El Guardián, el sistema para interceptar comunicaciones que el gobierno adquirió en 2013, ya lleva más de 10 mil intervenciones desde que comenzó a funcionar en diciembre de 2017.

Mientras tanto, sigue abierta la discusión sobre las garantías que existen en torno a su uso. El tema volvió a la agenda parlamentaria esta semana.

El senador nacionalista Javier García dijo que al día de hoy “no se puede afirmar” que El Guardián no se está utilizando ilegalmente. García se basa en que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no ha recibido los informes que el Ministerio del Interior (MI) y las compañías telefónicas deberían remitirle para que se pudiera corroborar que las interceptaciones realizadas son solamente las autorizadas por magistrados.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respondió que el senador está “poniendo en duda un instrumento que es del Estado y no del gobierno, ni de ningún partido político”.

¿Cómo se salda esta polémica? ¿Qué se puede corregir el funcionamiento del sistema de interceptación legal de comunicaciones? En Perspectiva lo conversó con el senador Javier García.

En la entrevista, García dijo que al día de hoy “no se puede afirmar” que el sistema de interceptación de comunicaciones conocido como El Guardián no se está utilizando sin autorización judicial.

De El Guardián hace tres años que está funcionando sin controles, porque los dos artículos que establecían el corazón de los controles no se cumplieron. Uno de ellos, que era el número 11 del memorando de entendimiento, establecía que la Unatec, la oficina del MI tenía que -desde que empezara a utilizar El Guardián- mandar cada tres meses un informe a la SCJ con todas las intervenciones telefónicas efectuadas. Cada tres meses. Si era cada tres meses, tiene que haber cuatro por año. Van tres años, entonces son doce informes que tendría que haber mandado el MI. No mandó ninguno al día de hoy.

Una versión dice que empezó a funcionar en mayo del 16, otra en mayo del 17. Así que de entre ocho y doce informes no vino ninguno. No fue ninguno a la SCJ, esto me lo confirmó el presidente de la SCJ hace una semana.

El artículo 12 del memorando de entendimiento preveía el otro extremo. ¿Cómo coteja usted que no hay utilización ilegal? Si usted tiene los dos extremos: por un lado la autorización judicial, todo el proceso, el pedido, etcétera; y al final lo que efectivamente la operadora, la estatal y la privada, hace. Le dan la orden y pincha. Si coinciden los dos extremos, entonces está todo normal. A ver, el juez ordenaron diez intervenciones, las operadoras realizaron diez intervenciones. Perfecto, cierra.

Pero puede suceder que la Justicia ordenó diez intervenciones, y las operadores hicieron doce. Quiere decir que hay dos que están afuera de la ley. Para tener la información completa hay que tener los dos extremos. Y ninguno de los dos extremos del circuito se tiene hasta el día de hoy.

García cuestionó particularmente el accionar del MI porque “tomó estado público” y si no “seguía funcionando sin control ninguno”.

Un sistema que tiene la potencialidad que tiene este, que se utiliza, que bien utilizado es un arma muy importante para la Justicia, estableció un sistema de controles. Y estamos hablando que tres años después, si no fuera por una investigación periodística y por la acción que llevamos en el Parlamento, ninguno de los controles se llevó adelante.

¿Por qué ahora el MI anuncia que hay que hacer una ley para obligar a las operadoras? ¿Por qué el MI esta semana se reunió con la SCJ y anuncian una reunión con las operadoras y con la Justicia para el 25 de julio? ¿Por qué se anuncia que el protocolo este del que estamos hablando hay que redactarlo de nuevo? Todo esto lo anuncian porque hubo una intervención pública, porque tomó estado público.

Si no hubiera tomado estado público por lo que dijimos recién y porque los citamos en la Comisión de Seguridad del Senado, esto seguía funcionando sin control ninguno. Esa es la realidad. Todo esto que se va a hacer ahora es porque nosotros, porque hubo una investigación periodística y denunciamos que los controles que se tenían que llevar adelante no se están llevando adelante.

Y es más, la propia Justicia, la propia SCJ, dice "nosotros no podemos descartar que se esté usando ilegalmente por la sencilla razón de que los controles establecidos para descartarlo no se llevaron adelante".

García señaló que tiene “mucho más sospechas” del uso por parte de Bonomi del sistema El Guardián, que de otros, y dijo que “no tiene pruebas, pero no puede descartarlo”.

-Se lo pregunto así, de manera bien directa: ¿existe la sospecha de que Bonomi, habiendo sido tupamaro, utilice el sistema El Guardián para llevar a cabo espionajes políticos?

-Mire, yo también se lo voy a contestar bien directo: a mí este papel lo cumpliría con Bonomi o con cualquier otro ministro, primera contestación. Segunda: mucho más con Bonomi, porque es de los que participa de aquello de que lo político está por arriba de lo jurídico, ¿vio? Él tiene esa ideología, yo no; yo creo que lo jurídico siempre está por encima de lo político. 

-Pero voy a lo que le preguntaba: ¿tienen la preocupación, la inquietud, o tienen elementos para sospechar que existen efectivamente intervenciones telefónicas al margen de las actuaciones judiciales?

-No tengo pruebas para afirmar eso, tampoco puedo descartarlo. Porque no tengo los controles previstos que estaban establecidos justamente para descartar eso.

-¿Pero la preocupación viene por que puedan estar desarrollándose o porque alguien le comentó que pueden estar desarrollándose espionajes de este tipo en materia política?

-No tengo pruebas para afirmar eso. Lo que le digo, lo vuelvo a reiterar, es que no puedo descartarlo. Lo dijo antes de ayer el ministro Chediak. No podemos descartarlos, ¿por qué? Porque sería temerario descartarlo. ¿Cómo va a descartar usted algo si no tiene los elementos fácticos, la información para descartarlo? ¿Qué elementos faltan? Los que se establecieron hace cuatro años y no se cumplen, que son los informes trimestrales. Más el acuerdo con las operadoras. Así que yo no puedo afirmar que se hagan, pero tampoco puedo descartar, no puedo descartar que alguien se haga el loco. Para descartarlo tengo que tener las informaciones que se previeron hace cuatro años y que nunca se implementaron. 

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Foto: Todos Hacia Adelante

Documento relacionado
Protocolo de coordinación entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para el uso de El Guardián

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Por Emiliano Cotelo ///

¿Qué vale más, el derecho a la privacidad o el derecho a la seguridad? ¿En qué medida estamos dispuestos a resignar parte de uno en función del otro? Y sobre todo… ¿tiene sentido hacerse estas preguntas? Yo siento que en los últimos días ha ocurrido una discusión rara sobre “El Guardián”. Algunos pueden haber pensado que se le estaba buscando la quinta pata al gato. Y, en cierto modo, tienen razón. Sin embargo, también cabe preguntarse: ¿desde cuándo sabe el Hombre que es inútil buscar más de cuatro patas en un gato?

Seguramente en algún momento de la antigüedad, antes de que existieran las palabras “matemáticas” y “zoología”, alguien se tomó el trabajo de inspeccionar muchos gatos y contarles las extremidades y concluyó que en general tienen cuatro (y que excepcionalmente pueden tener tres, o dos, si los felinos en cuestión tuvieron mala suerte en la vida). Desde entonces, buscar gatos con cinco patas es una pérdida de tiempo.

Pienso en esto a partir de la cobertura que hemos realizado En Perspectiva sobre la inminente puesta en marcha de este sistema de vigilancia electrónica comprado por el Gobierno hace dos años en Brasil y bautizado con un nombre tan orwelliano… El Guardián.

Desde el martes de la semana pasada, cuando el Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) firmaron un memorándum para coordinar entre sí las interceptaciones legales de comunicaciones, nosotros realizamos tres entrevistas en el programa y también abordamos el tema en una de nuestras mesas.

Primero llamamos al senador Javier García, del Partido Nacional, que reconoció que ese acuerdo es un avance pero opinó que es necesaria una ley que regule el manejo de esta herramienta. Luego recibimos al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, que destacó que El Guardián implica una ganancia en materia de garantías porque centraliza en un solo dispositivo las operaciones que hasta ahora realizaban 22 servicios diferentes. Y, por último, invitamos al abogado Fabrizio Scrollini, que representa a varias organizaciones sociales que vienen advirtiendo sobre la insuficiencia de la normativa bajo la cual operará esta tecnología. Faltó la palabra del Ministerio del Interior, que habló en la conferencia de prensa donde se presentó este protocolo pero después prefirió no hacer declaraciones públicas.

Aquí hago una pausa. En honor a la verdad, el protocolo nos confundió inicialmente. Por las complejidades técnicas del asunto, varios medios (incluidos nosotros) informamos de manera no precisa sobre lo que implicaba esta novedad. Recién empezamos a salir del enredo al día siguiente, con la lectura detenida del documento y con las consultas que fuimos desarrollando… Es decir, cuando empezamos a buscarle la quinta pata al gato.

