Foto: Javier Calvelo – adhocFOTOS

ASSE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, solicitó a la Intendencia de Montevideo (IM) información acerca de los 223 casos de desnutrición en niños y mujeres embarazadas que fueron constatados en policlínicas de la comuna.

El viernes, el director de Salud de Niñez y Adolescencia de ASSE, Ignacio Ascione, mantuvo una reunión con autoridades de la IM para interiorizarse acerca de los datos que el jueves había divulgado el Semanario Búsqueda. El Dr. Ascione sostuvo que ASSE nunca fue notificada de las cifras y tampoco tuvo antecedentes del programa que implementa la comuna para atender estos casos.

El jerarca añadió que ASSE, se encuentra elaborando su propio informe sobre el estado nutricional de niños y adolescentes a nivel país y llamó a mejorar la coordinación con la Intendencia capitalina.

Estábamos en desconocimiento de esta estrategia. Nunca fue informada. Por eso pedimos la reunión, que fue cordial. Hay que entender que hay una historia de nuestros usuarios vinculados a las intendencias que viene de hace muchos años, particularmente en Montevideo. Hay 24 policlínicas en las que se atienden usuarios que son nuestros. Esa coordinación existió siempre. Estas estrategias nuevas implican ajustar la coordinación que se tiene hace mucho tiempo.

La detección de los 223 casos de desnutrición fue realizada a través del Plan ABC impulsado por la IM, que dispone de un programa específico de apoyo alimentario para niños, embarazadas y mujeres en lactancia que presenten cuadros de malnutrición.

El viernes, aquí En Perspectiva, la Dra. Virginia Cardozo, directora del Departamento de Salud de la IM, ella marcó que no hay registros de casos de desnutrición anteriores a la implementación del programa, por lo cual es imposible contestar la pregunta de si estamos ante un agravamiento o no de este asunto y tampoco se puede concluir cuál es la causa de lo que acaba de comprobarse. Sostuvo que además de los 223 casos ya constatados,  siguen habiendo ingresos de niños y embarazadas con cuadros de desnutrición.

No tenemos datos para atrás. ¿Para adelante qué podemos decir? ¿Cómo evoluciona la captación? Por ahora cada 15 días siguen entrando niños y embarazadas. El número va a ir creciendo. 

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Juan Pedro Mir y Daoiz Uriarte.

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Foto: En Perspectiva

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EN PERSPECTIVA
Jueves 03.08.2017, hora 8:22

EMILIANO COTELO (EC) —A mediados de junio, una fotografía dejó en evidencia las malas condiciones de reclusión del módulo 8 del Comcar, uno de los puntos más críticos del sistema carcelario uruguayo. En la imagen, que circuló en varios medios, podía verse a un grupo de presos con una delgadez pronunciada.

El caso fue detectado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que decidió presentar un recurso de amparo para forzar al Poder Ejecutivo a que implementara un programa de tratamiento individual para esos reclusos.

La justicia hizo lugar en primera instancia al escrito presentado por Petit. Pero sobre fines de julio, el Ministerio del Interior (MI) apeló la resolución, argumentando, entre otros puntos, que el Poder Judicial estaba “invadiendo” su gestión.

Ayer, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó el fallo de primera instancia. La sentencia sostiene, entre otras cosas, que este caso configura “una flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

¿Qué importancia tiene esta resolución judicial? ¿Cómo incide en la gestión de las cárceles?

Vamos a conversarlo con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.

Le pido en primer lugar una valoración general.

JUAN MIGUEL PETIT (JMP) —Un comentario a lo que tú decías recién. Esa foto, que fue la que mostró la situación, es una foto que saqué yo y no circuló en ningún lado, ni siquiera la bajé de mi celular, la tuve tres semanas guardadas y se presentó en el juzgado directamente. Después circuló cuando un matutino la sacó del expediente, con todo derecho además, porque el expediente ahí ya era público. Quiero decir con esto que traté de ser muy cuidadoso, de manejar esto sin buscar ningún tipo de escándalo o impacto, haciendo el informe al Parlamento primero y realizando una acción de amparo, que es una de las herramientas legales que tenemos para actuar.

