Foto: Movilización de vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina, frente a Torre Ejecutiva. Crédito: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Unas 80 familias ocuparon terrenos pertenecientes a la Intendencia de Montevideo y a una empresa privada entre fines del 2019 y principios de 2020, en la zona de Santa Catalina.

Rápidamente se conformó lo que pasó a conocerse como el asentamiento Nuevo Comienzo, y desde el principio estuvo la sospecha de que grupos criminales estaban detrás de la veloz mudanza. Eso motivó de inmediato una investigación judicial y el desalojo apareció cercano en el horizonte.

En respuesta, vecinos del Nuevo Comienzo, donde hoy viven entre 200 y 300 familias, acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuyo principal referente es el abogado Juan Ceretta.

El accionar que siguieron fue doble: se acudió al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, y se presentaron acciones de amparo ante la Justicia uruguaya. En ambas instancias los fallos fueron contra el Estado.

En febrero, la ONU solicitó a Uruguay, en carácter de medida provisional, que suspendiera el desalojo del asentamiento o que le otorgara una vivienda alternativa a sus habitantes.

El fiscal del caso, Diego Pérez, consideró que el pronunciamiento no tendría consecuencias y que continuaría con los procedimientos, aduciendo que tenía pruebas que bastarían para incluso pedir prisión contra algunos habitantes del barrio. A principios de marzo el fiscal Pérez acordó con un grupo de familias que no irían a juicio siempre y cuando abandonaran el asentamiento antes del 4 de abril.

Sin embargo, estas últimas semanas la Justicia hizo lugar a tres recursos de amparo presentados por las familias bajo asesoramiento de Ceretta. Tres veces la Justicia condenó al Ministerio de Vivienda (MVOT) a brindarle una solución habitacional a las familias afectadas, con plazos de 24 a 72 horas. El MVOT apelará.

¿Se está aquí de alguna forma “premiando” a quienes incurrieron en un delito? ¿Sienta una mala señal para el futuro? ¿O le corresponde al Poder Judicial resolver este tipo de problemas sociales?

Hoy proponemos tomar el tema en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas. Para eso, nos acompañaron Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; Óscar Sarlo, excatedrático de Filosofía del Derecho en la Udelar, ocasional integrante de La Tertulia de En Perspectiva; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, donde es docente Grado 3 de Derecho Constitucional; y Eduardo Esteva, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo.

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La eutanasia es, según la OMS, “la acción del médico que provoca la muerte al paciente de forma deliberada”.

Su despenalización, ¿supone el derecho a una “buena muerte”, o sería un elemento que podría fomentar el suicidio, que ya tiene tasas muy elevadas en el país?

Desde que el diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley a principios de año para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, hemos tratado el tema aquí En Perspectiva desde los puntos de vista ético y médico.

La cuestión genera divisiones importantes en la comunidad médica, y también despierta pasiones en la sociedad civil. Según una encuesta promovida por el Sindicato Médico del Uruguay, más de un 80% de los uruguayos estaría a favor de la legalización, aunque se han elevado voces, particularmente desde la Sociedad de Cuidados Paliativos, que discuten ese estudio de opinión pública.

Hoy les proponemos un enfoque distinto, el jurídico, en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas.

Para eso, conversamos con Eduardo Esteva, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo; Martín Risso, catedr ático de Derecho Constitucional, director del Departamento de Constitucional en la Universidad Católica; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República y Oscar Sarlo, también profesor Grado 5 retirado de la Udelar, ocasional integrante de La Tertulia de En Perspectiva.

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Exhortar versus obligar. La discusión giró en torno a ese eje durante buena parte de las primeras semanas de combate a la epidemia de Covid-19 en Uruguay.

“Quedate en casa” fue el eslogan, y aunque nunca se prohibió a nadie a que saliera de su hogar, sí se realizaron campañas y se movilizó por ejemplo un helicóptero policial exhortando a la población a no quedarse en las calles aunque el día estuviera lindo.

La cuestión se enmarcó desde un ángulo filosófico pero también práctico, por la dificultad que podía significar la fiscalización de una prohibición más firme. Hoy les propusimos tomar esa misma discusión desde un ángulo jurídico.

Para debatirlo, tuvimos esta mañana una nueva Mesa de Juristas con Eduardo Esteva, experto en Derecho Constitucional; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, responsable del área de Derecho Público en el estudio Posadas, Posadas y Vecino; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República y Óscar Sarlo, ex catedrático en la Udelar, ocasional integrante de La Tertulia de En Perspectiva.

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Esta última década, el Poder Judicial atravesó un enfrentamiento complicado con el Poder Ejecutivo a raíz de un conflicto salarial, y más recientemente una reforma profunda del Código del Proceso Penal que se implementó con escaso presupuesto.

Visto el panorama, que tuvo al sistema judicial en el ojo de la tormenta en más de una ocasión, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, parece un buen momento para poner el foco en qué proponen los partidos políticos para la Justicia.

