vinculado el aumento en la tasa delictiva al CPP, sin ofrecer las razones causales que los conducen a tal aseveración y, a su vez, han formulado críticas sobre las dificultades para el ejercicio de su función. Nuevamente, la experiencia comparada da cuenta del repliegue táctico de las agencias ejecutivas como dato sociológico (2), en tanto que es predecible que ceder poder y adaptarse a un modo de trabajo cooperativo y dialógico genera resistencias en quienes mantenían una cultura institucional consolidada en un sentido contrario. Así, en nuestro país se corrobora fácticamente tal hipótesis teórica en la postulación de la expresión metafórica “manos atadas”, como herramienta retórica de las agencias-policías para canalizar sus quejas.

El Poder Ejecutivo elaboró en pocos días un proyecto de ley para mitigar los presuntos “problemas” del CPP por su configuración normativa y, sobre todo, asumiendo la incontrastable tesis de que la sensible situación de inseguridad que atraviesa el país es imputable al nuevo Código Procesal Penal. El proyecto se ingresó al Parlamento el 15 de mayo y ya fue tratado en comisión, insinuándose la celeridad en la aprobación más que la reflexión y discusión necesarias para la legitimidad de una decisión legislativa en una democracia.

El elenco de disposiciones proyectadas para alterar la estructura normativa garantista y de derechos humanos consolidada con el CPP, amenaza con destruir sus bases mismas e instaurar un régimen inconstitucional e inconvencional, que da marcha atrás en el trabajo de casi diez años en la mentada reforma y el compromiso fuerte de muchos actores para revertir prácticas punitivas irracionales e intolerables para un Estado de Derecho, que no harán otra cosa que mantener a nuestro país entre los que registran más porcentaje de presos sin condena, al volver a la prisión como medida provisional ilegal.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene posición firme en cuanto a que el Pacto de San José de Costa Rica rechaza que categorías específicas de imputados (por ejemplo, por tipo de delito atribuido) queden excluidas del derecho a permanecer en libertad durante el proceso. El proyecto de ley comentado prevé prisión preventiva preceptiva para ciertos delitos, los que coinciden con el elenco dispuesto en el artículo 1 de la ley n° 19.446, actualizado con las modificaciones introducidas por la ley n° 19.580. Pero no solo es inconvencional vulnerar el principio de igualdad a partir de determinar clases de imputados que merecen un trato procesal más severo, sino que resulta también contrario a la Constitución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley n° 19.446 (sentencia nº. 1832/2017). La prisión preventiva es un instituto de naturaleza cautelar, cuya única función es permitir que el juicio se realice con la presencia del imputado; la existencia de riesgos procesales es materia especial de decisión judicial a la luz del caso concreto de acuerdo con la información de calidad que la Fiscalía y la Defensa presenten. A la discusión pública no se ha presentado ninguna razón que justifique el cambio de sistema procesal en este punto.

La inconstitucionalidad que generaría la modificación legal amenaza con la paralización del sistema penal por parte de todos los operadores.

La objeción de inconstitucionalidad no se salva mediante la limitación de la prisión preventiva preceptiva para los delitos con pena mínima de penitenciaría: como ya se señaló, el solo establecimiento de categorías diferenciales de imputados vicia de inconstitucionalidad al texto legal. Asimismo, tal objeción no encuentra respuesta en el artículo 27 de la Constitución el que, de acuerdo a la más actualizada doctrina constitucional y en clave de derechos humanos, no establece una preceptividad de la prisión contra el imputado por delitos con mínimo de penitenciaría sino una facultad judicial de excarcelar.

La reforma procesal penal en Uruguay es un giro copernicano frente a los defectos e ineficiencias estructurales de un proceso inquisitivo secreto, arbitrario, con poca o nula transparencia, desinteresado por los derechos humanos y por la solución del conflicto. En ese marco, la prisión preventiva preceptiva significa el peor retroceso dado que golpea el mismísimo corazón del CPP. Los operadores jurídicos, gracias al largo proceso de la etapa de elaboración del código y su discusión, de la implementación y capacitación en procesos acusatorios, se han sensibilizado en la aplicación de los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado. Eso significa que las penas anticipadas que se aplicaban al amparo del proceso inquisitivo ya no encontrarán quienes estén dispuestos a imponerlas; tal avance en las prácticas jurídicas demuestra la construcción de una legitimidad garantista y madurez de los profesionales del derecho frente a la desconfianza con la que reiteradamente se les mira.