Lo digo así porque –me consta– muchos oyentes se han fastidiado con algunas de las luces amarillas que fueron apareciendo en nuestro trabajo periodístico de esta noticia. Varios mensajes señalaban que el debate era inconducente, que estábamos alimentando la paranoia colectiva o que, de hecho, poníamos obstáculos en el deber de la Policía de combatir al crimen organizado, la delincuencia más pesada y dañina. A esas impresiones yo contesto que mientras avanzábamos con esas notas nosotros fuimos descubriendo la pertinencia de algunos de los reclamos que están sobre la mesa.

En primer lugar, y pese a lo que dice la carátula del documento, el protocolo anunciado la semana pasada no es lo que muchos habían solicitado durante varios meses, o sea un protocolo para la utilización de El Guardián. Este protocolo, que en realidad es un “memorándum de entendimiento”, se refiere a otro sistema, el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), una especie de registro digital creado en Uruguay y donde se documentará la coordinación entre las instituciones involucradas en estos procesos de vigilancia.

Queda bien nítido que nadie podría utilizar legalmente El Guardián sin pasar antes por el SAIL. Pero no está claro, o por lo menos no ha sido explicado públicamente, si quienes tienen acceso al software de vigilancia pueden llegar a operarlo clandestinamente, o sea, sin haber completado las formalidades del SAIL. Pero hay más preguntas que quedaron planteadas, sobre todo a partir de la entrevista con Scrollini, y que todavía no tienen respuesta.

Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, con permiso del juez, se interviene los teléfonos o el correo de un grupo de personas y, como derivación, se termina también espiando a otros individuos? ¿Qué se hace luego con esa información, digamos, no buscada? ¿Por cuánto tiempo se la conserva? ¿La persona que queda fuera de sospecha en la investigación sabrá que sus comunicaciones privadas estuvieron interceptadas? Pero, además, ¿qué papel jugarán en este proceso las empresas de telecomunicaciones? ¿Qué obligaciones se les impondrá? ¿De qué manera serán controladas? Y las preguntas siguen.

¿Cómo podemos estar seguros de que los otros sistemas de espionaje que funcionaban hasta el momento han sido desmantelados? ¿Y qué ocurrirá en particular con los servicios de inteligencia que dependen del Ministerio de Defensa? ¿Ellos también deberán pasar por El Guardián o mantendrán su propia actividad de intervención de comunicaciones? Reitero. Desde mi punto de vista, estas dudas son razonables, legítimas, y como tales, merecen una respuesta seria y exhaustiva, sobre todo de parte del Ministerio del Interior.

Jorge Díaz, cuando estuvo En Perspectiva se sorprendía porque estas inquietudes no surgieron antes y aparecen ahora, justo cuando se incorpora un sistema centralizado, más fácil de controlar que el caos que existía en el pasado. Yo creo que eso se debe a un par de razones. Primero, El Guardián es mucho más potente que los sistemas desperdigados que teníamos hasta este momento. Segundo, y sobre todo, la época en que vivimos y algunas experiencias por las que el mundo acaba de pasar.

Es claro que la penetración que tiene Internet en nuestras vidas y las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías de la información y la comunicación funcionan como un arma de doble filo… Y el caso de Edward Snowden terminó de iluminarnos al respecto.

El periodista Glenn Greenwald en un libro titulado Snowden, sin lugar donde esconderse, señala que el gran mérito de este ex agente de la CIA y la NSA fue llamar la atención de la gente acerca de los peligros de la vigilancia generalizada y desencadenar, así, el primer debate global sobre el valor de la privacidad individual en la era digital.

En esta línea, en 2013 la asamblea general de la ONU aprobó por unanimidad una resolución según la cual la privacidad online es un “derecho humano fundamental”. Pero además ha habido otras derivaciones. Una de ellas, un movimiento internacional, liderado por Alemania y Brasil –dos de las víctimas del espionaje– que promueve una nueva infraestructura de Internet para que evitar que la mayor parte del tráfico pase por EEUU, y limitar de este modo las posibilidades de control y abuso que Washington tiene sobre la red.

El propio Greenwald, el primer periodista que tomó contacto con las denuncias de Snowden, resume esta encrucijada. En el comienzo de su libro se pregunta: “¿Será la era digital el preludio de la liberación individual y de las libertades políticas que solo Internet es capaz de promover? ¿O bien esto dará origen a un sistema de control y seguimiento omnipresentes, que superará los sueños de los peores tiranos del pasado? Ahora mismo, cualquier camino es posible. Nuestras acciones determinarán dónde terminaremos”. En resumen, a esta hora en el mundo le siguen buscando la quinta pata al gato. Porque en realidad no se trata de un gato; es un perro guardián, y nadie sabe a ciencia cierta cuántas patas tiene.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 11.12.2015, hora 08.05

La entrada <em>En Primera Persona</em><br>¿Cuántas patas tiene <nobr>El Guardián</nobr>? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 08.12.2015, hora 8.20

EMILIANO COTELO (EC) —Hace una semana, el Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) firmaron un protocolo mediante el cual coordinarán las decisiones sobre interceptaciones legales de comunicaciones. Según se informó, ese sería el último paso para que el sistema de espionaje conocido como El Guardián quedara habilitado.

El anuncio no colmó las expectativas de varias organizaciones sociales, que, desde que se enteraron de la compra de este software de vigilancia por parte del gobierno uruguayo, a mediados de 2013, han promovido acciones judiciales para conocer cómo se regularía el uso de la nueva herramienta. El jueves emitieron un comunicado en el que advierten sobre la insuficiencia de la normativa “bajo la cual operará el nuevo sistema”.

¿Cuáles son las garantías que están faltando en la legislación uruguaya?

Vamos a conversarlo con el doctor Fabrizio Scrollini, abogado, máster en Políticas Públicas y cofundador de DATA Uruguay (Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública), una de las organizaciones detrás del comunicado, junto con CAinfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública) y IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay).

En primer lugar, ¿qué es esta institución, qué es DATA en particular?

FABRIZIO SCROLLINI (FS) —DATA es una organización de la sociedad civil. Nos dedicamos a construir tecnología cívica para el bien común, para el [fin] social. Por ejemplo, DATA ha hecho, en alianza con la Intendencia de Montevideo, Pormibarrio.uy, una plataforma que permite a los montevideanos reportar incidentes en la ciudad –pozos, incidentes en las veredas, etcétera–. En alianza con el Ministerio de Salud Pública hemos desarrollado una aplicación llamada atuservicio.uy, que les permite a los uruguayos comparar los proveedores de servicios de salud y entender un poco más de eso, sobre todo en momentos críticos, como es febrero, en la época en que se abre el llamado “corralito mutual”. Y en general también trabajamos mucho en temas de activismo en el área digital. Junto con otros colegas empujamos el proceso llamado Gobierno Abierto en Uruguay. Ahí trabajamos mucho contrapartes tanto del gobierno como de la sociedad civil, avanzando en temas de transparencia y participación ciudadana.

EC —¿Desde cuándo están involucrados en un tema como el de El Guardián?

FS —DATA decidió tomar este tema en julio de 2013, cuando El Guardián apareció en escena a través de una filtración de prensa.

EC —Estamos hablando de una compra de tipo secreto que se conoció a través de una versión del diario El País.

FS —Exactamente. A partir de ahí manifestamos preocupación, las comunidades técnicas con las que trabajamos, colegas que en el mundo han estado enfrentando situaciones similares advirtieron que esto era complicado. Nosotros siempre dijimos que esto de los software de vigilancia, que permiten el monitoreo de las comunicaciones, es algo delicado, que tendríamos que estudiar, que no debería ser un procedimiento secreto, debería ser un procedimiento abierto. Produjimos un pequeño informe en esa instancia para GIS Watch, que es un monitor internacional de estas instancias, [relatamos] la situación de El Guardián en ese momento.

EC —Siguieron pasando los meses y hace un año, en el Día Internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2014, estas instituciones plantearon la necesidad de robustecer el debate público y el marco jurídico sobre vigilancia de las comunicaciones. ¿Por qué les parece tan importante una discusión en este momento y a raíz de esta novedad?

FS —Los gobiernos del mundo –el uruguayo no es una excepción– están adquiriendo nueva tecnología para cumplir con su fin de seguridad. El problema es que muchas veces ni quienes toman las decisiones sobre la compra de esa tecnología ni quienes van a estar sujetos a esa vigilancia entienden la implicancia que tienen. En el fondo estás comprando cajas negras. ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué? ¿En qué contexto se usará? ¿Cómo a mí como ciudadano, ciudadana me toca? Es superimportante a nivel público entender esto.

EC —Justamente, hasta ahora ya ocurría que se espiaban legalmente, en determinados casos, comunicaciones telefónicas o de correo electrónico, etcétera. La semana pasada, a propósito de este tema, entrevistamos al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y él, al igual que el presidente de la SCJ, destacó que El Guardián implica una mejora en materia de garantías, porque permite centralizar la investigación de comunicaciones, que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país. ¿Entonces? ¿Por qué se genera esta preocupación ahora, cuando lo que está ocurriendo en realidad es un avance?

