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La Vertiente Artiguista expresó preocupación por la situación de la Fiscalía de Corte, ocupada en forma interina por Mónica Ferrero desde 2024, y propuso que se designe un fiscal general y su subrogante por los mecanismos previstos en la ley. 

En particular, planteó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo adecuen el marco legal vigente y restablezcan criterios imparciales y aleatorios para designar al fiscal general interino, de acuerdo con el artículo 59 de la ley 19.483. Esa norma establece que la subrogación del fiscal de Corte corresponde a quien ocupe el cargo del fiscal adjunto de Corte y, si este estuviera impedido, se debe sortear al subrogante entre los fiscales penales de Montevideo.

La declaración fue aprobada ayer por la Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista, que también analizó la situación política y la marcha del gobierno. En ese marco, el sector reafirmó la necesidad de combatir toda forma de impunidad vinculada al terrorismo de Estado.

El sector advirtió sobre un “embate de la oposición de derecha procurando la liberación de los presos de Domingo Arena” y cuestionó los dichos del comandante del Ejército, Mario Stevenazzi, sobre el pasado reciente. La Vertiente recordó que el 20 de mayo, horas antes de la Marcha del Silencio, Stevenazzi dijo que el Ejército no tiene información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y afirmó que la institución “no esconde nada”. Para el sector, esas declaraciones no ayudan a generar el clima necesario para avanzar en verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado.

El sector también saludó la decisión del Poder Ejecutivo de cesar a la abogada Graciela Figueredo como asesora del comandante del Ejército, y valoró que el Ministerio del Interior haya puesto a disposición nuevos documentos de Inteligencia Policial vinculados a la dictadura.

En otro tramo, la Vertiente advirtió que las encuestas muestran cierta insatisfacción ciudadana con la gestión del gobierno, aunque también cuestionó a la oposición, a la que acusó de impulsar una estrategia de hostigamiento y bloqueo a iniciativas oficiales.

Además, respaldó la próxima Rendición de Cuentas como una oportunidad para asignar recursos a áreas prioritarias, como infancia, seguridad, situación de calle y empleo.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el senador frenteamplista Eduardo Brenta, del sector Vertiente Artiguista.

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Este año 2019 empezó con un nuevo conflicto entre Adeom y la Intendencia de Montevideo en el sector Limpieza. Pero aparentemente no fue un conflicto más.

Hace una semana, el intendente Daniel Martínez convocó a una conferencia de prensa donde informó que se instalará un ámbito de discusión tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para negociar el carácter esencial de la recolección de basura durante todo el año.

Quien tiene que tomar la decisión de qué hacer es la autoridad, quienes hemos sido electos. Eso no entra ni remotamente en ninguna posibilidad de discusión. Hemos hablado con el MTSS para que convoque una negociación donde participe el PIT-CNT, Adeom, el ministerio y la IM para determinar la esencialidad de este servicio. Lo mismo que tienen los suministros de agua y energía eléctrica.

Luego del anuncio, Adeom salió a denunciar que la iniciativa implicaba un ataque a las libertades sindicales. Y no se quedó allí. El viernes, En Perspectiva, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll acusó a Martínez de hacer campaña política con el sindicato.

Convengamos que el Intendente está de licencia, descolgado del tema, no discute con el sindicato. Vino a dar una conferencia de prensa a mostrar no sabemos qué. Dejamos claros que no vamos a ser rehenes de una campaña política y no vamos a permitir que se nos utilice.

En este clima las partes se sentarán a negociar hoy en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué hay que esperar de esta mesa de diálogo? En Perspectiva lo conversó con el Director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta.

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Foto: Presidencia

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Esta mañana En Perspectiva conversamos sobre este tema con el diputado nacionalista Jorge Gandini; con Eduardo Brenta, exministro de Trabajo y hoy director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo; y Conrado Ramos, experto en reforma del Estado, perteneciente al Partido Independiente.

El intendente de Artigas, Pablo Caram, tiene en cargos de confianza a dos primos, una sobrina y su pareja. La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, contrató a su hermano como director de Prensa interino. El vicepresidente de ASSE tenía a la novia de su hijo como secretaria. Las contrataciones de familiares de jerarcas en organismos públicos están en la mira.

En medio de ese debate el senador colorado Pedro Bordaberry presentó el viernes un proyecto que encara este asunto de manera tajante. Concretamente, el texto prohíbe “en todo el Estado” designaciones y contrataciones de personas, “bajo cualquier modalidad”, “que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja con el presidente de la República, los intendentes, los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, los legisladores tanto nacionales como departamentales, entre otros jerarcas.

Solo quedan exceptuadas de esa disposición “las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público o que cuenten con una antigüedad en el cargo de más de 5 años”. Bordaberry dijo que sería “un buen mensaje” que todo el sistema político apoyara su propuesta.

Las primeras reacciones fueron positivas. Pero con el correr de los días han ido apareciendo matices y discrepancias. En en el espacio de la entrevista central de En Perspectiva conversamos esta mañana sobre el tema con varios referentes del espectro político.

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Crédito fotos: Eduardo Brenta (izq.), Presidencia de la República/Jorge Gandini (centro), Departamento de Fotografía Parlamento/Conrado Ramos (der.), Partido Independiente.

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