EC —Esa precisión también tiene que ver con una objeción que había presentado el propio MI. En su escrito de apelación se señalaba que no se conocía al autor de la foto; había dudas sobre su veracidad incluso.

JMP —Sí, yo no quise entrar en polémicas con respecto a la foto, porque estaba seguro de su veracidad, porque la había sacado yo. Estaban autoridades del propio establecimiento atrás de mí cuando la saqué, sabían que era verdad, pero no quise entrar en polémica por ese punto. Además en ningún momento dijimos que hubiéramos detectado nosotros la situación; la situación la empezó a manejar la gente de salud en el lugar. Y tampoco dijimos que no se hubiera tomado ninguna medida, dijimos que las medidas que se estaban tomando deberían ser de otra naturaleza, de otro tipo y configurar un plan integral de tratamiento. Abordar en toda su variedad de aspectos la vida de esas personas –salud mental, aspectos sociales, capacitación laboral, educación, deporte, cultura– y hacer lo que las normas internacionales llaman un plan de tratamiento individual. No alcanzaba para nosotros con sacarlo de ese lugar –que cuando fuimos todavía no los habían sacado–, se requería un plan integral.

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¿Qué importancia tiene esta sentencia? En la entrevista central de En Perspectiva lo conversamos con el comisionado Juan Miguel Petit.

Transcripción de la entrevista con Juan Manuel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario

A mediados de junio, una fotografía dejó en evidencia las malas condiciones de reclusión del módulo 8 del Comcar, uno de los puntos más críticos del sistema carcelario uruguayo.

En la imagen, que circuló en varios medios, podía verse a un grupo de presos con una delgadez pronunciada.

El caso fue detectado por el Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que decidió presentar un recurso de amparo para obligar al Poder Ejecutivo a que implementara un programa de tratamiento individual para esos reclusos.

La Justicia hizo lugar en primera instancia al escrito presentado por Petit. Pero sobre fines de julio el Ministerio del Interior apeló la resolución, argumentando, entre otros puntos, que el Poder Judicial estaba “invadiendo” su gestión.

Ayer, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó el fallo de primera instancia. La sentencia sostiene que este caso configura “una flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

¿Qué consecuencias tiene esta resolución judicial? ¿Cómo incide en la gestión de las cárceles? Esta mañana dialogamos con el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.

Transcripción de la entrevista con Juan Manuel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones Civil de Primer Turno confirmando un recurso de amparo por caso de desnutrición en el Comcar

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Por Emiliano Cotelo ///

Esta semana el sistema carcelario uruguayo vivió un hecho histórico.

La Justicia condenó al Ministerio del Interior (MI) a realizar un "programa de tratamiento individual" para seis presos del Comcar a quienes se había diagnosticado desnutrición a fines del mes de mayo. En la sentencia se obliga a aplicar las llamadas “Reglas Mandela”, que resumen los mínimos exigidos por Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Estamos ante un fallo sin precedentes, por dos razones. Porque por primera vez se invoca al derecho internacional para proteger los derechos de la población carcelaria y porque se produce a partir de una acción de amparo presentada por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario.

Juan Miguel Petit, que ocupa ese cargo desde octubre de 2015, explicó a El Observador que las autoridades deberán crear un documento en el que especifiquen información sobre cada recluso: “qué sabe hacer, qué es importante que aprenda durante su tiempo en prisión, cómo se integra y se relaciona con su familia, entre otros puntos”. Ese reporte debe estar pronto en 30 días y permitirá planificar mejor el proceso de rehabilitación, ya que buscará ofrecer soluciones individuales a cada uno. A su vez, el MI deberá informar en 90 días a Petit sobre la evolución de estos reclusos que motivaron esta presentación.

Privilegiados

Es casi una paradoja. Estos presos, que habían caído en el fondo del pozo de la condición humana, serán los primeros beneficiarios de un tratamiento que debería ser lo habitual pero está muy lejos de serlo.