FS —Es interesante. El ministro Bonomi ha dicho con claridad –y creo que esto es un debe de la sociedad civil uruguaya en general– “hace dos o tres años nadie me preguntaba por estos 22 sistemas”. No conocíamos que existían 22 sistemas, así que es un buen gesto que el ministerio, los fiscales y otra gente que los usa hayan informado que existen 22 sistemas.

EC —El planteo que hacen las autoridades es que lo otro era mucho más riesgoso, disperso, más difícil de controlar, etc.

FS —La buena noticia acerca de El Guardián, según argumentan las autoridades, es la posibilidad de centralizar estos procesos de vigilancia. Y eso en general no decimos que sea malo, por el contrario, está bien… en la medida en que esos procesos sean transparentes. Los anteriores no eran transparentes y los actuales tampoco. Con el nuevo protocolo que acaba de emerger en los últimos días nos encontramos con que hay otro sistema que se conecta a El Guardián, el SAIL (Sistema Automatizado de interceptaciones Legales). Compramos El Guardián y ahora desarrollamos uno nuevo. Como solo tenemos la información que está en el protocolo, asumo es que eso es una interfase que está custodiando el proceso de comunicación entre la SCJ, FGN y el MI. Es básicamente un registro.

EC —Pero le preguntaba qué ven ustedes de riesgoso en El Guardián en sí mismo, qué tipo de amenaza supone una tecnología como esta en comparación con los sistemas que funcionaban hasta ahora.

FS —Por un lado aumenta de manera exponencial la capacidad del Estado de realizar esas actividades. Hay un tema de magnitud. Antes se hacían 22 [interceptaciones] artesanales, con poco control; ahora capaz que se hace más profesional, pero es de mayor magnitud.

Lo otro no lo tenemos muy claro. Al ser El Guardián un software privativo –que se vende bajo licencia–, tú no conoces cómo se arma; consecuentemente, tus capacidades de auditoría sobre él son bastate bajas. Frente a eso tampoco sabemos qué estamos comprando. Tampoco conocemos los criterios con los cuales se compró, hasta la fecha el Estado no ha liberado ese proceso; sabemos que está filtrado, sabemos que hay documentos dando vueltas, pero no es que el Estado haya dicho “lo compré allí por estos motivos y con estos criterios”. No sabemos, yo no sé qué los llevó a comprar esto, por qué esta tecnología y no otra. Sí sabemos, por investigación comparada, que en Brasil la empresa Digitro Tecnologia, que creo que es la que ha provisto El Guardián, tiene varios servicios con estados brasileños, con el gobierno brasileño en particular.

Entonces veo dos falencias graves o dos nuevas realidades graves. Una que tiene que ver con la magnitud y otra que tiene que ver con la tecnología en sí misma.

Y la tercera, que se viene arrastrando en general en Uruguay, tiene que ver con el uso que las fuerzas de seguridad darán a esta tecnología. Es una discusión que ya estaba instalada, que tal vez no era muy visible, los colegas de IELSUR y CAinfo en su momento lo habían dicho y ahora, esta nueva herramienta cambia las reglas de juego.

EC —¿Qué quiere decir esto de cuál va a ser uso?

FS —Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno pone a un grupo de personas bajo vigilancia y empieza a vigilar a personas que no estaban inicialmente cubiertas? ¿Cómo se dispone luego de esa información?

EC —De vuelta, esas son situaciones que se daban hasta ahora con los sistemas de espionaje que se venían utilizando.

FS —Claro, pero cuando tenés la capacidad de espiar a muchas más personas con un centro de monitoreo, cambia. Podés investigar familias, no es espiar solamente al jefe o jefa de familia, estás espiando potencialmente grupos enteros de personas, que a su vez se conectan con otros grupos y consecuentemente tenés una red bastante amplia de gente que estás monitoreando. ¿Qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si puse a esta gente bajo vigilancia porque había una posibilidad de que fueran narcotraficantes, por ejemplo, y nada que ver? ¿Qué pasa con esos datos una vez que los tengo?

La otra conexión, bastante complicada, que es nueva también en este contexto, es la conexión con las agencias de telecomunicaciones. Antes básicamente se le requería a la agencia de comunicaciones, en este caso a Antel, que realizara la interconexión de tal manera, un técnico de la empresa lo hacía de tal y tal forma. Actualmente las empresas tienen que comprar un nuevo equipo para realizar eso, no está claro si les están pidiendo nuevos requisitos para monitorear, y si se los están pidiendo cuáles son, cómo esas empresas de comunicaciones después dispondrán de esos requisitos… Esa parte es nueva, y ahí estás tocando una fibra bastante compleja, que son los sistemas de comunicaciones del país.

Yo para comunicarme contigo tengo que tener la certeza, en principio, de que nuestra comunicación va a ser bajo ciertas reglas y potencialmente privada, que no va a ser intervenida así como así. Y que si es intervenida, va a haber reglas de juego determinadas y la tecnología que lo va a hacer va a estar controlada de alguna manera. Esa parte es nueva.

Eso no solamente nos afecta en los aspectos de seguridad. Aunque no sea la intención del diseño, aunque realmente haya buena fe en las autoridades, cuando uno empieza a toquetear los marcos normativos… Cuidado, porque esto de las comunicaciones ya no afecta solamente el espacio de las personas, también afecta las libertades básicas de las empresas de comunicación, de las empresas que trabajan con Internet. Hay un mundo que también empieza a notar que algo está pasando con eso.

***

EC —En definitiva, está faltando un protocolo de uso de El Guardián. ¿Y está faltando una ley?

FS —Sí, creo que acá hay que hablar de una reforma normativa.

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EC —Según han destacado las autoridades, El Guardián permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos, a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mail y monitorear hasta tres redes sociales.

Ustedes emitieron un comunicado y en primer lugar advierten algo que comentábamos en la entrevista con el fiscal de Corte la semana pasada: ese acuerdo no es un protocolo de uso de El Guardián, sino de uso del SAIL, que allí queda presentado, que es otro software. ¿Qué implica en términos concretos?

FS —Según lo que surge de protocolo, de las declaraciones de las autoridades, es un sistema de registro de los pedidos de actividades de vigilancia sobre personas que hace de interfase entre por un lado el Poder Judicial y la Fiscalía y el ministerio. Esto implica que básicamente la Fiscalía y el Poder Judicial no “tocan” a El Guardián, ellos no van a tener acceso a El Guardián, lo cual parece bastante saludable, porque el acceso a estas herramientas tiene que ser lo más restringido posible. Este mecanismo se dedica a registrar ese proceso, según lo que surge del protocolo.

EC —Registra ese proceso y, según lo que destacaba el fiscal de Corte, da la garantía de que el procedimiento para terminar en una escucha legal o en una interceptación de comunicaciones transcurre por los caminos que están previstos en la normativa vigente.

FS —Tal cual. Con lo cual sabemos que El Guardián no tenía previsto eso y que ellos debieron construir un nuevo sistema para adecuarse a la normativa vigente, es lo que parece emerger de esta nueva realidad o de este nuevo sistema. Lo cual es bueno, insisto, es algo positivo.

EC —El procedimiento sería: la policía plantea una inquietud, “hay que seguir a Fulano de Tal”, eso pasa al fiscal, el fiscal a su vez lo trasmite al juez, y es el juez el que termina resolviendo. Todo eso queda asentado, incluso las resoluciones que se van tomando en el camino. Y después además es posible monitorear qué pasa en el correr del tiempo con esos permisos, si es que se concedieron.

FS —Exacto. Eso es lo que surge de lo que se conoce. Pero eso no hace al uso de El Guardián per se. Yo fiscal doy la orden a la policía, la policía comienza su trabajo, y lo hace a través de El Guardián, según lo que surge de aquí. La duda es cuáles son los protocolos que usa esta gente para usar El Guardián, por qué principios se guía, cómo lo va a hacer. Lo bueno es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países –vamos a darle mérito a Uruguay en general–, hay un juez involucrado, un fiscal involucrado, una autorización judicial, aparentemente también hay reporte. Aunque ese reporte parece no ser público; se podría publicitar la cantidad de actividad que genera este sistema. No tanto por darle publicidad a El Guardián, sino para saber cómo las autoridades están ejerciendo la vigilancia en el país.

EC —Trimestralmente una unidad especializada del MI emitirá un reporte a la SCJ sobre las interceptaciones legales gestionadas en el SAIL, “con el formato que oportunamente se acordará entre las partes”. En este reporte “se detallarán cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de comunicaciones ingresadas al sistema y las aprobaciones y rechazos por cada juez penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica”.

FS —Si ese reporte fuera público y tuviera un estándar adecuado, Uruguay se [acercaría] mucho más al cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia en temas de seguridad. Y sería algo muy positivo para todos los actores del sistema, para los abogados, para la gente que está aplicando El Guardián, para la sociedad civil y para la ciudadanía en general. Tenemos una [maquinaria] de vigilancia porque supuestamente la necesitamos –eso emerge de lo que expresa el ministerio, no de ningún documento porque [prácticamente] esos documentos son reservados– y consecuentemente la ponemos a funcionar. Esa parte creo que está bien; lo que necesitamos es más transparencia, saber cómo funciona eso y las actividades que se van a desarrollar. Como también necesitábamos en el pasado, y no se cumplió, mayor transparencia sobre esos 22 sistemas que están ahí andando o anduvieron estos años y que ahora hay que desmantelar. También quiero las garantías de que esos sistemas se desmantelen.

