Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

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La Federación Rural cuestionó el pasaje a Rentas Generales de la recaudación del Fondo de Inspección Sanitaria, un tributo que grava con un 1 % las exportaciones de carne y también la producción para consumo interno y faena. Según la gremial, la decisión implica que un impuesto creado con un fin específico pierda su destino original y pase a la caja general del Estado.

En un comunicado, la Federación Rural sostuvo que el cambio afecta la competitividad del sector cárnico y lo calificó como un nuevo golpe a una cadena productiva que ya enfrenta altos costos. Advirtió que sumar cargas sin retorno sectorial erosiona la producción y profundiza las dificultades del interior del país.
El Fondo de Inspección Sanitaria fue creado hace más de 50 años para financiar los controles higiénico-sanitarios en frigoríficos, mataderos y exportaciones de carne, a cargo del Ministerio de Ganadería. El pasaje a Rentas Generales quedó establecido en el Texto Ordenado 2023 de tributos y fue reglamentado por decreto en julio, asignando su administración a la Dirección General Impositiva.

Romina Andrioli conversó con el ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez , vicepresidente de la Federación Rural.

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Un grupo de inversores damnificados por la quiebra de Conexión Ganadera presentaron un informe el jueves pasado en la Comisión de Hacienda del Senado.

¿Qué es lo que le reclaman al Estado? En particular, ¿por qué cuestionan que la DGI se haya presentado como acreedor en el concurso de Conexión Ganadera?

Conversamos En Perspectiva con tres integrantes de ese grupo: Matías Korch, Fernando Panizza y Horacio Pereira.

Un grupo de inversores damnificados por la quiebra de la empresa Conexión Ganadera se presentaron el jueves pasado en la comisión de Hacienda del Senado.

Allí entregaron un informe donde denuncian graves fallas de control en que habrían incurrido varios organismos del Estado y pidieron investigar eventuales sanciones a los funcionarios responsables.

Informe presentado por "Inversores perjudicados por Conexión Ganadera" en Comisión de Hacienda de… by En Perspectiva En Perspectiva

“No pedimos que el Estado se haga cargo de la deuda, pedimos que se haga cargo de sus errores y que colabore en esclarecerlos”, señalaron ante los senadores.

Sostuvieron que son víctimas de “una estafa de unos privados a otros privados, con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos”.

¿Qué es lo que le reclaman al Estado? ¿Qué debería hacer el Parlamento?

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Desde marzo pasado la DGI lleva adelante “un modelo de gestión de cumplimiento tributario”. Sus autoridades aclaran que “no es que no se vaya a fiscalizar” sino que “la fiscalización se integra a una estrategia donde opera más bien como un gatillo de último recurso”.

¿Qué implica? ¿Cuáles son las metas de mejora de la recaudación? ¿Qué responden a las preocupaciones planteadas por el Colegio de Contadores? Conversamos En Perspectiva con el economista Gustavo González Amilivia, director general de Rentas.

¿Qué novedades trajo el cambio de gobierno en la orientación de la Dirección General Impositiva (DGI)?

¿De qué manera desarrolla sus procedimientos la DGI para bajar la evasión y mejorar la recaudación, algo fundamental cuando la situación fiscal es apretada y no se va a aumentar impuestos, como se prometió en la campaña electoral?

¿Qué quiere decir que se apuesta a “un modelo de gestión de cumplimiento tributario”?

¿Cómo responden las autoridades al Colegio de Contadores, que en estos días manifestó su preocupación por actuaciones en las que se estaría vulnerando algunos derechos y garantías de los contribuyentes?

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Entrevista relacionada:

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¿Por qué el Colegio de Contadores solicitó al Parlamento que se desarchive y apruebe el proyecto "Carta del Contribuyente" que propone regular la relación entre los ciudadanos contribuyentes y los organismos recaudadores, como la Dirección General Impositiva? Conversamos En Perspectiva al respecto con el vicepresidente del Colegio de Contadores, Jorge Bergalli.

Ante el aumento de las inspecciones realizadas por la Dirección General Impositiva (DGI), el Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) solicitó al Parlamento que desarchive y apruebe el proyecto de ley que establece derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias.

Ese proyecto, conocido como "Carta del Contribuyente", que fue presentado por el Colegio en el período de gobierno anterior y que logró media sanción en la Cámara de Diputados, propone regular la relación entre los ciudadanos contribuyentes y los organismos recaudadores, promoviendo un vínculo basado en la confianza.

Proyecto de Ley "Carta de Derechos Del Contribuyente" by En Perspectiva En Perspectiva

De aprobarse la ley, esta se aplicaría a todos los tributos, con excepción de los aduaneros y los departamentales, y también a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales.