¿Qué dicen los programas partidarios sobre las instituciones jurídicas, la lentitud judicial o la calidad legislativa? ¿Y qué deberían decir? ¿Qué está faltando?

Para discutirlo, En Perspectiva desarrolló una nueva edición de la Mesa de Juristas. Nos acompañaron Óscar Sarlo, catedrático de Filosofía del Derecho en la Udelar; Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional I y II en la UM; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Udelar; y Santiago Pereira Campos, especialista en Derecho Procesal, docente en la UM en esa materia, expresidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

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¿Cómo es la relación funcional entre derecho y política?

¿Es suficiente con tomar decisiones legislativas o ciudadanas para producir cambios en comportamientos, instituciones o culturas? ¿Basta con lograr el número de votos con mayorías justas?

Todos los partidos políticos especulan ahora con cómo lograr asegurar una mayoría parlamentaria para concretar sus propuestas políticas, pero ¿es lo mismo adoptar decisiones institucionales que adoptar políticas públicas?

En otros términos, en el escenario de un próximo gobierno, ¿alcanza con tener “el voto 50” en Diputados – como se dice habitualmente-? ¿Se logra sólo con eso instalar una política sólida?

¿Qué tan amplios deben ser los acuerdos para generar cambios reales en la sociedad? ¿Qué más se necesita, además de la ley en el papel?

Lo conversamos en La Mesa de Juristas de En Perspectiva con: Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional I y II en la Universidad de Montevideo; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; y un conocido de En Perspectiva por sus participaciones en La Mesa, Óscar Sarlo, también profesor Grado 5 en la Udelar. Todos ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Continúa en: La Mesa de Juristas II: El recurso de prereferéndum ¿vale la pena?

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¿Vale la pena el recurso del prereferéndum como herramienta para habilitar la consulta popular? 

A raíz del prereferéndum del domingo promovido por los nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue que buscaba derogar la ley para personas trans este debate quedó instalado.

¿Vale la pena habilitar una elección que le sale ocho milllones de pesos a la Corte Electoral habiendo juntado solo el 2% de las firmas de los habilitados en “el camino corto”- como se le dice-?

Para activar un referéndum los impulsores de una consulta como esta tienen dos opciones previstas en la ley 17.244. 

Por un lado, el denominado “camino largo”, que requiere presentar dentro del año de promulgación de la ley las firmas del 25% del total de inscriptos habilitados para votar. Si las firmas se alcanzan en ese plazo la Corte realiza la convocatoria directamente.

Pero otro lado, también está el camino “corto”, que requiere que se recoja solamente las firmas del 2% del total de inscriptos habilitados para votar, dentro de los 150 días contados desde la promulgación de la ley.

Los impulsores del referéndum por la derogación de la ley de personas trans optaron por este camino corto y en marzo de este año presentaron 69.630 firmas, los que le permitió plantear el domingo la instancia de prereferendum.

Finalmente, la convocatoria para derogar la ley trans fracasó porque, a nivel nacional, no se alcanzó el 25% del padrón electoral. Concretamente, en todo el territorio nacional hubo 266.503 votos, sumados a los 5.443 que fueron observados. Es decir, solo un 9,9% se manifestó en contra de la normativa.

Parte II de La Mesa de Juristas propuesta por En Perspectiva junto a cuatro juristas: Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional I y II en la Universidad de Montevideo; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; y un conocido de En Perspectiva por sus participaciones en La Mesa, Óscar Sarlo, también profesor Grado 5 en la Udelar. Todos ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

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Viene de: La Mesa de Juristas I: ¿Cómo es la relación funcional entre derecho y política?

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La posibilidad de que criminales presos quedaran libres porque la ley Antilavado incluía la palabra “deróguese” en lugar de “sustitúyase”.

El recurso de inconstitucionalidad presentado contra el nuevo Código del Proceso Penal o contra la creación de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad.

La Institución Nacional de Derechos Humanos planteando que la Corte Electoral debería controlar que las iniciativas de consulta popular que están en curso suponen un retroceso en derechos adquiridos.

La inhibición del ministro Ernesto Murro como candidato a presidente y ahora las dudas sobre la habilitación del profesor Robert Silva para ser candidato a vicepresidente de la fórmula colorada.

Son solo algunos casos recientes en los que el debate jurídico cobró estado público e ingresó en terreno político. En ocasiones aparecen detalles que pueden tener consecuencias graves, otras veces se dan las tan famosas dos bibliotecas. Se genera la percepción, incluso, de que hay “chicanas” jurídicas.

¿Está bueno que todo se debata jurídicamente? ¿Siempre fue así o en otra época no se debatía tanto? Para hablarlo, En Perspectiva propuso una mesa especial con cuatro juristas: Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional I y II en la Universidad de Montevideo; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica; Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; y un conocido de En Perspectiva por sus participaciones en La Mesa, Óscar Sarlo, también profesor Grado 5 en la Udelar. Todos ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

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