EC —El punto 12 de este memorando de entendimiento dice que “el Ministerio del Interior instrumentará un convenio entre dicha cartera, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y las operadoras de telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminadas por cada magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordarán. Una vez firmado dicho documento, el Poder Judicial reglamentará el mecanismo por el cual solicitará a las operadoras de telecomunicaciones el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas”, etcétera.

FS —De vuelta, aparece el rol de las operadoras. Se compra el equipo nuevo, se supone que se comunican directamente con El Guardián, que ellos básicamente van a ser los custodios de esto y consecuentemente los responsables, pero capaz que no. Esos “detalles” hacen mucho a lo que es aplicar un software en un Estado de derecho y lo que no.

EC —Eso es lo que para ustedes está faltando.

FS —Exactamente.

EC —El protocolo de uso de El Guardián en sí mismo.

FS —Y de las actividades de vigilancia en general. El Guardián detona un marco legal endeble en torno a esto. Uno empieza a investigar y empieza a notar, a nivel del marco jurídico uruguayo, que hay una norma que habilita esto, pero no es suficiente […]. Precisamos regular estas nuevas tecnologías de una manera integral, no solamente mediante normas separadas o que provienen tanto de los códigos procesales como de las nuevas leyes de lucha contra el lavado o cosas por el estilo. Hay que conceptualizar y regular un sistema de vigilancia como el que ahora El Guardián permite.

EC —La legalidad de la interceptación de las comunicaciones tiene historia larga en nuestro país, aparece en el artículo 212 del Código del Proceso Penal, que incluye interceptación de correspondencia y otras comunicaciones, y más recientemente figura en el artículo 5 de la ley 18494, Ley de Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Ese artículo detalla una serie de puntos:

En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento. La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente.

El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.

El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena.

Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.

Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación.

Y sigue un párrafo sobre la relación entre la Ursec y las operadoras telefónicas. ¿Por qué no alcanza con esto?

FS —Porque, por ejemplo, si bien se habla de que hay que descartar el material que no pertenece al objeto probatorio, nadie te dice por cuánto tiempo lo tenés que tener. Ponemos bajo vigilancia a Emiliano, ¿por cuánto tiempo? Lo que sea razonable y proporcional, supongo. Pero ese criterio no aparece en ningún lado. ¿Y por cuánto tiempo nos quedamos con el material de Emiliano? Y guardá, capaz que Emiliano habla con alguien más, vamos juntando y en algún momento… En general la buena práctica te diría que no tendrías que hacer eso, un policía bien entrenado te diría: “No, nosotros jamás vamos a hacer eso”, pero esos criterios en la norma no están. La otra opción es decir: ¿vamos poner bajo vigilancia solo a Emiliano, o a Emiliano y a toda su familia y a sus [vínculos]? De vuelta, la proporcionalidad de las medidas. Esos criterios que guiarían a un intérprete, a un policía, que algunos aparecen en la práctica, tienen que estar en la ley. Básicamente tenemos que establecer esos criterios.

Otra cosas que no está ahí es la transparencia del sistema mismo, cómo se usa, cuándo se usa, la cantidad de uso que tuvo en un año. Son normas básicas de cumplimiento que hacen los estados no solo hacia su población, sino hacia organismos internacionales también.

También está faltando lo relacionado con los derechos de quien ha estado sujeto a vigilancia.

EC —¿Cómo es eso?

FS —Supongamos que me pusiste bajo vigilancia y que termina en la nada. ¿Tengo derecho a saber que eso pasó? Y si tengo derecho a saber que eso pasó, ¿qué mecanismos voy a tener para defenderme? ¿Y qué tanto derecho tengo a saber cómo manejaste mi información? En Estonia, un país que hoy está muy de moda en materia de gobierno electrónico, vos no solamente tenés derecho a saber que te pusieron bajo vigilancia, sino además a saber cómo se manipuló esa información, potencialmente quién la usó y para qué fines, hasta las últimas consecuencias. Hoy eso en Uruguay no pasa. Y es preocupante, porque yo quiero tener esas garantías.

Otra cosa es que en principio hay un régimen general para operadores que han trasgredido las normas, pero ¿qué régimen de sanciones lleva esto? ¿Qué pasa cuando alguien vigiló al novio de la chiquilina porque tenía acceso a El Guardián e hizo un acceso no autorizado? ¿Es grave?, ¿no es grave? Esto sin poner dudas sobre la policía, sino simplemente dando ejemplos de cosas que no se sabe cómo se deberían regular. Y si uno está adquiriendo esta tecnología, que valió US$ 2 millones más US$ 200.000 de licencia anual, creo que esas preguntas hay que hacérselas, porque se tiene que gobernar esto de alguna manera.

EC —De algún modo esta pregunta que viene ya está contestada, pero voy a leer el mensaje del oyente, Ricardo: “¿De qué temer si uno no es delincuente?”.

FS —Es como ha dicho [Edward] Snowden recientemente, ¿para qué preciso la libertad de expresión si no tengo nada que decir? Capaz que algún día tenés qué decir. En los estados de derecho, en las democracias, se combate el crimen, pero no se lo puede combatir de cualquier manera. La gracia de ser una democracia, de ser un Estado de derecho es que hay formas en las cuales eso se hace. Entonces yo entiendo la preocupación, el clamor ciudadano.

EC —Hay más preocupaciones, dice el propio oyente y dicen otros: “Cuantas más personas intercedan, peor va a funcionar un sistema como El Guardián”.

FS —Es probable, sí, que cuantas más personas tengan acceso a El Guardián, más riesgo haya de que sea vulnerada su seguridad. Entiendo –y surge de la investigación que realizamos– que Digitro Tecnologia es una compañía medianamente seria, estos protocolos de seguridad están en algún lugar, pero no son muy conocidos. Nadie está pidiendo acceso al protocolo de seguridad per se, sino que básicamente se entienda qué tan seguro es el sistema.

EC —La inquietud apunta a que planteos como ese que ustedes formulan están atentando contra la eficiencia del sistema, incluso de algún modo están protegiendo al delincuente, están preocupándose excesivamente por el personaje que tiene que ser investigado por un juez en una determinada causa.

FS —En general en las democracias y en los sistemas de Estado de derecho uno presume que la gente es inocente antes que culpable y le asegura garantías. En otros sistemas que son más totalitarios uno parte de que todos son culpables y consecuentemente usa los medios disponibles para meterlos presos. Yo creo vivir en una democracia, quiero vivir en una democracia y en un Estado de derecho, y lo que estamos haciendo con otros colegas es bregar por asegurarnos de que ese Estado de derecho y esas garantías estén disponibles para todos los ciudadanos uruguayos, aquellos que han cometido delitos y que deben ser castigados y aquellos que no.

EC —Usted mencionó recién algunos ejemplos de países, y quizás ese es un punto importante, teniendo en cuenta este tipo de reacciones que aparecen de la audiencia. ¿En cuántos países existe una normativa como la que ustedes están reclamando para El Guardián en Uruguay?

FS —Realmente en pocos. En Estonia…

EC —Llama la atención que se mencione a un país como Estonia.

FS —Muchos referentes del gobierno uruguayo en materia de gobierno electrónico y tecnología miran a Estonia con cierto cariño, entonces para mí también es importante decirlo.

EC —¿Otros ejemplos?

FS —Los países nórdicos, como Noruega, Suecia, también tienen regulaciones en este sentido. Los que son muy mal ejemplo, para decir que el mundo desarrollado no necesariamente lidera esto, son Estados Unidos y el Reino Unido; la tecnología de El Guardián es un juego de niños en comparación con lo que esa gente está haciendo.

EC —En el caso de Estados Unidos llegó a existir la Ley Patriota, que permitía llevar adelante este tipo de seguimientos sin que mediara autorización judicial.

FS —Y sin que tú pudieras decir nada al respecto. El caso más cruel si se quiere ha sido el de una empresa llamada Lavabit, a quien básicamente le intervinieron sus servidores y le pidieron que entregara sus correos. Ni siquiera le permitieron defenderse en la Corte ni hacia fuera. Entonces es no solamente que no hay un juez en el medio, sino que además no podés hablar de ello. Eso no es bueno para ninguna democracia ni para ningún país, es algo que yo no quiero para Uruguay. Por eso uno marca la cancha en el sentido de decir: esperen, tengamos procedimientos, tengamos normas, asegurémonos de que podemos cumplir con las necesidades de seguridad y con los desafíos que la seguridad plantea en el siglo XXI dentro de un contexto de Estado de derecho.

EC —¿Cómo están tramitando este tipo de inquietudes?

FS —El acercamiento a las autoridades en principio no ha sido muy exitoso. Esto no es una discusión que se pueda llevar ni a los gritos ni a través de editoriales, ni siquiera por la prensa.

EC —¿Cómo es eso? Ustedes mismos reclaman un debate nacional. ¿Qué es un debate nacional?