¿Qué dice aquel proyecto? ¿Por qué se lo replantea ahora? ¿Qué está pasando con las inspecciones recientes de la DGI?

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El directorio del Partido Nacional decidió por unanimidad que su Comité de Ética investigue al edil del sector Todos por Maldonado, Rodrigo Blas, quien fue multado por la DGI por U$S 1.900.000 por la evasión de IRPF e IVA en su actividad como agente inmobiliario.

El lunes, el propio Blas presentó una nota ante el directorio en la que solicitó la instalación del Comité de Ética partidaria para analizar su caso, “no aceptando prejuzgamientos ni condenas anticipadas”.

Antes, el líder del sector Todos, el senador Luis Lacalle Pou ya había pedido la intervención del Comité de Ética, pese a que consideró que la multa corresponde a un “tema privado”.

El líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, consideró en cambio que el caso tiene “implicancias políticas”. Para el senador los asuntos privados de Blas que motivaron la multa, “rozan” con su actividad pública y con el Estado.

Otro de los precandidatos nacionalistas, Juan Andrés Ramírez Saravia, sostuvo por otro lado que Blas debe ser “expulsado” del partido si se comprueban el “fraude y la estafa” contra la DGI.

En diálogo con Subrayado, Blas dijo que el caso ha sido “utilizado políticamente” en su contra.

(Audio Blas)

Tengo derecho a defenderme, nos estamos defendiendo. Recién ahora pudimos empezar a defendernos. Y hay que esperar, salvo que nos transformemos en un país o en un partido en el que con una denuncia alcanza para echar a cualquiera de los lugares en donde fue puesto por la gente. Yo estoy donde me puso la gente. Conversamos con todos lo que tenemos que conversar. Soy blanco, me someto a las decisiones de mi partido, me someto a la justicia, me someto a los procedimientos administrativos. Lo que no me corren es con el poncho.

(Fin audio)

La Mesa de los Miércoles con Hoenir Sarthou, Leonel Briozzo, Agustín Iturralde y Fernando Scrigna.

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Foto en Home: Rodrigo Blas, candidato a intendente en 2015. Créditos: Twitter @rodrigoblas

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Los pequeños productores, propietarios de explotaciones entre 200 y 300 ha CONEAT 100, están exoneradas del Impuesto de Primaria.

Para obtener la exoneración deben presentar una declaración jurada ante DGI antes del 30 de abril.

Para facilitar el trámite de exoneración la DGI preparó 17.708 declaraciones juradas borrador, con los datos del año 2017. Estas se encuentran disponibles en la página web de DGI en Servicios en Línea.

Si esta declaración es confirmada antes del 30 de abril de 2018, el productor quedará exonerado sin realizar ningún trámite adicional.

Si la explotación tuvo cambio en el número de Padrones se deberá presentar la declaración jurada formulario N° 3980.

Los propietarios de padrones rurales que explotan hasta 200 Hs. CONEAT 100 y que presentaron declaración ante las intendencias departamentales para beneficiarse de la exoneración de la Contribución Inmobiliaria, están exonerados y no deben realizar ningún trámite ante la DGI.

Hasta el momento se han recibido un número aproximado de 8.000 declaraciones juradas.

Más información sobre padrones rurales aquí.

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Ancap le debe a la DGI US$ 109 millones por multas y recargos debidos a retrasos en la liquidación de IVA en la importación de derivados de petróleo entre 2007 y 2016. El ente comunicó el jueves que llegó a un acuerdo con el organismo recaudador para mitigar el impacto financiero que este desembolso puede causarle.

Según el texto que difundió Ancap, en junio, la petrolera solicitó a DGI inspeccionar la liquidación de IVA de importación de derivados de petróleo, en el periodo enero de 2007 a mayo del año pasado.

Esa solicitud se realizó a partir de una denuncia anónima que llegó a la comisión investigadora sobre Ancap en el Parlamento.

Finalmente, “la inspección determinó que se liquidaron todas las importaciones sin detectarse defraudación del fisco ni desviaciones en relación a volúmenes o precios declarados”, pero sí “se constataron exclusivamente retrasos que originan multas y recargos”.

“El directorio (de Ancap) –dice el comunicado– resolvió la implantación de un nuevo procedimiento para asegurar el cumplimiento de todas las formalidades de importación y liquidación de IVA para evitar multas y recargos a futuro”, termina diciendo.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Rafael Mandressi y Juan Torres.

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Nota relacionada
Ancap y la DGI: Entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN)

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Emiliano Cotelo (EC): Como ustedes saben, el costo que asume el Estado a través de diversas exoneraciones es un asunto de frecuente debate a nivel político y de algunos grupos de opinión… Por eso, nos pareció que valía la pena dedicar nuestro análisis económico de hoy a este tema. El diálogo, en seguida, es con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.