A mí me había impresionado esa carencia, cuando la encontré, expuesta por Petit, el mes pasado, en su informe anual. Allí denunciaba que “buena parte del sistema carece de una propuesta de rehabilitación para quienes llegan a él”. Y explicaba: “luego del procesamiento, los internos son derivados a un centro penitenciario sin que la mayoría tenga una instancia en que se plantee el objetivo a buscar durante el tiempo que estará allí”. Agregaba que ya ni siquiera se les entrega “un librillo” que existió en el pasado y que les explicaba sus derechos y obligaciones. Y concluía: “Sin objetivo, la pena que ya es aflictiva de por sí, se vuelve solo violencia.”

Sin objetivos

Es terrible que eso ocurra en un sistema penitenciario. Petit lo enfatizaba: Pasar por la cárcel sin objetivos “no es inocuo sino un agravamiento de la situación psico social de la persona”. “El daño”, seguía diciendo, “no es solamente a [ella] sino también a su familia”. Y remataba con lo más duro: cuando el interno cumpla su pena egresará “en peores condiciones que cuando ingresó”.

El infierno

Y ojo: estas consideraciones de Petit estaban referidas al grueso de la población reclusa. No a los casos extremos. De estos últimos se ocupaba aparte cuando describía situaciones como las de los módulos 8, 10 y 11 del Comcar, donde su diagnóstico era lapidario: allí se padece un “trato cruel, inhumano o degradante”.

En el módulo 8 fue que, casi por casualidad empezó a procesarse este cimbronazo que vimos en estos días. Ocurrió el 31 de mayo. En esa fecha, según reveló el diario El País, una médica que atiende una vez por semana localizó a un grupo de presos que se encontraban en condiciones críticas. Sobre cuatro de ellos anotó “adelgazamiento”, “que en un caso llegaba a ser extremo”. En la historia clínica escribió: “refiere privación de alimento”.

¿Qué había detrás? Víctor, Walter, Cristian, Nicolás, Gustavo y Luis no comían hacía varias semanas o incluso meses. “No salían de sus celdas desde abril. No hacían otra cosa que convivir en 8 metros cuadrados con otros 10 reclusos igual de hambrientos, desahuciados, sucios, desabrigados y deprimidos”. “Estaban desesperados en silencio”, graficó Paula Barquet, la periodista autora de la nota.

A otro Luis, también alojado en el mismo lugar, además de la desnutrición se le encontró varias heridas, traumatismo de cráneo, fractura de antebrazo izquierdo y quemaduras. Su ficha habla hasta de “torturas”.

Cuando estos datos llegaron al comisionado parlamentario, éste se movió rápido y a varias puntas. Por un lado, llevó la situación a conocimiento del Poder Legislativo y, paralelamente, radicó la acción de amparo ante la justicia, estrenando una potestad que le confiere la ley.

Recuperación

Los presos que hicieron saltar las alarmas ya están en proceso de recuperación. Mucho antes de que la justicia se expidiera, las autoridades los trasladaron al módulo 4, que mucho más civilizado, los colocaron bajo la supervisión de un equipo técnico y les suministraron un kit básico de frazadas, calzado, ropa, toallas y artículos de limpieza personal. Quienes los atienden cuentan que han ido aumentando su índice de masa corporal, muestran “menos miedo” y son “más capaces de mirar a los ojos a las personas que tienen delante”.

Los demás

Eso, obviamente, es un alivio. Pero…¿qué ocurre con los otros 670 internos del mismo módulo 8? Los relatos son escalofriantes y mencionan el hacinamiento, las malas condiciones de higiene, una comida de baja calidad y el riesgo de ni siquiera acceder a ella, porque se la quedan los presos más poderosos y pesados. Un funcionario contaba en la nota de El País que quienes tienen familiares eventualmente comen lo que ellos les llevan, pero, en general, los que están en el 8 son “chiquilines que salieron de la calle, que no tienen visita”.