FS —Claro, necesitamos informar acerca de la nueva realidad en materia de seguridad en la era digital. Y esto no pasa solamente por El Guardián. Pensemos en las videocámaras, en otro tipo de tecnologías como la que le ofreció la gente de Hacking Team a Uruguay. Hacking Team es una empresa con sede en Italia que vende tecnologías ofensivas, capacidad de implantar malware y otro tipo de tecnologías en los usuarios para desarrollar actividades de espionaje sobre ellos. Esta empresa vino a Uruguay, tuvo reuniones con autoridades uruguayas de inteligencia y los uruguayos no compraron, a diferencia de otros países. Fue un gran escándalo internacional. ¿Qué habría pasado si lo hubieran comprado? ¿Qué habría regulado esto? ¿Qué pasa con lo que se compra hoy? Estas cosas tienen que ser manejadas como si fuera plutonio: uno las precisa a veces, pero tienen que ser manejadas con extremo cuidado y con protocolos bien claros. Ese es el debate que hay que dar.

EC —¿Dónde? ¿En el Parlamento?

FS —El foro natural para estas cosas es el Parlamento, que además tiene la misión de controlar este tipo de situaciones. Ha aparecido ahora una comisión de seguridad, que parece que sería el lugar natural para esto. Pero si uno mira los antecedentes, no ha habido un seguimiento parlamentario, salvo por escasos actores, de este tipo de temas. Eso es una falencia, es algo que como democracia hay que hablar: ¿quién va a seguir esto y va a asegurar el control parlamentario sobre esto? ¿Dónde va a estar ese foro?

EC —¿Cuál es el próximo paso?

FS —El próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a tener un evento en el que vamos a presentar algunos avances de un informe que produjimos con The Electronic Frontier Foundation (Fundación para la Frontera Electrónica). A partir de ahí vamos a invitar a dialogar y a generar espacios con autoridades públicas, gobierno, sociedad civil y parlamentarios para entender cómo funciona esto y aportar a un debate de calidad sobre estas cosas.

Video de la entrevista

***

Transcripción: María Lila Ltaif

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El abogado Fabrizio Scrollini, vocero de CAinfo, Ielsuro y DATA sobre El Guardián, dijo en entrevista con En Perspectiva que la llegada de este sistema dejó claro que en Uruguay hay un marco legal “endeble” sobre la interceptación de comunicaciones y que es necesario regular y tener “más transparencia” en este tema.

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Transcripción de la entrevista con Fabrizio Scrollini, abogado, vocero de CAinfo, IELSUR y DATA sobre El Guardián

Scrollini destacó que El Guardián “aumenta de forma exponencial la capacidad del Estado” para realizar interceptaciones telefónicas. Cuando hay movimientos en este tema “uno empieza a decir: cuidado”, y en el caso de Uruguay esto llevó a dejar en evidencia que hay “un marco legal endeble” en este tema.

“Lo que precisamos ahora es regular estas nuevas tecnologías de una manera integral, no solamente a través de normas separadas (…) hay que conceptualizar y regular un sistema de vigilancia como el que ahora El Guardián permite”, agregó.

El abogado repasó una serie de preguntas que no están respondidas, como por cuánto tiempo pueden ser las interceptaciones a una persona y durante cuánto tiempo se mantendrá guardado ese material; si una persona que fue espiada sin que se encontraran evidencia de delitos puede saberlo y acceder al manejo que se hizo de su información; o qué sanciones hay para alguien que vigila a una persona sin la orden judicial necesaria. “Son ejemplos de las cosas que no se sabe cómo se van a regular”, dijo antes de agregar que son preguntas que hay que hacerse “porque hay que gobernar esto de alguna manera”.

“Tenemos una maquinaria de vigilancia porque supuestamente la necesitamos, consecuentemente ponemos esto a funcionar; esa parte creo que está bien, pero necesitamos más transparencia”, dijo Scrollini.

El Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (un sistema de registro para coordinar las solicitudes de interceptación de comunicaciones) “es algo positivo”, pero “no hace al uso de El Guardián per se”, agregó. También valoró de forma positiva que en Uruguay haya un juez y un fiscal involucrado en las interceptaciones, cosa que no sucede en otros países.

Scrollini dijo que el acercamiento con las autoridades para plantear estas inquietudes “no ha sido muy exitoso”, pero también señaló que este tipo de debates no deben realizarse a través de los medios de comunicación, sino de una forma menos inmediata, como por ejemplo en el Parlamento.

Transcripción de la entrevista con Fabrizio Scrollini, abogado, vocero de CAinfo, IELSUR y DATA sobre El Guardián

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Entrevista con el doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y procurador general de la Nación.

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Jueves 03.12.2015, hora 8.17

EMILIANO COTELO (EC) —Hace dos años que se viene discutiendo sobre El Guardián, un sistema informático para interceptar comunicaciones que el Ministerio del Interior (MI) decidió comprar en Brasil. La polémica se centraba en los límites de ese espionaje policial y las garantías que debe dar el Estado para que no se vulnere el derecho a la privacidad de las personas.

Este martes el MI, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) firmaron el protocolo mediante el cual coordinarán el uso de esta tecnología. En ese acto las autoridades destacaron que El Guardián implica una mejora en materia de garantías, porque permite centralizar la investigación de comunicaciones, que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país. Además, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, aseguró que nadie será escuchado o seguido en sus comunicaciones si no está involucrado en una actividad ilícita.

De todos modos, muchas preguntas siguen arriba de la mesa. ¿Debemos inevitablemente resignar algo de privacidad en pos de la seguridad? ¿Este protocolo garantiza que el software no será utilizado para intervenciones ilegales?

Sobre estos temas vamos a conversar con el fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz.

Usted ha visto funcionar El Guardián en Brasil, conoce su funcionamiento, conoce sus capacidades. ¿Qué evaluación hace?

JORGE DÍAZ (JD) —Yo tengo una idea muy global y muy genérica del funcionamiento de El Guardián; o muy teórica, lo que vi en la práctica es nada más que una pequeña muestra de la potencialidad de este software. Sí tengo el conocimiento teórico de las posibilidades que tiene, por haberlo estudiado oportunamente.

EC —¿Se adecua a las características del delito en Uruguay? ¿Era necesario contar con este instrumento?

JD —Primero, la investigación de los delitos de crimen organizado, en particular aquellos delitos que más presentes pueden estar en el país, como lo que conocemos como los tráficos –el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, que son aquellas actividades más redituables para las organizaciones criminales–, requiere de la utilización de técnicas proactivas de investigación criminal, entre las cuales está la vigilancia electrónica. Eso ha sido ya definido no solamente en el Uruguay, sino a nivel internacional en prácticamente todos los países del mundo. Creo que no hay un solo país en el mundo que no tenga regulada la vigilancia electrónica como una técnica de investigación proactiva.

EC —Usted tiene experiencia en esta materia, fue juez de Crimen Organizado.

JD —Sí, efectivamente. La pregunta es si este equipamiento adquirido por el Estado uruguayo se adecua a las necesidades que tienen la fuerza de seguridad y la justicia en el Uruguay para investigar los delitos de crimen organizado que acá se cometen. Y la respuesta es afirmativa, la respuesta es sí. En primer porque estamos dando un paso significativo en camino hacia las garantías. En el momento actual existen 22 sistemas de interceptación legales, que están funcionando en forma concomitante en el Uruguay, o estaban funcionando, sin coordinación entre ellas, sin una autoridad que centralizara toda esa información. A tal punto que por ejemplo cuando el senador Pedro Bordaberry solicitó informes a la SCJ respecto de la cantidad de interceptaciones que existían en el Uruguay, la Corte tuvo que solicitarle informe a cada uno de los juzgados para saber qué cantidad de números de teléfono –específicamente ese dato, que era el que podría brindar, porque había otra información que era de carácter reservado– [estaban interceptados], porque la Corte no tenía, el Poder Judicial no tenía, la Fiscalía no tiene ese control. Y si me apura, el MI, si quiere tenerla, tiene que requerirla a cada una de las unidades. Evidentemente es un sistema absolutamente fraccionado, distorsionado, con falta de controles, con falta de auditorías, que hasta ahora ha venido funcionando sin ninguna denuncia de abuso –lo que habla bien de los operadores del sistema–, por lo menos no se han dado en Uruguay situaciones como las que se pueden haber dado en otras partes del mundo, donde la información colectada en una investigación criminal puede luego ser utilizada con fines espurios.

Hasta ahora veníamos funcionando de esa manera artesanal, casera, a la uruguaya, atada con alambre. Era necesario, era imprescindible dar este paso, no solamente en el terreno de la eficacia y de la eficiencia, sino también en el terreno de las garantías.

EC —Esta tecnología, El Guardián, permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 casillas de correo electrónico y a monitorear hasta tres redes sociales. ¿Algún detalle más que le parezca importante?

JD —No, creo que la información que se ha hecho pública es más que suficiente.