Romina Andrioli (RA) Pablo, si te parece, para comenzar, expliquemos brevemente en qué consiste el concepto de Gasto Tributario que da pie a estos cálculos y cifras que dio a conocer la DGI.

Pablo Rosselli (PR): Me parece bien, Romina… El concepto de Gasto Tributario hace referencia a la pérdida de recaudación o sacrificio fiscal que se genera cuando el Estado dispone de excepciones en el tratamiento tributario. El Gasto Tributario consiste en la diferencia entre lo que se recaudaría si no existieran esas excepciones y lo que efectivamente se recauda.

Esas excepciones, a su vez, se pueden establecer de tres grandes maneras: a modo de exoneraciones tributarias (esto es, que algunos sujetos no pagan el impuesto), a modo de deducciones de impuestos mayores a las usuales para el común de los casos en que se aplica un impuesto (esto es que hay sujetos que terminan pagando menos) y a través de tasas o alícuotas menores a las que se aplican en los casos generales. El ejemplo más fácil de ver para este último caso está en el IVA, donde tenemos una tasa básica de 22% pero hay un conjunto de bienes que integran la canasta de consumo que están gravados con una tasa menor, de 10%.

RA: – ¿Y cuáles son las principales cifras del reporte, Pablo? ¿Cuánto se resigna en cada impuesto?

PR: – Emiliano adelantaba que el gasto tributario total ascendió según los cálculos de la DGI a unos 3.600 millones de dólares.

La DGI llega a esa cifra computando el sacrificio fiscal en los cinco impuestos más importantes de nuestra estructura tributaria, que son el IVA, el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto Específico Interno o IMESI.

Casi la mitad de la renuncia fiscal opera a través del IVA, que es nuestro principal impuesto… La renuncia fiscal en el caso del IVA llega a unos US$ 1.780 millones… Y esa renuncia equivale a un 32% de lo que efectivamente se recauda.

En el IRAE la renuncia fiscal totaliza unos US$ 860 millones, lo cual es una cifra muy alta (70%) en relación a lo que efectivamente se recauda. En el Impuesto al Patrimonio la renuncia es de US$ 670 millones, que equivale a un valor más o menos igual a lo que efectivamente se recauda; en el IRPF la renuncia es de unos US$ 280 millones (que representan menos del 20% de lo que se recauda) y en el IMESI la renuncia es muy pequeña, de US$ 45 millones, que a su vez es menos del 5% de lo que se recauda.

RA: – Pablo, con esas cifras, se puede concluir que las mayores exoneraciones recaen sobre las rentas empresariales y sobre el impuesto al patrimonio… ¿Es así? Te lo pregunto porque en relación a este punto hay desde algunos sectores del gobierno críticas importantes… ¿Cómo analizan este tema?

PR: – Las cifras indican que casi la mitad de la renuncia fiscal está en el IVA y que más de un 40% está en el IRAE y el Impuesto al Patrimonio.

Sin embargo, Romina, debemos ser muy cuidadosos al momento de interpretar estas cifras…

La DGI hace bien en publicar estos cálculos… Divulgar las renuncias fiscales implícitas en las excepciones tributarias es una buena práctica, porque contribuye a darle trasparencia al sistema tributario, que es un atributo deseable en los regímenes democráticos… Pero debemos comprender también que detrás de estas cifras hay cálculos que se basan en supuestos que son muy discutibles… y que siempre es necesario hacer muchos supuestos para tener estos cálculos.

RA: – ¿Podés explicar mejor este punto, Pablo?

PR: – Claro… Para hacer estos cálculos es necesario tener para cada impuesto una definición clara de cómo sería la aplicación de un criterio o estructura tributaria “normal”… Eso suena simple pero no lo es tanto… Por eso, debemos ser muy cuidadosos al momento de interpretar estas cifras.

Pensemos por ejemplo en el IVA… Tenemos una tasa básica de 22% que se aplica para la gran mayoría de los casos, una tasa mínima de 10% que se aplica principalmente a bienes de una canasta básica de consumo y tenemos bienes y servicios que no pagan IVA…. El cálculo de la DGI asume que la estructura tributaria normal sería una tasa uniforme de 22%… Es fácil de entender el supuesto pero no es el único supuesto posible porque al final del día el legislador definió un impuesto con vistas a cierto afán recaudatorio… ¿Qué quiero decir con esto? Si se hiciera una reforma para unificar la tasa de IVA, ¿se unificaría esa tasa en 22% o se unificaría en un valor más bajo? No tenemos una respuesta obvia para esa pregunta…

Entonces, no es tan fácil definir lo que sería una estructura tributaria normal contra la cual hacer la comparación… Y por otro lado, también hay que señalar que para hacer estos cálculos es necesario hacer otro supuesto muy importante… En términos generales, los cálculos de la DGI asumen que el comportamiento de los agentes no cambiaría si no existieran las exoneraciones… Ese supuesto tiene la ventaja de su relativa simpleza, pero la teoría económica nos dice que cuando la presión tributaria es mayor, los agentes modifican su comportamiento para tratar de mitigar, a veces por medios ilícitos pero otras muchas por medios lícitos, el impacto de los mayores impuestos.