El retroceso proyectado tiene el costo de desarticular la reforma desde sus bases y nunca garantiza la promesa de seguridad que se pretende. El caos institucional, la paralización del sistema penal y la injusticia son algunas de las posibles consecuencias que podemos esperar, al cambiar repentinamente de la senda acusatoria y adversarial a la oxidada prisión preventiva oficiosa o preceptiva, que es propia de un sistema que hace demasiado poco el Parlamento decidió –con toda razón– abandonar.

A contrario de lo que se ha asumido como verdadero y fundante de esta contrarreforma, no hay razón práctica, estudio serio ni datos objetivos que justifiquen ese triste retorno, bajo la consigna de que disminuirán los delitos: no es cierto que el aumento de los delitos sea una consecuencia del nuevo sistema, y menos, que haya sucedido ese fenómeno en los países que pasaron del inquisitivo al adversarial. La disminución de los delitos, en todo caso, implica apuntar a bajar la reincidencia, con prevención y seguimiento de libertades vigiladas o alternativas a la prisión; más prisión, por sí sola, por el contrario, contribuye a incrementar la reincidencia, y con ello, a incrementar la delincuencia.

(1) http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/v/5975/1/innova.front/nuevo-proceso-penal-envia-a-prision-practicamente-la-misma-cantidad-de-personas-que-el-anterior.html

(2)  Los embates contrarreformistas también se dieron en Chile, en especial a través de la denominada “Agenda Corta Antidelincuencia” del año 2006 (véase Duce y Riego: Proceso Penal, E. J. Ch., 2012, pág. 249).

(Siguen firmas)

Notas relacionadas

Fiscal de Durazno: “La gente va a tener que acostumbrarse a [las sanciones] que plantea el nuevo sistema procesal penal”

El rol de los fiscales en el nuevo Código de Proceso Penal (La Mesa)Suprema Corte de Justicia rechazó recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal

Documentos relacionados

Análisis primario de resultados del nuevo CPP en relación al proceso penal inquisitivo

Proyecto de ley de reforma del nuevo Código del Proceso Penal

Código del Proceso Penal – Ley Nº 19.293

¿Cómo te comunicas con En Perspectiva?

Por SMS: 55511
Por correo electrónico: enperspectiva@enperspectiva.net

Las opiniones recibidas podrán ser editadas por extensión y claridad.

La entrada En defensa del Código del Proceso Penal se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En la entrevista central de hoy el fiscal de Corte Jorge Díaz ahondó en las declaraciones que dio al diario La República el 7 de mayo pasado. En esa entrevista dijo: “El tema de que los ricos no van presos es parcialmente cierto, porque el sistema penal es parcialmente selectivo. Eso quiere decir que a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”.

En entrevista con En Perspectiva Díaz, sostuvo que "cuando una sociedad decide qué bienes proteger y cómo protegerlos se están tomando posiciones políticas, filosóficas e ideológicas. En el Uruguay de hoy tenemos protegida la vida, la integridad física y la propiedad pero por ejemplo no tenemos protegido el medio ambiente. Y hay acciones que ocasionan daños gravísimos al medio ambiente que generan más daño que un hurto y una rapiña y no son delito", explicó.

Díaz dijo que hay un debate pendiente hace 40 años para solucionar "contradicciones" en la legislación penal. "En el Uruguay de hoy hay una sobreprotección del derecho de propiedad por sobre la vida y la integridad física. El homicidio tiene una pena mínima de 20 meses y una rapiña tiene una mínima de cuatro años", ejemplificó.

"Cuando accionamos en la legislación nos cuesta mucho establecer delitos que castiguen determinadas conductas y no nos cuenta tanto establecer delitos que castiguen otras conductas", continúo. Por ejemplo, sostuvo que en general la corrupción tiene castigos leves. En la estafa al Banco Comercial, "los hermanos Rohm se llevaron del país entre los años 92-93 y 2002 casi 1.000 millones de dólares y no estuvieron un solo día presos. Hoy si un chiquilín roba un par de championes con amenaza tiene una mínima de cuatro años", finalizó.

Nota relacionada
Fiscal de Corte Jorge Díaz: Es “preferible” postergar aplicación de nuevo Código de Proceso Penal porque regulación no despeja todas las dudas sobre nuevas prácticas

La entrada "En general los delitos de corrupción en Uruguay se castigan de forma muy leve", dice fiscal de Corte se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.