EC —Le propongo revisar cómo se llegó al protocolo que se firmó el martes. La compra del sistema se hizo en junio de 2013 mediante una resolución presidencial que, si bien tomó estado público, se dijo que debía mantenerse en secreto. Recién en mayo de este año se conformó una comisión con técnicos del MI y la SCJ para elaborar un protocolo de implementación.

Durante estos dos años, sobre todo a partir de una publicación en el diario El País, el MI explicó varias veces, ante cuestionamientos de la oposición que El Guardián da más garantías que los actuales sistemas de interceptación, pero no había aclaraciones a propósito de cómo iba a ser utilizado. En marzo de este año, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) solicitó ante la justicia que se difundiera el protocolo, si era que existía, pero el Tribunal de Apelaciones lo negó, dándole la razón al MI. ¿Cómo evalúa todo este debate de dos años?

JD —La primera evaluación que hago es que, con la mejor buena intención de todos los participantes en el debate, lo que va a pasar es que cuando se ponga en funcionamiento el sistema ya va a ser viejo.

EC —¿Por qué?

JD —Porque las tecnología todos los días están cambiando, todos los días se desarrollan nuevas tecnologías que permiten la comunicación entre personas y todos los días se crea software que encripta las comunicaciones. A su vez, por otro lado existe otra industria que desencripta, y así, en esa carrera tecnológica estamos desde hace muchísimos años. Usted puede tener una tecnología que permite interceptar determinado tipo de comunicaciones, pero si demora cuatro o cinco años en ponerla en funcionamiento, cuando la ponga en funcionamiento las comunicaciones que en ese momento se estén dando ya no van a ser las mismas que tuvo en cuenta cuando adquirió el equipo.

EC —¿La demora de dos años en poner en funcionamiento El Guardián se debió al debate político?

JD —No, no, no estoy hablando del debate político, estoy hablando del debate entre los distintos operadores. La demora en la puesta en funcionamiento de El Guardián se ha debido a distintas cuestiones, entre otras, a la necesidad de tener absolutamente claro cuál iba a ser el procedimiento.

EC —Yo iba a su evaluación a propósito de esta discusión que se dio no solo a nivel político, sino también con ONG, sobre cómo se iba a utilizar este sistema.

JD —Las discusiones son todas bienvenidas.

EC —Está bien, pero ¿las autoridades no debieron haber sido más transparentes desde un principio?

JD —Esa es una pregunta que habría que hacerle al MI. Desde el punto de vista de la Fiscalía tenemos absolutamente claro cómo funciona el sistema y cuál es el régimen legal. Por ejemplo, anoté dos cosas de su introducción. Una relacionada con el tema de que no se va a violar la privacidad de las personas. La utilización de técnicas proactivas como la vigilancia electrónica y la interceptación telefónica implica una violación de la privacidad, no se puede hacer eso sin violar la privacidad de las personas. Lo que pasa es que el derecho a la privacidad o a la intimidad, como todo derecho humano fundamental, reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución de la República, es un derecho que admite limitaciones. Absolutamente todos los tratados internacionales de derechos humanos que Uruguay ha suscrito y ratificado establecen que esos derechos admiten limitaciones por razones establecidas por ley, por razones de interés general. Excepto la vida, obviamente, como derecho fundamental.

Nuestra Constitución de la República, nuestra Constitución política, establece en toda esa enumeración de derechos que esos derechos admiten limitaciones establecidas por ley por razones de interés general.

EC —Eso está claro.

JD —Está bien, pero la ley ya lo permite, antes de la existencia de El Guardián, mucho antes de la existencia de El Guardián o de estos sistemas, porque el legislador, por razones de interés general, autorizó al Poder Judicial a disponer esta vulneración. O sea, no es una no vulneración del derecho a la intimidad, es una vulneración del derecho a la intimidad autorizada por el legislador en función de una autorización genérica que hizo el constituyente en forma previa.

La segunda aclaración, usted cita las palabras del viceministro Vázquez cuando dice que nadie va a poder ser escuchado sin autorización judicial. Es obvio, y si alguien es escuchado sin autorización judicial, quien realiza eso comete un delito. O sea, no es necesario aclarar lo que está claro. Si alguien intercepta alguna comunicación de una persona sin autorización judicial, sin pedido al fiscal y sin autorización judicial en este país, está cometiendo un delito.

EC —Eso también es obvio. La inquietud viene a propósito de cómo se va a emplear una tecnología tan potente como esta, teniendo en cuenta hasta la experiencia de otros países, de la que se ha hablado tanto.

EC —Está bien, pero por ejemplo en Estados Unidos, durante la autorización de la ley patriótica, el Estado podía interceptar teléfonos sin necesidad de autorización judicial. Eso en Uruguay no está planteado, nadie se atreve siquiera a insinuarlo. En Francia, hace no poco tiempo, también hubo una autorización para realizar interceptaciones telefónicas sin autorización judicial. Es decir, depende de cada país y de cuáles son las garantías previas para eso. En el Uruguay está claro que para desarrollar un proceso de vigilancia electrónica tiene que haber un pedido fiscal, a solicitud de la autoridad policial –porque la autoridad policial o la autoridad administrativa es la que efectivamente desarrolla en la práctica la investigación– y una autorización judicial.

El mecanismo hasta ahora es: la policía se lo solicita al fiscal, el fiscal si entiende pertinente la investigación se la pide al juez; el juez si la entiende pertinente, adecuada –porque el juez tiene que contemplar determinados requisitos a la hora de autorizar una interceptación telefónica–, la autoriza, por un tiempo determinado, emite un oficio en papel que va a la telefónica, que produce ese “enganche” y se empieza a interceptar el teléfono.

Después hay un sistema de almacenamiento, de control de esa información, y está regulado por la ley qué es lo que se incorpora al expediente judicial, cómo se incorpora, cómo se protocoliza y los controles que tiene la defensa a la hora de incorporar. Porque así usted tenga las pruebas de que la persona a quien le interceptó el teléfono cometió un delito, esa persona tiene derecho a su intimidad y a su privacidad. El hecho de cometer delitos no implica que pierda el derecho a la intimidad. Y hay toda una serie de información que es colectada durante una investigación criminal –y créame que sé de lo que estoy hablando– que luego tiene que ser preservada y resguardada porque poco o nada tiene que ver con los delitos que se están investigando.

EC —A eso voy, por ejemplo en cuanto a las inquietudes que un sistema tan potente como este genera.

JD —Pero ese problema lo tiene con el actual. Me causa un poco de gracia la despreocupación por lo que existe hasta ahora.

EC —Pero ¿qué pasa si usted, Jorge Díaz, que no tiene nada que ver con el mundo del delito, se comunicó, sin saberlo, con una persona, un amigo que resulta que tenía el teléfono intervenido porque era sospechado de un delito? Usted en esa comunicación habla, dice cosas, habla de su vida privada. ¿Qué pasa con eso que es su comunicación, no la del señor que está siendo investigado?

JD —Hasta ahora esa información se ha colectado, se ha almacenado y no ha sido utilizada en ninguna investigación criminal.

EC —¿Qué garantías existen para esa persona que termina escuchada sin que tenga nada que ver?

JD —La garantía la establece la ley cuando establece que es el juez el responsable del almacenamiento de esa información. Y obviamente, si el juez es el responsable del almacenamiento de esa información, es responsable si esa información se difunde. La ley establece además –eso también está regulado– que la información puede ser destruida una vez que se dicta la sentencia de condena, una vez que el juicio criminal finaliza.

EC —Se puede destruir esa información. ¿Se destruye? Porque el que terminó investigado sin tener nada que ver supongo que quiere que eso no quede archivado en ningún lado, que sus conversaciones no queden archivadas en ningún lado.

JD —Si esa información no dio lugar a juicio tiene que ser destruida, no es necesario que sea almacenada. Acá hay un interés del Estado, de la sociedad organizada en el Estado, de investigar determinado tipo de delitos. No cualquier delito, determinado tipo, porque el juez tiene que tener en cuenta, a la hora de disponer una interceptación, la proporcionalidad entre la gravedad del delito que investiga y la vulneración al derecho a la intimidad que implica la utilización de la técnica. Es decir, no se puede utilizar esta técnica para investigar cualquier delito. Una vez que esa investigación se desarrolla, si no se llega a nada, esa información no debe ser almacenada. Punto uno.

Punto dos. Si se llega a algo, como generalmente se llega, a la imputación a una determinada persona de algún delito grave, esa información debe ser almacenada, por un tema de garantía del imputado. Porque la ley establece que el juez colecta la información que incorpora al expediente, que tiene que ser labrada en actas, protocolizada e incorporada al expediente. ¿Qué pasa con lo que no está protocolizado e incorporado al expediente papel? La defensa tiene derecho a controlar eso, porque tiene derecho a controlar que la selección que hizo el juez de ese material colectado sea adecuada y que no existan dentro del material que no fue incorporado elementos que le puedan servir a su posición en juicio, a la posición de su defendido. Es por eso que se da el almacenamiento, nada más que por eso, para que la defensa pueda controlar. Y evidentemente eso se mantiene mientras dura el juicio, porque mientras dura el juicio la defensa puede estar revisando esa prueba. Una vez que el juicio finaliza, la sentencia está dictada y firme, no tiene ningún sentido continuar almacenando eso.