RA: – Vale la pena esa aclaración, Pablo… ¿Podemos entender un poco más cómo se llegan a esas cifras? ¿Cuáles son los principales factores que determinan esas renuncias fiscales tan importantes en el caso del IVA, del IRAE y del Impuesto al Patrimonio? El informe de la DGI presenta información desagregada, ¿verdad?

PR: – Sí, Romina. En el caso del IVA hay muchos factores… La aplicación de una tasa de 10% en bienes de la canasta básica explica casi 300 millones de renuncia. El segundo elemento es la no aplicación de IVA a la nafta… eso tiene un costo de más de 200 millones de dólares… Y aquí podemos ver en un caso concreto la importancia de los supuestos… la nafta no paga IVA (como sí paga el gasoil) pero tiene un IMESI (que no tiene el gasoil)… La nafta ya cuesta más que el gasoil… Entonces, no es obvio, a nuestro juicio, que una estructura tributaria normal sea una estructura en la cual la nafta pagase IVA e IMESI, como asume la DGI… Otro elemento que computa la DGI es la renuncia de IVA en los free shops y tiendas de frontera… Pero aquí es claro que al menos una parte de esas ventas (pensemos en los free shops de la frontera) no existirían si no se aplicaran las exoneraciones tributarias… porque la lógica misma de esos negocios está en vender productos sin impuestos.

RA: – ¿Y cómo son las cifras en el caso del IRAE y del Impuesto al Patrimonio?

PR: – En el caso del Impuesto al Patrimonio, la mayor renuncia fiscal (unos US$ 400 millones) viene por lo que se llama activos exentos… activos que no están alcanzados por el impuesto… Aquí se encuentran por ejemplo los títulos de deuda pública… De nuevo, y para entender la importancia de los supuestos, la DGI asume en el cálculo que acá hay una renuncia. Sin embargo, es razonable presumir que si los títulos de deuda pública estuviesen gravados por el impuesto al patrimonio, el gobierno terminaría pagando más intereses…

En el caso del IRAE, las mayores renuncias están en Zonas Francas (unos US$ 300 millones) y en regímenes de promoción de la inversión (más de US$ 200 millones). Sin embargo, no es para nada evidente que realmente allí hay una renuncia fiscal de esa entidad… Es muy razonable asumir que una parte importante de la inversión en zonas francas no se radicaría si no hubiese un tratamiento tributario favorable… y algunas inversiones probablemente no se realizarían si no existieran los beneficios fiscales.

En definitiva, Romina, debemos interpretar con mucha cautela estas cifras… Si pensamos en un rango posible de estimaciones de la renuncia fiscal, a nuestro juicio, las cifras de la DGI probablemente se ubican en el extremo superior de ese rango.

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Al mismo tiempo, el gobierno decretó que desde la misma fecha, la rebaja de los combustibles que se venden a menos de 20 kilómetros de la frontera con Brasil se reduzca a 7 %. En los hechos implicará que en esas estaciones la nafta aumente $ 7.

El director de la Dirección General Impositiva, Joaquín Serra, explicó a En Perspectiva que la medida se tomó porque la diferencia en el precio del combustible entre Uruguay y los dos países fronterizos no ameritaba que se siguiese con la actual exoneración impositiva. En Argentina, dijo Serra,  la nafta se vende a 52 pesos uruguayos mientras que en nuestro país está a 43 pesos sin reducción de impuestos, con lo que la rebaja no se justificaba. En el caso de Brasil la diferencia se redujo a un 7% a favor del país norteño lo que implicó un ajuste del lado uruguayo.

Serra aseguró además que con las rebajas tributarias las estaciones cercanas a las fronteras vendían nafta sensiblemente más barata que el resto del país con lo que se generaba una "competencia desleal".

El jerarca explicó que a partir del decreto, la DGI hará un monitoreo mensual de los precios en Argentina y Brasil para determinar si se hacen ajustes a la baja o a la alza en Uruguay. Con la medida el Estado volverá a recaudar entre 300 y 400 millones de pesos al año.

Foto en Home: Estación de Ancap en La Paloma. Crédito: Ricardo Antúnez/adhoc Fotos

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