Este domingo Uruguay manifestó su preocupación en el Consejo de Seguridad de la ONU, por la escalada de violencia armada en la República Democrática del Congo, donde el sábado se produjo un ataque contra los cascos azules en el que murió un soldado de nuestro país y otros tres resultaron heridos.

El comandante en Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, informó el sábado en Montevideo que los efectivos viajaban adentro de un vehículo blindado cuando recibieron un disparo de “enorme precisión" y con "medios muy avanzados" que superan los que la ONU tiene en el lugar. Stevenazzi dijo que era evidente que había intención de matar a personal de las misiones de paz.

La sesión del Consejo de Seguridad por la situación en el Congo estaba prevista para hoy, lunes 27, pero Uruguay pidió adelantarla a raíz del incidente. Durante el debate que tuvo lugar ayer, el representante de nuestro país, Carlos Amorim, explicó que, como corresponde, las tropas uruguayas “no participan en acciones ofensivas y están encargadas de la protección de civiles”.

El embajador Amorim pidió “intensificar esfuerzos para alcanzar un cese al fuego inmediato y garantizar que las partes involucradas puedan regresar a la mesa de negociación”.

Además, ayer la cancillería emitió un comunicado en el que repudió el ataque contra el contingente uruguayo y llamó a buscar “una solución política” al conflicto.

El soldado fallecido, de nombre Rodolfo Álvares, integraba el Grupo de Escuadrones de Caballería Mecanizada Nº1. Tenía 39 años, con 10 de servicio. Deja atrás una esposa y tres hijos.

De los tres soldados compatriotas heridos en el ataque, que ocurrió en la región de Kivu del Norte, dos permanecen internados en la ciudad de Goma. El tercero, el sargento Adrían Fernández, fue traslado a un Hospital en Kampala, Uganda, donde se encuentra en estado crítico pero estable. Fernández volverá a ser intervenido a nivel de otorrinolaringología, ortopedia y cirugía plástica.

Durante la conferencia de prensa del sábado, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat expresó su apoyo a la familia y a las Fuerzas Armadas. El ministro defendió la participación de Uruguay en las misiones de paz que dijo “son una cuestión de Estado”.

“La función de Uruguay en el Congo es la protección de la población civil. Gracias a que los cascos azules de Uruguay están ahí, varios miles de congoleños están con vida. Nos sentimos orgullosos de las Fuerzas Armadas. Más que nunca decimos el compromiso de estar al lado de ellos”, finalizó.

El ministro informó que unos 50.000 militares uruguayos fueron desplegados en la RDC en los últimos 23 años, y esta es la baja número 11 que se ha tenido en combate. Actualmente hay más de 750 efectivos en ese país.

El presidente saliente Luis Lacalle Pou, y el presidente electo, Yamandú Orsi, se solidarizaron con la familia del soldado fallecido y con los militares desplegados en el Congo.

Los enfrentamientos entre el ejército congoleño y el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Ruanda, se han intensificado en los últimos días en la provincia de Kivu Norte, a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que los rebeldes detengan su avance sobre Goma, ciudad clave en el este del país, rica en minerales y donde vive más de un millón de personas.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco) opera desde 1999. Su mandato fue renovado por un año por el Consejo de Seguridad el 20 de diciembre de 2024.

Los cascos azules uruguayos estaban culminando su misión de un año en la RDC. "Los relevos iban a comenzar la semana próxima, pero los vuelos se suspendieron hasta nuevo aviso", dijo a la AFP el portavoz del Ejército uruguayo, coronel Fernando Botti.

¿Cómo reaccionaron los tertulianos cuando conocieron este episodio?

¿Hay que mantener la presencia de Uruguay en las misiones de paz de ONU?

El gobierno saliente firmó el jueves de la semana pasada el contrato para la construcción y mantenimiento de la nueva planta potabilizadora a ubicarse en Arazatí, San José, destinada a reforzar el sistema de agua potable en el área metropolitana. La decisión molestó al equipo del presidente electo, Yamandú Orsi, pese a que el documento incluye un memorándum que habilita las "eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar".

El contrato se formalizó el jueves 19 a mediodía en la Torre Ejecutiva entre representantes del Poder Ejecutivo y OSE, encabezados por el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que estará a cargo de la obra.

A través de un comunicado, Presidencia valoró que el contrato permite poner en marcha un proyecto que supone “la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable”. Las autoridades destacaron que Arazatí sumará “una fuente alternativa” al sistema de agua potable en el área metropolitana “ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos” que puedan ocurrir, y aseguraron que en todo este tiempo “se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y ambiental”.

El mismo jueves el presidente electo, Yamandú Orsi, le envió una carta al actual mandatario, Luis Lacalle Pou, y además se comunicó telefónicamente con él para manifestarle su discrepancia sobre la “oportunidad” de firmar ese contrato.

Orsi habló con la prensa sobre este tema avanzada la tarde, cuando reveló sus contactos con el presidente.

Admitió que “no puede decir” que Lacalle Pou no le “hubiese avisado” que el acuerdo se firmaría, pero marcó su crítica al accionar del actual gobierno.

“Hay un tema de contenido que ahí nosotros hemos planteado: cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno que se firme”, expresó el mandatario electo.

El gobierno electo analizará ahora los posibles cambios del proyecto original que el consorcio propuso como alternativas.

Al respecto, Orsi dijo que se analizará “cuánto espacio deja” al futuro gobierno el memorandum anexo al contrato aunque, agregó, a primera vista “no es mucho lo que se modifica”.

A través de sus redes sociales el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la firma del contrato representa “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales”.

Ortuño aseguró que el proyecto “deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua y de saneamiento en todo el país y de realizar obras estratégicas como Casupá".