EC —Pero ¿efectivamente se borra?

JD —Francamente no lo sé. Debería borrarse.

EC —Otra inquietud. Teóricamente podría ocurrir que El Guardián fuera utilizado por fuera de la coordinación MI-Poder Judicial-Fiscalía de Corte.

JD —Quien eso hiciera cometería un delito.

EC —Sí, de acuerdo…

JD —No, de acuerdo no, sería muy grave.

EC —Pero la pregunta es cómo se frena, cómo se evita eso. Por ejemplo, pensemos: un funcionario policial que actuara por su cuenta; un funcionario policial que recibiera órdenes secretas de un superior; un tercero que aprovechara esta herramienta clandestinamente…

JD —Tendría que engañar a un fiscal y a un juez, para empezar.

EC —Sí; pasa, ha pasado en el mundo.

JD —En el Uruguay, por lo menos hasta donde yo tengo noticia, no ha pasado. El funcionamiento regular es que un funcionario policial –porque no otra persona puede ser– que quiera solicitar la interceptación de un teléfono se lo tiene que pedir a un fiscal, tiene que convencer a ese fiscal y el fiscal después tiene que convencer al juez, o junto con la autoridad policial tendrá que convencer al juez, y el juez firmarlo. Si eventualmente pasara… porque estamos hablando ya de la condición humana, no del software. No hay software en el mundo que pueda evitar la condición humana del corrupto.

EC —El corrupto o intereses oscuros que puedan estar de por medio.

JD —Es una forma de corrupción. Llegado el caso, si eso pasara, quien así lo hace está cometiendo un ilícito.

EC —Por eso se hablaba mucho del protocolo, se reclamaba el protocolo. Un sistema como este, tan sofisticado, El Guardián, ¿está configurado para impedir su utilización si no están dadas las autorizaciones correspondientes?

JD —La información que yo tengo es que en el Uruguay no es posible interceptar un teléfono si no es mediante una orden judicial.

EC —Pero la pregunta es si este sistema en particular tiene salvaguardas tecnológicas que impidan que se lo use si no están de por medio las autorizaciones correspondientes.

JD —La información que yo tengo es que efectivamente es así, que no es posible interceptar un teléfono si no interviene la compañía telefónica. Acá hay una trilogía clara o un cuadrado, que es autoridad policial, Fiscalía, Justicia –un juez–, empresa telefónica. Para interceptar un teléfono es necesario que el software tenga una firma digital de un juez, de lo contrario esa interceptación no se produce. Por ese lado no tengo mayores aprehensiones. Sí puede pasar lo que usted me plantea de la condición humana, qué pasa si engañan al juez.

EC —No, que engañen al juez no, que utilicen el sistema sin autorización del juez.

JD —No, creo que en eso están dadas las garantías. No soy un experto en informática, pero la información de que dispongo es que no es posible que se realice una interceptación telefónica sin la orden escrita de un juez. Y si llegara a pasar, quien lo hace está cometiendo un delito y debe ser reprimido y sancionado con todo el peso de la ley. Es más, sería una conducta muy grave, porque no solamente cometería un delito de vulneración del derecho a la intimidad, sino que estaría poniendo en riesgo la utilización de herramientas que son necesarias para la investigación criminal. Habría que ser muy severo.

***

EC —A partir de consideraciones como las que recién exponía, el senador Javier García es uno de los dirigentes que entienden que debería legislarse a propósito de interceptación de comunicaciones. El tema de las escuchas legales está regulado por el artículo 5 de la ley 18.494, la Ley de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, pero el senador García señalaba que hay que actualizar la normativa, que incluso el desarrollo tecnológico que ha habido desde que se aprobó esa ley lo impone. ¿Qué dice usted?

JD —Yo participé en la redacción de ese artículo. Esa ley nació después de la segunda evaluación conjunta que hicieron Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) y el Fondo Monetario Internacional en Uruguay por la norma de prevención de lavado en el año 2006. Se creó una comisión que integramos el doctor Leonardo Costa, el doctor Gabriel Adriasola, la doctora Olga Carballo y quien habla. Fuimos los redactores originales de ese anteproyecto de ley que luego el Poder Ejecutivo transformó en proyecto al enviarlo al Parlamento y el Parlamento en ley al aprobarlo.

Nosotros entendemos que la redacción en principio contempla prácticamente todas las hipótesis. Pero no me niego a sentarme en una mesa todas las veces que sean necesarias o en una comisión parlamentaria o en una mesa de discusión o en un ámbito académico a ver cuáles son las mejoras que se le pueden hacer. Al contrario, personalmente y como institución estamos abiertos y dispuestos a trabajar en todo aquello que sea en aras de preservar las garantías y los derechos de los ciudadanos, a escuchar los planteos y a contribuir en encontrar soluciones. No podría ser de otra manera. Por lo tanto, el senador Javier García sabe perfectamente que puede contar con nosotros para este tipo de trabajo. Obviamente luego se generará el debate político en el Parlamento. En definitiva tengo muy claro, más allá de mis responsabilidades, que hay temas que son responsabilidades políticas, que son responsabilidades del Parlamento nacional. Pero para trabajar, cuente conmigo. El senador sabe que puede contar conmigo.

EC —Como repasábamos, durante estos dos año se discutió mucho a propósito de cuál era el protocolo de uso de El Guardián. Y esta semana, cuando se produjo este acto MI-SCJ-FGN, algunas de las noticias dijeron “ahora se difunde el protocolo, ahí está el protocolo”. No es lo mismo, este es un protocolo, pero no es el que se venía reclamando. Este es el protocolo por el cual se va a coordinar la actuación entre estos organismos.

JD —Este protocolo lo que hace, en lo que a nosotros corresponde, es la coordinación de las cuatro partes, porque hay una cuarta pata que son las operadoras, que aparece mencionada pero obviamente no firma el protocolo, porque eso está regulado por otra vía. Las tres instituciones que preceptivamente deben participar cada vez que se dispone una vigilancia electrónica están mencionadas y están claras cuáles son las obligaciones y sobre todo está bien claro cuál es el procedimiento para que un juez termine disponiendo una interceptación.

EC —¿Podemos repasar cómo es? Porque introduce otro elemento, un software llamado SAIL (Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales), que no es El Guardián, es un anexo a El Guardián.

JD —Es el software que controla el flujo de solicitudes de interceptación y por el cual se disponen las interceptaciones. Eso es el registro de auditoría más importante, porque ahí queda absolutamente registrado cuándo la autoridad administrativa solicita al fiscal una interceptación, qué dependencia administrativa interviene, quién es el oficial que dirige esa comunicación, a qué fiscal se dirigió, cuál fue la respuesta del fiscal –porque el fiscal puede entender que el mecanismo tiene que ser utilizado o no; si entiende que no, queda registrada la respuesta, si entiende que sí también queda registrada la respuesta, con una solicitud al juez– y queda registrada la resolución del juez, qué juez lo dispuso, en qué minuto y a qué hora, por cuánto tiempo. Esa creo que es la auditoría fundamental, es lo que permite luego controlar con lo que tiene la compañía telefónica. Toda interceptación que esté por fuera de eso es ilegal y es delito. Y eso queda en un solo software, no va a suceder más lo que sucede hoy, que cada vez que queremos saber cuántos teléfonos hay interceptados, quiénes lo dispusieron, qué autoridad administrativa intervino, poco menos que hay que hacer un periplo kafkiano por todos los juzgados del país para llegar a esa conclusión.

EC —Hay monitoreos, hay controles periódicos, hay revisiones. Por ejemplo en el capítulo 3 se dice que trimestralmente “desde la Unatec (Unidad de Apoyo Tecnológico) se remitirá un reporte a la SCJ sobre las interceptaciones legales gestionadas en el SAIL con el formato que oportunamente se acordará entre las partes”.

JD —Eso es una auditoría permanente, pero por otro lado el artículo 4 habla de una auditoría que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial le pueden solicitar al MI información respecto de ese estado de situación. O sea, una cosa son los controles periódicos prestablecidos, y otra cosa son las auditorías que puedan darse ante determinadas situaciones.

EC —¿Cómo juega lo de la firma digital, de la que se habla en este procedimiento? Dice: “Si el juez aprueba la escucha después de escuchar la opinión del fiscal, estampa una firma digital en el formulario electrónico que originalmente llenó el policía”.

JD —Acá hay dos cosas. Esto no sustituye al expediente judicial, el expediente judicial sigue existiendo, allí tienen que quedar asentados todos los pasos que se dan, y la correcta fundamentación de la resolución queda asentada en el expediente judicial. Pero sin la firma digital del juez no se puede realizar la interceptación. Este es el mecanismo fundamental de garantía. Usted me podrá decir que capaz que el juez se equivoca o que no hace una correcta valoración o que dispone… Los operadores son seres humanos y pueden tomar resoluciones que pueden no ser correctas desde el punto de vista jurídico; luego eso se debatirá en el expediente y será responsabilidad del operador que lo dispuso. Lo que es importante son los controles, no es menor saber qué dependencia del MI interviene, cuál es el oficial responsable, qué fiscal fue el que intervino, cuál fue la solicitud que hizo el fiscal, cuál es el contenido de la resolución judicial. Eso todo va a quedar registrado en este software que es el SAIL. Y tiene que tener una correlación exacta con lo que pasa en el expediente judicial. Si no es así, tenemos un problema.

