Foto: En Perspectiva

Diciembre está a la vuelta y con eso aumenta la atención que le prestamos atención a qué pasa con la asura.

Están los desechos de las fiestas, está el flujo de turismo hacia balnearios que en el resto del año manejan menos gente, y está también el calor que puede aumentar el mal olor de la basura acumulada fuera de los contenedores.

Conocemos qué está haciendo en este tema uno de los departamentos qué más verá llegar gente en los meses que se vienen: Canelones.

La Intendencia de Yamandú Orsi invirtió en este período de gobierno más de 20 millones de dólares en equipamiento para limpieza y para gestión de residuos, y ha apostado a un modelo de contenedores domiciliarios diferente del que se pone en práctica en Montevideo.

¿Cómo está funcionando el sistema de la comuna canaria? ¿Qué efectividad tiene? ¿Puede ser un camino a seguir también para la capital del país, eternamente desafiada por este tema?

Conversamos En Perspectiva con Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones.

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Producción: Alejandro Rodríguez Dopico y Gastón González Napoli

¿Cuántas veces les ha pasado de mover algo en la heladera y encontrarse con algún producto olvidado que se venció, que se pasó, que ya no puede comerse? Una fruta podrida, una carne con mal olor, un queso al que ya no se puede rescatar…

Es una sensación fea: a nadie le gusta tirar comida. Desde lo más utilitario, es una pérdida económica para el hogar, que pagó por un producto y luego no lo consumió. Y desde lo humano, queda la punzada de dolor de pensar en que hay gente pasando hambre, y ahí está uno tirando a la basura un trozo de pan con hongos, o una leche cortada.

Tiene que haber una forma eficiente de ordenar el consumo de alimentos en una casa para evitar esos desperdicios, ¿no? Pero no es tan fácil.

Bueno, salgamos del hogar, llevemos eso ahora a un país entero, y las dificultades aumentan exponencialmente, hasta el punto de que se habla de un mercado negro de productos vencidos.

Parece claro que los alimentos que corran riesgo de vencerse y no lleguen a ser vendidos deberían ser donados por fabricantes, supermercados y otros comercios a instituciones benéficas.

Pero hace años que Uruguay está enfrascado en esta discusión y no se logra acordar una legislación en la materia, ni siquiera en estos tiempos de pandemia, cuando las necesidades se incrementaron en algunos sectores de la sociedad y proliferaron ollas populares.

En la legislatura pasada, el entonces diputado colorado Adrián Peña -hoy ministro de Ambiente- presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. El texto no logró salir de la Comisión de Población y Desarrollo.

Este año, antes de asumir el cargo ministerial, Peña volvió a poner el tema sobre la mesa en el Senado. Y la discusión se abrió en la Comisión de Salud.

Articulado

¿Qué complejidades tiene este proyecto? Analicemos primero su contenido.

El texto cuenta con nueve artículos, y sus puntos clave son los siguientes:

-Los supermercados y otras grandes superficies, y las empresas que envasan, producen y comercializan alimentos, no deberán destruir o desechar lo que no vendan en caso de que los productos estén “en tiempo y condiciones de ser consumidos”.  

 -Deberán acordar la donación correspondiente con bancos de alimentos u otra organización de la sociedad civil, quienes asumirán el compromiso de retirar y almacenar esos productos.

-En caso de productos vencidos, se deberá acordar con otro tipo de instituciones su uso con fines de compostaje o de alimentación de animales.

-El Ministerio de Desarrollo Social queda a cargo de la inspección del cumplimiento de estas disposiciones. 

Sin embargo, el tema parece tener más complejidades que las previstas y ello motiva un estudio profundo, según informaron algunos legisladores a la producción de En Perspectiva. 

Entre las observaciones planteadas por las delegaciones que han pasado por el Parlamento, una de ellas llamó la atención: hacer todos los esfuerzos posibles para que esos alimentos no terminen en el mercado negro, que son algunas ferias vecinales y puestos callejeros. 

Observaciones

El gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), Daniel Menéndez, explicó en Comisión, entre otros puntos, que el proyecto “debería ser un poco más abarcativo en cuanto a las empresas que podrían colaborar con esta donación” porque “el que menos tiene para dar es el supermercadismo”. 

“Lo claro es que no somos nosotros los que desperdiciamos más alimentos”, dijo, según consta en actas. 

Además, planteó una inquietud: ¿Quién determina cuándo el alimento no está en condiciones de ser consumido?

“En nuestro caso, los productos a punto de vencer se utilizan hasta el último día hábil de venta y después ya son productos vencidos; si se entregaran antes de vencer podrían entrar en un mercado negro que ya existe”, advirtió.

Los legisladores requirieron más información a la delegación presente. Y en el concepto profundizó Guillermo Rey, secretario de la ASU. 

Este ejecutivo explicó que en caso de no vender un producto, éste se le devuelve al proveedor, que genera una nota de crédito a favor del supermercado. 

Pero ese alimento, en muchas ocasiones, termina en el mercado negro. 

¿Cómo?