Este último detalle agrava sensiblemente el cuadro. Escuchen la historia de uno de los “rescatados”, Walter, de 31 años: Está preso hace siete meses por tenencia de estupefacientes, es de Cerrito de la Victoria, sus padres fallecieron cuando él tenía 13 años, desde entonces vive en la calle, no tiene referentes.

¿Cómo puede ser que no se registre y atienda el caso particular de un preso así, que no recibe siquiera visitas, que está completamente solo frente al precipicio, en el mejor de los casos sobreviviendo? ¿Cómo no se razona que de este modo se está fabricando día a día un nuevo delincuente o, peor, una piltrafa humana, llena de resentimiento y odio? En cualquiera de las dos hipótesis su salida de la cárcel, llegado el momento, no puede derivar en nada positivo para la sociedad.

Resulta inconcebible que en una dependencia del Estado se tolere que haya gente viviendo en ese infierno, sin ningún horizonte de recuperación, pero además humillada y sometida por los delincuentes más fuertes, y todo eso durante meses y años. Son violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y no pueden justificarse por los delitos que estas personas hayan cometido (y además, vale la pena recordarlo, solo tienen condena cuatro de cada diez presos).

Contraste

Yo sé que el sistema penitenciario uruguayo viene mejorando, sobre todo desde 2010, cuando se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Yo sé que se ha avanzado en educación, trabajo y actividades culturales, y también en la vinculación con la comunidad exterior. Eso pasa, por ejemplo, en una cárcel de Salto, en la de Pintado Grande en Artigas o en Punta Rieles acá, en Montevideo.

Yo conocí de primera mano la realidad del Polo Industrial del Comcar, donde trabajan de manera formal más de 500 internos, que acceden también a capacitación laboral, desarrollo socio cultural y muy buena convivencia.

Y esta semana misma entrevisté a representantes de la Unión de Rugby del Uruguay que, en convenio con el MI, están llevando ese deporte a varias prisiones, con resultados promisorios.

Que se pudran en la cárcel

Pero no puede ser que al mismo tiempo, como señala Petit, “más del 60%” del sistema tenga “muy malas o malas condiciones”, “donde el aislamiento es habitual, la convivencia es pobre y está cargada de violencia y riesgo de vida, y donde la oferta de posibilidades socio educativas es casi inexistente”. Y no puede ser que, peor aún, existan lo que él llama “agujeros negros” donde “el deterioro y [la] deshumanización lo cubren todo, y donde las amenazas, las extorsiones y la corrupción son habituales”.

¿Un momento de quiebre?

¿Empezará a cambiar esta situación a partir del fallo judicial de esta semana?

En rigor la resolución alcanza solo a los seis presos incluidos en el escrito. Pero, de hecho, sienta un precedente y define pautas muy claras que el MI debe tener en cuenta. Por otra parte, el comisionado parlamentario anuncia que recurrirá todas las veces que sea necesario a las acciones de amparo.

¿Las reformas se precipitarán a partir de estos empujones que llegan desde afuera pero con mucho peso institucional? ¿O todavía mandarán en contra, de manera decisiva, otros factores?

¿El problema puede ser, acaso, de presupuesto? Y, si ese es uno de los obstáculos, ¿la sociedad uruguaya está dispuesta a poner más dinero en las cárceles?

Aunque antes, tal vez, haya que plantearse otros debates. Por ejemplo, Uruguay tiene unos 11.000 reclusos, lo que da 315 presos cada 100.000 habitantes, un índice que se ubica entre los primeros 30 del mundo. En su informe Petit se pregunta cómo se entiende que ocupe ese puesto tan alto en el ranking un país como el nuestro “de alta inversión social, de fuerte presencia de políticas públicas, sin conflictos civiles o choques étnicos o interreligiosos, con una de las mejores distribuciones del ingreso de la región”. ¿Por qué tenemos este índice enorme de “prisionización”? ¿Queremos tomar medidas para achicarlo? ¿Cuáles serían?

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 30.06.2017, hora 08.10

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Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)

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