EC —Ayer cuando tratábamos el tema opinaban y preguntaban también los oyentes. Y llegó un correo electrónico de Germán, que quería saber: “¿Los sistemas de escucha/monitoreo utilizados anteriormente se han desmantelado o se han integrado a El Guardián? ¿Estamos seguros? ¿Comprobado?”.

JD —Nosotros institucionalmente colocamos esa condición: que una vez que empiece a funcionar El Guardián los demás sistemas tienen que ser desmantelados. Entendemos que esto es positivo en la medida en que el sistema anterior se desmantele.

EC —¿Ha ocurrido eso ya? ¿Cómo se va a verificar?

JD —No está establecido, es un compromiso institucional asumido y no tenemos razones para pensar que no va a ser así. Se imaginará que no corresponde que el fiscal de Corte vaya departamento por departamento a ver. Obviamente, en nuestras habituales recorridas por el país haremos las consultas del caso, pero la condición puesta por nosotros desde el punto de vista institucional es que una vez que El Guardián empiece a funcionar lo anterior se desmantele. Porque lo que entendemos como positivo no es solamente la eficacia o la eficiencia, sino además que aumenta las garantías. Estamos de acuerdo en la implementación de este sistema en la medida en que aumenta las garantías y que podemos saber qué es lo que está pasando.

EC —Otra pregunta que surgía era esta: “Ahora se difunde este protocolo de coordinación, pero en estos dos años, desde que se compró El Guardián, ¿no ha tenido uso?”.

JD —La información que tenemos es que no.

EC —Recién se va a utilizar cuando termine de implementarse todo este sistema de coordinación. ¿Esa es la realidad?

JD —Eso es lo que tenemos…

EC —Y para eso falta, el sistema de coordinación no está pronto, ni siquiera con el protocolo.

JD —Faltan algunos detalles relacionados con lo que tiene que ver con la comunicación, las casillas electrónicas, todo eso; se está instrumentando. No olvide que venimos de una situación de conflicto tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía; esperemos que esto se pueda solucionar o empezar a solucionar en algún momento, de forma tal que los técnicos puedan ponerse a trabajar, ultimar los detalles y ponerlo en funcionamiento. Esto es la voluntad política de los jerarcas de las instituciones luego de un largo periplo de discusión sobre múltiples aspectos, de reuniones entre nosotros, de reuniones con las compañías. No ha sido un trámite sencillo. Ha habido delegados de la Fiscalía, delegados del MI, delegados del Poder Judicial, reuniones, técnicos. Estamos trabajando fuertemente para que esto empiece a funcionar y lo haga con todas las garantías. Sin perjuicio, reitero, de que estamos abiertos como institución a escuchar cualquier tipo de propuesta, como la del senador García respecto a si es mejorable la legislación vigente. Con muchísimo gusto estamos abiertos a escucharlo. Es un tema lo suficientemente delicado como para que el ciudadano tenga todas las garantías.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a En Perspectiva que la institución que dirige puso como condición al Ministerio del Interior que, en el momento en que comience a funcionar El Guardián, los demás sistemas de escucha y monitoreo utilizados hasta ahora debían estar desmantelados. “No tenemos razón para pensar que esto no vaya a ser así”, dijo.

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El protocolo de acción de El Guardián fue firmado el lunes por la Fiscalía de Corte, el Ministerio del Interior, y la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Es un sistema que puede intervenir en forma simultánea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y monitorear además correos electrónicos y redes sociales al mismo tiempo.

Díaz, quien tiene experiencia actuando como juez de Crimen Organizado, explicó que la adquisición de este equipamiento por parte del Estado uruguayo se adapta a las necesidades que tiene la fuerza de seguridad y la justicia para investigar los delitos vinculados al tráfico de personas, drogas y armas. Pero además, destacó que  implica un paso “significativo en el camino hacia las garantías”.

Si bien hasta el momento no se constataron situaciones de abuso, para el Fiscal de Corte, el sistema de vigilancia operativo actualmente funcionaba de un modo fraccionado y con falta de controles. “No es menor saber qué dependencia del Ministerio del Interior interviene, cuál es el oficial responsable, qué fiscal fue el que actuó, cuál fue la solicitud que hizo o cuál es el contenido de la resolución judicial. Todo eso va a quedar registrado en un software que es el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL).Y eso tiene que tener una correlación exacta con lo que pasa en el expediente judicial. Si eso no es así, tenemos un problema”, dijo Díaz en referencia a que se estaría ante la comisión de un delito.

En este sentido, el jerarca opinó que la normativa vigente en nuestro país es muy clara respecto a que para desarrollar un sistema de vigilancia electrónica tiene que haber un pedido fiscal y una autorización judicial. A su vez, explicó que la técnica no puede ser utilizada para investigar cualquier delito, sino que debe haber una “proporcionalidad”.

Sobre la inquietud del senador del Partido Nacional Javier García respecto a la necesidad de  actualizar el marco legal que controla este tipo de vigilancia para evitar situaciones de abuso policial  en el uso de un software tan potente, Díaz dijo que en su opinión  “la normativa actual contempla todas las hipótesis”, pero aclaró que no se niega a discutir posibles mejoras que puedan dotar a la ciudadanía de mayores garantías.

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No comparto ese concepto. No será políticamente correcto, pero no lo comparto. Hace poco participé de una charla sobre seguridad a cargo de un ex jerarca policial, retirado ahora. Allí me enteré de lo siguiente, que también se dijo en La Mesa citada anteriormente:

“Todo el mundo sabe dónde están las bocas de pasta base”, dice la gente, "y la policía no hace nada”. Lo que sucede es que, según nos manifestó este ex funcionario, si la policía vigila una casa, de noche ve entrar y salir a 25 personas, interroga a estas 25 personas y todas reconocen que en esa casa le compraron droga a Mengano, al otro día, luego de la salida del sol, y con la orden del Juez correspondiente, se allana esa casa. Se encuentra a Mengano, pero no tiene droga en su poder. Entonces, nada se puede hacer, a pesar de que hay 25 testigos.

De acuerdo al artículo 11 de la Constitución de la República, “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley".

Claro, de noche, cuando tenía la droga encima, el señor Mengano no iba a permitir entrar a la policía a su “hogar” (que tiene poco de hogar). Entonces, criticar que no se hace nada con las bocas de venta de pasta base es, creyendo en que esta información es cierta, poco responsable.

Ahora me cierra un poco más el tema de la violencia en el deporte. Casi entiendo por qué, aun con los videos mostrando a Perengano tirándole piedras a otros hinchas o a la policía, los jueces no lo procesan porque “no hay pruebas”.

En esa charla en la que participé, también se dijo que el Código Penal de Uruguay es de 1930. Una época sin Internet, sin celulares, en la que un apretón de manos era el sello de un contrato, en la que la “droga” era el opio, de consumo muy lejano y muy ajeno. Una época en que la gente dormía con la puerta de calle abierta.

Ariel Ifrán
Vía correo electrónico

Qué haya un juez, corte o protocolo no sirve de nada… En EEUU en el tema de la National Security Agency (NSA) había cortes involucradas (las Foreign Intelligence Surveillance (FISA) courts) y lo que pasaba era que nunca negaban nada, el juez aceptaba todo lo que le llegaba.

En fin, no envíen más SMSs, a usar cifrado y buenas contraseñas en todas sus comunicaciones (excepto en el correo electrónico, en donde básicamente nunca tendrían que de por sí comunicar nada sensible).

Carlos Echavarria
Vía correo electrónico

Los parisinos tenían también El Guardián pero no evitó el ataque terrorista.

Ruth
Vía SMS

En Centroamérica, a los vigilantes y serenos se les llama popularmente “guachimán", del inglés watchman.

Preguntas sobre el "guachimán" criollo:

1) ¿Los sistemas de escucha/monitoreo utilizados anteriormente, ¿se han desmantelado, o se han integrado al Guardián? ¿Estamos seguros? ¿Comprobado? ¿Hay evidencias?

2) ¿El sistema da garantías de que no se producirán monitoreos ilegales o el control es a posteriori? ¿Está configurado para no permitir su utilización si no están dadas las autorizaciones correspondientes? Está claro que con el correo tradicional eso no es factible, pero sí lo es en los sistemas informáticos.

3) ¿Hay previstas auditorías de seguridad periódicas?

4) ¿Quién vigila y audita las grabaciones?

5) ¿Por cuánto tiempo se preservan?

Germán Gavagnin
Vía correo electrónico

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Foto: Eduardo Bonomi, ministro del Interior, en el Parlamento, martes 30 de junio de 2015. Bonomi informó ese día a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores sobre el caso del secuestro de Milvana Salomone y el sistema de seguridad "El Guardián".
Crédito: Pablo Vignali/adhoc Fotos.

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