Sin asignar responsabilidades en la cadena, Rey explicó: “El mercado negro funciona muchas veces cuando se elimina –sea con acetona o con alcohol, dependiendo de la tinta– la fecha de caducidad. Ese producto por regla general, después lo vemos en las ferias”. 

En Uruguay -continuó- “el 65 % de las ferias las maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y un 35 % las maneja la Intendencia de Montevideo. Desde hace 20 años que venimos bregando para poder tener algún control ahí; nos hemos encontrado con que productos que a nosotros nos roban de las góndolas terminan ahí, en las ferias; productos que están sin fecha de vencimiento, terminan en las ferias; existe un mercado de venta de carnes que no tiene la cadena de frío correspondiente en las ferias, sobre lo cual venimos discutiendo”.

Ante los legisladores, Rey añadió que “ese mercado negro es de productos vencidos que son comercializados sin la fecha de vencimiento, y genera un volumen de ventas tal que después terminan robándonos para seguir funcionado. Eso es lo que nosotros vivimos permanentemente. Es difícil de frenar; es difícil de controlar. Es caro controlarlo, también”. 

Y volviendo al proyecto de ley, el secretario de la ASU dijo que según quién retire los productos de las empresas y cuál sea el destino se terminará o no engordando ese mercado negro.

“Nuestra preocupación, entonces, es que se genere ese mercado negro y, en definitiva,  que haya productos que, sin que pueda saberse cuál es su curva de caducidad, lleguen al consumidor”, explicó el ejecutivo.

En Perspectiva se contactó con la Asociación de Feriantes, quienes negaron conocer que exista una estructura ilegal paralela de venta de alimentos en los puestos callejeros.

Según Gustavo Dubroca, presidente de ese gremio, cuando se levanta la feria en los puestos de frutas y verduras solo quedan restos de hojas que los consumidores prefieren quitarle a los productos, y no es habitual que sobren alimentos para desechar.

Dubroca sí admitió que una situación así podría darse en puestos de la llamada “periferia”, es decir los que son externos a las ferias fiscalizadas por el Ministerio de Economía.

Incorporación

A raíz de esta comparecencia, el proyecto de ley fue objeto de una modificación específica, aunque recibió también otros cambios, producto de las sugerencias que otras delegaciones. 

Por lo pronto, ahora se trataría de una iniciativa de 11 artículos, pero, de todos modos, aún no fue aprobado en la Comisión de Salud.

Los legisladores incorporaron la siguiente redacción: “Los productos alimenticios objeto de donación, no podrán bajo ningún concepto ser comercializados ni por los sujetos que reciben las donaciones, ni por quienes sean sus beneficiarios finales”. 

¿Sirve de algo este agregado?

Desde el sector empresarial se dijo a la producción de En Perspectiva que el problema se mantendrá y que detrás de esta actividad ilícita “hay toda una organización”.

Los informantes prefirieron no hacer declaraciones porque, explicaron, se trata de un tema “muy sensible” que se busca atacar en diálogo con las intendencias departamentales y con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Además, agregaron que no está cuantificado cuánta mercadería termina en ese mercado ilegal, pero su existencia podría agravarse si los supermercados se ven obligados a entregar sus productos. 

Para evitar que esto ocurra, desde el sector empresarial se sugiere que los productos entregados cambien el packaging. A modo de ejemplo, al donar paquetes de pasta, se debería colocar toda la mercadería en bolsas grandes y sin identificación alguna. Eso -se explicó a En Perspectiva- podría obstaculizar la intención de la venta.

¿Cómo sigue la discusión?

Algunas de las disposiciones sugeridas en este debate podrían ser incorporadas en la reglamentación que redactara el Poder Ejecutivo, en caso de que la iniciativa finalmente viera la luz.

Otros países

¿Cómo se ha regulado este asunto en otros países?

En Argentina existe una legislación que tiene más de una década que expresamente establece que el alimento, para ser donado, debe ser genuino y estar en condiciones de acuerdo al reglamento bromatológico, y que ese donante debe garantizarlo hasta el momento en que lo retiran de su local. 

La legislación del país vecino estipula que cualquier persona física o jurídica -y no solamente los supermercados o las grandes superficies- están habilitados a donar los productos antes de su vencimiento. 

En el sistema argentino, quienes reciben la donación cambian el packaging de los comestibles –lo llevan a un envase más grande y sin marca–, para poder entregarlos a algún lugar y que no se genere un mercado negro.

Por otra parte, Chile se encuentra discutiendo en su Parlamento una regulación similar, mientras que otros países más avanzados incorporaron más elementos.

Por ejemplo, en el Parlamento se explicó que en Canadá existen bancos de comida que cuentan con freezers, cámaras de frío y un sistema logístico propio para recibir y donar los alimentos. 

En Europa, Francia e Italia cuentan, desde 2015 y 2016 respectivamente, con una ley específica para evitar que la comida termine en la basura. Ambas se centran en obligar a los supermercados y otros comercios a establecer acuerdos con organizaciones para donarles la comida que no vendan, y establecen sanciones económicas para aquellos que incumplan esta obligación. 

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Foto: pikist.com/

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